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El alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, confirmó que los vecinos están sintiendo picazones producto posiblemente de los metales pesados de los tranques de relaves que estaban abandonados en la capital regional de Atacama. Los vecinos lo dejaron "bastante preocupado", dijo. Según comentó el viernes en Paipote "hubieron muchos vecinos que me indicaron que ellos habían notado picazón dentro de su cuerpo y de sus piés (que estaban) en el barro y que se debía a una contaminación producto de lo que era el relave", dijo a El Diario de Cooperativa este sábado 28. Según dijo, informó oportunamente a las autoridades de salud y lo va a plantear en el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) este sábado "para que se haga una evaluación si es que efectivamente estos tranques de relaves se contaminaron (Sic) o pudieron haber sido mezclados con las aguas de los aluviones y que complicarían la situación ambiental (de la que) vamos a estar muy pendientes (para) poder denunciar oportunamente". Además, manifestó que "los vecinos me dejaron bastante preocupados", y hoy día en las reuniones de emergencias "voy a pedir que se evalúen". Sin embargo, narró que "en el reconocimiento aéreo (que hizo ayer) no he visto que hayan podido ser intervenidos o hayan sufrido en el arrastre de las aguas que hayan podido llegar muy cerca de donde se encuentran estas acumulaciones de relaves (Sic)". "En Copiapó pican los ojos" La confusa información que entregó el alcalde copiapino se complementa con comentarios que a través de twitter han mencionado vecinos de Copiapó. Así por ejemplo, juniorluisadolfo (@inter770) ha comentado desde hace dos días que efectivamente habría contaminación del relave Paipote. El 27 de marzo solicitó a la Ministra de Salud a que envíe "gente idonea a investigar se rompio un tranke de relaves de concentrados (sic)". También agregó que "la evidencia pica los ojos los labios contaminaron las napas y todos piola porf". Durante la madrugada de este sábado 28, expresó: "por ke Sernageomin no investiga desde donde salio el relaves de concentrados en las calles de Copiapó ke empresa perdio el tranke ke ocultan". Finalmente, expresó: "esta noche ya sera tragico respirar pican los ojos los labios ya empiesan a arder el gas del relave esta asomando en Copiapo ke oculta sernage(omin) (Sic)" (Ver aquí). A esta información se suma que en la nota de El Mercurio titulada "Vecinos siguen aislados en Alto del Carmen, Paipote y D. de Almagro", se narra que "otro panorama incierto se vive en Paipote, a solo 6 km de Copiapó, un poblado que fue arrasado en un sector por un alud de barro y parte de relave". Y más adelante el vecino Atricio Caroca manifiesta que "están "expuestos a aguas servidas, animales muertos y restos de relaves mineros". Y aún más: "Mercedes Carmona dice que los relaves en la parte superior eran un peligro y lo advirtieron. "Todo se vino abajo, las olas eran enormes, de dos metros y más", dice El Mercurio. Las especulaciones de las autoridades Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, toda la información que el gobierno de Michelle Bachelet está basada en especulaciones, "solo en lo que les entregan las mineras, las que ya sabemos que son capaces de alterar la información. Por ende, no corresponde que la autoridad diga que está controlado" si no está en terreno, expresó a VeoVerde. Esto en referencia a que la Ministra de Minería, Aurora Williams, solo ha mantenido contacto directo y se ha reunido con el gremio minero, pero no ha ido a fiscalizar en terreno. Solo funcionarios del Sernageominhan sobrevolado las zonas desde donde han dicho que han "monitoreado" la situación. Pero controlar es otra cosa y la última información es del 26 de marzo. Es más, Williams la primera noche del temporal, se comunicó directamente con las mineras vía telefónica. Este viernes 27 se reunió con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, Patricio Céspedes, vicepresidente de Sonami, y Andrés Aguirre, presidente de Aprimin desde donde supuestamente obtuvo información que transmitió negando cualquier posible contaminación. Colapso del relave Hochschild en Copiapó Henry Jurgens, de la Organización No Gubernamental Relaves.org, concuerda con el director de OLCA, en el sentido de que no existe información categórica que puedan