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Dirigentes mapuches denunciaron ataques a viviendas de la comunidad Vuelta al Río La dirigente mapuche Moira Millán denunció que hombres desconocidos atacaron esta noche las viviendas de la comunidad Vuelta al Río y las incendiaron. Todo indica que la agresión puede ser en represalia a la toma del juzgado federal de Esquel que realizaron esta comunidad para exigir la renuncia del juez Guido Otranto. "Este es un mensaje urgente. Muy urgente. Mi nombre es Moira Millán, estoy denunciando que en este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir que el juez Otranto renuncie a su cargo. Ahora están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas. Aparentemente es un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o son parapoliciales. Ellos están llevando adelante estos crímenes. Es tremendo lo que está pasando en la Provincia de Chubut", es el mensaje que grabó Millán y que rápidamente se multiplicó a través de las redes sociales Acá les dejo una imagen de los peligrosos sujetos a los que les quemaron la casa: FIN DEL POST

El fiscal federal Federico Delgado impulsó este miércoles una investigación para determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se encubrió la desaparición del joven Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto. Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía abrió una causa a raíz de la denuncia presentada por la “Liga Argentina por los Derechos del Hombre” y el “Instituto Arturo E. Sampay” contra el Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Justicia, Germán Garavano; y de Seguridad, Patricia Bullrich. Los denunciantes también acusaron al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, quien estuvo ese 1 de agosto en Esquel, Chubut; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y comandantes de esa fuerza de seguridad. Los abogados de las organizaciones entre los que se encuentra el constitucionalista Eduardo Barcesat señalaron que las autoridades del Gobierno no aportaron a la búsqueda de Maldonado, sino que “han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. Con ese argumento, los denunciaron por los delitos de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad. La presentación fue ratificada este martes y el fiscal Delgado abrió hoy una causa penal “para chequear la verosimilitud de la denuncia”, sin imputar directamente a ningún funcionario. “Los denunciantes destacaron la existencia de un `pacto de silencio` de las autoridades estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, sostuvo Delgado en su dictamen. El fiscal señaló que para comenzar la investigación “es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional”. Por eso, le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que le pida al magistrado de Esquel, Guido Otranto, “una copia urgente” de la causa por la búsqueda de Maldonado. Además, solicitó que la Jefatura de Gabinete “informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”. [/align]

El defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, alertó que una medida en ese sentido significaría sólo "un maquillaje". "Es la ratificación de una condena", sentenció el defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, horas antes de que el presidente Mauricio Macri anuncie, entre otras medidas de ajuste, el cambio del cálculo para realizar el aumento de las jubilaciones y pensiones, que pasarían a realizarse de acuerdo a la inflación. Semino advirtió que los jubilados necesitan una recomposición de sus haberes "desde hace varias décadas" y que actualmente el 50 por ciento cobra el mínimo de 7.246 pesos, "con lo que no cubren el 40 por ciento de la canasta básica". El actual cálculo de suba de haberes jubilatorias, pensiones y asignaciones sociales está estipulado por la Ley 26.471, sancionada en 2008, y contemplada aumentos semestrales de acuerdo a la relación entre la variación salarial y la recaudación del Anses. Semino indicó que este cálculo permitió que los jubilados "no perdieran" frente a la inflación, a excepción de 2014 y en 2016, cuando los haberes jubilatorios cayeron entre 10 y 11 puntos por debajo de la inflación, pero aseguró que una modicación atada a la inflación será "ratificar la condena". El