TyroneTyrano

Revés para el Gobierno: la ONU aclaró que su posición sobre Milagro Sala es "inalterable" Los representantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias mantienen diversas reuniones en el país, pero no está en discusión el reclamo de liberación inmediata, señalaron. Revés para el Gobierno: la ONU aclaró que su posición sobre Milagro Sala es "inalterable" Como si no fuera suficiente con el huracán político que desató el reciente fallo de la Corte que avala la liberación de genocidas, el Gobierno recibió otro revés en el campo de los derechos humanos: la ONU ratificó que su postura sobre la liberación de Milagro Sala es “inalterable”. Los representantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que ya se encuentran en Jujuy, donde se reunirán con el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y autoridades judiciales provinciales, aclararon que la posición del organismo internacional es "inalterable". Lo hicieron en el marco de un encuentro que mantuvieron con los abogados defensores de la dirigente de la Organización Barrial Tupac Amaru, Elizabeth Gómez Alcorta, Paula Álvarez Carreras, Ariel Ruarte y Marcos Aldazábal. La determinación marca otro fracaso de la administración macrista, que en reiteradas ocasiones expresó su deseo de invitar a los funcionarios de la ONU para que conozcan de primera mano la situación procesal de Sala como forma de convencerlos de la postura del gobierno jujeño. En ese sentido, el presidente de dicho grupo, Sétondji Roland Adjov, “hizo saber que el caso de la dirigente jujeña está cerrado y que la opinión del Grupo es inalterable. En ese sentido, dejó en claro que su visita a la Argentina tiene como finalidad realizar un diagnostico general sobre la situación de las detenciones en el país”. El año pasado, emitieron una resolución, la 31/16, en la que calificaron como “arbitraria” las condiciones de detención de Sala y cuestionaron la acumulación de causas con el solo fin de justificar la prisión preventiva de una referente opositora al gobierno de Morales. Entre los planes de los representantes del organismo internacional durante su visita, se prevé que puedan reunirse tanto con el gobiernador Gerardo Morales como con la propia Milagro Sala.

Revés para el Gobierno: la ONU aclaró que su posición sobre Milagro Sala es "inalterable" Los representantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias mantienen diversas reuniones en el país, pero no está en discusión el reclamo de liberación inmediata, señalaron. Revés para el Gobierno: la ONU aclaró que su posición sobre Milagro Sala es "inalterable" Como si no fuera suficiente con el huracán político que desató el reciente fallo de la Corte que avala la liberación de genocidas, el Gobierno recibió otro revés en el campo de los derechos humanos: la ONU ratificó que su postura sobre la liberación de Milagro Sala es “inalterable”. Los representantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que ya se encuentran en Jujuy, donde se reunirán con el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y autoridades judiciales provinciales, aclararon que la posición del organismo internacional es "inalterable". Lo hicieron en el marco de un encuentro que mantuvieron con los abogados defensores de la dirigente de la Organización Barrial Tupac Amaru, Elizabeth Gómez Alcorta, Paula Álvarez Carreras, Ariel Ruarte y Marcos Aldazábal. La determinación marca otro fracaso de la administración macrista, que en reiteradas ocasiones expresó su deseo de invitar a los funcionarios de la ONU para que conozcan de primera mano la situación procesal de Sala como forma de convencerlos de la postura del gobierno jujeño. En ese sentido, el presidente de dicho grupo, Sétondji Roland Adjov, “hizo saber que el caso de la dirigente jujeña está cerrado y que la opinión del Grupo es inalterable. En ese sentido, dejó en claro que su visita a la Argentina tiene como finalidad realizar un diagnostico general sobre la situación de las detenciones en el país”. El año pasado, emitieron una resolución, la 31/16, en la que calificaron como “arbitraria” las condiciones de detención de Sala y cuestionaron la acumulación de causas con el solo fin de justificar la prisión preventiva de una referente opositora al gobierno de Morales. Entre los planes de los representantes del organismo internacional durante su visita, se prevé que puedan reunirse tanto con el gobiernador Gerardo Morales como con la propia Milagro Sala.

