decanetron

Me permito el lujo de contestar a Iñaki Anasagasti De Besteiro es esta frase: “Estamos derrotados por nuestras propias culpas (…) por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos (…) La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique, la representan genuinamente, sea los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada antikomintern”. Besteiro acertaba: los nacionales, con Franco a la cabeza, se habían levantado no contra un régimen legítimo y democrático como usted pretende, sino contra un Frente Popular salido de unas elecciones evidentemente fraudulentas, que destruyó la legalidad republicana y emprendió de inmediato un proceso revolucionario de gran violencia, asesinando a Calvo Sotelo jefe de la oposicion y amenazando de muerte si aceptaba el cargo de mistro a Alcala Zamora. Si usted llama democrático a aquel régimen, formado por stalinistas, marxistas revolucionarios, anarquistas, golpistas como Azaña o Companys y racistas extremos como el PNV, es porque, evidentemente, usted no es un demócrata. Me asombra, además, esa pretensión de legitimidad en su boca, cuando su partido, el PNV, traicionó al Frente Popular vendiéndose a los fascistas italianos, después de colaborar con él y con sus incontables crímenes, incluido el genocidio religioso. Porque lo único bueno que hizo el PNV durante la guerra fueron dos cosas: entregar a Franco las industrias pesadas y de armamentos de Bilbao, y traicionar al Frente Popular en Santoña. Luego, en el exilio, su partido se dedicó a espiar para el FBI a sus incautos “compañeros de armas”. Es que al PNV hay que echarle de comer aparte. Ningún partido del resto de España le ha superado en hipocresía y carácter traicionero, y ya es difícil, porque la competencia es fuerte. Me asombra, además, que usted trate de asesino a Franco y hable de sus víctimas. Su “legítimo” Frente Popular empezó los asesinatos y el terrorismo en plena paz en el 34, y durante la guerra los llevó al máximo. Y no solo contra la derecha, sino entre las propias izquierdas, tal era su afición. Cuando los asesinos de izquierda, abandonados por sus jefes, fueron capturados por lo nacionales, sufrieron el castigo entonces legal. Cierto que, dadas las circunstancias emocionales de la época, cayeron también algunos inocentes. Inocentes a los que ustedes insultan equiparándolos a los criminales, violadores y torturadores: todos “víctimas”. Ahí se retratan ustedes. Y llama asesino a Franco usted, que representa al PNV, cuya colaboración con la ETA, rentabilizando sus asesinatos :ETA zarandea el arbol y el PNV recoje las nueces de Arzallus, es bien notorio. Decía Marx que había alguien más despreciable que el verdugo: su ayudante. Ustedes son los ayudantes de los pistoleros. Frente Popular expolio al patrimonio artístico e histórico español, a los particulares y hasta a los montes de piedad. Con esos tesoros huyeron al exilio dejando en la estacada, sin ninguna previsión de huida, a muchos miles de sus sicarios, asesinos y torturadores de las chekas. A quienes intentan pasar ustedes por “víctimas de los crímenes franquistas”. Todo ello está muy bien documentado por las propias izquierdas, así como sus sórdidas peleas en el exilio por los bienes robados, en las que intervino el PNV, por cierto Estsa son las amenazas que han distorsionado y degenerado al régimen actual: a) El terrorismo y la colaboración con él por parte de todos los antifranquistas a destiempo. b) La corrupción masiva emprendida por aquellos de los “cien años de honradez” y que plaga al país entero, izquierdas y derechas. c) Los separatismos antiespañoles, que tanto han explotado el terrorismo y atacan las libertades en sus regiones. d) El ataque a Montesquieu, es decir, la politización de la justicia y la eliminación de una elemental separación de poderes. Estas cuatro plagas y otras por el estilo vienen de la izquierda y los separatistas, casi siempre juntos. Y todas tienen el sello antifranquista. Se ha creado la absurda idea de que antifranquismo era democracia: es justamente lo contrario. Ustedes han ido ya muy lejos, no cesan de fomentar los odios como hicieron en la república, y están creando una grave crisis política y nacional, además de económica. Su industria es la mentira sistemática, no han aprendido nada de la historia. Espero y deseo que se los lleve de nuevo una catástrofe, de cuya responsabilidad nadie podría eximirles .