defensor de la Tercera Edad precisó que la canasta básica para un jubilado alcanzó los 15.136 pesos el último mes, monto que significa un 20 por ciento más si calcula por pareja, y advirtió que el 50 por ciento de los jubilados no cubre esa canasta, ya que un 30 por ciento cobran la mínima de 7246 pesos y otro 20 por ciento accede a un haber de entre 10 mil y 11 mil pesos. Semino, en diálogo con Radio Con Vos, consideró que el anuncio que se espera del presidente en un acto en el CCK ante empresarios, sindicalistas y legisladores invitados significará "un maquillaje" y recordó que la ley de la Reparación Histórica sancionada en 2016 ordena "conformar una comisión de expertos" y aplicar una "reforma estructural del sistema". Frente a la expectativa de un anuncio de reformas impositivas, el defensor de la Tercer Edad recordó que el IVA significa cerca del 50 por ciento de los ingresos a las arcas de la ANSES y lo calificó como "el impuesto más distorsionado y el que hay que cambiar", al graficar que significa que "los pobres banquen a los pobres jubilados, y los propios jubilados bancándose a ellos mismos a través del consumo". La ley de Movilidad Jubilatoria fue sancionada en 2008 tras años de un congelamiento en la movilidad jubilatoria. En la presidencia de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, ese derechos básico fue derogado. Con llegada a la presidencia de Fernando de la Rúa, con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, el deterioro en el poder adquisitivo de los jubilados se profundizó con un recorte en los haberes del 13 por ciento. A partir de 2002, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández otorgaron aumentos por decreto, pero en porcentajes y con alcances de beneficiarios discrecionales. Eso llevó a un achatamiento de la pirámide salarial y hoy más del 70 por ciento de los jubilados cobra la mínima. Por eso, dos fallos de la Corte Suprema, conocidos como (Adolfo) Badaro, ordenaron volver a crear un índice objetivo para subir los haberes de manera automática, que derivó en el actual cálculo, que hoy Macri comenzará a poner en marcha atrás.

Aranguren: su paso por una offshore de Shell a la que el Estado le compró gasoil por US$ 150 M La participación del ministro en la petrolera vuelve ser un problema. Qué datos lo vinculan con un paraíso fiscal. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es otro de los argentinos relacionados al mundo offshore en Paradise Papers, el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El ex CEO de la petrolera Shell fue director de al menos dos empresas radicadas en una jurisdicción secreta, según los documentos a los que accedió Perfil, miembro del equipo argentino de esta investigación global. El hecho sería una anécdota del pasado, si no fuera porque una de ellas es la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno. Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También, figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996. En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de Aranguren. La petrolera estatal YPF también participa en el proceso: elige a los oferentes y CAMMESA los contrata. La compra había sido revelada por PERFIL el año pasado. Pero no se conocía la relación directa entre la offshore y Aranguren, hasta ahora. ¿Por qué Argentina importa combustible? Como el gas que se produce en el país no es suficiente para hogares, industrias y usinas térmicas, entre mayo y agosto se importa una gran cantidad de cargamentos de gasoil y fuel oil. “Fue la (compañía) que ofertó el precio más conveniente para el Estado” dijo Aranguren sobre la operación, que rondó los 150 millones de dólares. Consultado por el equipo argentino de Paradise Papers sobre el origen secreto de la compañía que contrató el Estado, el ministro admitió que se vincula con la intención de pagar menos tributos y lo enmarcó en una práctica habitual de las multinacionales, en particular, las petroleras y traders. “Muchas tienen domicilio en países que se caracterizan por aplicar un régimen tributario favorable. No tenemos constancias de que existan limitaciones legales en el comercio internacional para operar con empresas de esas características” explicó. Además se desligó de cualquier influencia suya en