Lava Jato: un operador de Odebrecht confirmó las coimas a Gustavo Arribas A un mes de ser sobreseído en la causa Lava Jato, se confirmó la transferencia de dólares por coimas al extitular de la AFi, según lo confirmó el operador brasileño, Leonardo Meirelles. Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos en el megacaso de corrupción Lava Jato en Brasil, declaró este jueves ante la Justicia argentina que fueron diez las coimas que realizó para el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Así lo informó el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, al confirmar que en la declaración via vídeoconferencia con la Justicia , el operador brasileño de Odebrecht confirmó que le realizó transferencias a Gustavo Arribas por U$S 850.000. Meirelles, condenado por el Lava Jato, aseguró que la plata era producto de coimas y así volvió a comprometer a Arribas, quien había sido sobreseído la semana pasada. Además, durante su declaración le preguntaron por Julio De Vido, Ricardo Jaime y otros ex funcionarios kirchneristas y dijo no recordar esos nombres.

Aranguren: “Si no les gustan los aumentos de tarifas voten a otro” El ministro de Energía, Juan José Aranguren expresó que “mi obligación es trasladar a tarifas el costo de la energía” y cuestionó al juez Arias por afirmar que el aumento no es razonable: “¿Quién decide lo que es gradual? Para eso están las elecciones”, dejando en el aire que habrá más aumentos luego de octubre si ganan las elecciones. En un reportaje de Pagina 12, el ministro se refirió al fallo del juez Arias, a la opinión de la Corte y a la difícil situación de las Pymes. –El fallo del juez Arias dice que las subas aplicadas en el sector eléctrico no respetan el criterio de razonabilidad que estableció la Corte el año pasado. –¿Qué es razonable? –El juez dice que el aumento no es razonable. Por eso le pregunto a usted cuál es su opinión. –Cuando hablamos de razonabilidad tenemos que hablar de tiempos. Entre 2003 y 2015, los sueldos en Argentina aumentaron en promedio 1600 por ciento, el tipo de cambio 1500 por ciento, la inflación, aún aquella que considerábamos que no era la real, 1300 por ciento y las tarifas en Edenor y Edesur 200 por ciento, ¿qué es lo razonable? –Tal vez no sea razonable que las empresas recuperen en cuatro años lo que perdieron en 12 años por el congelamiento de tarifas. –Consideramos que sí, que el aumento es razonable porque sino está en riesgo el abastecimiento. Además, no es lo que perdieron las empresas, es lo que perdió la Argentina porque lo que las empresas no recibieron como tarifas lo pagamos con inflación al subsidiar. Si hoy hay un juez que dice que la tarifa no puede aumentar más que el aumento salarial la perdida que hubo en los últimos años no se recupera nunca y todos los argentinos, aún los que no consumen energía, van a estar subsidiando a los que sí consumen. Considero que la Corte ya se expidió y se discutirá en el ámbito de la Justicia si queremos más de lo mismo o resolver el problema. Igual insisto que nuestra obligación es trasladar a tarifas el costo, que es cumplir con la ley. Si alguien mañana cambia la ley 24.065 tendremos que cumplir otra ley. Hoy la ley dice que la tarifa tiene que reflejar el costo económico de producción, y aún dentro del criterio de razonabilidad el juez tiene que acogerse a lo que la ley dice. Si dice que eso no es razonable está incumpliendo con la ley. –Ese argumento se lo plantearon a la Corte y no le dio lugar. –Sí, la Corte dio lugar. Lo único que dijo es que teníamos que realizar la audiencia pública y la hicimos. –La Corte habló de aplicar criterios de razonabilidad. –Correcto. Y aumentamos las tarifas el año pasado y este año y la Corte no dijo nada. Si hubiésemos sido irrazonables la Corte tendría que haber actuado. ¿Qué presentación hizo CEPIS (el centro de estudios que impugnó judicialmente el tarifazo el año pasado)? Debo asumir que el aumento fue razonable. El juez Arias ahora decidió decirle a la Provincia de Buenos Aires que el aumento no es razonable. Los jueces también fallan políticamente. –¿Por qué cree que es un fallo político? –Porque estar decidiendo hoy que se deben subir las tarifas tomando en cuenta el aumento salarial y no haber aplicado ese criterio durante los últimos doce años significa que nunca vamos a solucionar el problema. –Las tarifas podrían subir, pero más gradualmente –¿Quién decide lo que es gradual? Para eso están las elecciones. Para que si el criterio arbitrario de esta administración no es el correcto venga otra administración y lo haga mejor. La semana pasada el gobierno prorrogó hasta 2019 un subsidio para unas 800 grandes empresas electrointensivas y además creó un nuevo segmento de “ultraelectrointensivos” que pagarán apenas un cuarto del costo real de la energía, beneficio destinado exclusivamente a Aluar, Ferroglobe y Electrometalúrgica Andina (EMA). –Las pymes se quejan de que el Estado subsidia a las grandes firmas mientras ellas no pueden pagar la factura –le preguntó este diario. –No es mi área de incumbencia discriminar entre empresas, es una tarea del Ministerio de Producción, pero no le voy a eludir la respuesta: Las pymes tienen otros beneficios que no tienen las grandes empresas. Por ejemplo, una ley particular que les acerca financiación especial. Cuando comparamos tenemos que comparar todo.