desmentir las voces de los copiapinos. Esto porque, explicó que es necesario separar los tranques de relave activos de los no activos, y si bien, concuerda con que efectivamente puede ser que los depósitos mineros activos (es decir, los que están usando actualmente los proyectos) estén bien contenidos y hayan resistido a los aluviones, existen cientos de relaves y pasivos ambientales que están abandonados, que son los tranques de relaves no activos, "y ese es el gran problema", expresó a Radio Cooperativa En este sentido el vocero de Relaves.org apuntó al relave Hochschild que está en medio de Copiapó"pues presenta muchos problemas y una parte se colapsó", aseguró. También expresó que en La Higuera y en El Elqui habría sucedido lo mismo y que tenía información de que al menos unos 15 relaves presentaban problemas pero que recién ahora iba a viajar al norte para verificar la información en terreno. Jurgens explicó que los relaves no activos, "que están botados prácticamente, se ubican generalmente en las cabeceras de las cuencas entonces si hay demasiada corriente de agua es muy probable que se haya arrastrado material que está adentro de los relaves". También apuntó a la responsabilidad del gobierno pues tienen los antecedentes ya que "hay muchos casos de relaves que sí se han roto y las autoridades sí lo saben". Respecto a la contaminación de las aguas con desechos mineros manifestó que no se puede descartar, ya que "sería imposible saber cómo está la condición del agua hoy día", pero en una semana ya podrían estar los resultados que van a tomar en el norte este fin de semana.

Relaves mineros sobre la población afectada por aluviones en el norte de Chile Durante décadas, diversas organizaciones y comunidades han estado denunciando los graves impactos ambientales y sociales de la industria minera. Junto a los cauces de los ríos del norte de Chile se ubican tanto pueblos y ciudades como también las grandes faenas extractivas. Sus desechos, que incluyen metales pesados como Arsénico, Mercurio, Cadmio, Plomo y Cobre, generan graves problemas de salud en la población. Estos tranques de relaves mineros se depositan "normalmente" en quebradas cercanas a pueblos y ciudades. Cuando el martes 24 de Marzo comenzaron las lluvias que transformaron el Desierto de Atacama en un lodazal, el peor miedo de la población luego de los aludes era una catástrofe sanitaria debido a la contaminación acumulada durante décadas en los cientos de tranques dispersos por toda la región. En la quebrada del río Copiapó la situación es particularmente grave porque hay muchos relaves abandonados, con poca o nula información acerca de su estado, y que quedan sin siquiera un plan de cierre. El alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, confirmó que los vecinos están sintiendo picazones en su cuerpo y en los pies producto posiblemente de los metales pesados de los tranques de relaves abandonados junto a la capital regional de Atacama.(1) Vecinos de Copiapó han comentado a través de Twitter (2) desde hace tres días que efectivamente habría contaminación procedente del relave Paipote. Relatan que sienten picazón de ojos, labios y pies. Otros manifiestan que están expuestos a aguas servidas, animales muertos y restos de relaves mineros. Hasta ahora, ha trascendido que el tranque Ojanco de propiedad de la minera alemana Sali Hochschild, abandonado en las cercanías de Copiapó, es el que presenta mayor riesgo para la población. En La Serena, existen denuncias de que los relaves de San Gregorio ya han contaminado el río Elqui con Arsénico, Cadmio y Mercurio, entre otros componentes a causa del arrastre masivo de relaves de la mina San Gerónimo. En el informe de Sernageomin: Informe N°2, Por afectación de lluvias y aluviones en zona norte del país, se enumeran escuetamente los potenciales peligros asociados al colapso de tranques y relaves monitoreados de la región de Atacama, señalando que podría ocurrir un "colapso parcial por erosión fluvial del pie" en el caso de los Relaves Hoschild en Copiapó. En los ocho depósitos restantes reporta que podría desarrollarse un "colapso parcial" en los relaves: El Gato, Planta Matta-Enami, Tranque relave Candelaria, Tranque Mina Carola, Las Cruces (Pucobre), Depósitos de Llamas Caserones, Tranques Sector Tierra Amarilla y Tranque Relave Vallenar. El trabajo se ha enfocado en evaluar el