Richard3

29 de julio de 2015 | Edición Impresa #1374 | Por Maxi Laplagne, presidente Cefyl El cuerpo de delegados de la Línea 60 envió una carta al Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (Cefyl) de la UBA. En ella agradecen porque "gracias a todas sus colaboraciones podemos afrontar el conflicto que nos genera esta patronal negrera". Y cierran: "haciéndolos saber que frente a cualquier conflicto en que se encuentren trabajadores o estudiantes estaremos ahí brindando todo nuestro apoyo y solidaridad". El Centro de Estudiantes -orientado por la izquierda- se ha hecho presente desde el primer momento, junto a la Fuba, en la lucha de los trabajadores por su reincorporación. La Fuba se ha convertido en un aliado incondicional de los trabajadores en la lucha contra el ajuste que ya desarrolla el gobierno nacional. Durante el conflicto de Lear, el "cuervo" Larroque pidió ante los medios de comunicación que los estudiantes "vuelvan a estudiar". Pero a diferencia de los camporistas, desde la UJS entendemos la unidad obrero-estudiantil como parte estratégica en la lucha contra el Estado y el capital, por la defensa de las condiciones de vida, la independencia de la clase obrera y, también, la defensa de la educación pública. El ofrecimiento de los trabajadores a apoyar las luchas estudiantiles es la expresión de un vínculo que se está gestando en la Argentina, donde la universidad es digitada a merced del gran capital. Catorce años de independencia política de la Fuba han aportado a la conciencia de la necesidad de su transformación para ponerla al servicio de las grandes mayorías. Esta transformación sólo es posible bajo un gobierno de trabajadores que reorganice la universidad según sus intereses. En el medio de una inmensa crisis en la UBA, la UJS atravesará las próximas elecciones universitarias de septiembre para defender centros de estudiantes independientes del Estado y las autoridades. Ello para enfrentar, junto a la clase obrera, el ajuste que deberá desarrollar el próximo gobierno. La solidaridad con las luchas obreras es parte esencial de nuestro programa. Lea la Prensa Obrera

Bolivia: violento asalto policial a comunidad guaraní que se opone a obras petroleras ]19 agosto, 2015 La comunidad guaraní Yateirenda del municipio Cabezas, ubicada en el departamento de Santa Cruz en Bolivia, fue tomada por asalto por un contingente policial armado la tarde de este martes 18 de agosto. De acuerdo con los testimonios de lxs dirigentes guaraníes que lograron escapar, producto del operativo policial la comunidad fue completamente gasificada, se detuvieron a casi una treintena de guaraníes entre hombres, mujeres, niñxs y adolescentes, se destruyeron viviendas y se saquearon alimentos; y hubo un desmedido uso de gases químicos que provocaron el desmayo de niñxs y jóvenes, así como la huida y extravío de menores en el monte. ¿Qué provocó la ira del gobierno de Evo Morales para dar esa instrucción a las fuerzas policiales? Hace una semana los guaraníes iniciaron protestas contra las obras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco, alianza de la petrolera estatal YPFB con capitales transnacionales, que sin consulta previa a los indígenas propietarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora, comienzan exploración petrolera que atraviesa su territorio. No solo eso, los indígenas guaraníes hace más de un mes acusaron al gobierno de la inconstitucionalidad de los decretos supremos: 2298, 2195, 2366 y 2368, firmados por Evo Morales, y que aceleran la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en sus territorios y las áreas protegidas que comparten. Violento desbloqueo policial Este martes a las 6.00 am, los guaraníes plantaron un bloqueo en la carretera Santa Cruz – Camiri, inmediatamente el gobierno envió un contingente de más de 400 policías que intervino el bloqueo por primera vez a las 13.30. Nicolas Pereira, dirigente guaraní declaraba: “no hubo accidentes, pero sí en este preciso momento están llegando muchísimos policías (…) se están aproximando nuevamente la cantidad de policías hacia nosotros”. Más de 400 policías anti-motines gasificaron el punto de bloqueo. Audio: https://soundcloud.com/territoriosenresistencia/guaranies-temen-otra-momento-de-gasificacion Los indígenas al inicio impidieron el desbloqueo y lograron que los uniformados retrocedan, las mujeres guaraníes se pusieron en primera línea. Pero la capitana mayor de la comunidad guaraní Tacovo Mora, Vilma Arredondo, denunciaba la posible represión en bloqueo carretero: “Las mujeres somos las primeras que estamos adelante”. “Necesitamos bastante apoyo, es por la vulneración de nuestros derechos, de todos los bolivianos, ahora lo digo con más firmeza, necesitamos más apoyo”. Audio: https://soundcloud.com/territoriosenresistencia/guaranies-bloquean-campo-petrolero-gobierno-militariza-zona El segundo intento de desbloqueo a las 17.00 fue brutal, los policías gasificaron todo el campo de bloqueo. En la primera intervención, los movilizados se defendieron apenas con piedras, pero en la segunda acción fueron replegados de forma violenta, sobre todo con los niños y las niñas ubicados al rededor del punto de bloqueo: “Unos 300 policías y paramilitares nos han reprimido, han atacado con gases lacrimógenos, nos han golpeado, han pateado mujeres, niños, ancianos. No han tenido compasión de nosotros ¿Hasta cuándo el Gobierno va a hacernos esto?”, expresó con la voz entrecortada Nelly Romero, dirigente del área de relaciones internacionales y cooperaciones de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), a radio Erbol. “Es más doloroso que a los niños, como 20 niños que teníamos, comenzaron a patearlos y eso nos deja con ese dolor (…) Nos han dejado sin logística, sin carpas, sin colchas. Si tienen la buena fe de apoyarnos con un grano de arena no es malo, sino que es un apoyo moral que necesitamos en este lugar de la capitanía Tacovo Mora”, decía Vilma Arredondo, capitana mayor de la comunidad guaraní Tacovo Mora. Audio: https://soundcloud.com/territoriosenresistencia/mujer-lider-guarani-tacovo-mora-narra-momento-de-represion El portal eju.tv citó al fiscal del municipio de Cabezas de la provincia Cordillera, José Leonor Morales, que afirmó que el desbloqueo de la carretera Santa Cruz-Camiri fue muy “violento” y que se usó agentes químicos en las dos ocasiones: “Tenemos todas las pruebas aquí, esta es la capacidad de diálogo que justamente ha mostrado el gobierno (…) Han venido a reprimir a los indígenas de Yateirenda con todas sus municiones, lo que hemos anunciado esta violencia cometida contra los guaraníes de esta manera tan violenta”. Asalto a la comunidad Pese a que las fuerzas policiales habían logrado el desbloqueo, una parte se desplazó fuera de la carretera e ingresó hasta la comunidad Yateirenda del municipio Cabezas, departamento de Santa Cruz, para detener a los guaraníes que bloquearon la carretera Santa Cruz-Camiri, y que simplemente demandan su derecho constitucional a la consulta previa. Lourdes Miranda, dirigente de la APG, narró el brutal asalto que vivió la tarde del martes 18 de agosto la comunidad: “Vino la policía a desbloquear a modo forzoso, un contingente muy grande, un camión enorme y efectivamente desbloquearon la carretera, pero no conforme con eso empezaron a entrar a la comunidad y lo llenaron de gas que no se podía ni ver, no se veía a un