La salvaje frase de la Mona Jiménez sobre la hija de Nicolás Maduro El cuartetero quiso criticar al gobierno venezolano, y lanzó un comentario que roza la apología al abuso de las mujeres. La situación que vive Venezuela es sumamente preocupante. En pleno show, Carlos La Mona Jiménez quiso criticar al gobierno de Nicolás Maduro, y terminó haciendo un comentario totalmente salvaje: “Le vamos a coger a la hija” “Para la gente de Venezuela que nos visita y por primera vez está bailando cuarteto“, dijo el cantante durante un recital que dio en la localidad de Sargento Cabral, en Córdoba, ante la presencia de gente de Venezuela. Envalentonado, el cuartetero fue con todo contra el presidente venezolano, y terminó expresando la polémica frase: “Mandale un beso a todos, y que se vaya a la mierda Maduro, rápido, urgente porque si no voy a ir para allá y le voy a cortar… No, le vamos a coger a la hija”.

La líder de la organización Tupac Amaru fue trasladada al ministerio público de la acusación para notificarse de la novedad; se trata de dos denuncias en las que los denunciantes no pudieron probar que la dirigente haya sido quien promovió el amedrentamiento en su contra. Milagro Sala fue citada nuevamente al juzgado de Control, donde se dirigió y estuvo un breve lapso y le comunicaron el sobreseimiento en dos de las tres causas donde se la acusa de instigación a cometer el delito de amenazas. El abogado de la líder tupaquera, Luis Paz, confirmó que la citación a Milagro era para notificarle el sobreseimiento en dos de las tres causas que tiene por instigación a cometer el delito de amenazas, por falta de pruebas. Sala había sido acusada el año pasado de haber supuestamente inducido a cometer amenazas desde el penal de Alto Comedero. La notificación fue por parte del Juez Gastón Mercau. La causa que quedó en pie por el momento es la que denunció Natalia Bazán, la misma continúa con pedido de elevación a juicio. Fuente: http://www.jujuyalmomento.com/post/68437/sobreseyeron-a-milagro-sala-en-dos-causas-.htm

La construcción mediática sobre los cargos contra el ex ministro Julio De Vido Río Turbio y el modelo de país La andanada oficialista buscó instalar que en las inversiones en el yacimiento carbonífero hubo corrupción, pero en realidad se cuestiona que se contratara una universidad nacional como asesora y no una consultora privada. La decisión del juez de no pedir desafueros y ni siquiera llamar a una indagatoria. En su comunicado del viernes, el juez federal Luis Rodríguez señaló que en el dictamen del fiscal Carlos Stornelli no hay elementos ni para detener a los imputados ni para pedir el desafuero de Julio De Vido y ni siquiera “un estado de sospecha” que justifique llamar a prestar indagatoria. El escrito de denuncia de Stornelli fue difundido por los grandes medios como si fuera una gigantesca acusación sobre el desarrollo de la mina de carbón de Río Turbio en los que se habrían perdido o desviado o malversado 26.000 millones de pesos. En realidad no se cuestiona nada de eso sino la firma de convenios entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Santa Cruz (UTN-FRSC). O sea, convenidos del Estado con una universidad que es también del Estado. En el texto no hay mención de coimas, sobornos, facturas truchas o que alguien se haya llevado dinero. Y el delito que se imputa es el de administración fraudulenta. No hay asociación ilícita ni jefe de una asociación ilícita. El caso plantea una serie de preguntas. La mina de carbón, que tiene reservas para unos 400 años, estaba totalmente paralizada después de la crisis de 2001 y tras la privatización que la dejó en manos del empresario Sergio Taselli. El proyecto original venía de la época de Perón pero nunca terminó de despegar y, para colmo, en 2004 se produjo un accidente en el cual perdieron la vida 14 mineros. El kirchnerismo puso en marcha un plan para cuadriplicar la producción –de un único frente largo de mina, obsoleto, pasar a cuatro de tecnología de seguridad moderna–, construir dos usinas para producir 240 Megavatios, sumar esa energía al interconectado nacional y renovar el tren para llevar