rebalse de grandes relaves y la información ha provenido principalmente de las mismas mineras involucradas y sobrevuelos realizados por SERNAGEOMIN, sin embargo, el peligro generado por la escorrentía superficial que puedan desarrollar los relaves abandonados no ha sido mencionado y hasta que se analicen las aguas, no es posible dimensionar la magnitud del peligro desencadenado. En Chile existen más de 600 tranques de relave catastrados, de los cuales 214 están activos, 244 inactivos y 143 no presentan información ya que se encuentran abandonados. Cabe destacar que en este contexto, el peligro asociado a la filtración de minerales y elementos hacia las napas subterráneas es constante, ya que casi ningún relave en Chile presenta mallas impermeabilizantes bajo las arenas compactadas en las que se construyen. En ese sentido, la actual situación de "normalidad" expuesta por las autoridades con respecto a los relaves, es la de una contaminación histórica que ha destinado territorios al sacrificio. Zonas de sacrificio Desde 1938 a 1970 Andes Cooper Mining Company, y desde 1971 a 1990 la estatal CODELCO arrojaron miles de toneladas de desechos tóxicos al río Salado, que desemboca en la bahía de Chañaral. El desastre equivale a a la descarga de un camión de diez toneladas de arena cada 25 segundos, más la evacuación de un camión aljibe de 10 mil litros de residuos líquidos cada 10 segundos por más de 50 años.(3) En Copiapó y Tierra Amarilla, la expansión minera cuenta con cerca de 300 proyectos, entre ellos: Caserones, Cerro Casales-Aldebarán, Maricunga y La Candelaria. En un radio de 10 kilómetros entre los poblados de Copiapó y Tierra Amarilla existe un centenar de relaves, de los cuales cerca de la mitad están abandonados. Estos relaves fueron arrastrados hacia la ciudad durante los aluviones. En la región de Coquimbo, los relaves de la quebrada "La Marquesa" también fueron arrastrados al río Elqui. A pesar de la presión de organizaciones ambientales y de la propia población con respecto a los peligros del escurrimiento tóxico de relaves en condiciones "normales" y del altamente probable recrudecimiento de la situación durante eventos como terremotos y aluviones, las autoridades y el empresariado han desestimado reiteradamente todos los riesgos. Desde su perspectiva, las enormes ganancias del sector minero en Chile parecieran ser suficientes para determinar que parte de la población deba soportar cualquier consecuencia de este negocio. La verdadera catástrofe es la normalidad capitalista El Desierto de Atacama corresponde al desierto más árido del planeta, con precipitaciones en torno a los 4 mm/año. En sus quebradas, gran cantidad de sedimentos de origen aluvial registran una historia donde se reconocen eventos similares al ocurrido la semana pasada a escala de miles de años. La ausencia de vegetación genera laderas inestables donde el material puede ser fácilmente movilizado. Sin embargo, la planificación urbana de las ciudades norteñas ha desestimado todo riesgo relativo a precipitaciones. Por una parte, la inmigración desde otras regiones geográficas en búsqueda de empleo en la minería, agroindustria y servicios ha conformado periferias con muy precarias condiciones. Barrios completos se han construido sobre lechos de ríos desecados. En el escenario inmediatista del mercado, es común que tanto la clase política, como la población -que imita la gestión del empresariado en el territorio- construyan casas e infraestructura pública en torno a zonas de peligro de aluviones. Ante las catástrofes, es inevitable realizar un análisis de clase. Los más afectados serán siempre los más explotados. Las temporeras desaparecidas luego del alud que arrasó el campamento donde se encontraban encerradas por orden de sus patrones, no hubiesen muerto de no existir una relación social que las obligue a vender su fuerza de trabajo en la agroindustria bajo condiciones laborales deplorables. En tiempos de catástrofe, todos estos conflictos subyacentes se visibilizan. Mientras los pobres son quienes sin duda viven con mayor dolor estos sucesos, el empresariado puede incluso ver en ellos una buena oportunidad para hacer negocios. Ya se ha denunciado que grandes cadenas de supermercados y otros especuladores han elevado el precio del agua potable y otros víveres (4), en una actitud recurrente en catástrofes anteriores como el 