el contrato de CAMMESA, al recordar que en todo lo relativo con Shell, quien lo reemplaza en ese tipo de decisiones es su par del ministerio de Producción, Francisco Cabrera (por una resolución ministerial y un decreto del Presidente). Aranguren sostuvo que no intervino en la adquisición de gasoil por parte de CAMMESA a la empresa offshore Shell Western Supply and Trading Ltd. “La operación fue realizada por YPF en el marco de un Acuerdo de Gestión celebrado en el año 2012 y sucesivamente prorrogado, conforme al cual es la empresa petrolera argentina quien realiza la convocatoria a los diversos proveedores a presentar ofertas, estipula las condiciones generales para la contratación y realiza la evaluación de las propuestas. La Secretaría de Energía sólo gestiona el procedimiento de pago”, expresó en su descargo. En la misma línea dejó al margen de cualquier favoritismo al titular de Enarsa, Hugo Balboa, otro ex Shell, a quien Aranguren define como “un amigo”. Sobre Guiana Lmited, otra de las offshore en las que aparece, Aranguren deslizó que podría haber “alguna confusión de nombres”, respecto de la primera admitió una pertenencia breve, aunque la justificó y calificó de “ad honorem”. Sobre su presencia en Sol Antiiles y Guianas Limited, que realizó millonarios contratos petroleros en Puerto Rico, Suriname, Guyana y Haití, los documentos de Paradise Papers ubican a Aranguren en sus directorios entre mayo y julio de 1996. “Creo que hay una confusión de nombres. En lugar de Sol debería ser Shell. Esto puede ser porque Sol es un grupo petrolero del Caribe que compró los activos de Shell en parte de esa región en 2005”, afirmó el ministro. El Grupo Sol, adquirió The Shell Company (Puerto Rico) Limited en agosto de 2006, que posteriormente pasó a llamarse Sol Puerto Rico Limitado. Bajo los ojos de la Oficina Anticorrupción. El ministro ya había quedado en la mira por su pasado reciente en Shell y el notorio incremento en los contratos que la firma suscribió con el Estado argentino en lo que va de la era Macri. El año pasado, el organismo que dirige Laura Alonso determinó que el funcionario "debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell”, en función de lo que exige la Ley de Ética Pública. La polémica se inició cuando se supo que según su declaración jurada patrimonial del 2015, Aranguren declaró tener desde diciembre de 2008, acciones Clase A, en la Royal Dutch Shell PLC, por valor de $ 16.326.051,67, al día de hoy, unos 900.000 dólares. El mismo valor, por el mismo concepto, volvió a informarlo en su declaración jurada a principios del año siguiente. Cuando el caso se hizo público, en 2016, la Oficina Anticorrupción se expidió diciendo que se le haría una "recomendación preventiva", la cual acató porque para el final de 2016, dichas acciones ya no aparecían en su declaración jurada. Elisa Carrió dijo que el conflicto de intereses era evidente. Entonces, el Gobierno salió a defenderlo, diciendo que la porción de acciones del ministro dentro de la petrolera representaba “apenas el 0,0001% del patrimonio total de la multinacional. Su participación resulta pequeña, claro, ya que se trata de una de las cuatro petroleras más grandes del mundo, valuada en 323 billones de dólares. Pero con relación a su patrimonio no era poco. De los $ 86.685.999,94 en bienes, depósitos y dinero declarados al Inicio del 2016, el dinero que tenía invertido Aranguren en Shell representaba casi el 20 % de su patrimonio. En septiembre del año pasado, Laura Alonso sostuvo que "no tenía información suficiente” como para concluir si Aranguren había violado la ley y le derivó el caso a la Sindicatura General de la Nación para que audite si Aranguren participó o no del proceso en cuestión, tal como se lee en esta resolución. Fueron 2 tipos de documentos los que a los que la OA no tuvo acceso: 1) Las constancias escritas de la aprobación de la operación con este empresa offshore por parte de la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería. 2) Las “Actas de Reuniones Informe de Situación Combustibles 2016” celebradas en las dependencias de CAMMESA, entre representantes de esa empresa y distintos actores del sector energético. link: https://www.youtube.com/watch?v=ja78FSfTWf4 link: https://www.youtube.com/watch?v=YvO3kTSLTIk link: https://www.youtube.com/watch?v=B7HvD2JMuPI

