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Álvaro Uribe es tan importante para la esfera social del país que, durante la última década y media, ha logrado establecer un movimiento político que solo se puede comparar con el peronismo en la Argentina y el chavismo de Venezuela. Millones de compatriotas miserables quienes deberían sentir vergüenza, son capaces de gritar a los cuatro vientos y con orgullo en el pecho: ¡Vivo orgulloso de ser uribista! Para empezar, hay que entender que existen dos grupos de uribistas. El primero de ellos son: las moscas. Bautizados así, pues los comparo con los animales por la torpeza que presentan unos y otros; seguramente ustedes han visto a esas moscas que chocan contra el cristal de la ventana, una y otra vez, sin aprender la lección. La diferencia es que el cristal de los uribistas es la realidad del país. Ellos chocan contra la pobreza, las faltas de oportunidades y la desigualdad social, pero no quieren dejar de hacerlo. Además, al igual que el insecto, los uribistas no sienten la muerte de uno de los de su misma especie; al contrario, y a diferencia de las moscas, estos desgraciados en muchos casos celebran la pérdida de vidas humanas. ¿Alguna vez han visto a un uribista llorando la muerte de un soldado? ¿Igual que yo, vieron a algún uribista celebrando la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez? ¿Lamentan ellos la muerte de un guerrillero o es motivo de júbilo en sus hogares? ¡Piénsenlo bien antes de responder! Según una encuesta pequeña que realice con amigos, familiares y lectores, demuestra que en un 90 % de los casos, los seguidores de la doctrina de Uribe son personas que no se beneficiaron directamente en nada durante su régimen de 8 años (las moscas). El otro 10 % (el segundo grupo de uribistas y a quienes llamo: los miserables) están en la cárcel, son prófugos de la justicia o, en el mejor de los casos, están sentados cerca del expresidente en una de las sillas del Congreso. Acá haré referencia, simplemente, a los que pertenecen al primer grupo de seguidores del actual senador de la República. Las moscas no son ricas en su mayoría; al contrario, son personas que probablemente tengan como pertenencia más valiosa una finca. Uno de los argumentos más sólidos de las moscas en cualquier debate contra un ser racional, llámese antiuribista, es la política de la seguridad democrática que se implementó por parte del expresidente. Seguramente a ellos se les olvidan los miles de muertos que dejó la guerra entre 2002 y 2010 con la guerrilla, y tras leer esto me van a llamar nuevamente guerrillero. Los falsos positivos, por ejemplo, para ellos no existen, y si existen no son unos de los actos más vergonzosos que ha conocido la historia de la humanidad. La parapolítica, también, se borró de la mente del uribista promedio. Y Agro Ingreso Seguro, uno de los robos más grandes de la historia del país, tampoco es mencionado por ellos. De lo que sí están seguros es que toda la culpa es de la guerrilla. Las AUC no le hicieron nada malo al país, dicen las moscas. ¡Qué tal el descaro! Las moscas, impulsadas por las letras de José Obdulio Gaviria (primo de Pablo Escobar), defienden a capa y espada las políticas del exgobernador de Antioquia. De hecho, es común ver cómo soportan injusticias como el acceso limitado a la educación superior y el tener que hacer uso del precario sistema de salud que impulsó el propio Uribe. Rechazan ferozmente los diálogos de paz y, al parecer, celebran cada atentado de la guerrilla, porque con esto demuestran que lo que hace falta en Colombia es “mano dura”. Esto último es una credencial que exponen con morbo de manera constante. El uribismo, además, habla con orgullo de la confianza inversionista ganada durante el mandato del exjefe del ministro Arias, quien hizo de la corrupción un banquete celestial. Y, obviamente, para ellos la solución es vender el país en pedazos como quien lo hace de manera vulgar con una torta. En definitiva las moscas uribistas son un cáncer para nuestro país. Y si no son un cáncer, al menos son una enfermedad terminal que hasta ahora está empezando a mostrar su cara más oscura. De hecho es tan grave la idealización de Uribe, por parte de las moscas, que normalmente podemos ver cómo ellos lo siguen llamando “presidente”. Al parecer ellos no quieren entender razones y, lamentablemente, siguen creando ídolos en el seno de su dañina organización. Personas como el abogado Jaime Restrepo, popularmente conocido como El Patriota, por su nombre de usuario en Twitter, gozan de apoyo de cantidades impresionantes de personas que llevan tatuado el rostro del padre de Tomás y Jerónimo Uribe en su alma, consciencia y corazón.

El uribismo, como mesianismo político, ha pasado a ser una especie de catolicismo de niños-adultos. Digo «niños» porque quienes lo defienden lo hacen bajo el uso y abuso de la sinrazón como razón y cualquier tentativa de crítica recibe como contestación un mecanismo de defensa que la psicología llama « negación». Se trata de una actitud infantil, pues es en la infancia donde se desarrollan los mecanismos de defensa (en ausencia de algunas destrezas) y quien está sumido en estas cristalizaciones se le dificulta mirarse desde afuera y ver a un niño (uribista) haciendo pataletas para que sus padres (hechos) no lo censuren o no le arrebaten su juguete (para que no amenacen la imagen que tienen de su atesorado expresidente). Los mecanismos de defensa constituyen una forma de supervivencia en un ambiente en el que el inconsciente ha decidido ejercer la manipulación (mecanismos de defensa) para mantenerse funcionalmente sano en términos emocionales (poder seguir creyendo en la probidad –o santidad– de Uribe). El uso y costumbre de determinado mecanismo de defensa a muy temprana edad hace que el niño (uribista) reaccione a la defensiva automáticamente en circunstancias no necesariamente amenazantes. El mecanismo ha calado y se ha integrado como parte esencial de la personalidad del niño en crecimiento en su camino hacia la adultez (uribista) y sigue “untado” como un lunar hasta que sea “removido” en forma apropiada. La utilización de tales mecanismos en forma abusiva, casi automática, identificándolo todo como un ataque, como una treta o emboscada, como una trampa o un engaño, como un disimulo o una mentira, como una persecución personal, es decir, estar siempre a la defensiva, como quien está en una selva rodeado de animales salvajes, no permite distinguir el peligro de la seguridad, lo verdadero de lo falso, lo negativo de lo positivo, el camino a la felicidad (paz) del camino a la intranquilidad constante (paranoia). Es como el soldado acostumbrado a la guerra y una vez transferido a la ciudad, actúa como quien no sabe adaptarse, por lo que crea guerras y disputas y grita y se descontrola y ve enemigos dondequiera. ¿Algunas semejanzas con la situación presente? Como los ve el uribista común en quienquiera se le opone o presenta un hecho que controvierte la integridad ética o moral del afamado expresidente. El mecanismo de defensa entonces se cristaliza e integra como parte esencial de la personalidad (idolatría) y resulta una tarea muy difícil removerlo (desmitificar). El principio de la eliminación consiste en reconocerlo y las fuerzas del miedo y del orgullo (otra especie del temor) luchan a favor de que esto no suceda, pues la desaparición del mecanismo implica la necesidad de enfrentarse a la verdad. Es como el alcohólico que no quiere reconocer su alcoholismo y está siempre a la defensiva ante quien le diga que es alcohólico, o que Uribe no es santo sino corrupto hasta el hartazgo. El principio para eliminar las cristalizaciones descansa en reconocer que existen en uno. Como lo es reconocer la corrupción de álvaro uribe vélez, cuya desvergüenza es tal, que ya ni mayúsculas en su nombre merece. RESUMEN LVL 5: QUIEN SEA QUE GANE LAS ELECCIONES, ESTE PAÍS NO TIENE SALVACIÓN.

Duro golpe a Efromovich: la devolución de 1.500 hectáreas de palma a 64 familias campesinas Según la Corte Constitucional, tiene hasta junio para devolver la tierra que les pertenece a 120 campesinos forzados a abandonarla por presión paramilitar En empresario Germán Efromovich, propietario de Avianca decidió desde hace cerca de diez años incursionar en los negocios agroindustriales. La palma africana que se utiliza para producir etanol y la piña para exportación fueron los dos cultivos escogidos; el primero en el sur del Cesar y el segundo en el Quindío. Para las nuevas inversiones conformó una nueva sociedad: La Dolce Vista. Después de un estudio de títulos que le dio la tranquilidad necesaria adquirió en el 2009 5.833 hectáreas que conforman la Hacienda Bellacruz, de propiedad de la familia Marulanda, oriunda de Pereira. Una tierra que ha estado en el corazón del conflicto colombiano. Parte de la tierra había sido invadida por campesinos que aseguraban que se trataban de terrenos baldíos y adquiridos irregularmente por los Marulanda. En 1996, los campesinos fueron desplazados a sangre y fuego por el Frente Héctor Julio Peinado de las Auc al mando de ‘Juancho Prada’. La justicia relacionó a la familia Marulanda con esta acción, al punto que Francisco Alberto Marulanda, hermano del exministro de Agricultura y ex embajador en el gobierno Samper, Carlos Arturo, fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión por su relación con los paramilitares de la zona. Cuando Efromovich compró la hacienda, la rebautizó con el nombre de ‘La Gloria’ para desarrollar el megaproyecto agrícola. El globo de la propiedad incluyó los siete lotes con una extensión de 1.500 hectáreas que los Marulanda nunca pudieron acreditar por ser de origen baldío y que fueron ocupados por los campesinos, que desde 1989, las están reclamando. Casi que treinta años después la Corte Constitucional les dio la razón. En mayo de 2016 la Corte Constitucional resolvió una tutela interpuesta por la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada, Asocol, en la que reclamaban los terrenos baldíos para que le fueran entregados a las familias campesinas. Sin embargo, el propietario Efromovich no ha cumplido la orden ni el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, lo ha obligado a hacerlo ni ha entrado a recuperar los lotes. Por eso en octubre del año pasado los 120 campesinos decidieron actuar. Entraron en la hacienda y pacíficamente se tomaron parte de la extensión cultivada en palma africana. El hecho sucedió al mismo tiempo que Germán Efromovich se enfrentaba al paro de pilotos que duró más de 50 días. “No entendemos cómo es que la Corte Constitucional le da unas órdenes al Estado, pero el Estado dice que obedece a Efromovich”, dijo en su momento con indignación Fredy Antonio Rodríguez, presidente de la Asocol, cuando la policía intentó sacarlos de los predios. Efromovich dio la pelea desde el momento en que conoció el fallo de la Corte Constitucional y aseguró que en el momento en que compró la hacienda, el Estado le dio un documento en el que le confirmaba que la tierra no tenía ningún problema. Sin embargo, los campesinos de Asocol han seguido actuando judicialmente. “Esta es una lucha justa”, dijo uno de los campesinos. “Lo que queremos es tierra para vivir y trabajar. Llevamos años tratando de demostrarle al gobierno que tenemos la razón. Buscamos los títulos que estaban extraviados por nuestros medios. Tenemos pilas de papeles y de carpetas que hemos aportado como pruebas. No queremos desplazar a nadie. No tenemos nada en contra de la empresa. Queremos que nos den la unidad agrícola familiar”. El pasado diciembre un Juez de Bucaramanga volvió a fallar a su favor y le ordenó al empresario acatar el fallo de la Corte. Le dio como plazo perentorio el mes de junio para retornarle las 1.500 hectáreas que le deberán ser tituladas a 64 familias. Al empresario le pesa duro la entrega de tierras sembradas por su empresa la Dolce Vista. La inversión supera los $ 15.000 millones. En la audiencia de Bucaramanga, su defensa le propuso entregar a los campesinos la misma extensión pero localizada en otro lugar del departamento, que el empresario se comprometería a adquirir. La juez no aceptó y ordenó la devolución de los terrenos de origen baldío. Los planes de Efromovich con este cultivo eran ambiciosos. Planeaba construir en los próximos años una plata procesadora de palma y una refinería para producir biodiesel, proyecto que tendría un valor aproximado de USD $ 160 millones. Sin embargo, el malestar de los campesinos no es con el empresario, sino con el Estado que desde el 20 de abril de 1994 confirmó la existencia de los terrenos baldíos, conocidos como Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel y no hizo nada. La otra gran responsable es la Agencia Nacional de Tierras, que deberá iniciar el proceso de recuperación del predio cultivado en palma para escriturárselo a las 64 familias.