el carbón al puerto. Desde el punto de vista político-estratégico era consolidar el empleo en una ciudad en medio de la nada, a 300 kilómetros de Río Gallegos. La población pasó de 4000 a 25000, todos vinculados directa o indirectamente con la mina. - ¿Se acusa a los funcionarios por sobreprecios en el proyecto global de Río Turbio? Hubo una acusación por sobreprecios contra De Vido y buena parte de los funcionarios del Ministerio de Planificación. La causa fue instruida por el juez Claudio Bonadio, quien sobreseyó a De Vido dos veces, la última vez a fines de mayo, hace menos de un mes y medio. Este segundo sobreseimiento fue avalado por el fiscal Guillermo Marijuán, quien no apeló. De manera que dos protagonistas de la justicia, muy poco amistosos con el kirchnerismo, dijeron que no hubo sobreprecios. Lo curioso es que quien sí apeló fue el Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA) Sergio Rodríguez, al que supuestamente le adjudican relaciones con el kirchnerismo y con la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sobre un proyecto en el que se invirtieron unos 26000 millones de pesos no hay cuestionamientos ni acusaciones de coimas o maniobras de ese estilo. - ¿En qué consiste la causa judicial en la que Stornelli pidió 23 detenciones? No se cuestiona nada referido a la totalidad del proyecto, sino a los convenios tecnológicos firmados entre YCRT y la UTN sede Río Gallegos. Desde 2008 los convenios totalizaron 265 millones de pesos. En esencia, la UTN hacía de consultora en todos los terrenos. Por ejemplo, hizo los estudios ambientales, analizó los materiales, puso a disposición de YCRT todo su aparato administrativo, profesional e intelectual para el desarrollo de distintos proyectos: un tren turístico de 22 kilómetros, un plan de tratamiento de cenizas, un sistema de aprovisionamiento de caliza, una adaptación de las cintas transportadoras, cañerías de agua, el desarrollo de proveedores locales que habían desaparecido por el cierre de la mina. Uno de los objetivos era orientar las contrataciones a empresas nacionales lo que llevó, por ejemplo, a que parte de una especie de parantes neumáticos que hay dentro de la mina fueran producidos por Fabricaciones Militares. Stornelli sostiene que los convenios con la universidad fueron una forma de evitar controles y que, en materia de compras y adjudicaciones, la UTN se quedaba con un diez por ciento como gastos administrativos. La universidad, en Santa Cruz y en el resto del país, utilizaba la Fundación Facultad Regional Santa Cruz para hacer trabajos que no fueran puramente educativos como los del convenio. O sea, la UTN-FRSC se dedica a formar los ingenieros y la Fundación a los trabajos de asesoría, consultoría, estudios de ingeniería o ambientales. Stornelli cuestiona que entre la Universidad y la Fundación se quedaban con un 20 por ciento en comisiones. Está claro que ese dinero quedaba dentro de la universidad. Ni en la causa judicial ni en el dictamen de Stornelli hay una pericia ni un estudio que señale que los convenios hayan sido por valores superiores a los de una consultora privada y menos que los precios que abonó la Fundación, en los casos de adquisición de bienes, hayan tenido sobreprecios. El kirchnerismo señala que las compras se hicieron a valores de mercado o más bajos. El fiscal se basa en informes de la SIGEN, que objetan cuestiones de procedimiento. Además, hay una auditoría hecha por el macrismo que menciona que se esquivaron los procedimientos de la administración del Estado. Stornelli menciona, por ejemplo, que en compras en dólares se redondeó el valor de la divisa de 8.50 a 10 pesos y algunos excesos respecto de los valores presupuestados. La lógica indica que lo que corresponde es hacer una pericia, con presencia de peritos de parte, y no basarse únicamente en un estudio del macrismo. Un dato de máxima importancia es que tras la asunción de la nueva intervención del macrismo, el 18 de febrero de 2016, el nuevo interventor pidió al Ministerio de Hacienda los fondos para continuar con los convenios con la UTN: el propio macrismo avalaba los acuerdos. Dos meses