El PSOE en el Gobierno es el partido que más renovaciones del concordato ha firmado. No conozco una relación más farisea, a la par que acomplejada, que la de los dirigentes del PSOE con la Iglesia Católica. Su conducta refleja su batiburrillo mental. Son unos acomplejados morales. Cada vez que son oposición se convierten en unos comecuras y cada vez que son Gobierno –los que más años han estado– se comportan como unos meapilas de palio, mantilla negra y recepciones privadas con los Papas. Lo que le gustan a Bono las procesiones. Cómo le sentaba a María Teresa Fernández de la Vega el vestido negro y la mantilla. Qué recogimiento ante el Santo Padre. Menudas delegaciones de PSOE iban al Vaticano a las canonizaciones y beatificaciones. El PSOE en el Gobierno es el partido que más renovaciones del concordato ha firmado. Es el que ha mantenido a la Iglesia en la situación, que dicen privilegiada, de la financiación mediante casilla en la declaración de la renta. Un modelo de financiación que no debe de ser tan privilegiado cuando los partidos políticos y sindicatos (obreros o empresariales), cada vez que se les propone que ellos se financien así, no quieren ni oír hablar del asunto. Cada vez que el PSOE menciona el laicismo desde el Gobierno, lo que hace es fomentar las otras religiones. Pero como ahora están en la oposición, tiran del manual del perfecto rojo y se ponen en modo comecuras. Exigen, ya que que no tienen el poder, que se rompa el concordato con la Santa Sede, que la religión desaparezca totalmente de la enseñanza y que los actos de Estado sean civiles y laicos. Es curioso que reclamen todos estos cambios cuando los que los tienen que ejecutar son los otros. Como el Partido Popular no hará en esta materia nada de lo que pide el PSOE, Rubalcaba y compañía tildarán al Gobierno de estar sometido y doblegado a la Iglesia. Actitud que, analizando la historia reciente de España y la realidad, ha sido la que suelen tener los Gobiernos del PSOE. Lo cierto es que la Iglesia vive mucho mejor con el PSOE en el Gobierno porque mantiene su estatus y la oposición no molesta ni interfiere. Con los problemas que tiene España, qué vulgar y cansino resulta que el PSOE arremeta así contra la Iglesia, ahora que Rouco se va y que en el Vaticano hay un Papa, que es el que probablemente más le gusta a la izquierda, –menuda diarrea mental tienen con la Iglesia– en muchísimos años. Probablemente Rubalcaba y compañía lo que estén buscando es que la Iglesia rece por ellos para que lleguen pronto al Gobierno y así nadie pida en España todas esas cosas que pide el PSOE cuando está en la oposición. Creo que ni con todos los rezos del mundo pueden conseguir que el PSOE vuelva a gobernar mientras mantengan a los Rubalcaba y Valenciano al frente del partido.

El modelo de libertad religiosa parece comúnmente asumido en Europa y compartido por todas las confesiones presentes en ella, así como por todo el espectro político normalizado. ¿Puede decirse que esto es realmente así? Parece que no, pues lo cierto es que, si bien existen puntos de acuerdo y consagrados constitucionalmente, las discrepancias acerca de lo que significa dicho principio y de lo que supone resultan en absoluto una cuestión pacífica. El consenso básico o modelo general en este tema puede ser definido a través de tres caracteres fundamentales: a) neutralidad del Estado respecto de las cuestiones religiosas individuales, de modo que las leyes constitucionales y los tratados y convenciones internacionales garantizan la imparcialidad del poder público y la obligación de respetar la libertad de profesar las creencias religiosas, con la ausencia de discriminación basada en la religión; b) el respeto a la autonomía interna de las confesiones religiosas; y c) la presencia de normas legales que establecen límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa en sus manifestaciones colectivas por razones de orden público, de moralidad, de salud o, en fin, de protección de los derechos y libertades de los demás. Este acuerdo básico está siendo cuestionado en su contenido concreto por los gobiernos a partir del fenómeno masivo de la inmigración en Europa y el incremento de las comunidades religiosas no cristianas. Así, en el Estado más beligerante en esta cuestión, el francés, la ley sobre la laicidad y utilización de signos religiosos en los centros públicos, de 15 de marzo de 2004, subraya que, por respeto a la libertad de conciencia y al carácter propio de los establecimientos privados bajo contrato, se prohíben en las escuelas, colegios y liceos los signos que manifiestan una pertenencia religiosa o política. En este punto es necesario considerar si un principio como el de la libertad religiosa puede ser interpretado restrictivamente, considerando la opción religiosa libre como algo que excluir del espacio público, o bien positivamente, como la no injerencia del Estado en las opciones religiosas de cada individuo. Las diferencias entre los modelos continentales europeos, más restrictivos, y los anglosajones, más abiertos, el español es una cosa de constante debate, se asientan en la diversidad de tradiciones, intervencionista, por un lado, y garantista, por el otro. Pero la confluencia de problemas lleva a que los planteados acerca del uso público y visible de signos religiosos comiencen a ser algo común. Situando en el punto de mira la opción reguladora más beligerante, la francesa, y, por extensión, la