Si papus, ya todos estamos cansados de los mismos venezolanos haciendo capo-paste, y no me voy a callar, me van a tener que nismear para callarme, todo saben de los que hablo, de esos venezolanos creadores y craperos que solo entran a taringa por los bits, ni son realmente taringueros. No tienen verguenza, se autopuntuan siempre entre ellos y los buenos post de los usuarios que se esfuerzan siempre quedan en el limbo, mientras los post de ellos que son post basura si llegan a destacados, hacen como 5 post al dia de lo mismo, esto es lo que realmente esta destruyendo a taringa. Este post no incumple con el protocolo, no estoy insultando a ningun Venezolano, ni sus creencia, gustos o intereses personales. Tampoco estoy quejandome de el programa creadores, me parece super bien, porque insentiba la creacion de Inteligencia Colectiva Solo es una opinion de la comunidad, como dije no me estoy quejando del funcionamiento de la pagina. y no estoy insultando a la comunidad venezolana. s2

Así es papus, hoy es un buen día, aunque ya la noticia es vieja, tiene como 6 día de antiguedad, la cosa es que es posible que por fín Alvaro Uribe Velez se vaya a la carcel, igual tampoco hay que tener muchas esperanzas con la justicia de este país. En noticia de última hora se conoció la decisión del Tribunal Superior de Medellín de compulsar copias para que se abra una investigación formal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y seis exuniformados por las masacres del Aro y la Granja, además del asesinato del líder social Jesús María Valle. En la sentencia también se ratificó a condena contra Jaime Alberto Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio, ganaderos involucrado en los sucesos. También se compulsaron copias de ecpedientes en los que se encuentran involucrados el general Carlos Alberto Ospina, el coronel Germán Morantes Hernández, el mayor Emiro Barrios, la oficial Aurora Bonilla, los tenientes Cristian Arias y Everardo Bolaños Galindo y el agente de la Policía, Carlos Emilio Gañán Sánchez. “El solo hecho de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento (de los paramilitares), de no combatirlos, como era su deber legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y por supuesto de los actos y conductas punibles cometidas, igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar”, se lee en la sentencia. "Obran elementos de juicio que estudiados en forma coordinada e integral indican con suficiencia la probable responsabilidad de los agentes del Estado que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía General. Se debe evitar la falacia muy recurrida de estos casos de culpar a los muertos, en este caso al general (Alfonso) Manosalva y al doctor (Pedro Juan) Moreno, ellos tienen parte de la culpa, pero son integrantes de una organización, lo que se busca es juzgar a los que aún están vivos y que participaron en ella”. RESUMEN LVL 5: QUE URIBE CUANDO FUE GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, Y SABIENDO DE ANTEMANO QUE LAS MASACRES IBAN A SUCEDER NO HIZO NADA PARA EVITARLO, E IGUAL LOS COMANDANTES DEL EJERCITO Y NO SOLO UNA VEZ, SI NO VARIAS VECES.

RESUMEN LVL 5 AL FINAL Entre julio y diciembre de 2017, más de 3.000 niños recibieron bebidas de la marca Kufu. Sin claridad sobre el cumplimiento de los protocolos que exige Minsalud, la empresa les hizo exámenes a algunos menores para evaluar los efectos de los productos. ranklyn Gogriyú es un niño de diez años que vive en el resguardo indígena wayúu de Mayapo, a veinte minutos de Riohacha, en el departamento de La Guajira. En la segunda semana de diciembre de 2017, Gogriyú salió del comedor de la Institución Etnoeducativa Rural Laachón-Mayapo con una docena de bebidas Kufu que le habían regalado. Mientras La Liga Contra el Silencio lo visitaba, con una sonrisa tímida le dijo a su maestro que las compartiría con los cinco hermanos que lo esperaban en casa. Luego comentó que antes no tomaba “gaseosas”, pero que ahora lo hacía todos los días. El niño forma parte de un grupo de 3.130 estudiantes de La Guajira que entre el 24 de julio y el 15 de diciembre de 2017 recibieron de lunes a viernes un combo que incluye dos bebidas: una gasificada, con sabor a “mora azul” (fortificada, de acuerdo al empaque, con vitaminas B5, B6, B9, B12, magnesio y zinc), y otra que contiene avena y mango, empacada en una cajita de cartón, fortificada con vitaminas A, C, E y con adiciones de zinc y selenio, según dice en las etiquetas. Ambos productos, en cuya presentación aparece un oso sonriente y bonachón, están identificados con la marca Kufu. La repartición de los combos de Kufu es parte de la primera etapa de un programa de la poderosa empresa colombiana de bebidas Postobón que, según la compañía le explicó al Invima durante una visita de inspección en octubre de 2017, tiene por objeto “contribuir a la nutrición de los niños en edad escolar no desnutridos mayores de cinco años, a través de la entrega del producto en conjunto con la alimentación escolar en los centros educativos, como un aporte a la prevención de la deserción escolar”. Hasta diciembre de 2017, Postobón entregó las bebidas a través de la Fundación para el Desarrollo Panamericano en la Guajira (Fupad), la cual brindó el apoyo técnico para implementar el programa Kufu. Entre el 24 de julio y el 15 de diciembre de 2017, 3.130 estudiantes de La Guajira recibieron las bebidas de lunes a viernes Desde hace siete años, la Asociación Wayuú Araurayú administra la Institución Etnoeducativa Rural Laachón-Mayapo, que tiene veintisiete sedes para atender a la población estudiantil de diferentes comunidades indígenas. La sede principal recibe a 1.200 estudiantes, 200 de los cuales están internados. Las subsedes, distribuidas en los resguardos, acogen a 1.452 estudiantes más. Durante seis meses, los combos llegaron no solo aquí, sino también a la escuela Divina Pastora, en Riohacha, y al Internado Indígena de Nazareth, en Uribia. Todos estos lugares están ubicados en La Guajira, una región cuyos indicadores de desnutrición se encuentran por encima del promedio de los demás departamentos del país, de acuerdo a un informe del Banco de la República de abril 2017, el más reciente disponible. Entregar a una población altamente vulnerable como la de La Guajira productos que no han sido certificados como suplementos nutricionales ni naturales, tal como reconoce Postobón, produce cuestionamientos éticos. La empresa de gaseosas sostiene en una nota institucional que se trata de “bebidas fortificadas con micronutrientes diseñadas para acompañar los planes alimenticios de los niños y niñas”. En un cuestionario que Postobón le respondió al centro de estudios Dejusticia a finales de 2017, la empresa dice que “Kufu no es un suplemento nutricional, y mucho menos un medicamento”, y añade que “tampoco suple los alimentos necesarios para el desarrollo, pero sí acompaña la alimentación de los niños”. Sin embargo, desde que los primeros informes sobre los combos Kufu salieron a la luz, médicos, expertos y algunos periodistas han expresado críticas sobre los motivos y los efectos del supuesto ‘acompañamiento alimenticio’ que da la bebida. A la cuestionable repartición de los combos de Kufu se suma algo más. Según diversas fuentes que La Liga Contra el Silencio consultó, entre las cuales se encuentran maestros de la zona, funcionarios del Ministerio de Salud, la rectora de una de las instituciones y funcionarios de la Fupad, algunos niños involucrados en la campaña fueron sometidos a pruebas de laboratorio. En el Ministerio hay alarma, según le contó a La Liga Contra el Silencio un funcionario del despacho familiarizado con el caso, pues Postobón no solicitó la autorización necesaria para una “investigación experimental” con una comunidad. En una conversación telefónica, así como en un correo que la gerencia de comunicaciones de Postobón les hizo llegar a La Liga Contra el Silencio el pasado 8 de febrero, Postobón sostuvo que no se trata de una investigación experimental y que no ha faltado a la norma. La empresa dice que lo que hizo con los niños wayúu que recibieron las bebidas Kufu fue un “seguimiento técnico” y que hoy analiza “la información producto del seguimiento”. Postobón también enfatiza que “el trabajo que se hizo en este estudio es integral pues incluyó también la realización de talleres, sensibilizaciones y capacitaciones en estilos de vida activos y en hábitos de vida responsables a los padres de familias, docentes y estudiantes de las instituciones mencionadas”. “Nos interesa conocer el aporte de KUFU como bebida fortificada en minerales y vitaminas en el acompañamiento a la alimentación de los niños que la reciben”, dice la comunicación. Sin embargo, el Ministerio de Salud no parece estar conforme con la información que hasta ahora ha dado la empresa. El 9 de noviembre de 2017, el Ministerio le solicitó a Postobón el protocolo del estudio que lleva a cabo con la bebida Kufu. Según el Ministerio, la empresa respondió mediante una comunicación firmada por la directora de Asuntos Regulatorios que dice que “sobre la solicitud acerca del protocolo de investigación, estaremos enviando esta información una vez que concluya el estudio y se obtengan los correspondientes resultados. Estos resultados los podremos tener para marzo de 2018”. Tres meses después, el pasado lunes 12 de febrero, poco antes de la publicación de esta historia, el Director de Promoción y Prevención del Ministerio hizo llegar a la Dirección de Asuntos Regulatorios de Postobón una nueva solicitud de información. Allí le exige a la compañía “el documento que soporta el proyecto Kufu que incluya, entre otros, el objetivo y propósito de la investigación, el protocolo de la misma, los avances y resultados, así como los demás aspectos relacionados con dicho proyecto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 8430 de 1993”. Esta resolución dice que “las investigaciones experimentales en comunidades sólo podrán ser realizadas por establecimientos” que cuenten con un comité de ética, con