27F, y el terremoto de Abril de 2014. Por otra parte, las cadenas de retail que ya están involucradas en las campañas de ayuda, seguramente serán protagonistas en la venta de materiales para la reconstrucción, sobre la misma, no cabe duda que los inversionistas y especuladores ya imaginan cómo subirán las acciones de constructoras e inmobiliarias Reconstrucción y resultados de análisis de metales pesados Mientras la población comienza la reconstrucción de sus pueblos y ciudades en medio de problemas sanitarios asociados a la basura, las ratas y el barro de las aguas servidas, la incertidumbre por la contaminación de los relaves mineros aumenta. El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, anunció que el Gobierno invirtió 200 millones de pesos en ocho equipos tecnológicos que escanearán muestras de tierra y agua para determinar la presencia de elementos contaminantes. Los resultados se entregarían durante esta semana. Hay que estar muy atentos a cómo se realizan estos estudios. Tanto la industria minera como el Estado, de determinarse su responsabilidad, deberán hacerse cargo de los impactos a la salud de la población y pagar las consecuencias de décadas de envenenamiento progresivo en los territorios que soportan esta nociva actividad minera. DE ESTA SITUACIÓN LAS FF.AA NO NOS SALVAN

Crudo documental que muestra cómo los chilenos perdieron sus recursos. Durante años o más bien décadas el cobre fue una gran fuente de recursos económicos para Chile. En el documental “Que lo pague el cobre” se examina desde el proceso de la nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende, hasta la pérdida de sus derechos de explotación en manos de empresas transnacionales, que comienza en la Dictadura Militar de Pinochet, para después agudizarse en el transcurso de los siguientes gobiernos. Hoy día Codelco, es la única empresa nacional chilena. Posee un 33% sobre la explotación del mineral y un 10% de sus ganancias se destinan a mantener el status militar del país. En 1967, el Estado se convirtió en accionista mayoritario de las principales minas cupríferas del país, hasta que en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, las compañías fueron totalmente expropiadas y estatizadas. Administradas cada una como una sociedad separada a cargo de la Corporación del Cobre, éstas finalmente se unificarían en una única empresa, Codelco Chile, encargada de la explotación de los yacimientos y la comercialización de sus productos. Chile posee cerca del 45% del cobre en el mundo. Los grupos de estudiantes piden estudios de calidad y gratuitos. Que lo Pague el Cobre! link: https://vimeo.com/33205970

"Tomamos las armas para abrir paso a un mundo en el que ya no sean necesarios los ejércitos." -Subcomandante Marcos Está claro: Un zapatero arregla zapatos. Una enfermera cuida de los enfermos Una azafata atiende a los pasajeros en vuelo Un músico alegra el espíritu con la música ¿Cuál es la función específica de un militar? Matar. Un militar se prepara para la guerra, para eliminar enemigos: su oficio, lisa y llanamente es matar gente, matar otros seres humanos. Más aún: se llega al absurdo patético que cuantos más seres humanos mata, mejor profesional es. Se le premia por eso, se le condecora, se le nombra "héroe de la patria". ¿Cómo se ha llegado a tamaña irracionalidad? Todos los oficios aportan un beneficio social: Producen bienes y/o servicios que facilitan la vida, la mejoran, elevan su calidad. ¿Qué aporta un militar? ¿Quién se beneficia con el matar? Seguramente alguien, por eso existe la profesión. Las mayorías populares, no. Se podrá decir que están para "defender a la patria". ¿Podemos hoy día siquiera decirlo con un mínimo de seriedad eso? ¿Qué patria? Incluso el capitalismo globalizado actual ya está prescindiendo de la vieja idea de Estado-nación, simplemente porque no la necesita. ¿Quién se beneficia entonces de las guerras, del acto de aniquilar a otros? Los militares, a los que nadie llama "asesinos", no son un caso patológico, una pústula social peligrosa, un tumor del cual el colectivo deba defenderse como sí debe hacerlo, por ejemplo, de un homicida psicópata, de un violador, de un desequilibrado que empieza a disparar a diestra y siniestra sin razón. Por el contrario, constituyen una corporación profesional reputada, bien pagada, de la que ninguna sociedad pareciera querer prescindir. Más