MarcoDetropoja

México es con diferencia el país que cuenta con mayor población indígena en la región latinoamericana, aunque Bolivia alberga el mayor porcentaje de población étnica. Ambos países disponen también del mayor número de programas y políticas públicas destinados a esta población, según el ranking de Infolatam, elaborado con datos de la CEPAL a los que ha tenido acceso Infolatam. Chile y Perú contabilizan el mayor número de conflictos mineros. Así se desprende del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, cuya síntesis fue presentada en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI), celebrada en Nueva York el pasado mes de septiembre. Infolatam ha tenido acceso al informe completo, aún no publicado, y con sus datos detallados ha podido elaborar diferentes rankings. En América Latina, como se examina en este estudio (también en su síntesis), existen más de 800 pueblos indígenas, con una población cercana a los 45 millones (que supone alrededor del 8% de la población total), que se caracteriza por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y política, desde pueblos en aislamiento voluntario hasta su presencia en grandes asentamientos urbanos. Como se puede ver en el gráfico, los datos arrojan una gran heterogeneidad entre los países latinoamericanos. En México, pese a que la población indígena signifique poco más del 15% de la población total, vive la mayor población indígena de la región, en términos absolutos: cerca de 17 millones de personas. Le sigue Perú, con poco más de 7 millones, Bolivia (6,2), Guatemala (5,8), Chile (1,8), Colombia (1,5), así como Ecuador, Argentina y Brasil, cuya población indígena se sitúa alrededor del millón de personas. Y al final de la lista se ubica El Salvador, con poco más de 14 mil habitantes, precedido por Uruguay, Costa Rica y Paraguay, cuyas poblaciones indígenas rondan las 100 mil personas. En cuanto a los porcentajes de población indígena por países, en dos de ellos, Bolivia y Guatemala, los indígenas rondan casi la mitad de la población aunque, en Bolivia, superan el 60%. En tanto que en El Salvador y Brasil, la población étnica no supera el medio punto porcentual. Así las cosas, cabe preguntarse cuál es la situación de esta población en términos de reconocimiento de sus derechos, bienestar y respeto de sus identidades. Políticas públicas Si bien la situación de los indígenas en la región, como demuestra el reciente informe de la CEPAL en diversos indicadores, ha experimentado, a diferentes velocidades y con rasgos heterogéneos según los países, significativos progresos en su desarrollo económico y social, todavía hay muchos indígenas con pies descalzos, estómagos vacíos, sin escuelas, sin centros de salud, sin trabajo, sin tierras, sin techo digno y con limitada esperanza de vida. Sumando el número de programas y políticas públicas destinadas a la educación y a la salud de la población indígena, resumidas en el documento de la CEPAL, podemos observar que encabezan el listado México, Bolivia, Brasil y Ecuador. Es llamativo que el mayor número de programas y políticas se refieren a la educación y la lengua, mientras que en materia de salud, el monto de éstas se reduce significativamente. En el ámbito educativo, las políticas y programas se orientan mayoritariamente a la educación primaria y secundaria. Si se considera el ámbito de la educación superior y la formación de especialistas en educación intercultural —uno de los mayores déficits que se observan en la región—, solo en 11 países existen programas de formación superior en esta materia. Bolivia es de los pocos países que cuenta con varios programas de educación superior y es el país en el cual se puede observar una mayor presencia de la temática de la educación intercultural en el conjunto del sistema educativo y en las políticas públicas. Con respecto al derecho a la salud, en la región se ha promovido el enfoque de salud intercultural con el fin de que los servicios de salud resulten accesibles a los pueblos indígenas. La mayoría de los países de la región ha desarrollado legislaciones que presentan diferentes enfoques, énfasis y particularidades que van desde el reconocimiento del derecho a la salud como bien individual, mencionando a los pueblos indígenas como grupos prioritarios, hasta algunas que reconocen y promueven los derechos colectivos y las medicinas tradicionales. Sin embargo también existen planes que incluyen, de manera integral, los asuntos de salud junto con el territorio, la educación y la cultura, la economía y la producción, el desarrollo institucional, la organización y resolución de