una autorización del Ministerio y, en el caso de un menor de edad, con el consentimiento de su representante legal. Según César Rodríguez, director de Dejusticia, “si Postobón en efecto no cumplió las normas al realizar las pruebas, es posible suponer una presunta ilegalidad”. Al respecto, el director nacional de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Alejandro Gómez, explica que en Colombia se puede hacer investigación de mercado, pero que ésta debe tener el aval de un comité de ética. “Parece que Postobón quiere acopiar evidencia de las bondades de un producto, pero no lo puede hacer vulnerando los derechos de los niños”, dice Gómez. Y añade: “Vamos a investigar”. Más allá de la discusión entre el Ministerio y la empresa, una serie de hechos que La Liga Contra el Silencio documentó dejan saber con cierta claridad lo que hizo Postobón con sus combos de Kufu en La Guajira en el segundo semestre de 2017. En el cuestionario que Postobón le respondió a Dejusticia, la empresa admitió que había hecho “el estudio” con un grupo de 200 estudiantes que recibieron de lunes a viernes dos bebidas Kufu y que luego había comparado los resultados con otro grupo de control de veinte estudiantes, que no las había recibido. En una de sus respuestas a Dejusticia, Postobón dice que “el estudio comenzó el 24 de julio y tiene una duración de seis meses”. El objetivo, según el documento, había sido “determinar los cambios físicos del desarrollo y los cambios bioquímicos derivados del consumo de esta bebida fortificada con vitaminas y minerales, en una muestra representativa de niños que reciben la bebida”. La empresa sostiene en el mismo cuestionario que su intención “también es evaluar la aceptación, uso y consumo de la bebida en sus dos presentaciones, así como capacitar en nutrición a padres de los 220 niños de las instituciones educativas”. Delfina Díaz, la rectora de la Institución Etnoeducativa Rural Laachón-Mayapo, cuenta que las primeras pruebas se hicieron en julio de 2017 y que las más recientes se dieron en diciembre del mismo año. Esto también lo dice una profesional de monitoreo de la Fupad. Al hablar con La Liga Contra el Silencio, la profesional solicitó no mencionar su nombre en este artículo. Díaz es una docente indígena que lleva una gestión, según dice, “de puertas abiertas”. Sobre los productos que recibió de Postobón con el apoyo logístico de la Fupad, Díaz dice que “es lógico considerarlos beneficiosos”, cuando ellos en esas zonas están “acostumbrados a la precariedad”. “Los niños, entre las siete y las nueve de la mañana reciben el desayuno del Programa de Alimentación Escolar. A las diez les dan el Kufu, y a mediodía reciben el almuerzo”, cuenta. “Todavía no se conocen los resultados de las pruebas de laboratorio, pero nos dijeron que con la ingesta de los Kufu los niños han aumentado sus valores en cuanto a hemoglobina. Y estamos seguros de que los pone más activos, porque estos muchachos tienen mucha energía”, dijo la rectora en conversación con La Liga Contra el Silencio. Al hablar de “valores”, Díaz se refiere a los resultados de las muestras de sangre que, según dice, les tomaron a los niños en julio de 2017, cuando comenzó lo que ella llama “la estrategia social Kufu”. La rectora cuenta que también en ese mes de julio les hicieron controles de talla, peso y medidas a 130 alumnos en Mayapo. En Riohacha, añade, les hicieron las mismas pruebas de laboratorio y mediciones a otros 110 niños. Uno de los maestros de Mayapo, entrevistado por La Liga Contra el Silencio, cuenta que los funcionarios de la Fupad les dijeron que buscaban “comprobar las ventajas del consumo de Kufu”. El maestro también contó que se les pidió autorización a los padres de familia. El equipo que investigó esta historia y para ello viajó a La Guajira no logró tener acceso a las autorizaciones. Pero otros maestros, así como funcionarios de la Fupad afirmaron que habían sido solicitadas. Lo mismo asegura la propia empresa. Diversas fuentes consultadas por La Liga Contra el Silencio también ponen en cuestión que Postobón hable de Kufu como un “acompañamiento a la alimentación”. “Es muy claro que la empresa de gaseosas lo que persigue es fidelización con la marca. No es ilegal, pero es antiético”, dice Diana Vivas, de la organización Educar Consumidores. “Están criando a su cliente desde chiquito”, dice Diana Guarnizo, de Dejusticia. “El sector privado debería abstenerse de introducir nuevos productos que no llenan las necesidades nutricionales, confunden a la población y crean falsas expectativas, anteponiendo intereses privados al bien común”, dice en un comunicado la Sociedad Colombiana de Pediatría. Ante las peticiones de la Alianza para la Salud Alimentaria, el ICBF tomó el 5 de diciembre de 2017 una postura oficial. El oficio, que lleva la firma de Gómez, dice que “la institución apoya las compras locales de productos que van en favor de la seguridad alimentaria y nutricional, pero no permite en sus modalidades de atención que se suministren productos como Kufu, ultraprocesados o relacionados”. Esto quiere decir que la campaña de Postobón no cuenta con el respaldo del ICBF. Sin embargo, está fuera de la competencia del instituto fiscalizar o controlar las donaciones que un tercero pueda hacerle a una institución educativa. Diana Guarnizo, abogada de Dejusticia, la organización que desde el comienzo ha liderado el debate ético sobre “la estrategia Kufu”, dice que “Postobón podría tener un interés por introducir los productos Kufu al mercado y por eso, para sostener sus promesas futuras, hace mediciones y exámenes de laboratorio”. Según ella, las estrategias de este tipo “generan empatía de los niños hacia la marca y, más tarde, se podría traducir en una lealtad que se refleja en las ventas”. Por su parte, Diana Vivas, del equipo de abogados de Educar Consumidores, otra de las organizaciones que se ha puesto al frente del debate sobre los combos de Kufu en La Guajira, dice que “la proclama de Postobón, al presentar a Kufu como una bebida de interés social, atenta contra la verdad y muestra un comportamiento poco ético que interpone los intereses económicos”. Los primeros en especular sobre la intención detrás de la repartición de bebidas Kufu a niños wayúu en La Guajira fueron los miembros de la Sociedad Colombiana de Pediatría. En un comunicado de prensa del 12 de septiembre de 2017, el gremio manifiesta: “Postobón, en lugar de apoyar las iniciativas gubernamentales que pretenden prevenir y corregir la desnutrición en La Guajira, más bien se avoca a promover el consumo de bebidas consideradas como no saludables”. El documento, que trae la firma del presidente de la Sociedad, Ernesto Durán Strauch, entra luego puntualmente a analizar las bebidas. “Si bien tienen adición de ciertos micronutrientes, no contienen otros micronutrientes esenciales para mejorar la nutrición de las niñas y niños del país como el calcio y el hierro”, dice el comunicado. Luego añade que, “además, no contienen nada de proteínas y aportan escasas o ninguna caloría”. Y concluye: “Teniendo en cuenta que la más grave problemática nutricional del país se concentra en la primera infancia, estas bebidas podrían promover en las nuevas generaciones el consumo de bebidas gaseosas y bebidas no naturales empacadas, las cuales no hacen parte de la alimentación recomendada para un buen crecimiento y desarrollo y para lograr una buena salud”. Expertos consultados por La Liga Contra el Silencio coinciden en que los problemas nutricionales de La Guajira están relacionados con diversos factores, entre los cuales se encuentran características geográficas de la región que impiden la producción agrícola, la insuficiencia de las vías de acceso, la poca disponibilidad de agua potable, la dependencia comercial de Venezuela, las escasas políticas públicas de salud preventiva, la corrupción y la abundancia de iniciativas dispersas que no se articulan con estrategias estatales. Datos del Ministerio de Salud muestran que entre 2013 y 2016 la cantidad de niños menores de cinco años fallecidos en La Guajira por causas asociadas a la desnutrición se triplicó. De veinticuatro casos en 2013, la cifra pasó a noventa en 2016. El boletín epidemiológico de la semana cincuenta y dos de 2017, la última de diciembre, registra cuarenta y seis casos de muerte asociados con la desnutrición en el departamento. Laura González Zapata, nutricionista dietista y PhD en Salud Pública, expresa dudas sobre el programa de Postobón en La Guajira: “Si lo que quieren es contribuir, aunque sea de forma colaborativa, con los esquemas alimenticios de las comunidades vulnerables de La Guajira, ¿por qué no les llevan el agua y los alimentos que verdaderamente los nutren? Nadie puede dudar de que lo que necesitan estos niños, sean o no desnutridos, es agua, frutas, verduras y hortalizas. Si es tan noble la labor, que la hagan de la mejor manera”. Caben más preguntas. ¿Por qué escoge Postobón como objeto de investigación a una población con enormes necesidades nutricionales? ¿Qué hará la empresa con los resultados de la investigación en menores de edad que recibieron combos de Kufu? ¿Hasta qué punto refleja ese estudio realmente un esfuerzo de responsabilidad social? ¿No se convertirá más bien en un insumo para futuras estrategias de mercadeo? Hasta hoy la empresa no le habría presentado al Ministerio de Salud soportes detallados del proyecto Kufu y de la investigación. Urge que Postobón haga públicos los pormenores de sus actividades relacionadas con la bebida del osito en La Guajira y del estudio que realizó. Si la empresa en efecto tomó a un grupo de niños para hacer pruebas de laboratorio sin cumplir lo que exige la ley, los colombianos estarían ante un escándalo. RESUMEN LVL5: Que postobón uso a los niños de la guajira como ratas de laboratorio, diciendo que aportaban una bebida nutricional que no tiene nada de nutricional y aun peor sin ningun permiso cientifico que justifique todos los examenes medicos que les hicieron a los niños y menos por parte del invima.

