Hetor27

1- Lo que había convocado para ayer, lo que los golpistas han impedido, no era la reelección permanente de Zelaya ni la presidencia vitalicia. Ni siquiera la reforma de la constitución. Lo que se votaba era un referéndum no vinculante para preguntar a los hondureños si les gustaría que en las próximas elecciones, en las de noviembre, se votase también la creación de una asamblea constituyente que reformase la carta magna. En resumen: era algo en apariencia tan inofensivo como preguntar si se podía preguntar por reformar la constitución. 2- La actual constitución de Honduras establece un mandato único a los presidentes de cinco años. Zelaya termina el suyo en noviembre y, en cualquier caso, no se podría presentar a la reelección porque en esa fecha no estaría aprobada la reforma constitucional que él propone. Como mucho, habría sido posible que en noviembre se votase la posibilidad de una reforma constitucional. Él mismo ha negado en varias entrevistas que tenga intención de presentarse a la reelección. 3- El parlamento está enfrentado con el presidente entre otras cosas porque Zelaya, que concurrió a las urnas por el Partido Liberal (de centro derecha), ha hecho después una política de izquierdas y se ha aliado con Hugo Chavez. Hace unos días, el parlamento aprobó una ley para prohibir que se celebrase cualquier tipo de consultas 180 días antes de unas elecciones. Es una norma ad hoc, hecha para impedir el referéndum de Zelaya. 4- El argumento que utilizó Zelaya para seguir adelante con su referéndum, a pesar de las sentencias y nuevas leyes en contra, era que no se trataba de un referéndum sino de una encuesta. En Honduras, el voto es obligatorio. No así en la consulta de Zelaya, donde el voto era opcional. Para sortear las sentencias, la “encuesta” iba a ser realizada por el equivalente hondureño al CIS, el Instituto Nacional de Estadísticas. La oposición argumentaba que la consulta estaría manipulada, pues el recuento lo haría un organismo que depende del presidente. 5- El Tribunal Supremo que ha ordenado la expulsión de Zelaya del país (según la surrealista explicación de los golpistas) no es un Tribunal Supremo equiparable a los europeos. Para empezar, porque su nombre completo es Tribunal Supremo Electoral, su composición emana del Parlamento (es decir, de los partidos que están enfrentados con Zelaya, los golpistas que hoy han dado por bueno el golpe militar) y entre sus poderes está regular las elecciones pero no detener a los presidentes electos. No es la primera jugarreta de esta “institución”. Cuando Zelaya, inesperadamente, ganó las elecciones, el TSE retrasó durante más de un mes su acceso al poder con excusas técnicas. 6- Como jurídicamente no está establecido que el presidente deje de serlo porque el ejército lo deporta, los golpistas han falsificado una carta de renuncia de Zelaya -que su supuesto autor ha negado- firmada hace unos días y donde se asegura que deja al cargo por motivos de salud. El Congreso ha votado hoy su destitución y el nombramiento de un nuevo presidente utilizándola como argumento. 7- La oposición política al presidente hace tiempo que utilizaba al poder judicial para boicotear su gobierno. Entre los casos más surrealistas está el de un plan para reducir el consumo de combustible y la contaminación que se denominó “Hoy no circula”, a imitación de otro similar de México DF, que funciona desde hace años. Zelaya pretendía obligar a todos los coches a que parasen un día a la semana. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. 8- ¿Está Estados Unidos detrás del golpe? Para variar, no. Y tanto Obama como Hillary Clinton como el embajador de EEUU en el país han sido claros al respecto. Ahora mismo está reunida de urgencia la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que saldrá en las próximas horas al menos un nuevo comunicado de condena Fuente: http://santahistoria.blogspot.com/2009/06/lo-que-pasa-en-honduras.html