En los últimos días, a partir del debate mediático,muchas feministas empezamos a escribir en las redes sociales frases que preferimos no volver a escuchar. Con ese aporte colectivo se fue armando esta lista, que comparto e invito a seguir completando. 1.“El feminismo es el machismo al revés” 2. “No soy feminista, soy femenina” 3. “Las feministas son muy agresivas” 4. “Las feministas deberían buscarse un tipo así se dejan de joder” 5. “Todo bien con las feministas, pero no con las violentas que muestran las tetas” 6. “A mí me interesan los derechos de las mujeres, pero las feministas no me representan” 7. “Ahora no podes mirar una mina tranquilo porque se te vienen las feministas encima” 8. “Las feministas odian a los hombres” 9. “No son feministas, son femi nazis” 10. “Las feministas ya no saben qué pedir por eso se ocupan del piropo” 11. “Las feministas son lesbianas resentidas” 12. “Pero ya no se puede hacer ni un chiste..." 13. “Ni machismo ni feminismo, no me gustan los extremos. 14. “Y por qué no un Ni uno menos?” (Incluye varones, bebitos y perros) 15. "Yo conozco un hombre que es maltratado por su mujer" 16. “Ni machismo ni feminismo, igualismo” 17. “Las mujeres son feministas cuando les conviene” 18. “Yo no me siento menos que los hombres.” 19. “Algunas minas se la buscan” 20. “Mucho feminismo, mucho feminismo, pero bien que cuando te ofrecen el asiento en el bondi lo agarras" 21. “Los hombres también sufren violencia de género.” 22. “Son todas unas malcogidas” 23. “Son muy exageradas” 24. "Pobres hombres, ¿qué les hicieron?" 25. "La violencia es de los dos lados..." 26. “No soy feminista, amo a los hombres” 27. "El feminismo debería cuidar el ala fundamentalista.... " 28. “Quieren matar a todos los hombres”. 29. "No soy feminista, tengo un marido y un hijo hermoso" 30. "Feminista alterada no es copada"

¿Qué entregamos exactamente cuando decimos “Sí, acepto” a la conexión que el Gobierno de la Ciudad proporciona de manera gratuita a los usuarios? Si usted está leyendo esta nota y vive en la ciudad de Buenos Aires, pregúntese si alguna vez usó el wifi del subte. Ahora piense si, antes de aceptar los términos y condiciones, los leyó. En voz bien alta, diga por qué no lo hizo (si no vive en Buenos Aires puede pensar en cualquier servicio de las llamadas “smart cities”: wifi gratuita en el aeropuerto de Amsterdam, de la CDMX o de cualquier otro lugar del mundo). Recuerde si alguna otra vez en su vida firmó un contrato sin leerlo. Acepte que los tiempos han cambiado y, la próxima vez, cuídese. Ahora, piense si firmaría un contrato en el que por usar internet durante unos minutos estuviera entregando datos como: modelo de equipo, dirección IP, datos sobre su ubicación física geolocalizada y, si se registrara, también nombre, apellido, tipo y número de documento y/o CUIT y/o CUIL, género, dirección de mail, nacionalidad, contraseña, confirmación de contraseña, preguntas secretas, teléfonos, dirección y código postal. Piense si firmaría un contrato en el que por usar internet durante unos minutos cediera su voz y sus fotos para publicidades del subte o del Gobierno de la Ciudad. ¿No lo haría? ¿Aceptó el wifi del subte? Porque allí, en el contrato, dice que el usuario presta “su expresa conformidad para la utilización y difusión de sus datos e imágenes (foto y voz) por los medios publicitarios y de comunicación” que la empresa “SBASE y/o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga”. Si lo hizo, no debería sorprenderse si un día al entrar a la estación, ve su cara en una gigantografía con la frase: “De lunes a viernes bien temprano, (su nombre y apellido) disfruta de nuestro servicio”. Para el analista de políticas públicas de Internet Javier Pallero, hay una falta de conciencia absoluta de los usuarios respecto de este tipo de cesiones. “Creo que, en parte, se debe al relativo valor de la privacidad. Somos narcisistas, nos gusta exponernos, ser observados y reconocidos. Publicamos lo que estamos haciendo, lo que comemos, dónde vamos y nadie piensa demasiado en si alguien hará algo con todos esos datos”, dice. Piense si firmaría un contrato en el que por usar internet durante unos minutos permitiría que varias reparticiones