Hola papus, antes de irme de taringa y que todo se vaya a la mierda, voy a dejar este post, para dejar una huella en taringa, el ultimo post que hago antes de irme. En este post voy a dejar todas las investigaciones contra el paramilitar de Uribe, vengan de a uno... En total son 23 investigaciones a Alvaro Uribe Velez, pero algún Uribista se preguntara porqué con tantas investigaciones no lo meten preso? Seguro es una persecución contra Uribe de Farc-Santos y blabla, pero la realidad es que todos los casos e investigaciones contra Uribe son hundidos o nunca avanzan Miremos algunos de los casos: 1- El caso de Pedro juan Moreno, un paraco que fue asiduo promotor de las convivir y presidente de fedegan (mas paracos), Pedro juan fue asesinado porque en los correos de alias don berna decía que Uribe fue el que lo mando a matar cuando Pedro Juan fue a un sitio llamado la 21 donde supuestamente estaba el centro de comando de Carlos Castaño y que como iba en helicóptero, lo mando a sabotear. Obviamente no queda claro porque Uribe lo mando a matar, supongo que entre paisas se traicionan? La cosa es que esta investigación de la comisión de acusaciones nunca ha llegado a ninguna conclusión, "La Fiscalía remitió a la Comisión de Acusaciones copias de una investigación que se originó en un interrogatorio que le hizo al narco y paramilitar alias Don Mario en noviembre de 2014 y octubre de 2015, y en los que dijo que hay indicios de que Uribe tuvo que ver con la muerte de su ex secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, en un accidente aéreo en febrero de 2006." 2- La relación de Uribe con Carlos Castaño, la Fiscalía remitióa la Comisión de Acusaciones copias de una investigación que originó en un interrogatorio que le hizo al narco y paramilitar alias Don Mario en noviembre de 2014 y octubre de 2015. En ellas, Don Mario dijo que Uribe, siendo gobernador de Antioquia, se reunió con el jefe de las AUC; Carlos Castaño, en Caucasia (Antioquia) y que asistió, con Castaño y el también jefe paramilitar Pedro Hasbún, a eventos deportivos de miembros de las AUC en Urabá. Cuanto tiempo lleva andando esta investigación? 2 años y un mes... 3- No evitar masacres, "El defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunciódenunció, antes de morir asesinado en febrero de 1998, que Uribe como gobernador de Antioquia no habría hecho nada para evitar masacres de paramilitares en Antioquia, concretamente las de La Granja y El Aro, en la zona rural del municipio de Ituango. Luego, en octubre de 2015, el ex jefe paramilitar alias Don Berna reiteró una versión similar ante la Fisclaía, y ésta compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al ex presidente, lo que llevó a una respuesta de Uribe acusando a la Fiscalía de atacarlo con móviles políticos a pocas semanas de las elecciones locales de octubre de ese año." Y esta investigación lleva 2 años y 3 meses 4- Falle de la haya, Tras la decisión contraria a Colombia en el litigio con Nicaragua por la soberanía en áreas marinas en el Caribe, de noviembre de 2012, el representante del Polo Germán Navas Talero denunció a Uribe y a Andrés Pastrana ante la Comisión de Acusaciones para que investigara si habían omitido sus deberes. Por ello la Comisión le abrió le abrió una investigación preliminar en abril de 2013 y Uribe rindió versión libre a los pocos días. 5- Las chuzadas del DAS, En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigara la responsabilidad de Uribe en las interceptaciones ilegales del extinto DAS . Lo mismo ocurrió tras la sentencia de la Corte Suprema en la que condena a Jorge Noguera, director del DAS de Uribe, por esos mismos hechos, en septiembre de 2017. En este expediente hay más de 12 mil horas de interceptaciones y 139 mil páginas que le envío la Corte a la Comisión, según dijo en diciembre el presidente de ésta, el representante liberal por el Valle Fabio Arroyave, estos paracos siempre quieren matar a todo el mundo ejhh. 6- Apoyo a paramilitares, En una famosa decisión de 2013, el magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo, ordenó a la Comisión investigar a Uribe “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y a las Convivir asociadas o vinculadas con ellos, y/o concertarse con estos, no sólo como Gobernador de Antioquia sino después de su gobernación y en su condición de Presidente de la República". Aunque luego esa orden se cayó en la Corte, Pinilla la repitió en la sentencia de diciembre de 2014 contra el ex jefe para alias Monoleche, que la Corte mantuvo en segunda instancia, junto con la orden . 7- Yidis politica, La Comisión de Acusaciones inició la investigación contra Uribe por la llamada yidispolítica (el pago con notarías a congresistas para que votaran a favor del cambio a la Constitución que permitió su reelección, en 2004) desde cuando era presidente. En octubre de 2012 el entonces representante Yahir Acuña inició una investigación formal y Uribe rindió indagatoria en noviembre de ese año. Desde entonces no avanza el proceso. 8- Caso santoyo, El senador Iván Cepeda le pidió a la Comisión de Acusaciones abrir una investigación contra Uribe por haber nombrado como jefe de seguridad al ex general de la Policía Mauricio Santoyo, quien admitió en Estados Unidos haber tenido relaciones con paramilitares, y haber impulsado su ascenso de coronel a general cuando ya había información sobre esas relaciones. Uribe dijo que lo ascendió porque el hoy vicepresidente Óscar Naranjo, como comandante de la Polícia, y Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa, no le informaron de ningún cuestionamiento a Santoyo en ese ascenso. La Comisión llamó a cuatro generales de la Policía a declarar en 2013, y desde entonces el proceso no ha avanzado. Bueno, esos son los mas sonados, los que mas se oyen y ni aun así se avanza en esos casos que es lo que pasa? Y no solo a Uribe se le investiga en Colombia, el estatuto de roma de la Corte Penal Internacional. En la Sentencia C- 578 de 2002, la Corte Constitucional realizó un desarrollo de los elementos del crimen de lesa humanidad, a partir del contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma, así: La definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, está compuesta por seis elementos causales: -Ataque generalizado o sistemático. -Ataque dirigido contra la población civil. -Comisión de actos inhumanos. -Conocimiento de que se trata de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. -Persecución con fundamentos políticos, raciales, nacionales, étnicos. -Ataque contra una población civil”, “exterminio”, “esclavitud”, “deportación o traslado forzoso de oblación”, “tortura”, “embarazo forzado”, “persecución”, “crimen de apartheid” y “desaparición forzada de personas. A continuación un detalle completo del prontuario criminal y un resumen de la investigación sobre varios de los cargos de los que es imputado el acusado. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952, político de ultraderecha liberal desde sus inicios, logro ser Presidente de la República de Colombia en 2002 en base a maniobras políticas y aportes económicos de las mafias colombianas, fue reelegido en el año 2006, nuevamente bajo el auspicio de las fuerzas paramilitares asentadas en Colombia, las denominadas AUC – Autodefensas Unidas de Colombia quienes según las investigaciones realizadas y denuncias ante tribunales, aportaron grandes sumas de dinero a su campaña y a su gobierno como una forma más de ejecutar el lavado de dinero de actividades ilícitas, algo prohibido por las leyes y la legislación colombiana, ante lo cual la justicia colombiana negó investigar. Militó en el Partido Liberal Colombiano de tendencia neoliberal de ultraderecha. Sus aliados procedieron a unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era presidido por Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido como Sector Democrático junto a su primo y aliado político Mario Uribe Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia Democrática también de ideología de ultraderecha fascista aliado fuerte también de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico. Como asesor ha desempeñado diferentes cargos en las Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil, gestiones en las que tuvo graves denuncias de corrupción y favores al narcotráfico, los mismos que fueron tapados por la justicia, sin seguir las investigaciones. También sirvió como Alcalde de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia (1995-1997), oportunidad que aprovecho para llevarse de la mano con las mafias del narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente de la República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los sectores corporativos empresariales y trasnacionales norteamericanas y la elite de ultraderecha judío. En 2014 fue elegido como Senador de la República de Colombia, siempre auspiciado y bajo la sombras de las AUC. Uribe contaba 28 años cuando fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por el presidente Julio César Turbay, cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función como director consistió en otorgar licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia. Esta situación fue aprovechada por Uribe para realizar favores y proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia y redes del narcotráfico. El mandato presidencial de Uribe se caracterizó por la lucha frontal contra los grupos y organizaciones de izquierda en Colombia y una simulada lucha contra el narcotráfico con la ayuda de EUA, cuya supuesta meta era eliminar el narcotráfico y las plantaciones de coca bajo un programa de gobierno denominado política de seguridad democrática que fue amparada en parte por el Plan Colombia y que fue criticada por sectores de la oposición y disidentes de izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en Colombia. Los resultados de este plan fueron desastrosos en los años de su gobierno, aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas paramilitares, un aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en los cultivos de coca y producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA junto a la DEA. Se lo acusa de promover la impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico de los paramilitares de Colombia. Sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia iniciado por Uribe, algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico algo que socapó durante su administración inundada de denuncias. Debido al proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia se abrió el proceso que se denominó la parapolítica en Colombia, en las que el mismo gobierno de Uribe estaba involucrado. En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue nada más y nada menos que Juan Manuel Santos Calderón, que llego a ser su ministro de defensa, miembro de la millonaria familia Santos, que es propietaria del grupo CET, a la cual pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el Director y editor en Jefe de los medios, esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático de los medios en Bogotá y toda Colombia. Elogios de los grupos de poder corporativos y del complejo militar de EUA Durante su periodo de gobierno acepto someter al pueblo colombiano a los mandatos y dictámenes de la administración norteamericana y su Complejo Militar Industrial y Financiero-Tecnológico y obedecer a la letra la estrategia geopolítica-militar de EUA para Latinoamérica, en función a ello es que acepto albergar en territorio colombiano más de 9 bases militares y adicionales para varios proyectos de defensa, habilitación de corredores de narcotráfico operadas por la DEA y para fortalecer el dominio de EUA en su patio trasero. En premio y agradecimiento a varios de estos favores fue condecorado varias veces por sus servicios al gobierno americano, corporaciones, fundaciones y ONGs corporativas, con premios tales como: La condecoración por el presidente de Estados Unidos George W. Bush con la Medalla de la Libertad, por sus grandes servicios a EUA. Doctor Honoris Causa de la Universidad San Ignacio de Loyola. Recibió el Premio ‘Revel Líderes del 2020’, otorgado por la Fundación Revel. En el canal de televisión de EUA internacional History Channel fue reconocido como «El gran colombiano» Fue reconocido como el supuesto mejor dirigente Político Iberoamericano de la década, premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo Intereconomía. Mejor Senador del año 2014, otorgado por la Fundación de Ultraderecha Centro Democrático. Recibió en Washington el premio al Liderazgo Internacional otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano dependiente de la NED y el NDI. Cargos por narcotráfico En 1980, Uribe ocupo el cargo de Director de la Aviación Civil, en su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas y permisos de construcción de pistas de aterrizaje a lo largo y ancho de Colombia exclusivamente para los carteles del narcotráfico. Sobre este tema Virginia Vallejo , pareja del capo Pablo Escobar Gaviria en sus declaraciones publicadas, indica que si no era por Uribe, el cartel de Medellín, estaría aun transportando los paquetes de cocaína por los ríos y por tierra, en llantas y por mar nadando hasta Miami, para llevar la cocaína hasta EUA. También confirma la estrecha relación entre Pablo Escobar y Álvaro Uribe. De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad actividad en los poco más de dos años que estuvo al frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes. Entre varios de los escándalos que salieron a la luz tras las investigaciones realizadas durante su desempeño como servidor público, esta la que indica que Uribe Vélez, utilizo en una ocasión un helicóptero que le habría sido prestado expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El helicóptero se habría utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago, padre y hermano de Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un enfrentamiento entre mafias del narcotráfico que no supo explicar, donde estaban involucrados familiares suyos. La llegada del conservador Belisario Betancur a la Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la administración. En 1982, el Presidente lo nombró alcalde de Medellín; ese mismo año, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de la Alcaldía: “como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos”. Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante”. Sin embargo, la situación se manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por los caciques políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en verdaderos escuadrones de la muerte. En otro escándalo el líder político liberal Rodrigo Lara Bonilla antes de ser asesinado el 30 de abril de 1984 por las mafias, luego de que la fuerza pública desmantelara el complejo cocalero en las selvas del Yarí llamado Tranquilandia, pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un helicóptero de propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de Lara Bonilla, Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a Uribe y a su padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de las mafias en las instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de Tranquilandia, la hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y comprometía gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era de la familia Uribe Velez en este caso del papá de Álvaro Uribe Vélez”. El hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro del gobierno de Uribe como Zar Anticorrupcion, declaró que se había ocultado ese expediente de investigación. Dos días antes renunció a su cargo aduciendo motivos familiares. Uribe no respondió al testimonio. Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar quien era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar entre el asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres renunció a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se informaba que el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado con el pagador de los sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo Cano, Pedro Medellín está casado con la hija del asesinado periodista. En el 2002 Uribe respondió indicando que su padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía varias fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Él utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando fue asesinado por las mafias ese helicóptero quedó y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió ese helicóptero. Uribe es investigado por haber tenido estrecha relación con el Cartel de Medellín y haber fomentado agresivamente el paramilitarismo en Colombia. Se presentaron diferentes controversias y críticas a Uribe, su entorno familiar y de gobierno, su desempeño en diferentes funciones públicas o políticas junto a una relación íntima al narco paramilitarismo. Uribe también es investigado por recibir apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en actividades políticas y apoyo financiero en casi todas las zonas de dominio de las FARC y ELN. Investigaciones y denuncias realizadas por senadores, diputados y periodistas, muestran que existieron relaciones entre Alvaro Uribe y su familia con miembros del cartel de Medellín, basándose en archivos de periodísticos de la época y en un informe confidencial del Departamento de Estado de E.U. en el que se acusaba a Uribe de haber sido colaborador del cartel de Medellín y de haber sido partícipe de la expansión del paramilitarismo en Colombia. De otro lado, la revista Newsweek reveló sus nexos con el cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA (Defense Intelligence Agency) en septiembre de 1991 con el número 82 de narcotraficantes, lista en la que Pablo Escobar también aparece con el 79. Este informe, luego fue reservado por el gobierno de Estados Unidos para proteger a Uribe y a sus intereses. Pero aun así aparece en varios Informes de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa de EUA, donde se realiza una investigación de más de 124 delincuentes, relacionados con el narcotráfico colombiano, entre los 100 de la lista se destaca su nombre como el número 82, señalado en la investigación como político colombiano colaborador estrecho del cartel de Medellín, en los altos niveles de gobierno. Uribe Vélez, se vinculó también a un negocio involucrado al negocio de los narcóticos en los EUA, con nexos con el cartel de Medellín y ha sido íntimo colaborador de Pablo Escobar Gaviria. El 20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina publicó una nota firmada por Pablo Biffi, titulada “Los vínculos de Uribe”. En ella el periodista citó a medios de comunicación como fuente para sugerir relaciones eventualmente ilegales o reprochables del Presidente Uribe con respecto al cartel de Medellín y al paramilitarismo. Existen serias acusaciones que involucran al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra con la Familia Ochoa, quienes hacían parte del cartel de Medellín, él cual había sido pedido en extradición por el gobierno norteamericano, como se afirma en el libro Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo. Uribe en una entrevista reconoció e indico que lo que unía a la familia Uribe y la familia de Fabio Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y los caballos. Sin precisar qué tipo de negocios. Esto se confirma cuando Uribe recibe financiamiento para su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, el mismo capo luego lo confirma ante los medios en Junio del 2007, indicando inclusive que fondos destinados a los paramilitares del narcotráfico fueron destinados a la campaña de Uribe. El 18 de septiembre del 2014, Uribe, actual senador ultraderechista, fue acusado de supuestos nexos con paramilitares y narcotraficantes, en un intenso y largo debate en el Congreso. La discusión fue promovida por el senador Iván Cepeda, quien presentó pruebas de sus afirmaciones desde el inicio de la vida pública de Uribe en los años 80 hasta su llegada a la presidencia, que ocupó entre 2002 y 2010. “Como parte de las conductas de Uribe que se deben investigar hay decisiones que claramente han beneficiado al narcotráfico y al paramilitarismo”, dijo Cepeda, legislador en la Comisión Segunda del Senado. Mencionó como ejemplos la concesión de licencias de aviación a personas relacionadas con el tráfico de drogas, la legalización de empresas de seguridad dirigidas por jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra la extradición durante el auge de los cárteles del narcotráfico en los años 90. Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que el ex mandatario fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero del Cártel de Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Mostró vínculos del ex gobernante, o de familiares cercanos, con narcotraficantes como Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín, la familia Ochoa y el clan de los Cifuentes Villa. Cepeda indicó que presentará todos los documentos a la Corte Suprema y a la Fiscalía. Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, afirmó durante un debate de control político celebrado en el Senado que Uribe colaboró con el narcotraficante Pablo Escobar y contribuyó a la expansión de la violencia paramilitar en Colombia. Le acusó de haber otorgado licencias para aterrizar en Medellín a avionetas del cartel de Escobar cuando era director de la Aeronáutica Civil (1981-1982), y de haber sido miembro “de la Junta Directiva de una empresa de Luis Carlos Molina”, condenado por el homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el director del periódico ‘El Espectador’. Además, según el parlamentario, el hermano del expresidente, Jaime, mantuvo una relación sentimental con Dolly Cifuentes, del clan Cifuentes Villa, que “en la actualidad sería proveedor de cocaína y desempeñaría las tareas de lavado de activos para el cartel de Sinaloa”. Cepeda presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos con pruebas y testimonios de exjefes paramilitares. Uribe no puede ser investigado al haber sido presidente durante dos legislaturas, pero sí puede serlo, en su rol de senador, por la Corte Suprema del país. Además de la disputa con Cepeda, Uribe acusó al presidente de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro, de haber recibido dinero de narcotraficantes y aseguró que entregará las pruebas que lo demuestran. Chamorro está seguro de que el material probatorio no existe. “Rechazo igualmente, por absolutamente mentirosas y calumniosas, las alusiones del senador Uribe a la existencia de una relación de cheques que supuestamente yo habría recibido del narcotráfico”, indicó Chamorro, citado por Radio Caracol. Uribe también la emprendió con el exsenador y actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, que acusó a su hermano Santiago Uribe de urdir un complot paramilitar. Además, Uribe arremetió contra el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por “tramitar” cheques del cartel del Valle. Otro escándalo que compromete a Uribe con pruebas documentadas es el referido a quien fuera su Jefe de campaña y también íntimo colaborador, Pedro Juan Moreno Villa, es el dueño de GMP productos químicos considerado por el Servicio Aduanero de los EUA, como mayor importador en Colombia del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína. Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína (ver “Álvaro Uribe, el Narcotráfico y el Cartel de Medellín”. De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia – cuya capital es Medellín – de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall, “entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia”. Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. En enero 2014 , la cuñada de Álvaro Uribe fue extraditada a EE.UU . fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las investigaciones. Dolly Cifuentes, integrante del clan Cifuentes Villa, permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por narcotráfico a EE.UU ., donde se declaró culpable. Dolly Cifuentes Villa de Uribe se declaró culpable en uno de cinco cargos de narcotráfico que le hizo una Corte Federal del sur de la Florida (Estados Unidos). Esta colombiana fue señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa. Tras ser extraditada de Colombia a Estados Unidos, Cifuentes Villa se declaró culpable de “asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína consciente de que la droga iba a ser importada a los Estados Unidos”. Sin embargo, no aceptó otros cuatro cargos sobre fabricación e importación de drogas desde Colombia y Guatemala. "Advertisement" El caso fue abierto en 2006, cuando las autoridades norteamericanas comenzaron a investigar a la familia colombiana Cifuentes Villa. Encontraron que los hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’ habían creado rutas para distribuir toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía Federal, la familia Cifuentes Villa se asoció con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Mientras tanto, para las autoridades colombianas Dolly Cifuentes era la encargada de ‘blanquear’ el dinero de la venta de cocaína a través de empresas ficticias y de bienes raíces, tanto en Colombia como en Panamá y México. La defensa de Dolly Cifuentes Villa estuvo a cargo de Bonnie Klapper, una ex fiscal federal conocida por haber encarcelado a grandes narcotraficantes del mundo de la última década. La contratación de esta abogada, que pasó de acusar delincuentes a defenderlos, le significó a Cifuentes Villa un éxito judicial que causó asombro en Estados Unidos: la jueza de la causa, Joan Lenard, la condenó a escasos cuatro años de cárcel. Para la prensa norteamericana resultó bastante particular que la jueza accediera a muchas de las peticiones de la ex fiscal. Una de ellas fue la de sacar de la sala de audiencias a todos los periodistas que acudieron a cubrir el juicio, alegando razones de seguridad de la familia Cifuentes Villa. Además, de los cinco cargos que estaban preparados contra ella apenas se le imputaron dos que en la justicia norteamericana suelen castigarse hasta con prisión perpetua. Durante los ocho años del gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) no hubo ninguna clase de acción policial ni judicial contra el clan de la cuñada del presidente. Dolly Cifuentes y Alberto Uribe Vélez Dolly Cifuentes Villa, apodada ‘La Meno’, es la mamá de Daniel Alberto Uribe Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes, quien también fue buscada por los mismos delitos de Narcotráfico de la madre. El papá de Ana María y Daniel Alberto es el hermano menor del ex presidente Uribe Vélez, el difunto agrónomo Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido en Medellín con los alias ‘Arepa’ ó ‘El Pecoso’, con cédula de ciudadanía colombiana número 15367461. Jaime Alberto, murió de cáncer en la garganta en Medellín el 24 de septiembre de 2001 y sus restos mortales reposan en un osario en la cripta de la parroquia de Santa Teresita, en Medellín. En la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia hubo revuelo cuando este periodista intentó reconfirmar los nombres de los padres de Ana María Uribe Cifuentes: Dolly Cifuentes Villa y Jaime Uribe Vélez. Inicialmente, se informó de manera extraoficial que la tarjeta decadactilar correspondiente había desaparecido de los archivos de registro civil. Posteriormente, se informó que existía una copia auténtica microfilmada en uso de buen recaudo. La cédula de ciudadanía de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos, es la 43162647, expedida en Medellín. El registro civil de nacimiento de Ana María Uribe Cifuentes está radicado en la notaría 15 de Medellín bajo el número 5953052, según copia que posee este periodista. Allí consta que nació el 1 de febrero de 1980, en la clínica San Pedro Claver, de Medellín. Su madre, Dolly Cifuentes Villa, fue inscrita para la época como “estudiante” y el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, como “agrónomo”. La pareja matrimonial registró como lugar de residencia la calle 52 número 40 -156, de Medellín. Hijos y sociedad conyugal Jaime Alberto Uribe Vélez, dio fe por escritura pública el 22 febrero de 1994, ante el notario 17 de Medellín, que en esa fecha tenía “sociedad conyugal vigente” con la colombiana Dolly de Jesús Cifuentes Villa. Dolly de Jesús Cifuentes y Jaime Alberto Uribe Vélez confirmaron su “sociedad conyugal vigente” al firmar la escritura pública número 310 por medio de la cual adquirieron por valor de 52 millones 915 mil pesos colombianos el apartamento 701 del edificio Altobelo, situado en la carrera 36ª No. 12 A – 21, de Medellín, fracción El Poblado (ver facsímil abajo). El apartamento, de 295 metros cuadrados y tres parqueaderos, fue adquirido por la pareja para el segundo hijo del matrimonio, Daniel Alberto Uribe Cifuentes, quien para entonces tenía cuatro años de edad, 10 menos que su hermana Ana María Uribe. El apartamento fue vendido a la pareja Uribe Vélez- Cifuentes Villa por Benjamín Harold Cadavid Elejalde, con cédula de ciudadanía colombiana número 3.311.120, expedida en Medellín. La relación Uribe Vélez-Cifuentes Villa se inició antes del nacimiento de Ana María Uribe en febrero de 1980 y en febrero de 1994 continuaba, para entonces con dos hijos y “sociedad conyugal vigente”, dice la escritura mencionada. Jaime Alberto Uribe Vélez, difunto hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, no tuvo solamente un hijo sino dos hijos (Ana María y Daniel Alberto) con Dolly de Jesús Cifuentes Villa. El segundo hijo del matrimonio Uribe Vélez con Cifuentes Villa es Daniel Alberto Uribe Cifuentes. Contra él no hay requerimientos de la justicia de Estados Unidos ni de la colombiana. Nació en Medellín el 5 de octubre de 1990 a las 8 de la mañana, en la Clínica Soma. Fue registrado en la notaría Octava de Medellín el 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con el documento de inscripción en el Registro Civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, aparece como comerciante de profesión y la madre como analista de sistemas. No obstante que la unión de su hermano Jaime Alberto con Dolly de Jesús Cifuentes duró por lo menos 15 años, de acuerdo con la escritura mencionada, el expresidente Uribe optó por desconocer a su cuñada y a su sobrina mayor, hoy con 32 años de edad. La extradición La extradición de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero curiosamente fue suspendida en mayo del mismo año por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. No obstante, el jueves 7 de junio de 2012 Presidencia de la República reinició su proceso de extradición. Mientras tanto, por el lado de Ana María Uribe Cifuentes, una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de la sobrina del expresidente Álvaro Uribe Vélez era desconocido, a pesar de que se suponía la mujer debía estar presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá. El expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes, nacida en Medellín el 1 febrero de 1980, no aparece en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde debería estar radicado. Nadie tiene allí una explicación, pese a que fue arrestada correctamente en Medellín por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición y a instancias expresas del Gobierno de Estados Unidos. Según las investigaciones Dolly Cifuentes Villa y Ana María Uribe Cifuentes pertenecen al clan familiar Cifuentes-Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre los años 2009 y 2011. Pero que, además, lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México. La Presidencia de Colombia ha expresado desde junio de 2012 desconocer el paradero de Ana María Uribe y tampoco ha tenido una explicación al hecho de que no aparezca su expediente de extradición. El Instituto Penitenciario de Colombia, INPEC, no respondió a este periodista un pedido de información de Ana María Cifuentes. Tampoco indicó en qué cárcel se podría encontrar. Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen en la “Lista Clinton” del gobierno de Estados Unidos. En ella, Washington recoge los nombres de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo alrededor del mundo con las cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios. La extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, autorizó la extradición de la colombiana el 6 de agosto de 2012. Algunas fuentes se atreven a decir que esta determinación, aumentó del todo la distancia entre Álvaro Uribe y Santos. Sin embargo, en el acuerdo sellado entre Colombia y Estados Unidos quedó estipulado que Cifuentes no puede enfrentar una condena a cadena perpetua ni a muerte. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México indicó que Ana María Uribe operaba con “los colombianos Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía Zuloaga y el ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro”. Los antecedentes Dolly Cifuentes, nacida en Medellín el 14 de junio de 1964, posee la cédula de ciudadanía colombiana número 43020313. Fue arrestada en Medellín el 6 de agosto de 2011 por pedido diplomático de la justicia estadounidense, mientras su hija Ana María Uribe cayó en poder de las autoridades, también en Medellín, un mes después. La Policía Nacional de Colombia indicó que Dolly Cifuentes Villa “era la encargada del lavado de dinero proveniente de las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa mediante la constitución de empresas de importación con oficinas en Colombia, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos” A Dolly Cifuentes las autoridades estadounidenses le encontraron en Colombia “32 empresas nacionales y 17 con sede en el exterior, de propiedad de su familia”, informó la Policía de Colombia. Estos bienes se encuentran en proceso judicial de expropiación. Tales empresas, agregó la misma fuente, están “avaluadas en más de 200 millones de dólares” y sus utilidades “permitieron acumular abundantes riquezas representadas en bienes raíces”. La Fiscalía General de Colombia explicó que “entre los bienes afectados hay 255 inmuebles, 11 establecimientos comerciales, 33 establecimientos de comercio y acciones de un club de Bogotá”. La Fiscalía colombiana agregó que la mayor parte de las propiedades de este clan, “están en cabeza de los hermanos Jorge Milton e Ildebrando Cifuentes Villa, quienes tienen orden de captura, y Dolly Cifuentes Villa”. Esos bienes, de acuerdo con la misma fuente, se encuentran en “Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Montería”. Ana María Uribe lideró presuntamente actividades criminales, entre otras, a través de la compañía Cifuentes Uribe y Compañía S:C:S., (hoy en disolución) consagrada al comercio de finca raíz. La primera resolución de acusación o “indictment” hecha por el gobierno de los Estados Unidos contra Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe fue la 07-20508-CR LEONARD, dictada el 4 de noviembre de 2010 por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Otro pedido más de Estados Unidos contra ambas mujeres y su clan es el 11-CR-101, de febrero 3 de 2011, emanado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El Clan Cifuentes Villa El Clan Cifuentes Villa, de acuerdo con la agencia estadounidense antidrogas, DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y posee bienes y empresas en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México. Madre e hija, según la DEA, hacen parte del clan delincuencial y familiar conocido como el de los Cifuentes Villa, una familia del departamento de Antioquia, Colombia. Desde su creación, en los años 80, el líder de este grupo fue Fernando Cifuentes, quien trabajó como sicario para Pablo Escobar y el también narcotraficante Hernando Henao alias ‘El Hombre del Overol’. El 6 de noviembre de 1996, por orden de Henao, Fernando Cifuentes asesinó en el centro comercial de Bogotá Hacienda Santa Bárbara al célebre gánster Efraín Hernández, alias ‘Don Efra’. Fernando Cifuentes Villa fue asesinado días más tarde por el propio Henao y su socio criminal Wilmer Varela, alias “Jabón”, para tratar de borrar el rastro del homicidio de ‘Don Efra’. Tras la muerte de Fernando, la jefatura del clan fue asumida por su hermano menor Francisco ‘Pacho’ Cifuentes Villa. Este, de acuerdo con la Policía de Colombia, “en los años 80 y 90 se convirtió en piloto personal y hombre de confianza del entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria”. El clan de los Cifuentes creció a lo largo de los ochos años de los dos períodos presidenciales consecutivos de Uribe Vélez (de agosto de 2002 a agosto de 2010). No obstante, Francisco “Pacho” Cifuentes Villa fue asesinado en abril de 2007 en su hacienda Villa Aurora, situada en la localidad de Caucasia, Antioquia, por orden del narcotraficante de Medellín Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. El homicidio, de acuerdo con la Policía Colombiana, fue cometido porque Francisco Cifuentes Villa le negó a ‘Don Berna’ permiso para utilizar una pista aérea que poseía a orillas del Océano Pacífico, en Bahía Cupica, departamento de Chocó. La DEA y la Policía colombiana descubrieron que Francisco Cifuentes Villa también tenía en Bahía Cupica una planta contigua procesadora de pescado en la que empacaba cocaína que desde su pista propia le enviaba al cartel mexicano de Sinaloa, del que se hizo socio además de proveedor. Cuando ordenó el asesinato de Francisco Cifuentes Villa, “Don Berna” usó pistoleros de su organización sicarial, la multinacional del crimen conocida como ‘Oficina de Envigado’. Un centro de operaciones criminales creado en los mejores días de Pablo Escobar y su jefatura suele ejercerla por tradición quien logra ser el máximo jefe de turno del narcotráfico en el departamento de Antioquia. Tras asesinar a Cifuentes, ‘Don Berna’ hizo saber que se preparaba para exterminar al clan de los Cifuentes Villa, incluida la sobrina del expresidente. Aunque “Don Berna” se encontraba preso y aislado en una cárcel de máxima seguridad, el 13 de septiembre de 2007 el entonces Presidente Uribe Vélez impartió una orden sin antecedentes cuyo cumplimiento supervisó él mismo: trasladar a ‘Don Berna’ a una fragata de la Marina de Guerra para mantenerlo completamente incomunicado en alta mar, en aguas del Pacífico. Mediante comunicación