conflictos. Pese a todo, como sostiene Marcos Matías Alonso, el exmiembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, “la capacidad de respuesta institucional y el diseño de la política pública para los pueblos indígenas nos llevan al tema del presupuesto público”. Para Alonso, los presupuestos nacionales reflejan las prioridades gubernamentales sobre los diversos sectores sociales de cada país y expresan relaciones de poder y el grado de exclusión en cada una de las naciones. “En América Latina, solo México, Chile y Ecuador disponen de información financiera referente a la política pública para pueblos indígenas. En la mayoría de los países es complicado determinar el monto del presupuesto público asignado a los pueblos indígenas. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que son montos ínfimos”, afirma el investigador. Según un estudio comparativo de Ángela Meentzen, titulado: “Políticas Públicas para los Pueblos Indígenas en América Latina” y publicado por la Fundación Konrad en 2007, “México es el único país del estudio que cuenta con políticas públicas para los pueblos indígenas, dignas de ese nombre…”. Brechas indígenas El informe de la CEPAL, también recoge las brechas existentes en diversas materias de la población indígena con respecto al resto de población. Y es este campo, el documento carece de datos de todos los países, por lo que resulta imposible determinar qué países presentan mayores brechas sociales. A lo largo del tiempo se ha considerado a la mortalidad infantil como un buen indicador de desarrollo, de manera que las diferencias observadas en este indicador entre regiones o grupos sociales representan una expresión de inequidad social. Los datos de la CEPAL muestran que la mortalidad infantil indígena continúa siendo sistemáticamente más elevada que la no indígena y que dista de alcanzar la meta de igualdad. Las mayores desigualdades se presentan en Panamá y Perú, donde la mortalidad infantil indígena triplica a la no indígena, y en Bolivia, donde es más del doble. En cuanto a la brecha educativa, la CEPAL asegura que las niñas y los niños indígenas de 6 a 11 años entran actualmente más temprano al sistema educativo, permanecen más tiempo y finalizan con mayor frecuencia los ciclos escolares. En general, en todos los países estudiados más del 80% de la población indígena de ese rango de edad asiste a la escuela. Sin embargo, las brechas por condición étnica son amplias, y sólo en los casos de Nicaragua y Uruguay son menos marcadas. Por otra parte, el grupo más rezagado en términos de escolarización es el de los jóvenes de 18 a 22 años, con bajos porcentajes de asistencia a instituciones educativas, que no superan el 40% en ningún país de la región. Respecto a la brecha digital y teniendo en cuenta que la igualdad en el acceso a Internet se considera hoy como parte del disfrute del derecho humano a la libertad de expresión, la CEPAL señala que la región presenta una importante heterogeneidad y desigualdad en este ámbito, tanto a nivel global, como dentro de los propios países. Tomando como indicador, los hogares conectados a Internet, la población indígena se encuentra porcentualmente más desconectada de Internet que el promedio total de los países analizados. El mayor cociente entre el porcentaje de acceso de hogares no indígenas y el porcentaje de acceso de hogares indígenas se da en Panamá, Perú, Ecuador y Venezuela. Conflictos por la industria extractiva Los conflictos locales relacionados con el control y el uso del territorio y los recursos naturales se han convertido en un fenómeno frecuente en todas las regiones del mundo, incluyendo América Latina. Según la CEPAL, estos conflictos a menudo se generan y desarrollan en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica. Al mismo tiempo, cuando la tierra se convierte en motivo de disputa, los conflictos violentos generan toda una serie de impactos y limitaciones en el desarrollo humano y el empoderamiento de los pueblos indígenas. En la actualidad, existe toda una espiral de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno a las industrias extractivas situadas en territorios indígenas o sus cercanías, debido a la irrupción y el auge de las actividades mineras y de explotación de hidrocarburos en la región. Según recoge el Observatorio de Conflictos mineros de América Latina (OCMAL), el país que registra mayor número de disputas son Chile y Perú con un total de 35 cada uno, muy seguidos por México (34), además de Argentina (26) y Brasil (20). Con tal sólo un conflicto, Paraguay y Uruguay son los países de la región que menos conflictos presentan.