eurocontinental, caben dos apreciaciones críticas. La primera sitúa en el centro de mira el diferente énfasis aplicado a los símbolos religiosos femeninos y a los masculinos. El caso más llamativo y, por tanto, el que requiere más atención, es el del velo islámico de las mujeres, cuestionado y situado como paradigma que hay que combatir desde una laicidad convertida ya en religión de estatal al modo francés. El énfasis aplicado a un símbolo religioso femenino parece no corresponderse con el caso de signos externos masculinos del mismo tipo, como la barba, tanto en el islamismo como en el judaísmo. Dicha diferencia de trato señala un defecto en la tutela de las libertades y en la regulación estatal de las mismas. Dado que las mujeres han de seguir siendo protegidas por una normativa estatal frente a los hombres, aparente salvaguarda que no parece más que un mero eufemismo, acabamos aceptando una restricción en sus libertades y una tolerancia asimétrica en la de los hombres. La segunda crítica que debe considerarse es que la cuestión polémica, al igual que sucede en otras libertades conculcadas por los estados, se asienta en la invasión del Estado y de su modelo público a cada vez más amplios círculos sociales. Si progresivamente los derechos de propiedad son menos soberanos y más subsidiarios del "Leviatán", las libertades acerca de su disfrute y de la libertad personal que suponen la creencia religiosa y los hábitos personales serán también menores. Nos hallamos, pues, ante la configuración de un modelo público de sociedad donde, bien la propiedad privada y la "autoposesión" son cada vez más aceptadas, o, como está sucediendo, se incrementa una invasión de lo estatal que, con la justificación de una seguridad convertida en coerción, acaba siendo pura arbitrariedad política, de manera que hasta la discriminación de género en la regulación terminará siendo fatalmente aceptada.

1- Constituian una religion que aseguraba a las personas la gloria en la Tierrra. 2- Representaron una forma de orden politico que, amparada en el determinismo dialectico, obligaba al hombre a ingresar a una sociedad absoluta y no reformable. 3- Representaron y proyectaron un producto unilateral de conciencia sobre la base del monismo materialista, que impedia al hombre escojer uan opcion alternativa. 4- Pusieron de manifiesto la corporiedad de la coercion colectiva, en la que el socialismo ordenaba a cada cual segun el desarrollo inalterable de las condiciones sociales previamente estipuladas por la ideologia y el Partido. 5- Encarnaron la negacion de la conciencia propia del hombre al reducir la existencia humana a una base puramente economica. 6- No cimentaron la libertad, sino la no-libertad, al restringir el desarrollo espiritual de cada individuo, de manera que las actividades del hombre se degradaron a meras funciones colectivas, en las que cada acion humana e individual dependia y era evaluada desde la prespectiva de su contribucion al socialismo. 7- Fueron inhumanos en la medida que negaron el desarrollo del hombre en lo politico y social y plantearon la ideologia del socialimo como objetivo final para el mundo entero. 8- Intentaron imponer a la fuerza su ideologia a toda la humanidad. 9- Fueron sistematicamente intarnsigentes en su intento por representar la verdad absoluta ( que por supuesto solo ellos poseian y solo a ellos el garn Marx les habia revelado) como fin y medio. 10- Fueron grandes pequeños burgueses en su funcion y grandes burgueses en su exigencia ideologica de poder. Para resumir podemos decir que el socialismo real y vigente, bajo la forma del Imperio Sovietico, fracaso despues de 74 años de experimentos, luchas de poder, cambios de direccion, represion, asesinatos masivos, intentos de reforma y expansion universal. El sistema marxista-leninista se derrumbo debido a la inevitable contardiccion entre las metas comunistas utopicas y la realidad vigente alla donde gobernaban. Sus males congenitos, el poder incontrolado y arbitrario de una elite privilegiada, sometimeinto colectivo del hombre, la incapacidad para prévenir y corregir los los problemas industriales y agricolas y la represion de los nacionalismos perifericos puede considerarse como fin del sistema. Para el proximo capitulo la Bio-Ciencia Proletaria de Lysenko, si los comunistas tuvieron su propia ciencia al margen de la real, sin virus sin genes.... seguro que os encanta. Los que lo leais de verdad notareis que no hay ni un acento eso es porque en mi teclado ese boton no va, es la prueba irrefutable de que el contenido es mio XD

Contra la arbitrariedad y los abusos. Cuando un gobierno establecido se permite el empleo de la arbitrariedad, sacrifica el objeto de su existencia a las medidas que toma para conservarla. ¿Por qué se quiere que la autoridad reprima a quienes ataquen nuestras propiedades, nuestra libertad o nuestra vida? Para que esos goces nos estén asegurados. Pero si nuestra fortuna puede ser destruida, nuestra libertad amenazada, nuestra vida perturbada por lo arbitrario, ¿qué ventajas obtenemos de la protección de la autoridad?-Benjamin Constant.