metro de tanto humo de los gases lacrimógenos que enviaron. Y habiendo aquí en la comunidad la gente, los niños, las personas mayores, empezaron a buscar a los dirigentes y empezaron a torturar a los jóvenes, desnudaron a los adolescentes y se los han llevado”. Audio: https://soundcloud.com/territoriosenresistencia/bolivia-asalto-policial-a-comunidad-guarani-takovo-mora “Son 27 personas que hay entre los mayores aparecidos, que se han llevado ellos, y hay como unos 5 a 10 niños que faltan, que no están, que también se los han llevado. Se han llevado arrastrando de los cabellos a la asambleísta Ruth Yarigua, a los técnicos y un montón de gente que estaba colaborando aquí de buena voluntad, y se los han llevado”. “Han destrozado camionetas, han quemado víveres, han hecho un destrozo y un abuso total de las casas, han entrado a cada casa, a cada domicilio, han roto los cristales, los vidrios: hay un daño terrible que han hecho. En este momento las personas siguen en el monte llamando a sus niños porque todo el mundo el que ha podido escapar ha escapado, los niños que se han desmayado, a medio paso se han desmayado, porque el gas era tan fuerte que ni un adulto lo podía aguantar. En este momento tenemos dos jóvenes que están en la ambulancia, ahorita siendo atendidos porque están desmayados de tanto gas y la convulsión que les ha dado”. “Por favor, es que no tiene nombre esto, simplemente pedíamos que bajen al diálogo aquí, a hablar con nosotros, y ellos: “hay una orden directa” dijo el policía, que incluso han disparado con armas de fuego, armas de verdad, no solo eran, no solamente eran los gases lacrimógenos”. Tras conocer estos hechos, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, pidió deponer cualquier acción violenta contra los indígenas: “Pedimos de que la Policía no haga uso de la fuerza, de manera desproporcional, afectando la situación de las familias que están movilizadas (…) nos llamaron muy preocupados (los dirigentes) por el abuso que se estaría realizando por parte de las fuerzas policiales, nos han mencionado que estarían siendo detenidos”, afirmó, según el portal eju.tv. Ronald Gómez, capitán Guaraní por Santa Cruz, mientras seguía en el caos de desapariciones explicaba: “Estamos buscando en este momento a nuestra asambleístas, no hay (…) hay harto harto harto desaparecido ahorita, recién nos estamos reuniendo. A toda la comunidad ha entrado la policía”. Audio: https://soundcloud.com/territoriosenresistencia/denuncian-cantidad-incierta-de-desaparecidos-ronald-gomez-capitan-guarani-por-santa-cruz Cerco policial a medios Según la dirigencia indígena, hubo un cerco policial para evitar que medios de comunicación verifiquen los daños a la comunidad. En municipio de Cabezas guaraníes agrupados nuevamente, pedían el retorno de los detenidos y que los policías dejen entrar a los medios a Yatirenda, los policías pusieron cerco en la carretera, la prensa solo podía llamar. Audio: https://soundcloud.com/territoriosenresistencia/policias-no-permiten-ingreso-de-medios-a-yateirenda En nota de prensa, el Ministerio de Gobierno de Bolivia informó que 26 personas fueron aprehendidas y que cinco efectivos están heridos, pero no informó sobre el operativo violento de asalto a la comunidad de Yateirenda ni sobre las denuncias de gasificación masiva a niños y niñas, ni ancianos. Antecedentes Guaraníes en Tacovo Mora. Fuente: anbolivia.blogspot.comHace 9 días los guaraníes de Takovo Mora bloquearon el ingreso al bloque petrolero El Dorado, que se sobrepone a la TCO con el pedido de dialogar con los indígenas. La empresa estatal sostiene que la consulta no corresponde porque los pozos petroleros: DRO-X1003, DRS-X1007, DRS-X1008 y DRS-1009 se encuentran en predios privados, pero los indígenas afirman que esos predios están dentro la demarcación de su territorio, por lo tanto hay afectación a su derecho. En el bloqueo de El Dorado hubo dos gasifiaciones policiales con el despliegue de más de 500 policías que fueron a resguardar el funcionamiento de la planta petrolera. Ante esta situación, los guaraníes, que no solo son de Santa Cruz, sino también de Tarija y Chuquisaca, determinaron radicalizar sus medidas con el bloqueo de la vía Santa Cruz-Camiri, siempre con el pedido al gobierno de Evo Morales de asistir al diálogo.[/size

PO Comunicados - 16 de enero de 2016 por Iñaki Este sábado se produjo la detención de Milagro Sala, a causa del acampe que mantienen las organizaciones sociales que le responden en la Plaza Belgrano desde la primera semana de gobierno radical, en reclamo de presupuesto para la Red de cooperativas. La detención se produjo bajo la figura de “instigación al delito y tumulto”. Esta medida configura un ataque y un precedente contra todo tipo de manifestación pública. La organización de Milagro Sala se ha convertido en una suerte de gerenciadora sobre la base de un manejo discrecional de millones y millones de pesos sin control del presupuesto del estado, lo que la convirtió en un “estado dentro de un estado”. Nunca antes una organización social manejó tantos recursos por parte del estado como la Red de Milagro Sala. A través de ella el Estado Nacional tercerizó la obra pública y otras funciones del Estado. El gobernador Gerardo Morales ha declarado repetidas veces que no va a permitir “intermediarios” entre la gente y los recursos del Estado. De todas las denuncias que tiene Sala, el gobierno ha elegido detenerla por manifestarse. Busca, a través de un personaje controvertido y con “mala prensa”, castigar a todos los que quieran reclamar. Es de destacar también esta nueva muestra clara del carácter absolutamente servil de la justicia con el poder político. Hasta diciembre, Milagro venía siendo sobreseída, las causas quedaban prescriptas o no se avanzaba en ninguna investigación en las más de 60 causas que tiene en contra. Un cambio de signo de gobierno hace que la justicia busque acomodarse con el poder de turno y actúe con celeridad en una causa que busca de fondo la regimentación de la protesta social. Morales y la protesta social Desde su asunción, Gerardo Morales ha planteado que en la provincia se acaban los cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha planteado un protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar las mismas, inclusive multando individualmente a personas que realicen alguna medida de lucha. En el marco del acampe, el gobierno de Morales ha anunciado la suspensión de las personerías jurídicas y la inhabilitación de las cuentas bancarias de las organizaciones que permanezcan en la Plaza después del 14 de enero. Al suspenderles la Personería Jurídica, las mismas pierden la posibilidad de inscribirse para la construcción de viviendas y otros tipos de contratos de obras con el Estado, además de los bolsones alimentarios, viviendas y entrar en el programa de reempadronamiento de capacitadores, lanzado recientemente. Esta política produjo una división al interior de la Red, que hasta hoy recibía sus prebendas a través de Milagro sala y que con la pérdida de su poder, busca reacomodarse junto a los “nuevos poderosos”. El derrotero de Milagro El gobierno aprovechó para la detención, una seguidilla de golpes contra la Red de Organizaciones Sociales. El 14 de enero una conferencia con unas 15 organizaciones sociales y cooperativas que se retiraban del acampe y se ponían a disposición del gobierno para seguir trabajando