Un grupo de trasandinos, como los que integran la Corporación de Defensa de la Soberanía, diariamente reparten volantes en centros comerciales, en reclamo de toda la Patagonia. El mensaje es claro: “¡Chilenos! Exijamos la devolución de nuestro territorio”. Eso rezan los panfletos que un grupo de trasandinos entrega en diferentes centros comerciales de su país. ¿Qué reclaman? Nada menos que todo el territorio de la Patagonia argentina. Este reclamo se basa en la posición defendida por chile que, sin tener en cuenta los tratados firmados por ambos países, pretenden que la Patagonia oriental que, hace siglos, empezaba en Río Negro pertenezca, en su totalidad, a Chile. Se deja constancia de que Chile por el sur, llegaba hasta el polo ártico y que por el norte en plena guerra del pacifico había avanzado al interior del Perú. Ante un enérgico reclamo argentino, surge el tratado de 1881 que fijo el límite en la línea de cordillera andina, en base a división de aguas. Este tratado deja constancia que toda la Patagonia oriental queda en posesión de Argentina. Chile solo logro conservar sus posesiones territoriales en la zona del Estrecho de Magallanes. Cabe consignar que, en ese momento, la región patagónica fue considerada por los chilenos, como un territorio estéril sin riquezas productivas. A partir de la década de 1870, Argentina desarrolla un proceso de ocupación sistemática de la zona mediante la creación de asentamientos y el recurso de la colonización extranjera. Por su parte, Chile en esa década se enfocaba en los territorios salitreros del norte y descuidaba toda la zona patagónica. El estado chileno encarga al intelectual Diego Barros Arana evaluar la situación de la Patagonia quien, luego de diversos estudios, se declara partidario de la cesión de estos territorios a la Argentina. Hacia el año 1881 mientras Chile se encontraba en plena guerra con Perú y Bolivia, Argentina reclama sus derechos sobre la Patagonia. Para evitar un nuevo conflicto armado, ante el cual no se estaba en condiciones de enfrentar, Chile decide negociar con Argentina y le cede todo el territorio. Cabe recordar que, en este momento, Argentina ya había ocupado de hecho la zona en disputa, las tensiones de este conflicto finalizan con la firma del Tratado de Limites de 1881. Firmado por los presidentes Aníbal Pinto (Chile) y Julio Roca (Argentina) se establece la entrega del territorio patagónico a la Argentina y la frontera queda fijada por las cumbres más altas de la Cordillera de los Andes. Con este tratado Chile pierde cerca de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, que más tarde serán la base de la economía ganadera de Argentina, así como también la explotación de recursos energéticos (Gas natural ). Además, este tratado sentó la base de la frontera entre ambos países, desmilitarizó el Estrecho de Magallanes, declaró obsoletos los tratados anteriores y nombró una instancia en caso de controversias. Mapa de Chile y Argentina segun "Corporación de Defensa de la Soberanía".