aún: el ámbito humano donde más se investiga, donde más se invierte, que produce las más fabulosas ganancias en términos empresariales y que tiene la mayor cuota de influencia política es, nada más y nada menos, el que tiene que ver con lo militar, con la guerra, con la muerte. ¿Somos patéticamente absurdos los seres humanos en tanto especie? Cualquier oficio, actividad o profesión brinda un aporte a la comunidad, y si falta se produce un vacío, se deja de recibir una prestación que viene a llenar alguna necesidad. Si faltan los zapateros, ¿quién haría o repararía los zapatos? Si no hubiera más enfermeras, ¿quién mantendría los sistemas de salud con su trabajo silencioso del día a día? ¿Qué pasaría si faltaran los basureros? Las montañas de basura nos taparían. Pero, si faltan los militares, ¿alguien se perjudica? Seguramente no la mayoría. Esto es: la "raza" militar cumple una actividad que tiene como objetivo matar semejantes, no produce ningún bien de utilidad pública, podría desaparecer sin afectar a nadie. La pretendida "defensa de la patria" no da de comer a los ciudadanos de a pie. A no ser que estemos de acuerdo con que su oficio llena una sentida necesidad como los zapateros, las enfermeras o los basureros; pero, en realidad, no es el caso. Hasta incluso podríamos abrir la pregunta en torno a la necesidad de la así llamada profesión "más vieja del mundo": ¿podrá haber sociedades sin trabajadoras sexuales? Interrogante de difícil respuesta seguramente. Pero el arte de matar, que ya está tan "normalizado" que no llama la atención, abre preguntas más complejas aún. ¿Para qué está entonces el cuerpo castrense? ¿Qué necesidad cubre? ¿A quién sirve? De los basureros, las enfermeras o incluso las sexoservidoras está claro su cometido; no así con los militares. El poder se mantiene y perpetúa por la fuerza. La respuesta a esta pregunta nos lleva forzosamente a revisar la distribución del poder en las sociedades, en la historia humana; son los factores de poder los que medran con la guerra, con la invasión, con el ataque. A más poder, más beneficios derivados de su ejercicio violento. El poder se mantiene y perpetúa por la fuerza, tanto por la amenaza de usarla, como por su uso concreto; y para eso están los encargados de ejercerla, los profesionales de la muerte. Pero hay que agregar inmediatamente: se benefician algunos, las elites, los grupos privilegiados. El común de la gente, no. La gran mayoría silenciosa, en todo caso, padece los efectos de esa profesión, cosa que no se podría decir de ningún otro gremio. Por cierto, todo esto viene de lejos en la historia humana; entre las cosas que se repiten desde siempre en toda formación cultural está la guerra. Y ahí están, obviamente, los militares, desde los primeros guerreros con hachas y palos hasta la guerra de las galaxias con armamento nuclear. ¿Es nuestro destino? ¿Estamos condenados a matarnos, a ver en el "otro" diverso un enemigo que debe ser sometido a la fuerza? Hoy por hoy, lo repetimos, el oficio de la guerra es el más dinámico, el que mueve mayores recursos presentándose como imprescindible (¿qué país no cuenta con un cuerpo militar? La excepción, Suiza, hiperbólicamente confirma la regla: es el gran banco del mundo, y eso no se toca… ¡Para eso están los militares!). En esa lógica de "necesidad imprescindible" los militares pueden respirar tranquilos pues no se descubren signos de desocupación muy cercanos. Pero todo ello, justamente, nos debe llevar a abrir preguntas críticas. ¿Por qué esto es así? ¿Es ineluctable acaso? ...O si se quiere decirlo de otro modo: ¿vale más la defensa de la propiedad privada que la defensa de la vida? La cultura del ámbito militar, su lógica, sus códigos, son incomprensibles para la vida no militar. La vida llamada normal, civil, no podría concebirse en aquellos términos. En el campo castrense –siempre, y en cualquier cultura– el objetivo es mantener un cuerpo de seres humanos dispuestos a entrar en combate pese a saber que en ello les puede ir la propia vida, y prontos a cumplir con lo que se le ordena. Esta falta total de pensamiento crítico ("las órdenes no se discuten; se acatan" es el mecanismo que posibilita que pueda darse todo lo anterior; si no, sería radicalmente imposible. Es decir: una de las instituciones humanas más extendidas, desarrolladas y poderosas está asentada sobre la más