en las cooperativas bajo las nuevas disposiciones. Pero el golpe más fuerte lo recibió el 29 de diciembre, cuando se retiró del acampe la ODIJ, una de las organizaciones sociales más grandes de la Red de Milagro Sala, que cuenta con el concejal por San Salvador, Bejarano y un diputado provincial, Cayo. La ODIJ se retiró de la Red de Organizaciones Sociales, Bejarano se retiró del bloque parlamentario y armará un monobloque en el Concejo, y Emilio Cayo renunció a la ODIJ para permanecer junto a Sala. La Tupac Amaru enfrenta fuertes cruces al interior de su movimiento sobre cómo seguir, y fuertes presiones hacia sus dirigentes que se han movido con criterios clientelares en favor de sus propios beneficios, reflejo de esto fueron estas rupturas desde “arriba”, con acuerdos de sus dirigentes con el gobierno radical. A la defensa de las conquistas de las organizaciones sociales frente al ajuste del gobierno, se debe plantear un balance de lo actuado por parte de estas organizaciones cooptadas por el gobierno de turno, por su programa y sus métodos antidemocráticos, de presiones y de abuso y explotación de las necesidades de los trabajadores. Es necesario volver al control de los recursos por parte de las bases de las organizaciones, la elección y revocabilidad de delegados, volver a las asambleas y los debates democráticos entre los trabajadores. En definitiva volver a las tradiciones del movimiento obrero combativo. Desde el Partido Obrero denunciamos la detención de Milagro Sala como un intento de regimentar la protesta de todos los trabajadores pertenezcan o no a sus organizaciones. El ajuste está en marcha y los recursos del gobierno y también de sus opositores, como ocurre en Santa Cruz son los mismos, golpear al pueblo y regimentarlo para evitar su reacción.

Hoy, 26 de septiembre, se cumple el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de la escuela normal de Ayotzinapa. Este hecho que conmovió al planeta -o al menos a los que sentimos en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo- dejó varios aspectos para la reflexión, el análisis, la conciencia y el dolor. Una de las cuestiones que emergieron de estos hechos fue el rol jugado por la policía local, en este caso en particular y en las redes de narcotráfico en general. El modelo de las “policías comunales” o “locales” viene siendo aplicado tanto en México como en Colombia y en ambos lugares dio sobradas muestras de las posibilidades que estas estructuras brindan a la corrupción y por ende al rápido entrelazamiento con las bandas dedicadas al narcotráfico y otros negocios ilegales (¡más rápido que el de las policías tradicionales!) En Argentina, esta policía de receta rápida (al estilo de las sopas instantáneas o la chatarra fast food), ya ha protagonizado en los pocos meses de su existencia, varios casos de gatillo fácil (¿será gatillo “rápido”, como su preparación?) También la ya probada “Metropolitana”, que quería salir a patrullar munida de picanas, y probó su gallardía en la represión del Hospital Borda, acumula varias acusaciones. Resulta por eso preocupante la aplicación de esa política en Argentina. Resulta preocupante que decenas de militantes “¿populares?”, avalen una campaña electoral que lleva como una de sus promesas la aplicación de “Una policía Local para Tu Victoria” en todo el país. Resulta preocupante que efectivamente en varios puntos del país, (y al margen de las campañas demagógicas) se estén programando o llevando adelante estas políticas. Resulta preocupante la cantidad de armas que el Estado Nacional y los estados provinciales están poniendo en manos de gente sin preparación. Y más aun la cantidad de armas que ponen en manos de otra con mejor preparación: ¡para matar! La pregunta obligada es: ¿para qué guerra se están preparando? La propaganda oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que adorna las carteleras de publicidad, también está llena de policías y patrulleros cero kilómetro. Entre los chiches nuevos de la poli santafesina se exhibe un lujoso ¡camión hidrante! ¿Van a perseguir a los narcos o ladrones con chorros de agua? ¿O es que el versito de la seguridad les sirve para prepararse para otras tareas? Otra cosa que dejó claro el caso de Ayotzinapa es que las fuerzas parapoliciales del narco junto a los organismos del Estado podían ser muy útiles para reprimir a disidentes políticos o sociales. ¿Qué ven en el horizonte todos los partidos de la burguesía (PJ/FPV/PRO/FR/PS/UCR) que están llenando la argentina de milicos de todos los colores? El señorito, ex jefe de gabinete y ahora dueño de “la gran avenida del medio” se ha animado a proponer que se saque al Ejército a patrullar las calles… Mientras que la amable Gendarmería, que hace rato lleva adelante esa tarea en las principales ciudades de nuestro país, ha multiplicado su número de manera permanente durante los últimos años “ganados”. En 2011, Nilda Garré afirmaba que el personal había crecido un 76% respecto de 1.999 (13 mil verdes más). Además de la renovación de la flota de autos, motos, camiones y helicópteros. Los efectivos no son para controlar “la frontera”. O sí, la frontera de la capital de la burguesía. La mayoría se destinan a los “Operativo Centinela”, “Plan Cinturón Sur”, “Control Acceso a CABA”, en el conurbano bonaerense. O para invadir ciudades, como la “peligrosa” Rosario. ¿Para qué tanto uniformado? ¿Para qué tantas armas? Si nos remitimos a la historia de nuestro país, el Estado (que NO somos todos), la principal guerra que ha llevado adelante ha sido contra el pueblo que habita este territorio. Inauguró su existencia con el genocidio contra los pueblos originarios en la Patagonia y el gran Chaco, acrecentó su prestigio con la Semana y la Patagonia Trágica, dejó millares de muertos a las órdenes de la Forestal, bombardeó desde el aire Plaza de Mayo y procuró exterminar a 30.000 hijos de este pueblo, queriendo borrar hasta las huellas de su muerte… por sólo mencionar los hitos más notables de su práctica. Por eso, tratándose de recetas calcadas de dos Estados que hoy llevan adelante el terrorismo contra su población, como Colombia y México, me pregunto: ¿Policía local para Qué Victoria? Me pregunto: ¿buscan combatir el narcotráfico o allanarle el camino? Me pregunto: ¿no sería mejor invadir las calles de maestros, médicos, artistas, profesores, trabajadores sociales, etc.? Con mucho pesar me pregunto: ¿La lucha por los derechos humanos es sólo una cuestión del pasado? ¿Quién nos va a venir a pedir perdón en nombre del Estado de acá a 30 años? Y DE YAPA: “…Quiero una LEY DE SEGURIDAD AMPLIADA para que las ¡FUERZAS ARMADAS!:Ejercito, Fuerza Aerea y Marina, puedan ATACAR y Bloquear la frontera, pero también ayudar y ENTRAR EN LOS BARRIOS MÁS HUMILDES… link: https://www.youtube.com/watch?v=__-uNqiL1L0