¿Por qué México es el único país de América Latina que no reduce la pobreza? La pobreza humilla a México. Los indicadores llevan décadas sin ver mejorías y la batalla se hace cada vez más cuesta arriba. El gobierno presentó este jueves las primeras mediciones desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia a fines de 2012. En los últimos dos años, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dos millones de mexicanos cayeron en la pobreza. De esta forma el porcentaje de la población en esa situación pasó del 45,5% en 2012 al 46,2% en 2014. Es decir, 55,3 millones de personas son pobres en la segunda mayor economía de América Latina. "La reducción efectiva de la pobreza sólo puede lograrse con crecimiento sostenido de la economía y la productividad", le dice a BBC Mundo Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval. "Esto ha sido un problema en México, si bien la economía ha crecido, ha resultado insuficiente y no sólo desde la crisis de 2008, estamos hablando de que es un problema en los últimos 30 años", añade. Una de las razones para este reciente incremento, aseguran las autoridades, es la caída de los ingresos en términos reales del 3,5%. La medición El índice de pobreza utilizado por el Coneval es multidimensional. Mide el ingreso y las carencias sociales, como acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación y servicios básicos en la vivienda, la calidad y el espacio en la vivienda y el rezago educativo. La persona que tenga al menos una carencia social y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar se considera que está por debajo de la línea de pobreza. El ingreso es de 2.542 pesos (US$156) para el sector urbano y 1.614 (US$100) para el rural. En el caso de la pobreza extrema, que se redujo del 9,8% al 9,5% de la población, incluye a quienes tienen un ingreso inferior al de la línea de bienestar mínima (US$77 y US$53, urbano y rural, respectivamente) y además tienen tres o más carencias sociales. Son 11,4 millones de personas las que se encuentran en esta situación, 100.000 menos que hace dos años. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destacó en un comunicado esta mejoría: "Muestra que la prioridad que se planteó la política social de ir primero al núcleo duro de la pobreza (...) está dando resultados". Vulnerabilidad Las cifras oficiales indican que apenas el 20,5% de la población (24,6 millones de personas) se encuentra en la categoría "no pobre y no vulnerable". Existen 31,5 millones de personas que promedian casi dos carencias sociales, por lo que se encuentran en estado de vulnerabilidad. A nivel de estados, los más pobres siguen siendo los del sur del país. En Chiapas tres de cada cuatro personas son pobres (76,2%) y casi un tercio de la población se encuentra en pobreza extrema. Le siguen Oaxaca (66,8%), Guerrero (65,2%) y Puebla (64,5%). Las entidades con menores porcentajes son: Nuevo León (20,4%), Distrito Federal (28,4%), Baja California (28,6%) y Sonora (29,4%). Las razones México, aseguró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) esta semana, "es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza". En su estudio "Diagnóstico de desarrollo regional: México", la organización da cuenta que los niveles de pobreza no han cambiado en los últimos 20 años "debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos". Sólo medida por el nivel de ingreso, la pobreza alcanzaba en 1992 al 53,1% de la población, y ahora llega al 53,2%. Pasó por un pico de 69% en 1996 y llegó a bajar al 42,9% diez años después, pero desde entonces no ha parado de crecer. Según la OCDE, la pobreza procede en gran parte del amplio sector informal de trabajos de bajos salarios con una reducida productividad, la falta de acceso a la formación y las limitaciones de las redes de seguridad social. La desigualdad "Hay un problema estructural que impide que la población tenga una capacidad suficiente de generación de ingresos a pesar de los múltiples programas sociales que se han implementado en las últimas dos décadas", le dice a BBC Mundo el economista Gerardo Esquivel. El investigador, autor del reciente estudio "Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político", señala que no sólo las políticas sociales han resultado insuficientes sino que los beneficios del crecimiento no han estado bien distribuidos. La desigualdad es el cáncer que frena a México, que está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Es el país en donde al 1% más rico le corresponde un mayor porcentaje del