más tarde desistieron de ese pedido porque la decisión política era parar la obra y las inversiones. - ¿Qué sucedió con el tren? En estos días se intentó crear una confusión. Hay dos trenes. La línea de casi 300 kilómetros entre Río Turbio y el puerto estaba terminada y el objetivo era no llevar el carbón a Río Gallegos sino a Punta Loyola, puerto de aguas profundas. De esa manera se podría cargar en buques grandes. Además había un segundo proyecto un tren turístico de apenas 22 kilómetros entre Gallegos y la estancia Kilik-Aike. Es una especie de Tren de la Costa de la zona, con locomotoras antiguas a vapor y vagones de madera. Stornelli objeta lo hecho en este último tren, el turístico, porque señala que el dinero debió usarse para el complejo minero y también cuestiona que fue parte de los convenios con la UTN. El kirchnerismo alega que no sólo se recompuso todo el ramal ferroviario de 300 kilómetros, sino que se armó un taller de mantenimiento que también dió trabajo en la zona. - ¿Quién maneja hoy Río Turbio? El interventor designado por el nuevo gobierno es Omar Zeidín, un radical alineado en Santa Cruz con el diputado Eduardo Costa, enemigo histórico de los Kirchner. Zeidín integró el Concejo Deliberante de Río Turbio en los años de kirchnerismo y nunca se opuso a los proyectos, convenios y presupuestos que, en todos los casos, debieron ser aprobados por el Concejo. Entre ellos el que proponía la ejecución del Tren Turístico. Es que gran parte de la administración de todo el proyecto corrió por cuenta del municipio. La mecánica siempre fue la aprobación de los presupuestos por el Congreso, gestión a cargo del municipio y YCRT. Por eso nunca se encontrará una firma de De Vido en los convenios con UTN. El ex ministro ni siquiera conoce a los funcionarios de la universidad. Pese a que las cosas pasaron por el Consejo, Zeidín es el denunciante. Del otro lado, el intendente de Río Turbio es quien fuera interventor en Yacimientos Carboníferos, Atanacio Pérez Osuna, lo que demuestra el respaldo que tuvo en la población su gestión al frente de la mina y el proyecto. La SIGEN, que emitió un dictamen crítico, tenía una oficina permanente dentro del complejo minero durante la anterior gestión. Pasó de no hacer objeciones, avalando los procesos administrativos, a cuestionar los convenios, por motivos de procedimientos, cuando cambió el gobierno. - ¿En que situación está el proyecto del complejo Río Turbio? Como ocurrió con toda la obra pública, el gobierno macrista paralizó el funcionamiento a principios de 2016, argumentando que había que investigar lo hecho. Fue la excusa para no seguir invirtiendo y –según sostienen en el kirchnerismo– para rebobinar todo lo posible y ofrecerle negocios a las empresas y consultoras privadas. Hoy ni la mina ni la usina están en funcionamiento, pero el macrismo dice que todo funcionará en un año. La realidad es que del total del proyecto, la gran parte está terminada o cerca de terminarse. La primera usina, que produce 120 Megavatios, se inauguró en septiembre de 2015 con una turbina Siemens. Esa energía fue inyectada al sistema interconectado nacional porque la conexión también está terminada. La energía producida allí se usó en Salta y Buenos Aires, por ejemplo. Según el kirchnerismo, en la playa había unas 100.000 toneladas de carbón para que la usina funcione como mínimo tres meses. El problema es que los trabajos en la mina estaban demorados y por lo tanto podía haber uno o dos meses de desfase por falta de carbón, algo que suele ocurrir en los proyectos energéticos. Toda la maquinaria está comprada, incluyendo tuneladoras, rozadoras (rozan el carbón y lo hacen caer en las cintas transportadoras) y lo necesario para avanzar en la producción. La segunda usina estaba terminada, según el kirchnerismo, en un 90 por ciento. La segunda turbina, también Siemens, fue probada en 2015, y tenía como fecha máxima de puesta en marcha marzo de 2016. Según el macrismo, a la obra todavía le faltaba un 30 por ciento. En todo caso, el contrato con la empresa constructora, la española Isolux, señalaba que las obras debían estar terminadas