Documento unificado de la jornada que se realiza en el día de la fecha, a 7 años de la desaparición de Luciano Arruga Nuestro recorrido Hace siete años, la policía bonaerense secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a Luciano Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos de izquierda y medios alternativos nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza que lleva su nombre. Hemos demostrado que con la militancia organizada no sólo pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino que también pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los Tribunales, condenar pública y políticamente a funcionarios de gobierno e instituciones que integran alguna de las fases de la desaparición forzada de personas. Cuando empezamos a buscar a Luciano, La desesperante pérdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad estratégica posterior a la desaparición retardaron aún más los tiempos habituales para cualquier investigación, pero -sobretodo- fueron la justificación para la amenaza, la agresión y la persecución. Por eso, porque el Estado está organizado para encubrir y esto es manifestado por sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia, cuando buscamos a Luciano aquel 31 de enero de 2009 dos veces en el hospital Santojanni, la respuesta fue no. Ningún NN coincidía con la descripción y no podíamos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos de que estaba ahí, por eso también pasó meses en una morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires con la nómina administrativa de una persona sin identidad mientras exigíamos su aparición con vida. El poder judicial es indispensable para completar el círculo de impunidad. Con la desaparición de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a la propia fuerza sospechada. También soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condición de pobres: el juez Gustavo Banco aceptó en quince oportunidades a lo largo de un año y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos a escondidas. Ante semejante maltrato, nos dispusimos llevar hasta las últimas consecuencias un jury de enjuiciamento que condenara a los funcionarios que se comportaron como si nuestra condición de clase pudiera demostrar una culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario de la justicia es una trampa, son sus propios compañeros quienes resuelven las denuncias realizadas. Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigación que debería desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco. Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros. La policía no sólo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: también el encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Sólo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder, y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito de torturas al policía Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado en la cocina del destacamento a Luciano Arruga durante más de diez horas en septiembre de 2008. La jurisprudencia asentada con ese juicio que se desarrolló en marzo de 2015 es histórica: no sólo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas sino también porque acreditamos con contundencia el hostigamiento sistemático previo al desenlace. La detención juzgada fue crucial por lo traumática, porque allí comenzó la cuenta regresiva. Luciano soportó y sobrevivió a los meses posteriores con pánico a la policía porque sabía que tenía los días contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos conocidos en La Matanza. Se dedican hace años a defender a la Bonaerense, tienen vínculos directos con el Pro a nivel local y son quienes comandaron la embestida judicial contra nuestro compañero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una imputación por extorsión cuando los defensores de la policía asesina de Gabriel Blanco, asesinado en la comisaría de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los efectivos. La misma lucha organizada nos permitió caratular esta causa como desaparición forzada y sostener esa figura aún después del hallazgo de Luciano y del intento del entonces gobierno de Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tránsito. El delito de desaparición forzada es de lesa humanidad, no prescribe y se sigue cometiendo a cada momento que la persona no está. En el país no hay un solo funcionario público condenado con esa figura que se tipificó en 2011. La perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de Julio López, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las empresas periodísticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad sembrando dudas sobre las víctimas, relativizando infundadamente las denuncias de las familias y silenciando explícitamente su voz. Encontramos a Luciano gracias a la presentación de un hábeas corpus a comienzos de 2014. El poder judicial rechazó el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas decisiones hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó dándole curso. Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo: la reapertura de los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009 arrojó que un NN había sido atropellado en General Paz y Emilio Castro, trasladado por el SAME e internado en el Santojanni hasta que murió luego de una operación y permaneció meses en la morgue judicial de la Capital Federal para ser enterrado en mayo de 2009 “sin identidad”. Nuestra lucha nos llevó al hallazgo histórico, pero también nos permitió sobreponernos a la versión oficial, “que parezca un accidente”, y demostrar de forma contundente que sí, lo había matado la policía bonaerense y lo había desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboración de instituciones de toda índole. Haberlo encontrado generó medidas probatorias irrevocables: Luciano corría por la General Paz en una zona en que ésta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para llegar allí, tuvo que trepar un terraplén empinado y saltar una baranda o ser arrojado de un auto. La persona que lo embistió asegura que lo vio desesperado, escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corría en diagonal por la vía rápida. Otro testigo declaró que tiene la seguridad de que, en la colectora de General Paz, del lado de Provincia, había un patrullero doble cabina detenido y con las luces bajas. Luciano llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy serviría para demostrar cómo llegó allí, como sus zapatillas y elementos personales, se esfumó. . No es la primera vez que, como método de tortura y forma de exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los jóvenes asesinados a situaciones en las que la muerte es ocasionada por algún factor externo. El caso de Ezequiel Demonty sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al Riachuelo y murió ahogado también fue asesinado por la policía. A Luciano Arruga, en cambio, lo obligaron a correr por la vía rápida de General Paz. Nuestra Lucha también fue por el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, donde Luciano fue visto con vida por última vez, pero también porque en ese mismo lugar se llevaban adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines de 2011, luego de un acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Desde octubre de 2013, gracias a tomar el lugar durante 68 días, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano se votó en Senadores la ley de expropiación que cede definitivamente el ex destacamento a la personería jurídica de nuestros compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el último día de su gestión esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que necesitábamos para reglamentar la ley. Scioli, siendo coherente con su habitual comportamiento, nos ignoró sin mediar comunicación. La misma reacción tuvo cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tardío del cuerpo de Luciano. Su séquito lo imitó. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia afirmando que la desaparición fue un simple caso hospitalario. Jorge Telerman, entonces vocero del gobierno de la Provincia, también hizo el ridículo emitiendo un comunicado pretendiendo hacernos llegar una solidaridad cínica y dando por sentado que su jurisdicción no tenía incidencia en lo sucedido, aludiendo a “los hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires”, para negar implícitamente la barbarie cometida por su propia policía. Ahora pesa sobre María Eugenia Vidal nuestra exigencia de reglamentar la ley de expropiación y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. Nuestra posición El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada. El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la desaparición de Luciano: el entonces intendente Fernando Espinoza decidió no sólo desoír por nuestros pedidos sino fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de gestión no nos depara algo diferente: la intendenta Verónica Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia. La política llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los médicos que son cómplices, el poder judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en democracia. En el caso de Luciano el encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifestado. La política estatal para manipular a los cuerpos “sin identidad” es siniestra, basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundación de abril de 2013 en La Plata: personas enterradas dos veces, cuerpos identificados en fosas comunes, junto a cadáveres de perros o fetos. La única excepción estatal en este crimen fue haber encontrado a Luciano. El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la emergencia en seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por decreto de las policías locales en “la década ganada”, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que se sumaron más de 25 mil locales. La formación de la represión en las casas de estudios de nuestra juventud no es casualidad, buscan cooptar a esos mismos jóvenes pobres víctimas de la violencia del Estado y enfrentarlos con su propia clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana en La Boca, es muestra contundente de la inclinación del presidente Macri, pero las ya conocidas represiones al hospital Borda, a los terrenos tomados del parque Indoamericano, a la Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento durante su primera gestión de la patota de la UCEP son la muestra cabal de que a la organización y las exigencias por necesidades básicas se responderá con palos y violencia. La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represión ordenada por Patricia Bulrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la municipalidad de La Plata que reclamaban por el despido de 4500 compañeros. No es casualidad que, en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo permitiendo que, sin motivos, la policía pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera inédita el traspaso de 18 mil policías federales a la órbita de la Metropolitana en Capital Federal. No podría ser de otra manera si hay que someter al silencio y la represión violenta a más de 23 mil trabajadores estatales despedidos. La contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la fuerza. No podría ser posible, si no, que el presupuesto votado en la provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del Pro, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, incremente un 54% la inversión en “Seguridad” restando en áreas como salud y educación. La intencionalidad es sobradamente clara. La acusación a la militante Milagro Sala por incitación a cometer delitos y tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores: cortar calles y hacer acampes y vigilias es la única alternativa que nos queda para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos el desprocesamiento por esa causa. No se quedan atrás los prontuarios de los funcionarios a cargo de las Fuerzas: el nuevo jefe de la Bonaerense designado por María Eugenia Vidal, Pablo Bressi, es un ex oficial del Grupo Halcón, responsable de la Masacre de Ramallo. Fernando Díaz, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, es el mismo que gestionaba a la institución durante 2005, cuando ocurrió el motín en la cárcel de Magdalena en el que murieron incendiados 32 reclusos en un estado de abandono criminal. La decisión política en materia penitenciaria es que los presos deben ser tratados como escoria y que las cárceles deben estar pobladas de pobres. Los institutos de menores, las cárceles para niños siempre nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado ya que los organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en instituciones de encierro en la Argentina se mueren, además de asesinadas por las fuerzas penitenciarias, por enfermedades medievales. La noticia de la triple fuga desmanteló una situación de podredumbre feroz hacia adentro de los uniformados: las instituciones represivas son mafias organizadas. Hasta el último día de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los militantes de izquierda junto a organizaciones y organismos de derechos humanos pedimos que la mandataria derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. También exigimos el cese de la judicialización con esa u otras leyes represivas y la persecución a los luchadores populares. Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras reivindicaciones cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos convencidos de que la represión es una característica inherente a cualquier gestión, y como elemento intrínseco para la gobernabilidad es que la repudiamos de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad de movilización para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano tanto como las decenas de organizaciones que firman este documento convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes secundarios, familiares de víctimas de la represión estatal, agrupaciones y partidos de izquierda a la más amplia unidad para salir a la calle con la espalda más ancha que nunca. EXIGIMOS REGLAMENTACIÓN YA DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA LUCIANO ARRUGA LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL BASTA DE PERSEGUIR LA PROTESTA DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA DESPROCESAMIENTO DE MILAGRO SALA POR LAS CAUSAS DE TUMULTO E INCITACIÓN A COMETER DELITOS BASTA DE GATILLO FÁCIL BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS NI UNA FAMILIA EN LA CALLE, NI UN PUESTO DE TRABAJO MENOS JUSTICIA PARA LUCIANO ARRUGA Convocan Familiares y amigos de Luciano Arruga - H.I.J.O.S. Zona Oeste - HIJOS La Plata - APDH La Matanza - CORREPI - Justicia por Iara - Justicia por Franco - Comisión de solidaridad con Reina Maraz - SUTEBA La Matanza - Red Nacional de Medios Alternativos - Frente Popular Darío Santillán - Partido Obrero - PTS en el Frente de Izquierda - MST - Movimiento Sur - Libres del Sur - Colectivo La Poderosa - Izquierda Socialista - Entre Todos UNLaM - Patria Grande - Frente Popular Darío Santillán CN - El Transformador - Sembrando Rebeldías - Mundanas - Izquierda Revolucionaria - FORA Lomas de Zamora - Colectivo de Fotógrafxs Fotografía a Pedal - Pañuelos en Rebeldía - La Mella en Cárceles - PSTU - Agencia Para la