absoluta irracionalidad. ¿Quién podría morir gozoso por "su bandera" si no fuera militar? ¿Quién podría sentirse orgulloso de ser una "máquina de matar" –como sucede con los comandos elites– si no se es militar? Sólo siendo del gremio castrense se puede llegar a esa posición. ¿Irracional diríamos? La lógica militar tiene mucho de eso. Los desfiles nos lo recuerdan. ¿Para qué se marcha? ¿No tiene algo de proverbialmente estúpido caminar de una manera nada natural, más bien payasesca, todos al unísono, siguiendo una voz de mando? Sin dudas sí, pero esa práctica –ejemplo extremo de la cultura militar– presentifica el espíritu que está en juego: se hace de manera ciega lo que el superior ordena, sin importar ningún tipo de consideraciones, sin cuestionamientos, todos al unísono. Si entendemos las cosas a la luz de una visión funcional, pragmática, habremos de encontrar razón de ser a cuanta actividad se nos ocurra: hay prostitución, o narcotráfico, o tratantes de esclavos, o hay venta de órganos humanos, simplemente porque hay una demanda de todo ello. En ese sentido, cada producto o servicio responde a una necesidad, cumple una función necesaria, y los militares llenan un cometido social, así como lo hacen igualmente los torturadores o los sicarios: hay militares, hay profesionales de la guerra, hay gente que se prepara para destruir enemigos porque la especie humana necesitaría de ese recurso. Pero ¿es ese nuestro sino?, ¿es genético? ¿Necesitamos de la muerte del otro? ¿Quién lo dijo? Así planteado, todo parece bastante trágico, sin salida. ¿Es verdaderamente ese nuestro destino? Quizá no podamos afirmarlo ni negarlo de forma categórica, porque la guerra nos viene acompañando ya desde una buena parte de la historia y no se la ve desaparecer en lo inmediato; de lo que sí podemos estar seguros es que necesitamos inventar relaciones nuevas donde el recurso a la violencia física y la eliminación de "enemigos" –más los correspondientes profesionales encargados de implementarlas– terminen por sobrar. Si se trata de cuidar a capa y espada lo que se considera propiedad privada, el brazo armado es indispensable. Por tanto, el desafío en juego es grande, pero en definitiva, el meollo de la cuestión no está en el soldado propiamente dicho, en quien porta las armas y las sabe usar. Está en aquello que defiende. Y eso es lo que se trata de modificar. Marcelo Colussi Nacido en Argentina, vive hoy en Guatemala. Estudió Psicología y Filosofía en su país natal. Vivió en varios lugares de Latinoamérica. Catedrático universitario e investigador social, escribe regularmente en diversos medios electrónicos alternativos. Tiene publicaciones en el área de ciencias sociales así como en el campo literario (cuentos).

ENDESA RENUNCIA A 5 PROYECTOS Y DEVUELVE DERECHOS DE AGUA Endesa Chile informó en un comunicado que renuncia a los derechos de agua asociados a cinco proyectos tras analizar su rentabilidad e impacto socioeconómico. “La voluntad de la compañía es que solo se llevarán a cabo iniciativas que sean viables técnicamente, económicamente y que cuenten con la aceptación de las comunidades locales”, indica el texto. Se trata de los proyectos Bardón (río Cautín, Región de la Araucanía) (14 MW), Chillán 1 y 2 (río Chillán, Región del Biobío) (17 MW), Futaleufú (río Futaleufú, Región de Los Lagos) (1.330 MW), Puelo (río Puelo, Región de Los Lagos) (750 MW) y Huechún (Región Metropolitana) (40 MW). La decisión fue adoptada en la sesión del directorio por la unanimidad de sus miembros, medida que implica el retiro de 52 millones de dólares de la participación en dichos proyectos. “Fruto de estudios iniciales, de los altos estándares de sostenibilidad que nos hemos definido como grupo y de las exigencias técnicas y económicas que ello implica, hemos concluido que no son viables, por tal motivo estamos devolviendo estos derechos de agua al país para que puedan ser utilizados para otro tipo de desarrollo”, explicó el gerente general de la compañía, Valter Moro. La empresa señala además que las actuales condiciones de mercado, con precios a la baja, no dejan espacio para estos proyectos en el mediano y corto plazo. “Dado que hay patentes asociadas al no uso de los derechos de aguas, ello representa un pasivo para la compañía”, finalizaron. ESPEREMOS QUE ESOS DERECHOS NO CAIGAN EN PEORES MANOS Junto a este río viví por 5 años, el 2do mas caudaloso de la Patagonia: RIO FÚTALEUFU