del Gobierno (las de marketing, las de impuestos, las de publicidad) pudieran utilizar sus datos y cruzarlos con otros a fin de, entre muchas otras cosas, “verificar cuentas y actividades”. Para Valeria Milanés, directora de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Digital, la mayoría de la gente que acepta este tipo de contratos no los lee antes de hacerlo. “Son contratos de adhesión sumamente largos y con terminología muy compleja. Lo que debería suceder es que el texto fuera acompañado de mensajes con ideas muy claras sobre para qué se van a usar los datos, durante cuánto tiempo, en el lenguaje más sencillo posible”, dice. Reflexione sobre si firmaría un contrato que, según dice, puede ser modificado de un momento a otro y sin que a usted se le avise del cambio, deberá cumplirlo (“SBASE podrá establecer nuevas condiciones y/o modificaciones a cualquiera de las cláusulas contenidas en los presentes términos y condiciones y las políticas de privacidad sin necesidad de contar con la autorización del USUARIO”). No lo haría, ¿no? El filósofo francés Michel Foucault planteó la idea de una sociedad disciplinaria. Desde niños, las personas se “domesticaban” a través de las instituciones: cumplían un horario en la escuela, para luego hacerlo en la fábrica; en casos excepcionales en el hospital, quizás en la cárcel. Su colega Gilles Deleuze continuó ese concepto en la sociedad de control. Para Deleuze, con la masificación de la tecnología (los “collares electrónicos”) la vigilancia no necesita del encierro para ser llevada adelante. Escribe: “Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a su tarjeta electrónica (dividual) que abría tal o cual barrera; pero también cabía la posibilidad de que la tarjeta pudiera no ser aceptada tal día, o entre determinadas horas: lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal”. Hoy, para describir a la sociedad actual —que seguiría a las sociedades disciplinaria y de control—, el filósofo surcoreano Byung Chul Han propone la idea de una “sociedad de la transparencia”. Una sociedad en donde todo debe ser mostrado. Esa necesidad, interna, se opone a la idea de confianza. Si a la salida de una farmacia alguien no dudara de que usted hubiera robado, ¿Por qué le exigiría que abriera el bolso y lo mostrara? A diferencia de las sociedades anteriores, en donde los individuos estaban aislados y no se les permitía hablar entre ellos, dice Chul Han en el libro Psicopolítica: liberalismo y nuevas formas de poder: “La sociedad del control digital hace un uso intensivo de la libertad. De forma voluntaria tiene lugar una iluminación y un desnudamiento propios. La entrega de datos no sucede por coacción sino por una necesidad interna”. Así, los internautas no sólo no sufren la vigilancia, sino que ayudan a construirla de forma activa. En su libro La sociedad de la transparencia, de 2013, Chul Han indica: “En la sociedad de la transparencia, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición. (…) Todo está vuelto hacia afuera, descubierto, despojado, desvestido y expuesto”. Dice Pallero que la falta de conciencia de cómo entregamos nuestros datos es peligrosa teniendo en cuenta que, en el caso del wifi del subte o de los servicios provistos por las llamadas smart cities, los datos no terminan en una empresa privada sino en el Estado, que, por el momento, “es el único que todavía tiene la capacidad de quitarte los bienes, privarte de la libertad o, bajo ciertas circunstancias, pegarte un tiro legalmente”. Se pregunta Pallero: “¿es realmente necesario saber el CUIT de una persona, el lugar en el que está de pie, para proveerle conexión a internet?”