Libertad - Corall - COB La Brecha - Nuevo MAS - Las Rojas - Agrupación Política Hombre Nuevo - Juventud de Hombre Nuevo Fernando Deliens - Confluencia MP La Dignidad - M Tupaj Katari - OPSA Adhieren Encuentro Memoria Verdad y Justicia - Familiares y amigxs de Jorge Reyna - Sindicato Docente ADEMYS - Cooperativa La Vaca - Corriente Popular Juana Azurduy - Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada - Trabajadores Organizados de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia - Comision de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes - Casa de la Memoria (Rosario) - Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ Rosario) - Zainuco - Cae Babylon - El Zumbido - Biblioteca Popular La Chispa - Grupo Maleza - Opinión Socialista - Tendencia Universitaria Nacional 29 de MAYO - SERVICIO PAZ Y JUSTICIA - Opinión Socialista - Partido Revolucionario Marxista Leninista (PRML) - Colectivo Memoria Militante - Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos (Córdoba) - Colectivo La Tribu - Río Bravo - Colectivo de Derechos Humanos Aguafuerte-Patria Grande - Gacetillas Argentinas - Democracia Socialista - La Rotonda Cultural de Hurlingham - Juventud Guevarista de Argentina - Movimiento Político Pedagógico y Sindical "Florencia Fossati" - programa radial "La Voz de los Colimbas" - Red Latina sin fronteras - LA MIGUELITO PEPE - ASAMBLEA R.E.V.E.L.D.E. - TPR (Tendencia Piquetera Revolucionaria) - programa ANDARES de Radio América - Corriente Nacional Emancipación Sur - Colectiva Feminista Rev(b)eladas - Acción Antifascista Zona Oeste - Partido Comunista Revolucionario (PCR) - Fundación Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) - FM 102.7 Radio RAC - Programa de radio Somos Protagonistas de la Cultura

Que las empresas abran los libros para que los revise una comisión elegida en ASAMBLEA 15000 trabajadores se han movilizado en defensa de los puestos de trabajo. El martes 25 se espera una reunión donde estarán todas las partes, pero ya Aranguren el ministro de Energía de la Nación, anunció que los sacrificios deben ser “compartidos” por las empresas, los trabajadores, el estado provincial y el estado nacional. El Gobernador Das Neves, el Intendente Linares y la dirigencia sindical plantean que el estado nacional subsidie el precio de exportación o sea le asegure a las corporaciones U$S 54,90 por barril exportable. Chubut exporta casi un 30% de su producción de crudo pesado Escalante; pero por el otro 70% las operadoras ya han acordado cobrar 54,90 dólares por barril; casi el doble de lo que vale en el mercado internacional. Las operadoras que son las más beneficiadas de toda esta “movida” política y sindical; ni siquiera han garantizado colocar nuevamente los equipos de perforación a trabajar en el campo sosteniendo sus inversiones. El “sacrificio” que se pide a los trabajadores y los subsidios que se reclama a nación en realidad es para sostener las ganancias de PAE. No creemos en las “perdidas” que alegan las concesionarias que se la han llevado con pala estos años, de precios altísimos del petróleo. Hoy solo las empresas saben realmente cuales son los números sobre los que se negocia, los reales costos de producción (por ejemplo nadie menciona que la devaluación hizo caer sus costos salariales medidos en dólares), todo se negocia a espaldas de la población, que va a pagar los platos rotos con despidos y ajustes por el lado del estado provincial, si llegan a bajar las regalías. Es necesario abrir los libros de las empresas a una comisión fiscalizadora elegida en asamblea y organizar el control de la producción por parte de los propios trabajadores, es decir que el movimiento popular encabezado por los obreros petroleros controle los yacimientos y asegure los niveles de actividad. No hay que permitir ningún despido, ninguna suspensión, ni resignar convenios en materia salarial y de condiciones de trabajo. La salida de fondo a la crisis petrolera pasa por acabar con el saqueo de las multinacionales y nacionalizar el petróleo. Desde el Partido Obrero llamamos a no tener ninguna confianza en el gobierno que dice apoyar los puestos de trabajo pero en realidad está defendiendo el subsidio a las empresas. El problema es que las empresas están interesadas en paralizar sus inversiones, no quieren resignar sus inmensas ganancias y están decididas para ello a dejar a miles de compañeros en la calle para ajustar sus “costos”, cualquiera que sea el resultado de la reunión del martes 26. La clase obrera petrolera puede frenar esta masacre patronal que la incubó el gobierno anterior y le toca ahora al nuevo “administrar” el trabajo sucio de los despidos masivos. Confiemos solamente en nuestras propias fuerzas y en la movilización popular por los puestos de trabajo. Caleta Olivia: Omar Latini Cdro Rivadavia: Pepe Saravia PARTIDO OBRERO Comunicados

La máquina de construir enemigos "¿Qué dice?", preguntó el doctor Carlos Trotta, cirujano destacado en la Franja de Gaza durante la Operación Plomo Fundido. El nene chillaba en árabe y Trotta, más argentino que el mate, quiso saber. El enfermero ofició de intérprete: "¿No se dan cuenta de que somos chicos?". Eso decía el chico, horriblemente herido y horriblemente lúcido. Desde entonces, la frase persigue al médico -integrante por esos días del equipo de Médicos Sin Fronteras- como una maldición. Porque a eso se reduce todo algunas veces: a darse cuenta de que ése que está ahí es un nene y no un enemigo. A saber que algunas puertas no deben cruzarse. El viernes pasado, de noche y en el Barrio Illia del Bajo Flores, personal de Gendarmería actuando en el marco del Operativo Cinturón Sur ingresó al asentamiento aparentemente a recuperar dos autos robados. En ese momento, unos ochenta chicos de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo ensayaban la retirada, en honor a Momo. Después, lo que ya sabemos. Lo que se volvió viral. Lo que alguien grabó con un celular, lleno de gritos, de detonaciones, de partes de pies y de caras. Y lo que aún resuena: "No disparen que hay criaturas". Hasta ahora, la versión oficial habla sólo de dos gendarmes agredidos. No murga, no baile, no nenes internados con la cabeza rota. No lo que muestran las fotos, la filmación. No lo que dicen los vecinos. No nada. La ministra de Seguridad, sin embargo, se apuró a retratarse junto a los heridos (los gendarmes heridos) al tiempo que las imágenes de los chicos vendados y con el cuerpo moteado de impactos fueron en las redes sociales una señal de alerta sobre lo que no debería pasar. Según consigna la Procuraduría de Violencia Institucional, (Procuvin), el episodio terminó con "al menos once heridos, entre ellos menores de edad. Un grupo de personas se encontraba ensayando en una murga barrial cuando la Gendarmería irrumpió con violencia en la zona. Las declaraciones de los testigos detallaron que la Gendarmería avanzó sobre los vecinos y disparó en una zona donde había niños y adolescentes. Hasta el momento no hay elementos que indiquen que las personas agredidas tuvieran armas ni que los gendarmes hayan sido heridos en el contexto de la represión denunciada ante el Ministerio Público Fiscal". El viernes pasado, nos guste o no, se violó un límite. Uno importante: se disparó al pichón. Y si todo este episodio conmovió a tantos fue, justamente, por lo que implica (como idea de futuro) la sola visión de un niño tiroteado por