La vaquita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó La situación de los pequeños tambos en la Argentina es compleja. Hace tiempo, la producción se concentra en grandes establecimientos lecheros que proveen a La Serenísima o Sancor. Mientras, los pequeños dejaron de producir y se dedican a la soja. Un problema de rentabilidad y carencia de políticas. Los tamberos hacen tres pedidos concretos: liberalización de las exportaciones, reducción de las retenciones y subsidios en caso de que el precio no cubra el costo de producción. Desde el gobierno creen que reabriendo las exportaciones aumentaría el precio del litro de leche para el mercado interno. Los subsidios, dicen los productores, es la clara muestra de que la actividad no es rentable, con lo que se deja entrever un discusión mucho más relacionada al rol que debe adoptar el Estado en estas circunstancias y cómo se debe alentar o desalentar determinadas actividades –como la siembra indiscriminada de soja- que a posteriori generan situaciones como las que se viven hoy, con bajas concretas en la producción de leche y carne. Razones de un conflicto anunciado En un texto que la Mesa de Lechería le entregó a la Comisión de Enlace Agropecuario se reclama por una “mejor y más eficiente financiación de precios al tambero -vía compensaciones-, la apertura de las exportaciones, precios para el tambo que cubran los costos de producción, y eliminación del intervencionismo que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) aplica sobre el sector”. Lo cierto es que el fenómeno no es nuevo ni único en el mundo (ver Afuera también pasa). El cierre de los tambos no tiene una sola causa y, en muchos casos, responde más a un criterio de rentabilidad que a una situación económica crítica. La desaparición de la actividad tambera en la zona más rica de la provincia de Buenos Aires, está estrechamente relacionada con la irrupción de la soja como cultivo altamente rentable. “El tambo no da pérdida, pero los precios están desactualizados –por la inflación- y además es evidente que la soja deja mucho más margen de ganancia”, explica un productor bonaerense del partido de Alberdi. Esta afirmación aclara un poco el panorama. Los medianos y grandes tamberos siguen adelante con su producción láctea, pero por lo general poseen otras cuantas hectáreas dedicadas a diferentes actividades agropecuarias –sobre todo para soja-, con lo que la financiación tiene varias fuentes. Los pequeños, que viven exclusivamente de sus tambos y que se sitúan en zonas donde la tierra no es tan prolífica para el cultivo, se encontraron con una inflación galopante que fue comiendo la rentabilidad de a poco. Era predecible que aquellos productores que todavía quedaban esparcidos por algunas zonas de Buenos Aires fueran cerrando a medida que pasaba el tiempo –y el precio de la soja seguía subiendo-. El gobierno decidió subsidiar a los pequeños tambos otorgándoles 20 centavos por cada litro de leche –con lo que el precio estaría en alrededor de un peso-, pero la reacción fue tardía. El censo oficial realizado en el año 2002, determinó que en la Argentina funcionaban 15.000 establecimientos tamberos. Desde ese entonces, más de 4.000 debieron cerrar sus puertas y, actualmente, sólo quedan operativos unos 10.200. El año pasado, se produjeron 9.900 millones de litros, por debajo de los 10.329 millones logrados nueve años atrás. A las claras, el modelo k melló la actividad lechera a partir una política de completa inacción. Se consintió la sojización bajo un criterio estrictamente recaudatorio, permitiendo no sólo la concentración de las tierras, sino la concentración en todos los sectores de la economía agropecuaria –incluida la lechería-. Si se analizan las cifras citadas del censo, podría deducirse que los tambos que cerraron son claramente los más pequeños (el porcentaje de tambos cerrados es proporcionalmente mayor a la baja de producción). Muchos de ellos, sin recursos ni disponibilidad para dedicarse al cultivo de soja, ni a otras actividades. Según ex dueños de tambos consultados por InfoSur en la zona de Capitán Sarmiento, el precio pagado por litro y el poco margen para las exportaciones fueron amilanando la producción y eso, sumado a que los grandes tambos, como por ejemplo La Elisa S.A, llegaban a cumplir con las demandas de las usinas lácteas, terminó de desalentar a los pequeños productores que comenzaron a vender sus tierras o a dedicar sus establecimientos para otras actividades, con lo que muchas familias se quedaron sin trabajo. Futuro de la actividad El otorgamiento de subsidios por parte del gobierno argentino llega tarde para auxiliar a pequeños productores que hace ya un tiempo