. Piense si firmaría un contrato que, según dice, debería estar disponible en internet para la consulta de cualquier usuario que lo haya firmado (en http:/buenosaires.gob.ar/) y, sin embargo, cuando uno entra a esa página se encuentra con noticias del tipo: “Finalizó la campaña de humor en el subte para mejorar la convivencia”, pero nada más. Y si copia y pega, en algún buscador digital, fragmentos de los usos y condiciones que revisó en el andén descubre que no están subidos a la web: el único momento que usted tiene para verificar qué contrato firmó es mientras está en el subte. Pero, usted, ¿ha revisado ese contrato? Piense si firmaría un contrato en el que figura que si le roban el celular y hacen alguna trastada, de cualquier modo usted es responsable (“El USUARIO responde por el uso correcto de la conexión, obligándose a evitar realizar cualquier tipo de acción que pueda dañar sistemas, equipos; servicios accesibles o sitios web, directa o indirectamente a través del Servicio y de acuerdo con las normas contenidas en el presente documento”). En términos legales, dice Pallero, esto es un “abuso absoluto”; ya que más allá de los comunes manotazos por la ventanilla antes de que el subte arranque, hay muchos ataques informáticos que consisten en usar el dispositivo del usuario para hacer daño. En Derecho: “atribución de responsabilidad objetiva”. Independientemente de quién haya chocado su auto, si usted es el titular deberá pagar el seguro. “Para el Derecho, esto va en contra de todos los estándares de internet, en particular de uno de los llamados Principios de Manila que dice que para ser responsable de algo en internet debe haber una prueba concreta de que hiciste el daño, más allá de que seas el dueño de esa IP o de ese teléfono”, explica Pallero. En Derecho, atribución de responsabilidad subjetiva: si existiese, el daño penal que generó haber chocado el auto recaerá sobre la persona que manejaba (independientemente de quién sea el dueño). Para Pallero, analista de Políticas Públicas en la ONG Acces Now, “estos términos están tomados de contratos privados que no son adecuados para un contrato de servicios públicos”. Por otro lado, explica, la ley argentina de protección de datos personales (ley 25.326), publicada en el boletín oficial en noviembre del año 2000, “se modeló de acuerdo a la directiva de protección de datos europea de 1995. Demasiado viejo todo”. (Algo análogo ocurre con la ley de Protección de datos personales de la Ciudad de Buenos Aires: sancionada en noviembre de 2005). La directora de ADC Digital cree que, aun si leyeran y pudieran entender los entreverados términos y condiciones del contrato de uso del wifi en el subte, los usuarios no cuestionarían el hecho de regalar su información. “El argentino, que da su huella desde que nació, no tiene una resistencia idiosincrática a la entrega de datos personales. Creo que hay que problematizar esto, porque con el crecimiento tecnológico que hubo en los últimos años, los datos construyen nuestra identidad”, dice. “Se supone que el Estado no tiene que ser una empresa que está tratando de negociar de la manera más agresiva posible para que vos le des todo a cambio de nada: esa ley de la selva capitalista de la empresa no debe aplicarse al Estado. El Estado debe tener un interés superior que es público”, dice Pallero y explica que una buena práctica sería que se guardaran la mínima cantidad de datos posibles. No sólo para que, como ya ha sucedido en la Argentina, el Estado no envíe a discreción agentes de la AFIP o escuche ilegalmente a ciertos ciudadanos, sino para no juntar información que luego alguien pudiera robar con fines (más) espurios. En los términos y condiciones del contrato se indica que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) “hará todo lo posible por garantizar la confidencialidad de la información personal solicitada, y de aquellos otros datos que así lo requieran, intentando que terceros ajenos al mismo no puedan acceder a ella”. ¿Es suficiente hacer todo lo posible por garantizar la confidencialidad? ¿No deberían comprometerse a garantizarla? ¿Se sentiría usted tranquilo si alguien le dijera que “intentará” que un tercero ajeno no alcance sus datos? Si un tercero ajeno y delincuente accediera a una base de datos en la que contara con el nombre y el apellido de la persona, el teléfono que usa, su recorrido diario y las estaciones de subte que utiliza, datos sobre consumo que permitieran obtener de manera aunque sea cercana un perfil de consumo del usuario, bien podría planificar una serie de secuestros. Puede parecer una idea descabellada y tal vez lo sea, pero ¿para qué tentar al destino si se supone que el interés primordial de usar wifi en el subte es que todos estemos más conectados en una ciudad más segura? Y sin embargo, más allá de todo esto, la pregunta importante es: ¿Por qué no leyó antes de aceptar?