- Valgan estas reflexiones del gran filosófo francés para calibrar los ataques que se ciernen contra la libertad en España con este gobierno, entre despótico y pusilámine. En medio de sus omisiones para reducir el gasto de las administraciones públicas y defender cabalmente la legalidad constitucional allí donde algunos apéndices del Estado se rebelan contra ella, cuales células cancerígenas del cuerpo que las ha producido, se muestra especialmente activo para cercenar las garantías de las libertades individuales recogidas en la Contitución de 1978 y aumentar los poderes arbitrarios de los ejecutivos que conforman el Estado. En este momento ya ha publicado la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prosigue los planes inacabados del gobierno de Rodríguez Zapatero de conferir a un Ministerio Fiscal dependiente del gobierno la instrucción penal y limitar sustancialmente la facultad de los particulares de ejercer la acción popular penal reconocida en el artículo 125 de la Constitución. Asimismo, el gobierno ha aprobado recientemente un anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, profundizando en las arbitrariedades de la famosa Ley Corcuera de 1992, que formalmente derogaría. En relación al anteproyecto, comparte con su precedente la misma idea motriz: los individuos son intrínsecamente sospechosos de cometer fechorías, da lo mismo que tengan la enjundia de un delito o de una infracción administrativa. A modo de ejemplo, siguiendo la estela del artículo 20 de la ley anterior que elevó a rango de ley algunas órdenes de policía de la dictadura franquista, los artículos 8, 9 y 16 del anterproyecto no solo imponen a los españoles un documento de identificación desde los catorce años, costeado por ellos mismos, sino también exhibírlo a cualquier policía que considere que "han podido participar en la comisión de una infracción" o que "considere necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de una infracción". En caso de no llevar consigo ese documento, esos policías (del Estado o autonómicos), atendidas unas circunstancias concurrentes sin especificar, podrán detenerlos y llevarlos a una comisaría durante el tiempo que sea necesario para su identificación sin asistencia de abogado. El texto calla sobre la duración máxima de esa detención, pero cabe pensar que los prelegisladores conocen el máximo de 72 horas establecido para poner en libertad a una persona detenida por su presunta participación en un delito. Esto no resulta óbice para que, además, se tipifique como infracción grave, sancionable con una multa de 1.001 a 30.000 euros "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación" (Art. 35.7). Como cierre a todas estas arbitrarias intromisiones en la libertad de un individuo, que se intentan justificar en meras sospechas de haber cometido o estar a punto de cometer una infracción (da lo mismo que sea penal o administrativa), el artículo 16.5 pretende preconfigurar como delito la resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones. De esta manera, quien sea detenido y conducido a dependencias policiales para la identificación, sin la asistencia de un abogado, podrá ver aumentado su suplicio con una denuncia por un delito de este tipo. Dado el inagotable catálogo de infracciones administrativas existentes, que según este texto –y de manera subrepticia la ley actual- habilitarían a la detención de una persona para identificarla, nos encontraremos, en caso de aprobarse, ante el intento más acabado de instaurar un estado policiaco. Llegados a este punto, conviene recordar que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (artículos 490 a 492) que este gobierno tan (pos)moderno quiere enterrar en los anales de la historia, se muestra mucho más respetuosa hacia la libertad de circulación de las personas y solo justifica su detención en caso de que concurran indicios, cuando no flagrancia –y no meras sospechas- de su participación en la comisión de un delito. Se ha pretendido justificar las disposiciones de este anteproyecto relativas a la disolución y sanción administrariva de algaradas callejeras en la necesidad de afrontar la proliferación de este tipo de actos. El argumento resulta de nuevo falaz habida cuenta de que la represión penal –con sus garantías- queda abierta contra los participantes. Cuestión distinta es la inepcia de los mandos policiales encargados de disolver y reprimir estas revueltas violentas que se dirigen contra bienes y personas, incluidos los policías. A este respecto, no comprendo la razón por la que las autoridades españolas no facilitan a sus policías simples tanquetas con bombas de agua a presión. Esta "tecnología de doble uso" se muestra especialmente efectiva para disolver a los vándalos al tiempo que apaga los incendios que provocan. Permite, además, un uso proporcionado de la fuerza que evita las brutales lesiones que ocasionan las fuerzas antidisturbios con la utilización caótica de pelotas de goma o de porras y otros objetos contundentes. Por lo demás, el anteproyecto recurre a la artimaña de describir las infracciones administrativas en esta materia de manera idéntica a los delitos "para el caso de que unos hechos no constituyan delito". En derecho español, como en muchos otros ordenamientos jurídicos europeos, rige la prejudicialidad penal cuando se sigue una causa criminal por hechos que coinciden total o parcialmente con los que fundamentan la pretensión en otro órden jurisdiccional y se da el caso de que la decisión del tribunal penal tenga influencia decisiva en la resolución del asunto en otra sede. Sin embargo, dentro de una insidiosa tendencia general en España a la "administrativización" del derecho sancionador (patente ya en el ámbito tributario y las multas de tráfico