de prensa, el 13 de septiembre de 2007 las Fuerzas Militares de Colombia informaron que otro narcotraficante llamado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ fueron trasladados de la cárcel de Cómbita a buques-prisión de la Armada”. El comunicado militar especificó: “En el caso de ´Macaco´, el traslado se hizo porque el Gobierno conoció pruebas de que continuaba delinquiendo desde la cárcel. En el caso de ´Don Berna´ se adujeron razones de seguridad”. Ambos delincuentes en aquella oportunidad delegaron su vocería en la controvertida congresista y aliada política del entonces Presidente Uribe, Rocío Arias, quien luego perdió su puesto en la Cámara de Representantes y fue sentenciada a prisión por la Corte Suprema de Justicia que la halló culpable de pertenecer a escuadrones de la muerte del narcotráfico de extrema derecha. La misma suerte corrió con una treintena de congresistas integrantes de las bancadas de Uribe en el Senado y la Cámara baja, entre ellos su primo Mario Uribe. Tiempo después, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ fueron llevados a la penitenciaría de Cómbita (al norte de Bogotá), reputada como la más segura de Colombia. Allí permanecieron hasta que fueron extraditados a Estados Unidos por múltiples delitos, principalmente narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recientemente ofreció rebajas de penas a los narcotraficantes y paramilitares colombianos extraditados a ese país a cambio de que confiesen la totalidad de los crímenes que cometieron en Colombia, además de narcotráfico, y desenmascaren a quienes fueron sus aliados. Hermanos Uribe Vélez Jaime Alberto Uribe Vélez, el padre de Ana María, fue apresado en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército de Colombia porque desde su radio-teléfono la inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar pero nunca fue juzgado por este caso. Otro hermano de Uribe, Santiago Uribe Vélez, tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de Colombia. Es señalado de haber organizado y liderado el escuadrón de la muerte conocido como “Los Doce Apóstoles”, responsable de al menos medio centenar de asesinatos. El principal testigo de cargo en este caso es el ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien ha confesado su participación en varios de los crímenes del grupo paramilitar que tenía su base de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos, los que habrían formado un clan familiar de la muerte. Meneses y otros testigos que dicen haber pertenecido a “Los doce apóstoles” sostienen que en aquella hacienda existen fosas comunes con los restos mortales de víctimas de la organización. Antecedentes en la Defense Intelligence Agency Ficha de cargos del Departamento de Estado de EUA y Departamento de Defensa de EE.UU . (DIA. Defense Intelligence Agency) sobre Álvaro Uribe Vélez Tipo: Confidencial. Fecha: Septiembre 1991. Informe clasificado : Confidencial. Origen : Departamento de Defensa de EE.UU . (DIA. Defense Intelligence Agency). Narcotraficante en lista Nro. 82. Nombre: Álvaro Uribe Vélez. Actividad actual: Político colombiano y senador. Sindicación: Dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con las drogas en Estados Unidos. Otros vínculos: Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los carteles y traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y ha sido amigo personal y colaborador cercano de Pablo Escobar Gaviria. Uribe ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos). Este file criminal de Uribe fue extraído de un Informe clasificado como Confidencial del Departamento de Defensa de EE.UU . (DIA – Defense Intelligence Agency – Agencia de Defensa e Inteligencia). Cargos por paramilitarismo Su gobierno ha sido criticado por la multiplicidad de violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones sociales. Inclusive la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de la cantidad de pruebas de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor estilo de las GAL de España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales. Durante 2005, se desató en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno de Uribe y ha él mismo con grupos paramilitares ilegales colombianos como las autodefensas unidas de Colombia – AUC, en lo que se denominó la “Parapolítica”. A este proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales denominados paramilitares y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, construcción de fosas comunes como la denominada Gran Fosa Uribe con más de 10.000 desaparecidos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico de Uribe en el territorio nacional colombiano. El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llamó falsamente y con hipocresía a los congresistas y funcionarios públicos a declarar si tenían nexos con los paramilitares, declarando que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones y reiteró la invitación sarcástica a los paramilitares para que digan si tuvieron nexos con él. Entre los funcionarios investigados se encuentran Jorge Aurelio Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador encargado en Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de políticos y empresarios relacionados a un entorno paramilitar. Jorge Noguera, también amigo muy cercano a Uribe, trabajo activamente en su campaña política, luego ocupo el cargo de Director del DAS, y salió por ser acusado de favorecer a grupos de autodefensa paramilitares y a peces gordos del narcotráfico a quienes se brindaba protección en combinación con la DEA, así lo denuncio el ex jefe de informática del DAS Rafael García. Otro escándalo es el relacionado a José Obdulio Gaviria, miembro del equipo de trabajo del entorno cercano de Uribe, consejero y hombre de confianza, pero que resultaba ser, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Cargos por Caso falsos Positivos En 2008 estalló uno de los mayores escándalos del gobierno de la administración Uribe Vélez que lo podrían llevar directamente a cumplir cadena perpetua en base a una dictamen de la CPI, el caso de los denominados Falsos Positivos, o ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas de Uribe y su gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este caso, se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar así resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Los detenidos era maniatados, fusilados, descuartizados salvajemente y luego enterrados en fosas comunes. Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de las FFMM, implicó la renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario Montoya y la destitución de varios oficiales y suboficiales bajo las órdenes de Uribe. Alarmantes cifras muestran más de 10.000 víctimas de tales crímenes, catalogados como de lesa humanidad y han encendido las alarmas en organismos internacionales y de derechos humanos. La CPI ha manifestado, de manera reciente, que hay suficiente base para afirmar que se trató de una política de estado (terrorismo de estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es investigado por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre el que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos aún están bajo investigación sin prosperar nada claro debido a las fuertes presiones del poder paramilitar y el narcotráfico sobre la justicia colombiana. Y se multiplican las denuncias en contra de Uribe por las acciones criminales realizadas contra los grupos sociales más pobres y por el número de muertos. La situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados operacionales de la estrategia Uribe Vélez. En septiembre 2015, bajo una orden internacional de la CIDH, la Fiscalía colombiana continúa avanzando en las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, también denominadas ‘falsos positivos’, durante el régimen de Uribe. De hecho, avanza a pasos agigantados, al punto de que este miércoles sorprendió a 22 uniformados del Ejército a quienes capturó por estos hechos criminales, los llamados falsos positivos. Con las órdenes de captura en mano, los fiscales detuvieron a 22 uniformados en Antioquia y Cesar, dentro de las investigaciones que indican que 18 campesinos fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. De los detenidos, ocho irán a juicio y 12 están llamados a indagatoria, dentro de las investigaciones por los hechos en los que fueron presentados 18 campesinos, en Antioquia y Cesar, como presuntos muertos en combate. La directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Katerina Hyeck, reveló que los casos vienen desde el 2004 y entre los llamados a juicio hay dos oficiales de alto rango: el teniente coronel Jair Arias Sánchez, comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento en Bucaramanga, y el teniente coronel (r) William Roberto del Valle, ya detenido y quien tiene una condena en su contra por ‘falsos positivos’. “La investigación se desprende por ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el 2004 en Antioquia, por el asesinato de dos personas, un obrero y un hombre con problemas psiquiátricos”, señaló la fiscal. De acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre del 2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, fueron sorprendidas por guerrilleros de las FARC, en la vereda San Gregorio en Nariño (Antioquia), con un resultado que arrojó dos guerrilleros abatidos, así como la incautación de material de guerra e intendencia. Las personas que los uniformados reportaron como muertos en combate habían sido declaradas desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia). Fueron identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López. En este caso, la Fiscalía a cargo del proceso, además de llamarlos a juicio, envió copias a fin de que sean investigados por fraude procesal y falso testimonio. También están vinculados seis militares más: un capitán, un sargento segundo, un mayor y tres soldados profesionales -uno de ellos retirado. Pero el anuncio de la Fiscalía no se quedó en este caso, fue más allá y ordenaron 14 capturas con fines de indagatoria en contra de miembros de la fuerza pública y dos civiles. La medida se tomó en medio del caso del homicidio de 16 personas que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos registrados en el Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con sede en La Jagua de Ibirico (Cesar). Dicho proceso se inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro del batallón para contactar a los particulares que se encargarían del reclutamiento de las víctimas. Luego se organizó el pago de las recompensas y la presentación de esas muertes en supuestos combates durante el desarrollo de aparentes operaciones militares emitidas por la comandancia de esa unidad militar. Lo que sí está claro es el involucramiento y vinculación de los más altos niveles del gobierno de Uribe Vélez en los crímenes incluyendo a quien fuera su ministro de defensa Juan Manuel Santos quienes no pueden negar que coordinaban y ordenaban las operaciones de asesinatos. Caso Convivir Para nadie es ya un secreto que el mismo Uribe creo, promocionó y defendió las CONVIVIR, como los supuestos actores de seguridad privada, esto permitió luego su consolidación como grupos paramilitares legalizados. Dada su relación con el Estado en éste caso Uribe, es quien asume la responsabilidad de los actos realizados por las agencias de seguridad privadas según la (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Es una desconcertante la fallida desmovilización de los Paramilitares, que conllevaron a la creación de las BACRIM, dado que sus actores siguieron delinquiendo. Y la también falsa desmovilización de algunos, el caso de los supuestos 62 ex paramilitares de los que en verdad la gran mayoría recibió dinero para fingir ser paramilitares. Uribe fue acusado con apoyo de documentación, en un debate en el Congreso de Colombia por el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, donde se lo acusa a Uribe de ser uno de los principales promotores del paramilitarismo en Colombia debido a su apoyo decisivo a las fuerzas de seguridad paralelas CONVIVIR, que al final resultaron ser fuerzas paramilitares al servicio y para protección del narcotráfico, todos legalizados por Uribe. Según Petro, en la finca ‘Las Guacharacas’, de propiedad del Presidente Álvaro Uribe, llegó la CONVIVIR Cóndor dirigida por Juan Villegas Uribe quien tenía contacto permanente con alias ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar de la zona. Petro afirmó que en esa finca se ejecutaron asesinatos de varios campesinos y se los sepulto en fosas comunes. Bueno, papus, lo dejo acá porque taringa no agunta nada de texto xd Pero la lista sigue y sigue. RESUMEN LVL 5: URIBE ES UN HIJUEPUTA!