La gira de Rex Tillerson por América Latina es un excelente ejemplo de la política fracasada de Washington en el hemisferio occidental mantenida durante décadas, opina el analista. El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, parece repetir los errores de la política exterior desarrollada por las anteriores administraciones estadounidenses en América Latina, cuya esencia podría resumirse en dos palabras: "desdén y amenazas", explica Jim Jatras, exdiplomático estadounidense y exfuncionario del Senado en un artículo de opinión para RT. Según expone, la política exterior estadounidense, basada en el principio de 'America first' ('América primero'), debería enfocarse primero en Latinoamérica como parte del hemisferio occidental, como prioridad de su "lista de preocupaciones". Sin embargo, resulta que los problemas fronterizos entre Turquía, entre Siria e Irak o entre Rusia y Ucrania le interesan a EE.UU. más que los de su propio hemisferio. Al mismo tiempo, al secretario del Estado no oculta su malestar por el hecho de que, debido a la falta de atención de la Administración de EE.UU., nuevos actores como China se muestren interesados en la región latinoamericana. En particular, Tillerson declaró que la región no necesita "nuevos poderes imperiales", lo que, según Jatras, no refleja la realidad actual, ya que América Latina no posee "bases militares chinas" ni "despliegues de tropas chinas". Asimismo, China tampoco lleva a cabo "maniobras navales" para demostrar que "está dispuesta a usar la fuerza", como hace EE.UU. en las aguas cerca de China, recuerda el exdiplomático. Por el contrario, Pekín busca "las oportunidades de negocio e inversiones". En lo que se refiere las amenazas, la mayoría de estas se centran en Venezuela. En particular, Tillerson propuso "la posibilidad de imponer sanciones al petróleo de Venezuela", subrayando que "las sanciones apuntan al régimen y no al pueblo venezolano", algo que, según el experto, no puede considerarse realista. Si bien Tillerson "negó a que la meta principal de EE.UU. fuera el cambio de régimen en Caracas", sugirió que las "fuerzas armadas venezolanas podrían tomar acciones", en el sentido de que "cuando las cosas están muy mal los militares aseguran una transición pacífica". Que Tillerson diga que la Doctrina Monroe ha sido un éxito de la declaración de los valores democráticos que unen a todo el hemisferio, confirma "la peor imagen de EE.UU. que existe en las mentes de Latinoamericanos". Según Jatras, la Doctrina Monroe "no tuvo nada que ver con la democracia", ya que "advertía a otras potencias contra el establecimiento de colonias" en el hemisferio occidental, algo "esencial" para la "seguridad" de EE.UU. durante dos siglos. En la actualidad, sostiene el experto, EE.UU. se opone al derecho de otras potencias como China y Rusia de tener sus propios intereses de seguridad en sus respectivas regiones, como el "antiguo espacio soviético y la región del Pacífico Occidental". Tanto la Administración de Trump, como las anteriores, repudian para otros el principio de "esferas de influencia", lo que, en realidad, implica "la garantía de la superioridad estadounidense no solo en el hemisferio occidental, sino sobre cada pulgada cuadrada del globo". Sobre la actual Administración Trump, el autor señala que el actual presidente sigue desarrollando la misma política errónea de sus predecesores. Porque tanto Bill Clinton, como George W.Bush o Barack Obama también fueron partes de esta visión del mundo, según la cual "ni un pájaro cae a tierra sin que el omnisciente e omnipotente Washington tenga una opinión predominante sobre ello". A modo de conclusión, Jatras sostiene que lo que trataba de promover la Doctrina de Monroe era "un reclamo razonable de la esfera de influencia exclusiva frente a otros poderes en el mundo multipolar", pero EE.UU. siguen promoviendo sus ambiciones hegemónicas encubiertas con "principios universales".

Un manual de Ciencias Sociales para sexto grado resalta logros inexistentes de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri. Sí, se puede, una fuerza para el cambio. El primer párrafo denomina a Cambiemos como: Una fuerza para el cambio. Nisman y los "logros" económicos A partir del segundo párrafo la historia se pone más bizarra aún, el autor atribuye solapadamente la muerte de Nisman a la ex-Presidenta y presenta, sobre el final, logros económicos inexistentes: "Sin embargo, a mediados de 2016, el Gobierno pudo alcanzar algunos de los objetivos que se había propuesto, como la reducción de la inflación y el incremento de las inversiones extranjeras". Antecedente No es la primera vez que Cambiemos cuela su doctrina de forma burda dentro del material de estudio que llega a las escuelas, hace un año el Ministerio de Educación de la Nación envió a las escuelas porteñas manuales para chicos de sexto grado que “educan” en contra del derecho a huelga de los trabajadores. Esta vez a través de la editorial AZ. La cartera de Esteban Bullrich consideró que la mejor forma de abordar las formas en las que se puede escribir una nota editorial era publicando un texto de Clarín, que se titula “Una protesta que daña al Congreso” y habla sobre una huelga de trabajadores que paralizó por unos días la actividad en el Congreso, para explicar que las protestas gremiales son “inadmisibles”. El artículo señala que la manifestación es una forma de “entorpecer a la democracia” y considera fuera de la ley a los trabajadores que estaban haciendo sus reclamos. “Los representantes de los trabajadores tienen el derecho de reclamar, protestar y manifestar por las reivindicaciones que consideren pertinentes. Pero el ejercicio de esos derechos deben realizarlo respetando la legalidad y los derechos de los demás ciudadanos”, reza el editorial. Los docentes repudiaron la situación, que enmarcaron dentro de un contexto de “mercantilización” de la enseñanza , y ratificaron que refuerza el punto de vista “sesgado” que tiene Mauricio Macri contra los trabajadores y la educación. Según contó Eduardo López, titular de UTE, al diario Página 12, el manual “muestra la visión de un gobierno que reprimió la instalación de la escuela itinerante” en el Congreso.