que han servido a modo de avanzadillas) se observan poderosos estímulos para desviar los expedientes al ámbito administrativo. En este marco las denuncias de los agentes de la autoridad tienen una presunción de veracidad ("darán fe" dice el Art. 52 del anteproyecto) frente a su valor de testimonio sometido "a las reglas del juicio racional" que les atribuye el derecho procesal penal (Art. 717 LECr). Por otro lado, la administración por sí misma instruye y sanciona al presunto infractor de forma sumaria. Solamente la resolución final del expediente resulta revisable ante los tribunales contencioso-administrativos. Por si esto no fuera suficiente, el cuadro de desproporcionadas multas para las infracciones graves y leves (de 1.001 a 30.000 euros y de 100 a 1.000 euros, respectivamente) junto con la introducción de un procedimiento abreviado (Art. 55) donde el interesado tiene la "oportunidad" durante quince días desde la notificación de pagar la multa con una bonificación del 50 %, apuntan al objetivo de obtener ingresos parafiscales a favor del estado como sea. La voracidad recaudadora de un estado elefantiásico incentivará más si cabe la arbitrariedad de sus agentes, quienes, de hecho, elegirían en estos casos el curso de sus denuncias con unas directrices deliberadamente oscuras. No sería sorprendente observar, como ya ocurre en las patrullas de tráfico, la introducción de pluses de "productividad" a los policías cuyas denuncias conllevaran la imposición de multas administrativas a los ciudadanos. Contestando unas primeras críticas del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre su anteproyecto, el Ministro del Interior declaró -junto a otras bochornosas identificaciones de España con sus planes que proyectan la retórica nacionalista catalana- que la ley se encuentra en estado embrionario y que será remitida al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, a la Agencia Española de Protección de Datos para que dictaminen sobre su contenido, de manera que la ley respetará los derechos fundamentales y las libertades públicas. Cualesquiera que sean los informes que se recaben, estos propósitos contradictorios solo podrán resolverse con la retirada de este anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El Ejecutivo ecuatoriano ha clausurado desde inicios de este año veinte medios de comunicación. La excusa es el impago de licencias, pero hay más. De otro modo no se entendería que para cerrar las emisiones la policía haya irrumpido en algunos casos en las instalaciones de una emisora lanzando gases lacrimógenos y se hayan requisado los equipos técnicos. Esta es sólo una de las técnicas utilizadas por Correa, Chávez y otros presidentes aliados suyos para cercenar la libertad de expresión. Por no salir de Ecuador, aunque en otros países vemos casos parecidos, podemos citar algunas de dichas técnicas: fuertes condenas impuestas por un poder judicial cada vez menos independiente a medios y periodistas críticos, como la sentencia contra El Universo y varios de sus responsables; imposición de límites legales a los temas que se pueden tratar en los medios durante la campaña electoral (censura que ha obtenido el visto bueno de la Corte Constitucional) o la proscripción de entrevistas a medios privados ofrecidas por miembros del Gobierno. Por supuesto, todo eso combinado, al más puro estilo chavista, con largas conexiones televisivas en las que el presidente insulta y amenaza a todos aquellos que le critican, incluyendo los medios de comunicación. En una de sus intervenciones por televisión, Correa llegó a romper en directo un ejemplar del diario La Hora con el argumento de que "ahora sí tendrán motivo para quejarse". Todo eso se disfraza, se aliña, con el discurso de la democratización de los medios, muy repetido desde hace años por personajes como Correa, Chávez, Evo Morales y otros. Por supuesto, aquí se tergiversa el sentido originario de la palabra "democratización" para hacerle significar algo diferente de lo que quiere decir. Para los gobernantes bolivarianos, esta supuesta "democratización" implica un ataque desde el poder político contra los medios privados y toda iniciativa surgida de ciudadanos que no esté controlada por el poder privado. Se quiere hacer creer (y en esa idea se fundamenta parte de los artículos de la nueva ley de medios que se debate en Ecuador) que las radios, televisiones y periódicos en poder del Estado o de organizaciones supuestamente ciudadanas controladas por el partido gobernante son democráticas, mientras que aquellos que son propiedad de empresas o inversores privados están al servicio de espurios intereses oligárquicos (como si no hubiera una oligarquía más tiránica que la del PSUV de Chávez, el MAS de Morales o la Alianza PAIS de Correa y su control del Estado). Pero la realidad es muy diferente. Pretende atacarse uno de los fundamentos de la democracia, que no es otra que la libertad de expresión, y a aquellos que están dispuestos a replicar un discurso oficialista destinado a afianzar a unos gobiernos cada vez más autoritarios e, incluso, totalitarios. La supuesta 'Martina Solis' cuyo correo electrónico citaba al principio de este artículo expresaba de forma muy clara el pensamiento de los Gobernantes bolivarianos. Frente a la auténtica libertad de expresión ellos creen en una supuesta "libertad" en la que trabajan. El problema es que esta última no es tal, sino tiránico liberticidio.