ingreso total (21%), de acuerdo al estudio de Esquivel. El Global Wealth Report 2014 determinó que el 10% más rico de México concentra el 64,4% de toda la riqueza del país. Y mientras la cantidad de pobres aumenta, la de millonarios en el país se incrementó un 32% entre 2007 y 2012. Para Julio Boltvinik, economista de El Colegio de México, uno de los problemas es la política económica. "Tenemos un sistema que no cobra impuestos a los ricos, que no usa el gasto público como un estímulo para generar empleo y crecimiento, y que va acompañado de una política cambiaria y monetaria de freno a la economía", señala en conversación con BBC Mundo. "No hay estímulos para el desarrollo y desde los 80 ya no hay crecimiento inducido desde las empresas y las obras públicas", agrega. Boltvinik, quien lleva más de tres décadas estudiando la pobreza en el país, presentó esta semana su estudio "Evolución de la pobreza y la estratificación social en México". Allí asegura que en realidad son 100 millones de mexicanos los que viven en la pobreza pues en su investigación toma en cuenta el ingreso y 17 necesidades básicas. ¿Cómo hacerle frente? México tiene solidez macroeconómica, la inflación bajo control y sólidas reservas internacionales. El gobierno se encuentra embarcado en una serie de reformas estructurales, con la energética a la cabeza, con la que busca ser más productivo y atraer inversiones. Pero México todavía es un país donde casi dos tercios de la población activa trabaja sin derecho a pensión ni seguridad social. Para la Sedesol el combate a la pobreza pasa por un "mayor crecimiento económico, la generación de empleos, la democratización de la productividad y una mejor distribución del ingreso". El propio organismo señaló que la última medición "confirma los desafíos enormes" que enfrenta el país, aunque hizo hincapié en que el camino es el "adecuado". La OCDE considera que una de las claves para mejorar la situación es mejorar el cobro de impuestos, tanto a nivel estatal como municipal. Para ello se deben fortalecer las capacidades técnicas e institucionales, opina la organización. "La base fiscal es reducida y la estructura de la tributación ha fomenta la informalidad", apunta el documento en el que se señala que es necesaria una política más allá del asistencialismo y diseñar políticas para un crecimiento sostenible. "México debe empezar a replantear su política social en términos de eliminar programas que no están funcionando", indica Esquivel. "Y sobre todo", añade" replantear el esquema económico, con un crecimiento más equitativo y distribuir recursos hacia programas más de desarrollo económico". Las nuevas cifras "tendrían que servir para, más allá de politizar las cosas, ver cuál es la ruta de salida a esta situación de pobreza", le dice a BBC Mundo Rocío Stevens, gerente de campañas de Oxfam México. Se debe "abrir un debate verdadero sobre cómo mejorar los ingresos de las familias", añade. Parece haber consenso en el diagnóstico. A más de 50 millones de personas le urgen cambios.

Incidente de Lago del Desierto (1965) Este incidente fronterizo fue provocado por la incursión de carabineros chilenos en un lago reconocido hasta ese momento como territorio argentino. Si bien las autoridades chilenas unos años antes había modificado la cartografía para ubicarlo dentro de su territorio, la incursión de los carabineros fue un acto de provocación esperando la inacción del lado argentino. La reacción de la Gendamería argentina fue arrestar a los carabineros y cuando hubo resistencia se abrió fuego sobre uno de ellos. El resto de la policía uniformada fue derivada a su país. A raíz de esto se produjeron en Santiago de Chile manifestaciones anti argentinas con la quema de la bandera argentina , el apedreo del edificio de Aerolíneas Argentinas y de la embajada, además un avión chileno realizó el 3 de diciembre un vuelo rasante sobre el crucero La Argentina cerca de Puerto Williams. El 5 de diciembre se logró un acuerdo entre las partes que distendió la disputa, sin exigir Chile el retiro argentino de la zona, la Comisión Mixta de Límites iniciaría sus trabajos. En 1967 la Gendarmería Nacional Argentina instaló un puesto permanente para custodiar el Lago del Desierto. El territorio siguió siendo reclamado como chileno, de manera porfiada, hasta que un fallo arbitral en los 90s lo demarcó como definitivamente territorio argentino. Se saca el mástil y la bandera de Chile Portada de la Revista Gente, El Carabinero Chileno Merino es abatido en el enfrentamiento...los chilenos