en diciembre de 2015. Esa segunda usina produce otros 120 megavatios. - ¿Qué va a hacer el Gobierno con el complejo Río Turbio? Como ocurrió con otras obras públicas paralizadas desde hace un año y medio, el macrismo adelanta que va continuar el proyecto. Es más, los hombres del ministerio de Energía de Juan José Aranguren, sostienen que en pocos meses se podría poner en marcha ya que hay que terminar la segunda usina y concluir las obras que faltan en la mina. Se supone que la cinta transportadora principal (que el kirchnerismo afirma que ya estaba habilitada) podría estar en funcionamiento en pocos meses a partir del momento en que se retome el proyecto y hay que poner en producción los frentes largos, tres terminados, que ya estaban en funcionamiento en 2015, y uno por terminar. Uno de los factores que tiene trabadas las cosas son demandas de Isolux, la empresa española a cargo de la construcción, pero se dice que hay una negociación avanzada. La tecnología es polaca, de última generación. La mina tiene capacidad de producir dos millones de toneladas de carbón por año. En el mundo, el 30 por ciento de la energía proviene del carbón y para la Argentina significa diversificar su matriz energética. Estados Unidos, Alemania, Polonia, por ejemplo, producen energía a partir del carbón. - ¿Hay un costado político en el caso Río Turbio? Hay varias aristas. Por supuesto está el insólito pedido de Stornelli de detener a 23 personas incluso antes de indagarlas, cuando no se habían acreditado ni los delitos ni los riesgos de fuga o de interferir en la investigación. Más insólito todavía es pedir el desafuero de un diputado –De Vido– sin siquiera estar procesado. La jugada de Stornelli recibió el rápido acompañamiento mediático y político del oficialismo, incluyendo del propio Macri. Todos los convirtieron en un gran lema de campaña electoral. Pero además hay otras dos políticas en debate. Por un lado, el uso de universidades públicas y no de consultoras privadas para los estudios ambientales y de ingeniería. De esa manera, el dinero queda en el Estado y en beneficio de universidades públicas. Esto con el neoliberalismo no encaja: su ideología consiste en favorecer negocios y reducir al máximo el papel del Estado. En este caso el Estado es la UTN. Por supuesto los presupuestos no pueden ser exorbitantes, pero en este caso ni siquiera está esa acusación. En segundo lugar, porque el proyecto de Río Turbio tiene también el contenido de viabilizar el desarrollo de una ciudad patagónica, específicamente de Santa Cruz, ubicada en una geografía hostil. Basta ver la fotografía de las usinas para percibir que están rodeadas de piedra y mas piedra. Nuevamente se pone sobre el tapete si la evaluación de proyectos es sólo económica–empresaria, del estilo de si dá o no dá ganancias. O si juegan un papel relevante en las decisiones los temas de empleo, diversificación energética y desarrollo de zonas críticas. En este caso, y como ocurrió con buena parte de la obra pública, el macrismo tiene decidido continuar lo hecho.

Crisis terminal: el macrismo reconoce que se multiplicaron las personas en la calle Aunque el Gobierno busque centrar su campaña en las promesas de u futuro cada vez más lejano, los datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muestran un crecimiento importante de las personas en calle. Según los datos comparativos se disparó un 23,1%. A partir de un censo realizado por el propio Gobierno de la Ciudad reconocieron que se disparó las personas que se encuentran viviendo en la calle. Según los datos de abril del año pasado, en comparación con el último abril, la diferencia es de un crecimiento del 23,1%. Así lo reconoció el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad, Maximiliano Corach, por AM 750. La situación surge a partir de la crisis económica que enfrentan los sectores más vulnerados de la sociedad y que en muchos casos se vieron impedidos de enfrentar un alquiler o poder acceder a uno. Resta preguntarse qué es lo que sucede en distintos sectores del conurbano y otras provincias, si este es el contexto en la localidad más rico del país.