Mujeres reclaman ante el G-20 por el derecho al aborto, con una percha enorme, instrumento casero abortista. Sancionada en 1997, la ley que hace legal el aborto hasta la semana 12 logró bajar los niveles de mortalidad materna por aborto inseguro hasta en un 91 por ciento. La ley contempla el acceso de las más jóvenes sin el consentimiento de sus padres. “¿Sabías que en Sudáfrica las mujeres pueden abortar desde el primer trimestre sin ser criminalizadas por su decisión?” El dato se expandió en los últimos días como un virus imparable a través de un correo electrónico que llegó a infinidad de destinatarios. Con la simpática imagen de Zakumi, el leopardo de pelo verde, mascota del Mundial de Fútbol 2010, el e-mail permitió dar a conocer un aspecto poco difundido del país anfitrión. En Sudáfrica el aborto es legal desde 1997. A partir de entonces, el país redujo la mortalidad materna por aborto inseguro en un 91 por ciento, según un estudio publicado en el South African Medical Journal. Página/12 consultó a expertas del país africano para indagar sobre cómo fue el proceso que derivó en la reforma legal, cuáles han sido los obstáculos para su implementación y qué impacto tiene en la vida de las mujeres. “Una de las razones por las cuales opté por proporcionar (servicios de aborto) es porque vi a las mujeres morir a causa de abortos clandestinos. Llegaban con ganchos colgando del cérvix y perdían el útero a consecuencia de una infección generalizada. Un caso que nunca olvidaré es el de una joven que se había disparado en el abdomen para librarse de un embarazo no deseado. Quiero hacer hincapié en el hecho de que estamos salvando vidas”, dice la sudafricana Elizabeth Serobe, partera profesional de la pequeña provincia de Gauteng, cuya capital es Johannesburgo. El testimonio de Serobe aparece en el sitio web de Ipas, una ONG que trabaja a nivel mundial –en países de Africa, Asia y América– para aumentar la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y para disminuir la tasa de muertes y lesiones relacionadas con el aborto. Ipas Sudáfrica –su sede está en Johannesburgo– participó activamente en la defensa de la reforma que legalizó el aborto. El correo electrónico que da cuenta de la ley sudafricana lleva la firma del grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, una ONG que gestiona en la Argentina la línea “Aborto: más información, menos riesgo” (15-6664-7070), desde donde se ofrece asesoramiento sobre el uso de la droga misoprostol para la interrupción de un embarazo no deseado. En momentos en que en la Cámara de Diputados de la Nación hay dos proyectos de ley que despenalizan y legalizan el aborto en el primer trimestre de gestación, y que podrían empezar a debatirse próximamente, es interesante conocer la situación en otros países. La Ley de Decisión Voluntaria de Interrupción del Embarazo (Choice on Termination of Pregnancy, conocida por su sigla CTOP) fue sancionada en 1996 y entró en vigencia en febrero de 1997. Desde ese año, en 22 países se modificaron las leyes de aborto. En 17 naciones (8 de ellas africanas) y en ciudades de otras dos se redujeron las restricciones y en tres (Polonia, El Salvador y Nicaragua) se endurecieron, al punto que en los dos países centroamericanos ni siquiera está permitido cuando corre riesgo la vida de la mujer. “La ley en Sudáfrica es muy progresista. Permite no sólo el aborto hasta la semana 12 de gestación y por un amplio conjunto de razones en el segundo semestre, sino que además contempla el acceso de las jóvenes sin el consentimiento de sus padres y autoriza a las parteras y enfermeras a llevarlo a cabo”, explicó a este diario Barbara Klugman, cientista social, activista por los derechos sexuales y reproductivos y cofundadora de Women Health Project de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. El proceso que desembocó en la reforma legal fue “complejo y multifacético e involucró la participación de investigadores, activistas, grupos comunitarios, representantes políticos y líderes religiosos. Luego de que el apartheid fuera desmantelado, la elección de un nuevo gobierno sudafricano en 1994 formalizó el énfasis creciente del país en los derechos humanos y la igualdad”, señala el estudio “Aborto a nivel mundial. Una década de progreso desigual”, recientemente publicado por el Instituto