tuvieron un fallecido y heridos. Diarios chilenos Chilenos prisioneros en Río Gallegos Sacando el cartel que colocarón los Carabineros marcando al lago como territorio chileno Nuestros Gendarmes llevan su "Trofeo de Guerra". La prensa chilena hasta hizo historietas y comics para tratar de elevar la moral del país. Después de la "batalla"...los carabineros mirán desde lejos. El sargento segundo de carabineros Miguel Manríquez Contreras fue herido por los gendarmes argentinos en Lago del Desierto, y en esta fotografía es atendido mientras se recupera en un recinto hospitalario. Un Gendarme agachado revisa el cuerpo del carabinero chileno Hernán Merino abatido en territorio argentino Gendarmes argentinos custodian a los prisioneros chilenos. Los carabineros son llevados prisioneros... el cabo Menares y Mayor Torres Efectivos de la GN se movilizan rápidamente neutralizando a los Carabineros de Chile

Decepción mexicana en Río 2016: sin medallas y con el 70% de los deportistas eliminados Desde el primer día, los deportistas mexicanos fueron cayendo uno tras otro en las distintas disciplinas sin que por el momento se prevea medalla alguna. La semana no inició bien para la delegación mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En cuatro días de competencia ya han quedado eliminados el 70% de los atletas y hasta el momento no ha ganado una sola medalla. Desde el primer día, los deportistas mexicanos fueron cayendo uno a uno en diversas categorías sin que hasta el momento se prevea presea alguna. El boxeador mexicano Juan Pablo Romero se despidió de los Juegos Olímpicos Río 2016 al caer contra el italiano Vincenzo Mangiacapre. En la categoría de los 69 kilogramos, el pugilista tricolor dominó el primer 'round', pero los jueces consideraron mejor a su oponente para quedarse con el triunfo en la ronda preliminar. México quedó fuera del podio en la prueba de salto de plataforma de 10 metros sincronizado, con la que la dupla conformada por Iván García y Germán Sánchez había ganado la plata cuatro años atrás. Los mexicanos quedaron en la quinta posición y a 21 puntos de poder conseguir la presea de bronce, que ganaron los británicos Thomas Daley y Daniel Goodfellow. La mexicana Mónica Patricia Domínguez quedó en la octava posición en levantamiento de pesas. Además, Aída Román, una de las mayores esperanzas para obtener una medalla quedó eliminada en la prueba individual. Román, que ganó plata en los juegos de Londres 2012, cayó frente a la moldava Alexandra Mirca que se impuso 6-4 en la prueba. Las esgrimistas Úrsula González y Tania Arrayales fueron eliminadas al buscar un lugar entre las 32 mejores del mundo. González perdió contra la ucraniana Olga Kharlan; mientas que Arrayales fue vencida por la rusa Yana Egorian en los dieciseisavos de final de la competición. México aún tiene una esperanza en este deporte en la modalidad por equipos junto con sus compañeras Julieta Toledo y Tania Arrayales. Arrayales ganó en enero pasado la medalla de oro en la Copa del Mundo Junior en España, pero Egorian es una rival fuerte y está entre las mejores del mundo. En el tenis, la dupla de Santiago González y Miguel Ángel Reyes también fue eliminada en los octavos de final ante los rumanos Horia Tecau y Florin Mergea. En la competencia de Vela, Demita Vega terminó en el puesto undécimo; mientras que David Mier y Terán acabaron en el lugar 28.º en su primera regata. Brendi Roque Mendoza, cubano naturalizado mexicano, quien competía en la categoría de los 69 kilogramos, quedó fuera tras no lograr concretar su segundo y tercer intentos. El plusmarquista caribeño está bajo la supervisión del entrenador antillano Omar Broche. Nació en Pinar del Río, en el occidente de Cuba. Se naturalizó en 2012 y radica en Chetumal, Quintana Roo. La polémica del uniforme La delegación mexicana que participa en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro se vio envuelta en una polémica cuando se dio a conocer que el uniforme que portaron en la inauguración tuvo un costo de 4 millones de pesos (217.137 dólares) y fue diseñado por la marca Hugo Boss (y no por algún artista o empresa mexicana). En redes sociales, usuarios y aficionados mostraron su descontento por la firma que creó los uniformes con los que los atletas desfilaron en el estadio de Maracaná. Sin embargo, no todos los mensajes fueron negativos, pues algunos usuarios encontraron acertada la decisión e incluso señalaron que en justas anteriores los diseños mexicanos llevados por la delegación no habían sido del todo su agrado.