Empecemos por lo obvio: no existe ni puede existir la universidad gratuita. Siempre habrá alguien que la pague; la cuestión es quién. Por ello, los que quieren universidad gratuita quieren, en realidad, que otro la pague. Es decir, derechos para unos y deberes para otros. Eso es lo que quieren los progres, porque consideran justo que paguen otros. Veamos cómo funciona la justicia progre con un ejemplo muy simple: el panadero y sus trabajadores. Si usted piensa abrir una panadería, ni se le ocurre que ponerla en marcha será gratuito, y menos aún que otro se la va a regalar. También sabe que tendrá que pedir un préstamo al banco o gastar lo que ha ahorrado tras años de mucho esfuerzo, ¿verdad? Bien. Además, ha considerado que en el mejor de los casos le irá bien y recuperará con creces su inversión, pero también sabe que corre el riesgo de perder el capital invertido y el trabajo que puso en su proyecto. En todo esto, hasta los progres estarán de acuerdo y lo considerarán justo, si bien estando en el poder querrán quedarse con una buena tajada de las ganancias del panadero vía impuestos. La pregunta es: ¿por qué hay algunos que no piensan de la misma manera respecto de la universidad? Es decir, ¿por qué están de acuerdo en que la universidad sea gratuita para los estudiantes, pero no en que haya también panaderías y otros emprendimientos gratuitos para la gente que quiera labrarse un futuro de esa manera? Los progres seguramente dirán que la educación es más importante, que beneficia a toda la sociedad y que por eso es bueno que sea gratuita, para que todos puedan tener una oportunidad de llegar a la universidad. Pero ¿acaso no es importante que el panadero venda el pan que usted demanda cada día, y que además dé trabajo a aquellos que no van a la universidad? ¿No es esto bueno para la sociedad? Puesto que el panadero decidió no ir a la universidad, hay algunos que estiman que es justo que, además de su panadería, financie vía impuestos los estudios universitarios de aquellos que deciden no invertir en una panadería, sino estudiar una carrera universitaria, gracias a lo cual no sólo terminarán ganando mucho más que el panadero, sino gozando de mejor posición social. Este pequeño ejemplo nos muestra que la famosa gratuidad universitaria nada tiene de justa. Es una demanda que, hablando de justicia social y de derechos, sólo quiere encubrir una lucha redistributiva de esos futuros académicos en detrimento de todos aquellos que no van a la universidad. Por eso los progres rechazan, indignados, cualquier argumento que diga que la educación universitaria debe ser vista como una inversión que se hace, como en el caso del panadero, con la esperanza de obtener una retribución futura. Sí, ya sé que todo esto es demasiado para los oídos progres. ¡Cómo comparar a un estudiante universitario con un panadero! ¡Pedir que el estudiante invierta en su futuro! ¡Que corra riesgos! Pero yo estoy convencido de que es hora de defender a los panaderos, a los tenderos, a los obreros, a los campesinos, (aquellos que decidieron no ir a la universidad y que generan la mayoria de los bienes que consumimos) para y pedir igualdad de trato para ellos, es decir, justicia social de veras y no privilegios para algunos. Para que otros estudien gratis hay gente que lo paga, si no aprueban que se larguen a gastar el dinero de todos a otro pais. No es justo que halla gente que, por ejemplo, tarde 12 años en acabar veterinaria que es una carrera de 5, vease el caso de la portavoz del SEM.