Guttmacher, de Nueva York. Las militantes por los derechos de las mujeres hicieron hincapié en la atención de la salud reproductiva y en la autonomía personal, desde un enfoque de derechos. Fue el germen para la aprobación de la reforma. En 1994 más de 400 mujeres habían muerto como consecuencia de abortos inseguros, de acuerdo con una investigación del Medical Research Council of South Africa. Otro estudio concluyó que antes de que se reformara la legislación de aborto, las mujeres que llegaban a los hospitales públicos del país con cuadros de abortos incompletos constituían casi la mitad de casos de ginecología y obstetricia. “La difusión de estos resultados contribuyó a ampliar la conciencia del público acerca de las consecuencias negativas del aborto inseguro para las mujeres y sus familias”, comenta la investigación. En 2004 se aprobó una enmienda a la CTOP, que mejoró la ley y apuntó a garantizar una amplia disponibilidad de los servicios de interrupción del embarazo, que todavía no llegaban a las zonas rurales: la normativa autorizó a las provincias, a través de sus consejos ejecutivos de Salud, en lugar del Ministerio de Salud nacional, para designar establecimientos donde se proporcionaran servicios de aborto; permitió que enfermeras diplomadas y adecuadamente capacitadas practicaran los procedimientos en el primer trimestre de gestación; y tipificó como delito la práctica de una interrupción de embarazo en un establecimiento no autorizado. Pero sectores fundamentalistas, opositores a la ley, alzaron su voz: en 2005, el capítulo Sudafricano del grupo internacional antiaborto Médicos por la Vida, cuestionó la Enmienda y llevó el tema ante el Tribunal Constitucional. Argumentaron que el Parlamento no había cumplido con su obligación constitucional de facilitar la consulta pública. En realidad, más que a la Enmienda, las objeciones estaban dirigidas a la ley original. En agosto de 2006, el tribunal les dio la razón y ordenó que se hicieran audiencias públicas. El 17 de enero de 2008, una abrumadora mayoría del Parlamento nacional aprobó la Ley de Enmienda de la CTOP, después de abrir la discusión en una serie de audiencias públicas llevadas a cabo por ambas cámaras: 266 parlamentarios votaron a favor del proyecto, 52 en contra y 12 se abstuvieron. Actualmente, Ipas es la única ONG en el país centrada exclusivamente en la atención del aborto. Además, los hospitales públicos brindan el servicio, pero todavía persisten trabas en muchos de ellos, promovidas por jefes o personal médico que se oponen al aborto. De los 253 centros de salud designados para brindar el servicio, sólo entre el 15 y 25 por ciento lo están ofreciendo, señaló a Página/12 Karen Trueman, directora de Ipas Sudáfrica. En el primer año de vigencia de la ley se realizaron 26.401 abortos; en 2009, 77.821, una cifra que oscila anualmente desde hace varios años entre 70 mil y 80 mil intervenciones en centros de salud autorizados, precisó Trueman. “La ley ha tenido un gran impacto sobre la mortalidad materna, pero al mismo tiempo todavía hay abortos clandestinos tanto por el estigma que aún pesa sobre las mujeres que se realizan un aborto y las enfermeras que los practican como por el hecho de que los servicios disponibles no son suficientes”, señaló a este diario Klugman, quien durante cuatro años fue la responsable del programa de sexualidad de la Fundación Ford en Nueva York y hace casi un año está de regreso en Sudáfrica. Trueman coincide: “Las mujeres pobres y jóvenes están todavía en situación vulnerable y tienen que recurrir a proveedores ilegales y a abortos inseguros”, comentó. Investigaciones indican que se producen dos abortos inseguros por cada aborto seguro realizado. Con las limitaciones que persisten en la implementación de la reforma legal, de todas formas, el impacto en la salud de las mujeres ha sido enorme: la mortalidad por aborto inseguro se redujo en Sudáfrica en un 91 por ciento entre 1998 y 2001, lo que demuestra que ha resultado muy exitosa en la promoción de la salud de las mujeres y sus derechos, concluyeron en un estudio publicado en el Sudafrica Medical Journal (95 (4):250. 2005) las investigadoras Raquel Jewkes, del Medical Research Council, de Pretoria, y Helen Rees, del departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Baragwanath, de Johannesburgo. ¿Algún día llegaremos a esto en Argentina?