Loco, desde hace rato estoy esperando a que taringa ponga la v7 para irme a la reverenda mierda, ya no se puede ser virgo en paz, ahora que haré con mi vida? Quizás ponerla y ser un normie mas Uwu ya veremos que pasa xd. En fin, solo quiero hacer bardo con este humilde post --Teniendo en cuenta que esta semana celebramos otro 20 de julio, es pertinente escribir un texto acerca de la historia del país que vio nacer a la mayoría de las personas que a esta hora dirigen su mirada a un dispositivo electrónico y leen estas líneas. Personas que, seguramente, han sido víctimas en algún momento de sus vidas de los delitos que cometieron, cometen y cometerán algunos sujetos que nombro a continuación. Colombia, como he dicho siempre, no se independizó hace poco más de dos siglos. Solamente se convirtió en una empresita privada conformada por millones de trabajadores, y gobernada por unas pocas familias que, cada tanto, rotan el puesto más importante que existe y al que aspiran todos los “honorables doctores” colombianos: el de presidente. Y es que cómo no van a querer todos ese puesto, si, sin necesidad de robar, un presidente se mete al bolsillo anualmente un total de 216 millones de pesos. Una suma que la mayoría de colombianos no se ganan ni juntando los salarios de tres vidas. En las cunas de esos clanes es donde han dormido varios niños que, años más tarde, y ya transformados en adultos, pusieron su granito de arena para convertir a Colombia en un país cada minuto más indecente, ignorante, asesino, miserable, excluyente y desgraciado. Algo que, por supuesto, sabemos todos; no les estoy contando nada nuevo. La historia no se puede borrar, más allá de que a los colombianos no les interese conocerla. O bueno, al menos esta parte de la historia. No podemos olvidar que al colombiano promedio, como también sabemos todos, le importa más la historia de su club favorito de fútbol y no la del país que los emociona tanto cuando suena el himno nacional que escribió Rafael Núñez hacia fines del siglo XIX. Una de las dinastías que más daño le ha hecho a Colombia es la de los Ospina, que ha tenido en el puesto más importante de la política colombiana a 3 de los miembros de su familia. El primero de ellos, Mariano Ospina Rodríguez, fue el fundador de uno de los carteles más peligrosos que ha conocido la historia de Colombia: el Partido Conservador; el segundo fue su hijo, Pedro Nel, un politiquero que se dedicó a crear ministerios a diestra y siniestra para darle trabajo a sus amiguitos; y el último de ellos fue el nieto de Mariano y sobrino de Pedro Nel, Luis Mariano Ospina Pérez, al que los colombianos borrachos no le perdonaron jamás que haya prohibido la venta de chicha, aduciendo que era una bebida que embrutecía a las masas. ¡Cómo lo íbamos a perdonar, si en Colombia tenemos que vivir borrachos o locos para no suicidarnos! Pero esta no fue la única dinastía que hizo añicos al Colombia, por supuesto. Es imposible olvidar a los López que, llevando al poder a Alfonso padre e hijo, se convirtieron en una de las familias más poderosas del país. Algo similar a lo ocurrido con los Lleras que tuvieron al mando del barco llamado Colombia a dos de sus miembros más “honorables”: Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo. Los Mosquera, por su parte, también se dieron el gustico de tener en la magistratura más importante del Estado a dos de su clan: Tomás Cipriano y Joaquín. Pero las familias que, indudablemente, más miseria y muertos le han dado a Colombia son las de los Pastrana y los Santos. Misael Pastrana fue la persona que creó, durante su mandato presidencial que comprendió el periodo de 1970-1974, el UPAC. Y su hijo, el desgraciado de Andrés, fue el miserable que les regaló con un moño azul el país a los criminales de la guerrilla de las Farc. Eduardo Santos es, probablemente, uno de los tres politiqueros más grandes de la historia de un país en el que todavía le gente cree en el voto, más allá de que es una utopía pensar que existe un solo candidato decente para asumir el cargo de presidente cada cuatro años. Fue tan politiquero el tunjano que, luego de haber sido presidente, ayudó a formar el Frente Nacional, ese trueque perverso y vulgar de poder que existió en Colombia en el siglo XX. Y de Juan Manuel Santos, sobrino-nieto de Eduardo, creo que sobra hablar. Y eso que a Juan Manuel le quedan todavía por delante tres años más de mandato, para que siga sembrando miseria e inundando de sangre a toda Colombia. En definitiva, y aunque algunos de ustedes hayan pensado que en este texto iban a aparecer apellidos como los Castaño, Rodríguez Orejuela, Rodríguez Gacha, Ochoa o Uribe, estas son las familias que han convertido a Colombia en lo que es hoy en día. Un país que les cierra la puerta a sus ciudadanos, los mata, los explota, los expulsa y los atraca. Y lo más desalentador del caso es que, claramente, en unos años la presidencia la va a tener el señor Germán Vargas Lleras. RESUMEN LVL 5: LAS FAMILIAS; URIBE, SANTOS, CHAR, OSPINA, LLERAS, SON LAS MISMAS QUE SIEMPRE GOBIERNAS, Y LAS QUE MAS FLASHEAN DE DEMOCRACIA, PERO SE PERPETUAN EN EL PODER MEDIANTE LOS PRIMOGENITOS Y ASÍ HASTA EL FINAL DE NUESTROS TIEMPOS, POR ESO COLOMBIA ES UN PAÍS QUE ESTA EN EL ULTIMO PELDAÑO DEL TERCERMUNDISMO, S2

"Si al sicario o al ladrón le gusta la sangre, hay que ponerlo a sangrar; si le gusta el dolor, hay que infligírselo, y si le gusta la muerte... sencillo" Pero que es linchar? El diccionario lo define como: "Golpear violentamente, como castigo, a un presunto criminal que todavía no ha sido juzgado por un tribunal de justicia." “A nivel de opinión, la gente está cansada que no haya respuestas, de no tener una solución. Se produce una reacción emocional violenta frente a esto”, indicó la profesional. Remarcó que hubo casos de personas que fueron salvadas de ser linchadas, pero que no han recibido ninguna condena por parte de la justicia, incluso teniendo antecedentes policiales. Sostuvo además que a los presuntos delincuentes reciben “premios” en vez de tener sentencias judiciales. De todas maneras, criticó la falta de reincersión social: “No hay reincersión y el sistema carcelario tampoco ofrece la posibilidad de demostrar que han cambiado la conducta, como aprender oficios o valores morales y éticos” puntualizó. Yo se que vendrán personas a decirme que los linchamientos son anti humanos que también tienen derechos y blablablablabla, Pero cuando ese ladrón o violador al cometer su delito le respeto sus derechos a la victima? Te parece justo que a una persona de bien, trabajadora, cabeza de familia, lo maten por un celular, que al fin y al cabo no vale nada? O que al cabo de un mínimo tiempo lo suelten y este de nuevo en las calles? "nooo pero es que ellos también sienten hambre y son victimas de la sociedad" Nosotros también sentimos hambre eh impotencia, todos absolutamente todos hemos pasado necesidades, la vida es dura, pero no por eso salimos a matar y a robar todo lo que vemos. Pero puedes que no sientas esa impotencia tal vez nunca te hayan atracado o robado como a mi, y muchos de mis familiares o conocidos o los tuyos. Acá dejo un poco de justicia social: link: https://www.youtube.com/watch?v=LHIMy2426xo link: https://www.youtube.com/watch?v=JIwb2heW_TM link: https://www.youtube.com/watch?v=7qRTR5TG5PI link: https://www.youtube.com/watch?v=wMwZVp-tSvM link: https://www.youtube.com/watch?v=uvbUl8hKY3Q link: https://www.youtube.com/watch?v=69L6K-TVcls

De los enormes avances en las técnicas y los materiales de construcción han resultado realidades como la que pueden observar en la imagen. Se trata de la increíble evolución que ha sufrido a ciudad china de Shanghai (la más poblada del país con 23 millones de habitantes) entre el año 1990 (imagen de arriba) y el 2010 (imagen de abajo). Es impresionante cómo una ciudad puede cambiar tantísimo en tan poco tiempo (no más de 20 años); descubran esta y otras evoluciones aquí. Dubai, Emiratos Árabes Unidos (1991 – 2012) Tokio, Japón (1945 – 2011) Seúl, Corea del Sur (1961 – 2013) Kuala Lumpur, Malasia (1992 – 2014) Shanghai, China (1990 – 2010) Atenas, Grecia (1860 – 2014) Singapur (1996 – 2011) Benidorm, España (1960-2014) Yakarta, Indonesia. (1960 – 2010) Melbourne, Australia (1920 – 2011) Long Beach, EE.UU. (1953 – 2009) París, Francia (1900 – 2014) Hong Kong, China (1928 – 2014) Fortaleza, Brasil (1975 – 2011) Shenzhen, China (1982 – 2010) Toronto, Canada. (1930 – 2013) Nueva York, EE.UU (1876 - 2013) Bangkok, Tailandia (1988 – 2007)