La crisis del sistema socialdemócrata parece estar afectando seriamente al casi perfecto bipartidismo que hemos sufrido desde que el tándem PSOE-PP se alterna en la poltrona presidencial. Según la última encuesta del CIS, los populares aventajarían a los socialistas en 5,5 puntos, pero mientras que los primeros siguen descendiendo y sólo obtendrían el 32,1% de los votos, los segundos han alcanzado su mínimo absoluto, el 26,6% de los votos, e incluso algunos análisis de los datos concluyen que para ambos la intención directa de voto ha marcado su mínimo histórico. Por supuesto, el PSOE, el gran perjudicado de la encuesta, ha acusado al CIS de manipulación. ¡Alfredo! La cocina es la cocina y algunas veces el cocinero hace comidas indigestas, pero después de cómo cocinaste las tuyas, qué menos que un poco de manga ancha con las ajenas. Por otra parte, los comunistas de IU aparecen anclados en el 11,3%, quizá lo máximo que pueden rascar de los socialistas mientras sigan apoyando y optando por la violencia y la algarada que tanto gusta a la extrema izquierda, y UPyD, el partido que dirige y presenta Rosa Díez, que sube hasta el 9,2%, convirtiéndose en una seria competencia tanto para populares como para socialistas ya que, aunque debería tender a dañar a los últimos, socialdemócratas hay en los dos partidos mayoritarios, y para algunos esta Rosa parece ser más interesante que el capullo socialista o la gaviota pepera. Los nacionalistas de todas las naciones se mantienen en su línea, unos suben y otros bajan, y esperan con interés, bien la independencia, bien el trinque habitual en forma de cuotas de poder... De poder meterse en la cartera de los ciudadanos de todo rango y condición, me refiero. En esta encuesta no se ha contabilizado el efecto que podrían tener tres nuevas formaciones; por una parte, una iniciativa de izquierdas que apadrina Pablo Iglesias, "Podemos" (vaya nombrecito), que podría tocar los mayores de Cayo Lara si es que no se alían al final. Por otra, Ciudadanos, que tendría un lugar similar al que ocupa UPyD y que mide sus fuerzas a nivel nacional por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo de este año. Y por último, Vox, que si hace algo es tocar al PP por la derecha más que por el centro gallardonil, pero que sobre todo va dirigido a los votantes/militantes cabreados con Rajoy y su política aparentemente antiterrorista, el aborto y algunos otros temas peliagudos. Así que todo apunta a que, posiblemente, las próximas generales darán un Congreso y Senado de lo más atomizado. Dicho esto, surge la pregunta: ¿es todo esto bueno para la convivencia democrática y la viabilidad de la economía española y, en general, para los bolsillos de los ciudadanos? Pues no sé, pero se me antoja que poco, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Se pueden hacer coaliciones de todos los colores, incluso combinarlos en mezclas que harían las delicias de un pintor impresionista hasta arriba de LSD, pero desgraciadamente, ninguno de ellos está por reducir el tamaño del Estado, desregular la economía, no endeudarnos más, devolver poder a los ciudadanos, no inmiscuirse en la vida de éstos en forma de educación y cultura politizada, dejar de adoctrinar a los hijos ni pretender dejar de crear la moral de lo políticamente correcto, y algunos incluso se apuntan a una nueva subida fiscal y a la nacionalización de todo lo relevante. Por el contrario, están más preocupados en dejar claro qué competencia tiene ésta o aquella administración, en peleas políticas que poco tienen que ver con el interés del ciudadano, en todo caso con su bolsillo, en mover todo para que todo se quede como está. Están muy preocupados por la corrupción de los demás y nada por la propia, si no es para decir que son inocentes, y en el fondo da lo mismo porque ésta se origina por la propia naturaleza del sistema y, lo que es más preocupante, por la moral subyacente en la sociedad española. Los políticos no son una raza aparte, forman parte de la sociedad y tienden a comportarse como lo suele hacer la mayoría. Puede ser que el poder y el dinero muevan más canallas hacia ciertos círculos, eso ocurre en todos los países, pero el resto, los que no son canallas, suelen estar más vigilantes y no se les va la fuerza en algaradas, sino que actúan y denuncian, y las consecuencias de estos actos son muy duras. En España, desgraciadamente, las movilizaciones se suelen realizar para cambiar al ocupante de la poltrona, no la naturaleza del sistema y el poder judicial es un subproducto de la partitocracia. Los nuevos partidos no han dicho nada nuevo, nada "evolucionario", que no revolucionario, sólo se han quejado y tengo la sensación de que traerán más de lo mismo sin solucionar lo que ya hay. Aquí nadie parte la baraja, por el contrario, juegan y mucho, con dinero ajeno. Algunos amigos me preguntan que por qué no voto, por qué incluso no voy al colegio electoral y voto en blanco si no me gusta ninguna de las opciones. Mi respuesta es para qué. Qué soluciono con introducir uno o dos papeles en una urna. Si me decido por algo fuera del sistema, no se presenta, si se presenta pero no obtiene representación, no sirve de nada, si obtiene representación, pero no es mayoritario, es una boca que alimentar a costa del dinero público que nada puede hacer contra los grandes partidos que terminan controlando casi cualquier coalición y si es uno de los grandes partidos, entonces no estaría escribiendo esto porque estaría a favor del sistema. No vote políticos, bote políticos, es más sano.