veían secar sus venas productivas. Frente a los avatares de un destino poco rentable, cerraron miles de tambos para dedicar esas superficies a la siembra de soja. Las consecuencias que este cambio de paradigma productivo se verán dentro de unos años. “Antes se rotaban los cultivos, se cumplía con los 5 años de pasteo de vacas –que abonan la tierra-, pero hoy no se respeta nada, se hace siembra directa de soja; creo que nuestros nietos no van a encontrar tierras cultivables, van a encontrar desierto”, relata Héctor Cervetto, productor agropecuario de Capitán Sarmiento. En esa zona del norte bonaerense, los tambos son parte del pasado y casi no se ven vacas pasteando, una postal perdida de lo que fue el campo en otras épocas. La realidad marca hoy la necesidad de ir en auxilio de los pequeños productores que subsisten día a día y que, por cuestiones de costos, inversión y disponibilidad de recursos, no pueden dedicarse a otras actividades. Y el gobierno, además de colocar inteligentemente un sistema adecuado de retenciones segmentadas, debería poner el foco en las economías regionales, una manera más prolija y eficiente de alentar la diversificación productiva para frenar el avance del tsunami verde: la sojización. Afuera también pasa El precio de la leche en el mercado internacional bajó abruptamente el año pasado -de US$ 20,50 por cada 45 kilos a 11,40 en junio-, luego del estallido de la crisis que movió los cimientos del sistema capitalista a nivel mundial y que, inevitablemente, repercutió en los niveles de demanda. En varios países que son grandes productores de leche, como los EEUU, se vive una situación complicada. El 20 de julio, el diario El País de España publicó una nota en la que informaba un vuelco importante de la política lechera del país gobernado por Barack Obama. El Estado norteamericano espera gastar 1000 millones de dólares en subsidios, sobre todo para mantener el mercado interno. Una clara muestra de proteccionismo. En la Unión Europea también se está debatiendo mayores subsidios para que los productores tamberos no abandonen la actividad y así mantener a flote una producción que al menos sirva para cubrir la demanda interna. Media sanción a la Ley de Emergencia Agropecuaria y concesiones al "campo" La cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad a la ley de Emergencia Agropecuaria, que establece la creación de un fondo especial de 500 millones de pesos que serán utilizados en casos de crisis, como sequías o inundaciones. La ley, que ahora deberá ser ratificada en el Senado, prevé la conformación de una comisión de emergencia que estará integrada por la Secretaría de Agricultura y el Comité de Emergencia Agropecuaria, representantes de las provincias, de las universidades y dirigentes de las entidades agropecuarias con representación nacional. También por miembros del Banco Nación y del Banco Central. Este comité se encargará de declarar la emergencia agropecuaria si así lo considera necesario. El manejo de los fondos será auditado por la Auditoría General de la Nación (AGN). En tanto, la ministra de Producción, Debora Giorgi, informó que el Estado destinará 530 millones de pesos en subsidios a tamberos. Se ampliará el precio que se paga a los productores en los primeros 3 mil litros -recibirán 20 centavos por litro-, y también se ensanchará el universo de los que reciben las compensaciones. El nuevo esquema abarcará, según la ministra Giorgi, establecimientos que produzcan hasta 12 mil litros por día. "Esto implica tener el 99% de los tamberos registrados en la ONCCA recibiendo compensaciones", aseguró la funcionaria. La medida anunciada por el gobierno implica un gasto por tambo de 18 mil pesos mensuales que, a fin de año, representarán 90 mil pesos por cada establecimiento subsidiado. "Este es un esfuerzo grande del erario público, pero realmente es una situación que lo justifica", explicó la ministra Giorgi. Asimismo, el Gobierno anunció algunas de las medidas que había reclamado la dirigencia del campo. Liberó las exportaciones de carne en el caso de los cortes caros y en el de los llamados populares redujo el encaje que deben tener los frigoríficos para garantizar el consumo interno. El Jefe de Gabiente prometió para la semana próxima un acuerdo con exportadores de granos. Fuente: http://www.infosur.info/