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Cristina Elisabet Fernández de Kirchner6 (La Plata, 19 de febrero de 1953) es una política y abogada7 argentina. Fue presidenta de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015. Actualmente es senadora nacional por la provincia de Buenos Aires con mandato 2017-2023,8 electa a través del frente Unidad Ciudadana, e integra el bloque del Frente para la Victoria en la cámara alta que preside el senador por Neuquén Marcelo Jorge Fuentes.9 Realizó sus estudios de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata,7 en donde conoció a Néstor Kirchner en 1974, quien fue su compañero de militancia y desde 1975 su esposo. Al año siguiente se mudaron a Río Gallegos donde fundaron el Estudio Jurídico Kirchner. El matrimonio tuvo dos hijos: Máximo (1977), y Florencia (1990). Mientras ejercían su profesión, fundaron en 1981 el Ateneo Juan Domingo Perón, una de las varias corrientes peronistas de la provincia. Su primer cargo electivo lo obtuvo en 1989 como diputada provincial de Santa Cruz. En 1995, Cristina Fernández fue elegida senadora nacional por la misma provincia, mientras Néstor Kirchner era gobernador. En este período, si bien pertenecía a la bancada oficialista, se opuso a varios proyectos del gobierno de Carlos Menem, entre ellos el proyecto presentado durante el litigio del campo de hielo Patagónico Sur, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento,10 la Reforma Laboral y la Ley de Hidrocarburos. Además, pidió la renuncia del entonces ministro de Defensa Oscar Camilión, involucrado en el escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia.11 Permaneció en el cargo hasta el 3 de diciembre de 1997 en que, ya electa diputada nacional por la provincia Santa Cruz, renunció por sus diferencias con el bloque del PJ, y el día 10 asumió en su nuevo cargo. Al año siguiente, sus diferencias con el Gobierno nacional le valieron que fuera desafectada de las comisiones que integraba. Volvió al Senado en 2001 y asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Algunos temas sobre los que se ocupó fueron la modificación de las leyes que trataban la conformación del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. También se ocupó de la investigación sobre la quema de urnas en 2003 en la provincia de Catamarca. Se mantuvo en el cargo hasta 2005 donde fue elegida también senadora nacional pero por la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta asumir la primera magistratura desde 2007. Cristina Kirchner fue la primera mujer argentina elegida para el cargo de presidente y la segunda en ejercerlo.12 Entre las principales medidas del gobierno de Cristina Fernández se destacan la Asignación Universal por Hijo, la reestatización de los fondos jubilatorios, el programa Conectar Igualdad, el aumento en el presupuesto para ciencia e investigación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de matrimonio igualitario, la reestatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la reforma del Banco Central y la sanción del Código Civil y Comercial, entre otras. Durante su primer Gobierno afrontó un paro agropecuario patronal acompañado por un bloqueo de rutas que se extendió a lo largo de 129 días y sostuvo un prolongado conflicto con el Grupo Clarín. En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, Cristina Fernández logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983, siendo también en términos porcentuales el cuarto resultado más amplio de la historia electoral argentina después del de Hipólito Yrigoyen en 1928, y los de Juan Domingo Perón en 1951 y 1973. Además obtuvo una diferencia del 37,3 % respecto a la segunda lista, la mayor de la historia argentina.13141516 Para fines de su mandato en 2015, se había convertido en una de las mujeres más poderosas del mundo, según la lista de «las 100 mujeres más poderosas del mundo» elaborada por la revista Forbes.17 En 2017 presentó su nueva coalición electoral, Unidad Ciudadana, con el que busca renovar al kirchnerismo, y fue elegida senadora nacional por la minoría bajo esta nueva coalición.