El español de cierta edad mira hacia atrás y constata que, en efecto, demasiadas cosas se parecen al año 1936. Pero ampliemos el campo de visión. También en el 36 se asaltaban sedes de partidos políticos con la connivencia, anuencia o abstinencia del poder (el asalto a UPyD en Barcelona es como lo de los centros de la derecha en la Granada roja, asaltados por las milicias del gobernante Frente Popular). También en el 36 había una ultraizquierda desbocada que empujaba a la izquierda institucional hacia la violencia (lo de Rubalcaba en Granada, como lo de Prieto en Écija). También en el 36 se puso en la calle a docenas de criminales con bandera política –que no por ello dejaban de ser criminales- y, de paso, a otro buen número de criminales sin bandera (la amnistía a los presos de la revolución del 34, como la amnistía de Rajoy a los etarras). También en el 36 se magnificaba la violencia de la derecha y se minimizaba la violencia de la izquierda (compárese el asalto incruento a la Blanquerna con el asalto violento a la Complutense). También en el 36 se censuraba oficialmente a los medios de comunicación incómodos o simplemente críticos (lo del CAC contra las teles de la derecha es como aquella infame sucesión de páginas anuladas por orden administrativa en los periódicos de la época). También en el 36 había una derecha cobarde y pueril que, por extraños complejos, prefería entregar el poder al enemigo antes que defender a los sectores sociales que decía representar (lo del PP de Rajoy se parece demasiado a lo de Miguel Maura y Alcalá Zamora). Y así sucesivamente. El español de cierta edad mira hacia atrás y constata que, en efecto, demasiadas cosas se parecen al año 1936. Pero ampliemos el campo de visión: lo que pasa hoy en España no responde a una suerte de fatídica condena eterna lanzada sobre nuestro país, sino que ocurre exactamente igual en cualquier otro país donde el Estado renuncia a garantizar el imperio de la ley. Eso es todo. Por cierto: en el 36 no había rey. ¿Ahora…?

La diarrea mental del PP parte I Confirmado el buen dato sobre el paro –que aquí llaman buena a cualquier noticia que no sea trágica– el Gobierno de Mariano el Libertador se encuentra más sólido. Cada cifra en negrita hace que De Guindos se sienta un poco más el cardenal Cisneros, señalando las hojas de Excel como cañones, afirmando: estos son mis poderes. Necesitan de las motivaciones contables para poder seguir escupiendo a sus votantes en los otros temas. Al día siguiente, por boca de Oyarzábal, el PP anunciaba que el próximo viernes no estará junto a las víctimas del terrorismo –convocadas por Santiago Abascal–. Se ausentan, entre otras cosas, porque temen que los asistentes no estén muy entusiasmados con la política antiterrorista del Gobierno –que aquí llaman antiterrorista a cualquiera que no lleva pasamontañas–. Algunos, los mejores, de todas formas irán a título personal. Otros, como Alfonso Alonso –que es la versión femenina de Celia Villalobos– ya se han excusado diciendo que la convocatoria coincide con los actos oficiales del día de la Constitución, argumento que contiene un toque considerable de sarcasmo. Y en fin, que quedan lejísimos aquellos tiempos en que los populares se deshacían por hacerse una foto junto a Ortega Lara o Alcaraz, porque ahora lo que se lleva en Génova es disfrazarse de progre y jurar varias veces al día que no conoces a Bárcenas. La soledad de las víctimas es becqueriana, pero para la actitud del poder político en este asunto ya no quedan adjetivos. Bueno, en realidad sí que quedan, pero son de una ordinariez que exceden en mucho los mínimos que el buen gusto requiere. A lo peor lo que nos pierde es eso, las maneras, la educación, el tradicional apego de algunos a no levantar la voz, a mantenerse siempre dentro de la más estricta legalidad. Decía Voltaire, además de muchas tonterías, que la mayor desgracia de las personas honradas es que son cobardes. Puede que tampoco en esto tuviera razón, pero es evidente que eso mismo es lo que piensan quienes, a través de una política de hechos consumados, están pisoteando los restos de la decencia social, y con ellos las últimas oportunidades de esta forma de convivencia. Creen que nadie –entre los honrados de Voltaire– sabrá oponerse a esta revolución silenciosa, administrativa, porque la derecha social es gente de orden, y en el caso de que salgan a la calle, aunque sean millones, lo harán con esa urbanidad casi pueril. Sí, quizá nos pierde la buena educación. Pero eso va a dejar de ser un problema, según vayan creciendo las generaciones maltrechas de la escuela socialista.