Buscan a Bryanna en una fábrica abandonada de General Paz y Crovara "Soy Bryanna, ayudenmé", le dijo la chica a un policía, en una casa de comidas rápida de la avenida Rivadavía. Está en el Hospital Piñeyro. NOTICIA EN DESARROLLO

Paradise Papers: los paraísos fiscales de los ultrarricos al descubierto Las filtraciones muestran que al menos £10 millones (aproximadamente US$13 millones) del dinero privado de la reina Isabel II fueron invertidos offshore. Una inmensa nueva filtración de documentos financieros ha dejado al descubierto como los ultrarricos, incluyendo el patrimonio privado de la reina Isabel II, secretamente invierten vastas cantidades de dinero en centros financieros offshore, los popularmente llamados "paraísos fiscales". El secretario de comercio de Donald Trump aparece como accionista de una firma que hace negocios con rusos sancionados por Estados Unidos. La filtración, bautizada como los Paradise Papers, contiene 13,4 millones de documentos, en su mayoría de una de las principales firmas de finanzas offshore. ¿Cómo y cuándo se inventaron los paraísos fiscales? El programa de la BBC Panorama es parte de un grupo de casi 100 medios de comunicación que está investigando los documentos. Como sucedió con los Panamá Papers el año pasado, los documentos filtrados fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), para que supervisara la investigación. El legado de los Panamá Papers: ¿qué pasó después de la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia? Las revelaciones de este domingo son solo una pequeña parte de una semana de publicaciones que expondrán los arreglos fiscales y financieros de cientos de las personas y compañías mencionadas en los documentos, algunas con fuertes conexiones con Reino Unido. Muchas de las historias se enfocan en cómo políticos, multinacionales, celebridades e individuos con mucho dinero usan complejas estructuras como fideicomisos, fundaciones y empresas fantasma para proteger su dinero de los funcionarios fiscales o esconder sus negocios detrás de un velo de secretismo. 4 grandes obstáculos que impiden la eliminación de los paraísos fiscales La gran mayoría de los involucrados en las transacciones niegan haber cometido alguna ilegalidad. Entre las historias publicadas este domingo también están: Un asesor clave del primer ministro de Canadá ha sido vinculado a esquemas offshore que pueden haberle costado al país millones de dólares en impuestos, lo que amenaza con avergonzar a Justin Trudeau, quien ha hecho campaña a favor del cierre de paraísos fiscales. Lord Ashcroft, un ex vicedirector e importante donante del Partido Conservador británico, puede haber ignorado las reglas sobre el manejo de sus inversiones offshore. Otro periódicos sugieren que retuvo el estatus de "no domiciliado" cuando pertenecía a la Cámara de los Lores, a pesar de reportes que indicaban se había convertido en residente permanente en Reino Unido para fines fiscales. Cómo se plantearon dudas acerca del financiamiento de un importante accionista del equipo de fútbol inglés Everton FC. Es posible que otros medios asociados cubran diferentes historias que afectan a sus regiones. ¿Cómo está involucrada la reina Isabel II? Los Paradise Papers muestran que aproximadamente £10 millones (US$13 millones) del dinero privado de la Reina fueron invertidos en paraísos fiscales. El dinero fue invertido en fondos en las Islas Caimán y Bermuda por el Ducado de Lancaster, que le proporciona un ingreso a la monarca y maneja inversiones de su patrimonio privado de £500 millones (más de US$650 millones). No hay nada ilegal en las inversiones y ninguna sugerencia de que la Reina está evadiendo impuestos, pero se pueden plantear preguntas sobre por qué la monarca está invirtiendo en fondos offshore. Hubo pequeñas inversiones en el negocio de "renta para alquilar" BrightHouse, que ha sido acusado de explotar a los más pobres, y la cadena de venta de bebidas alcohólicas Treshers, que luego quebró debiendo £17,5 millones (unos US$23 millones) en impuestos y causando la pérdida de casi 6.000 puestos de trabajo. El patrimonio privado de la Reina tenía una pequeña inversión en la cadena BrightHouse. El Ducado dijo que no estuvo involucrado en las decisiones tomadas por los fondos y no hay nada que indique que la Reina tenía algún conocimiento de las inversiones específicas hechas en su nombre. En el pasado, el Ducado ha dicho que le da "consideración continua a cualquiera de sus actos u omisiones que pudieran afectar negativamente la reputación" de la monarca, de la que se dice sigue con "bastante interés" las operaciones de su patrimonio. ¿Vergüenza para Trump y Ross? Wilbur Ross ayudó a que Donald Trump evitara la bancarrota en la década de 1990 y fue recompensado con el puesto de secretario de Comercio en el gobierno de Donald Trump. Los documentos revelan que Ross conservó intereses