el propio Estado que debería protegerlo. La frontera de lo legítimo, de lo justo y de lo correcto dejó de ser clara el último viernes. Flameó por un instante en la villa 1-11-14 y, al hacerlo, nos puso en riesgo a todos. Porque -como reza un dicho repetido en el ámbito legal- "no hay límite para la excepción". Así, si abrir fuego contra chicos que bailan se vuelve de repente una excepción aceptable (porque viven en una zona dominada por el narco, porque se los deja de ver como niños y sólo se ve en ellos a escudos humanos útiles a adultos delincuentes), es difícil imaginar qué podrá después ponerle freno a la acción de unas fuerzas de seguridad cuyo control político, ya de por sí, está en entredicho desde hace años. Pero tal vez esa alerta que retumbó el viernes en el Barrio Illia -esos gritos, esos disparos, esas fotos inconcebibles- sirva, después de todo, para algo. Para advertir, por caso, sobre un goteo de "excepciones" que siempre cuajan en cristalizaciones peligrosísimas. Algo capaz de detener a tiempo el funcionamiento de esta máquina de construir "otros" amenazantes en donde todo aquel que no sea parte de un "nosotros" conocido e idéntico se volverá automáticamente siniestro y, por eso mismo, eliminable. Ya lo decía Eco en su maravilloso Construir al enemigo: "No es necesario alcanzar los delirios de 1984 para reconocernos como seres que necesitan a un enemigo. Estamos viendo lo que puede el miedo a los nuevos flujos migratorios. Ampliando a toda una etnia las características de algunos de sus miembros que viven en una situación de marginación, se está construyendo hoy en día la imagen del enemigo". Aquí, por lo pronto, la máquina de fabricar temibles opera a destajo villa afuera y para comprobarlo basta leer los comentarios que, desde la valentía del anonimato, tantos foristas se apuraron a anotar. "¿No será ke la murga estaba para entorpecer el procedimiento y usarlos de escudos humanos?"; "Tal vez lo de la murga era sólo una pantalla para ocultar delincuentes"; "Lástima que no fueron todas balas de plomo", son sólo algunas de las frases que explican por qué pasar por alto un incidente como éste sería un error gravísimo. Porque, después de todo, así como por años se le reclamó al autodenominado progresismo que dejara de minimizar el tema de la inseguridad y de asociarlo puerilmente a "sensibilidades de derecha", no resulta menos urgente reclamarles al nuevo gobierno y a quienes lo apoyaron que sean firmes y claros ante un hecho como éste. Las balas contra los chicos no se explican, no se justifican, no se toleran. El tiro al pichón no puede ser sino eso: la frontera a partir de la cual el universo que conocemos comience a deshacerse. Caso contrario, estaremos atravesando la clase de límite que, como sociedad, más nos valdría no cruzar. Porque ese día, el día en el que, como se preguntaba el niño herido en Gaza, ya no nos demos cuenta de que se trata de chicos, todo lo demás también se volverá borroso. Inquietantemente parecido a una gran selva.

4 de febrero de 2016 | #1398 | Por Partido Obrero En sus cuarenta días de gobierno, Mauricio Macri ha actuado con una velocidad asombrosa para atender los ‘reclamos’ de los monopolios agrarios, los exportadores y los privatizadores de la luz y el gas. Primero, la ‘patria sojera’ arrancó una megadevaluación y la eliminación de sus impuestos. Ahora, los dueños de Edenor y Edesur, otrora empresarios K, fueron premiados con un tarifazo del 600%. Ello, después que desviaran una década de subsidios estatales sin invertir un peso. ¡Qué diferente es la vara con los trabajadores! Mientras los vaciadores del servicio eléctrico eran premiados, el gobierno no tuvo empacho en despedir a 20.000 estatales. Mientras ese mismo Estado redoblaba los subsidios a los pulpos petroleros, hacía la vista gorda frente a las suspensiones y despidos en esa industria y otras. Ahora, la cuestión se agrava con las paritarias: el gobierno que arregló en minutos las cuentas pendientes con las patronales, le pide “tiempo” a los trabajadores. Con sumas fijas o negociaciones desdobladas, quiere patear la pelota para adelante En el interín, la carestía y los tarifazos no ceden. Es una política de demolición de las paritarias. Enfrentemos esta escalada con un programa y una acción: * Ningún despido ni suspensión, reparto de las horas de trabajo. * Por paritarias libres, inmediatas y con representantes electos. * Por el reconocimiento de la indexación mensual y automática (lo mismo que “arrancaron” los monopolios eléctricos). * Por la abolición sin condiciones del impuesto al salario, por el 82% móvil para los jubilados. Organicemos asambleas y plenarios para debatir una política de lucha. Lea la Prensa Obrera

Los diputados-taxi por Guillermo Almeyra Como habíamos previsto, la primera minoría en la Cámara Baja (compuesta por 118 bancas, es decir, 98 diputados kirchneristas más sus aliados) se está disolviendo como nieve al sol. Esta semana 14 diputados de la misma formaron un bloque justicialista separado del Frente para la Victoria kirchnerista y, junto con cuatro gobernadores y decenas de alcaldes del FpV y unos 6 diputados justicialistas disidentes, venden al menudeo su voto y su apoyo político a Mauricio Macri a cambio de fondos nacionales. Estos diputados-taxi, que bajan la banderita que ostentan en cuanto les ofrecen un pago, expresan la existencia en el peronismo, desde sus orígenes, de una tendencia conservadora, neoliberal, clericalfascista que también integró Macri en su formación con Carlos Menem, el Salinas de Gortari del Plata. Por eso los 18 diputados taxistas del Justicialismo no tendrán problemas en sumar sus votos a los 85 macristas y en relegar así al FpV al papel de segunda minoría (85 más 18, o sea 103, contra 100). Seguramente, además, el bloque actual del kirchnerismo seguirá disgregándose y el FpV corre el riesgo de perder posteriormente la mayoría absoluta de que dispone en la otra Cámara, la de Senadores. La unidad organizativa del aparato estatal peronista (presidencia, gobernadores, senadores y diputados, alcaldes) dependió siempre exclusivamente de las prebendas y los apoyos económicos arbitrarios que otorgaba el Primer (o Primera) Clientelista del país a los barones-mendigos que, a su vez viven del clientelismo y de lo que les dejan sus feudos. El peronismo ni con Perón ni mucho menos después de él con la forma del kirchnerismo tuvo doctrina o un corpus de ideas comunes. Se construyó, en los dos primeros gobiernos de Perón (1946-52 y 1952-55), mediante la alianza entre un sector de militares nacionalistas de derecha y conservadores y dirigentes sindicales socialistas, sindicalistas revolucionarios y anarquistas que le dieron a un coronel hasta entonces desconocido (Perón) un puente hacia el movimiento obrero que le permitía contrarrestar la presión de los sectores dominantes y de la expresión de éstos en las fuerzas armadas. Esta alianza militar-sindical tenía como objetivo construir una Argentina capitalista libre de dependencias y, desde el Estado, formar una burguesía nacional independiente de la oligarquía y del imperialismo. Perón utilizaba un movimiento obrero que tenía ideología y dirección capitalista pero lo temía, se opuso siempre a las huelgas y, cuando tuvo que optar entre armar a los obreros y llamar a los soldados a la insubordinación o escapar del país, prefirió la fuga a poner en peligro el sistema y, como