en una compañía que gana anualmente millones de dólares transportando petróleo y gas para una empresa rusa que cuenta entre sus inversionistas al supuesto yerno de Vladimir Putin y dos hombres sujetos a sanciones por parte de EE.UU. El señalamiento volverá a plantear preguntas acerca de la conexión rusa del equipo de Donald Trump. Su presidencia ha estado marcada por alegaciones de que los rusos coludieron para afectar el resultado de las elecciones estadounidenses del año pasado. El mandatario ha calificado las alegaciones de "noticias falsas". ¿De dónde viene la filtración? La mayor parte de la información proviene de una compañía llamada Appleby, una firma basada en Bermuda y ubicada en el pináculo de la industria offshore,que proporciona servicios legales a clientes interesados en establecerse en jurisdicciones extraterritoriales con tasas fiscales bajas o nulas. Sus documentos, y otros provenientes en su mayoría de registros corporativos en jurisdicciones del Caribe, fueron obtenidos por el Süddeutsche Zeitung. El periódico no ha revelado su fuente. Los miembros del consorcio que participan en la investigación sostienen que la misma es de interés público porque las filtraciones del mundo del offshore a menudo han expuesto ilegalidades, En respuesta a las filtraciones, Appleby respondió estar "satisfecha de que no había evidencia de ninguna ilegalidad" ni de su parte ni de sus clientes. Y agregó: "No toleramos comportamiento ilegal". ¿Qué es exactamente las finanzas 'offshore'? El financiamiento offshore básicamente se trata de canalizar dinero, activos o ganancias a un lugar fuera de las regulaciones del propio país al que empresas e individuos para beneficiarse de menores impuestos. Estas jurisdicciones son conocidas comúnmente como paraísos fiscales y en la industria como centros financieros offshore (OFC, por sus siglas en inglés). Generalmente son pequeñas islas, estables, discretas y confiables, pero no siempre es el caso, y la rigurosidad de sus controles para evitar ilegalidades puede variar. Reino Unido es un importante actor del sector, en parte porque muchos de sus territorios de ultramar y dependencias de la Corona son OFC, pero también porque muchos de los abogados, contables y banqueros que trabajan en la industria offshore están en la City, en Londres. También se trata de los megarricos. Brooke Harrington, autor de "Capital sin fronteras: administradores de riqueza y el uno por ciento", dice que la finanza offshore no es para el 1% sino para el 0,001% de la población. Activos por el orden de los US$500.000 simplemente no cubrirían los gastos necesarios para participar en estos esquemas, afirma. ¿Qué impacto tienen sobre nosotros y por qué nos debería importar? Lo primero, es que es mucho dinero. El Boston Consulting Group dice que US$10 billones están guardados en centros offshoreEsto equivale aproximadamente al producto interno bruto combinado de Reino Unido, Francia y Japón. Y esa puede ser una estimación conservadora. Los críticos del offshore protestan sobre todo por el secretismo -que abre la puerta a la ilegalidad- y la desigualdad. También afirman que las acciones gubernamentales para combatirlo han sido lentas e inefectivas. Brooke Harrington, por ejemplo, apunta que si los ricos evaden impuestos, los pobres pagan la factura: "Hay una cantidad mínima que los gobiernos necesitan para funcionar y recuperan lo que pierden por culpa de los ricos y las corporaciones quitándonoslo a nosotros", afirma. Meg Hillier, diputado laborista y presidente del Comité de Cuentas Públicas del parlamento británico, le dijo a Panorama: "Necesitamos saber qué ocurre offshore: si el offshore no fuera secreto entonces algo de esto simplemente no ocurriría... Necesitamos transparencia y que el sol brille sobre esto". ¿Cuál es la defensa del 'offshore'? Los centros financieros offshore sostienen que si ellos no existieran no habría límites a los impuestos que los gobiernos podrían cobrar. También afirman que no están sentados sobre montones de efectivo sino que actúan como agentes que bombean dinero alrededor del globo. Bob Richards, quien era ministro de finanzas de Bermuda cuando Panorama lo entrevistó para este reportaje, dijo que no le correspondía a él cobrar los impuestos de otras naciones y que les correspondía a estos países arreglar sus problemas. Tanto él como Howard Quayle, el ministro principal de la Isla de Man, quien también fue entrevistado por Panorama y cuya dependencia de la corona británica juega un papel importante en la filtración, negó que su jurisdicción pudiera siquiera ser considerado un paraíso fiscal por estar bien regulados y cumplir con las reglas internacionales de transparencia financiera. La misma Appleby ha dicho en el pasado que los OFC "protegen a la gente victimizada por el crimen, la corrupción o la persecución al protegerlos de gobiernos venales".