resultado de esa opción de clase, la Argentina padeció larguísimas dictaduras militares antiobreras y asesinas. Para controlar desde el exilio una resistencia obrera que se radicalizaba y él no dirigía, recurrió a un partido –el Justicialista- burocrático, derechista y corrupto, que los trabajadores peronistas jamás reconocieron y en varias ocasiones ni siquiera apoyaron con su voto. La inmensa mayoría de los millonarios dirigentes sindicales justicialistas, tal como como los líderes de ese partido, sirvieron en efecto a todos los patrones y están dispuestos a seguir haciéndolo. Perón y sus sucesores se basaron siempre en la convicción de que la política es responsabilidad de los vértices estatales y desde allí desciende como gracia de quienes deciden, los cuales, como Luis IV, proclaman “el Estado soy yo” al igual que los neoliberales. Es esa la razón por la cual existen vasos comunicantes entre la derecha peronista (como Macri, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez L., los diputados- taxi y los gobernadores kirchneristas del Opus Dei) y la explicación también de la fuga hacia el macrismo de los ex primeros ministros de Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández y Sergio Massa o del reclutamiento de su vicepresidente Amado Boudou en la derecha que apoyó a la dictadura. La derecha que responde a las grandes transnacionales y la otra derecha “nacional y popular” que quiere también defender las ganancias capitalistas pero se apoya más bien en el mercado interno y en la media industria nacional comparten los mismos valores y aborrecen la lucha de clases cuando quienes se movilizan son los trabajadores mientras apoyan la ofensiva clasista mundial del capitalismo contra éstos. Por lo tanto, nada podrá impedir que el kirchnerismo siga dando tránsfugas al macrismo. Sobre todo cuando el aparato kirchnerista no se ha hecho la menor crítica por la preparación perfecta del desastre que sufrió, no emite ningún balance ni explicación, la ex presidente- tan locuaz siempre- ahora calla y no encuentra otra forma de resistir que reforzar el Partido Justicialista es decir, un retroceso histórico del “progresismo” hacia la derecha burocrática, corrupta e impotente. Eso difunde desmoralización y deja a los trabajadores kirchneristas y a los sectores pobres de las clases medias huérfanos de dirección y de objetivos políticos. También plantea a la izquierda construir un plan de lucha que no sea solamente defensivo y que refuerce la autoorganización y la confianza en sí mismos de las víctimas de la feroz ofensiva de los grandes capitalistas y de su gobierno macrista y conduzca al derribamiento de éste. O sea, un plan político-sindical que desarrolle la solidaridad y la creatividad obrera y que pase por encima de la burocracia sindical, que es un instrumento del Estado capitalista. Las consignas en el orden del día son unión en la lucha, autoorganización, democracia sindical, pluralismo político pero sin acallar las diferencias ni dejar de lado la responsabilidad del kirchnerismo en el triunfo de Macri y en esta ofensiva del capital. Si en el curso de las próximas luchas los dirigentes kirchneristas resucitasen, según sea lo que propongan se podrá golpear juntos al macrismo pero a condición de marchar separados.

De protocolos y protestas 26 de febrero - por Néstor Pitrola El protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, constituye una restricción aguda al derecho a la manifestación popular. Afecta el más sensible de los derechos populares de la democracia política: el derecho a luchar. Se trata de un derecho último cuando se pierden derechos esenciales como el trabajo, el salario, el techo o aun la vida, si miramos la enorme cantidad de movilizaciones por casos de impunidad o gatillo fácil. Las protestas a las que el protocolo llama programadas requerirán de la autorización y la definición de su forma por parte del propio Estado destinatario del reclamo. Las protestas espontáneas, como las de los vecinos que cortan la calle de su barrio porque no tienen luz, están directamente prohibidas por el protocolo. Según este documento, las fuerzas de seguridad van, informan que los vecinos tienen cinco minutos para levantar la protesta y reprimen. Estamos ante un protocolo completamente anticonstitucional, que manipula el artículo 194 del Código Penal. “Flagrancia” es que un policía puede actuar cuando hay infraganti un delito. Existe amplia jurisprudencia de miles de sentencias que dicen que no tiene aplicación en la protesta popular, porque está hecho para “los piratas del asfalto” o cualquier otro tipo de boicot de este estilo. El protocolo de Bullrich intenta tipificar un delito deformando un artículo del Código Penal. Digamos también que contra la protesta popular otros varios artículos del Código Penal son mal usados, como coacción, asociación ilícita y otros. De hecho, el temerario decreto de emergencia en seguridad incluye la “asociación ilícita con fines políticos”, lo cual es indicativo de toda una línea por parte del Gobierno Macri-Bullrich de estado de sitio no declarado. Se trata de una política indisolublemente ligada al ajuste, al temor a la conmoción social que, más tarde o más temprano, significará el traslado de la bancarrota económica a las espaldas de los trabajadores y el bolsillo popular en general. Por otra parte, es un protocolo hecho a la medida de la policía. El protocolo permite que las fuerzas de seguridad actúen sin orden judicial, dejando librado a su arbitrariedad la decisión de reprimir las protestas sociales. No establece que el personal policial deba ir identificado, permite que la policía de civil detenga, arme provocaciones, etcétera, un accionar clásico de la policía. Tampoco prohíbe el uso de las armas de fuego, por lo tanto, considerando que lo que no está prohibido está permitido, las habilita. Finalmente, cercena la libertad de expresión al coartar el trabajo de la prensa, cuya disposición para tomar los acontecimientos la van a decidir las fuerzas de seguridad. Vale recordar que en los casos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y el de Mariano Ferreyra fue fundamental la intervención de los periodistas que estaban cubriendo los hechos para la clarificación de los crímenes. La restricción a la prensa es el pasaporte a la impunidad para la arbitrariedad policial. Todo el objetivo de este protocolo responde al plan de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri. Es el formateo del Estado para la aplicación del plan Griesa. El “costo social” del arreglo con los buitre y el rescate del capital financiero son los tarifazos, una inflación galopante, más de veinte mil despidos en el Estado y aún más en los privados. El acuerdo de la mayoría de los gobernadores peronistas con el protocolo —lo han aprobado 20 provincias— responde a esta cuestión: el ajuste es una política de Estado contra los trabajadores. La consigna de Daniel Scioli: “Tolerancia cero a los piquetes” o la mano dura de Sergio Massa han sido puestas por escrito por Bullrich y Macri. Digamos, por fin, que este tipo de disposiciones completan el nefasto legado kirchnerista del Proyecto X y la ley antiterrorista. El protocolo dispone la filmación de los manifestantes por las fuerzas de seguridad. Se trata de la institucionalización del espionaje prohibido y de la delación, propia de los regímenes autoritarios. No lo dejemos pasar.