profesormakia

María Lazzaro y Gerardo Alzamora analizan una estrategia comunicacional del Gobierno, consistente en adelantar noticias para evaluar su impacto en la opinión pública y evaluar las decisiones finales sobre distintos temas. La escena se plantó. Los titulares de un acuerdo por debajo de las expectativas inflacionarias se regaron por los medios y las salas de conferencias esperaban vacías un inminente anuncio que se demoraría hasta el filo del inicio de clases. El Ejecutivo diseñó la secuencia y soltó al aire decenas de globos de ensayos en la prensa que solo la realidad política se ocupó de pinchar. Esas ideas o proyectos fueron difundidos con el único objetivo de medir las reacciones y respuestas que provocaban en los sindicatos y en la sociedad. El gobierno nacional tira permanentemente propuestas, que se viralizan en los medios, por buenas, malas, exageradas, brutales, necesarias o innecesarias para ver cómo rebotan e impactan en la opinión pública y ensaya una posible respuesta institucional. De esta manera, no tienen empacho en corregir, desdecirse, negar y/o cambiar el proyecto... ¡Por aquello de Cambiemos! O mejor aún, cambiemos algo, para que nada cambie. Los vaivenes de las negociaciones en la paritaria federal docente fueron una prueba más de esos globos de ensayo que plantó la política comunicacional de la gestión macrista desde que asumió. Estos sondeos funcionaron como un test para un año que se avecina cargado de turbulencias por el feroz ajuste que propone la administración de los gerentes. En más de 90 días de gestión, el Ejecutivo se caracterizó por ponderar la comunicación y el marketing por encima de las políticas de Estado. Dejó librado al azar las consecuencias de sus acciones y se abrazó a la prueba y error. Entonces podía avanzar tres pasos, para retroceder dos y en la cuenta habrá quedado un paso adelante. Un ejemplo contundente fue el anunciado techo para el aumento docente de entre 20 y 25 por ciento. Al acordarse un 40,2 por ciento, el Gobierno cambió de opinión y luego acusó a los gremios de manipular cifras. El rechazo absoluto de todos los sindicatos docentes hizo rever esa posición. Sin embargo, las presiones de los mandatarios provinciales hicieron tambalear un acuerdo cerrado a días del inicio de clases. En forma paralela se filtraba en Internet que la Casa Rosada arreglaba con el siete por ciento de los holdouts que no había aceptado a entrar al canje de la deuda. ¿El Ejecutivo podía pagarle a los fondos buitres, pero no podía invertir en educación? Los rumores y falsas informaciones se apoderaron de la agenda de los medios, pero finalmente la paritaria federal fue un poco de agua en el desierto. Los tarifazos a los servicios públicos fueron otro ejemplo de las medidas lanzadas por los diarios y después materializadas en conferencias de prensa (para el boletín oficial había tiempo ¿no?). La estrategia era difundir datos con el objetivo de crear un estado de conciencia social que considere que dos pizzas era lo mismo que pagar la boleta de la luz. El ejemplo no fue menor: la plata es para las multinacionales y jamás para el consumo. Entre las acciones gubernamentales y la difusión de hechos está el rol del discurso periodístico, que se desarrolla a través de una serie de estrategias para persuadir a la audiencia. Aunque hay que tener en cuenta que el uso político de estas herramientas puede generar de forma consciente o inconsciente una corriente de opinión a favor de determinadas medidas. Sobre todo si el mecanismo usado es la repetición. El peligro de institucionalizar esa idea en la agenda de los medios es minimizar el impacto económico y las consecuencias que genera en el bolsillo del pueblo trabajador. Pero la corriente de opinión favorable se termina apenas este Gobierno saque plata de la billetera de todos. A propósito de “medios”: ¡Billetera mata galán! También los diarios informaron con antelación del cambio del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Antes del anuncio oficial se pudo analizar el impacto de la modificación tributaria, pero sin profundizar en los detalles. Las hipótesis se publicaron en los diarios antes que se confirme oficialmente. Es decir, la suposición de la conjetura. El resultado: hoy pagan más que ayer. Además, una columna dominical adelantó que en abril o mayo un Juez Federal procesaría a un alto funcionario de la anterior administración nacional. ¿Otro globo de ensayo? O los medios se han convertido en voceros de la Justicia... qué está por venir. El poder no solo se construye con caudal político, sino con poder simbólico. Por estos motivos, saber cómo informar es una herramienta de la política comunicacional de cada Gobierno, aunque tampoco hay que demonizar el papel de los medios. Como docentes tenemos que fomentar la lectura crítica y revalorizar el rol de la palabra, pero también explicar que la prensa no nos dice qué pensar si no sobre qué temas debemos debatir. * Secretaria general adjunta Sadop-CDN . ** Secretario de Comunicación y Prensa Sadop-CDN.

se encontrò en facebook un post titulado "No se debe usar el estado para hacer negocios personales ¿verdad?" nos gustaria que un fiscal , abogado, ¡un juez serìa mucho pedir? actue de oficio. la gravedad de estas lìneas merece mucho mas que el repudio social a la polìticas y a la persona del presidente.Merecemos como ciudadanos que mantenemos en funcionamiento el estado conocer algunas verdades que son vox populi. tenemos un presidente con serios antecedentes de corrupciòn y vaciamiento de empresas y la justicia deberìa ser un poquitìn mas incisiva a la hora de medir su gestiòn al frente del paìs

La columna de Liliana Herrero sobre los 100 días de Macri que explota en redes sociales La popular artista Liliana Herrero, intérprete del folklore argentino y profesora universitaria en Filosofía, dio a conocer un artículo de opinión sobre los 100 días de Mauricio Macri como presidente. He visto Opinión Por Liliana Herrero * He visto despidos a mansalva sin ningún tipo de investigación sobre las tareas que se desarrollaban en las instituciones del Estado, con métodos policíacos, persecutorios y espionajes de redes sociales particulares. He visto una descalificación profunda de la palabra militante como si ella significara vagancia y aprovechamiento. He visto despidos en empresas privadas. He visto desesperación en los pequeños comerciantes. He visto tensar la cuerda hacia los más débiles y soltarla para los que más tienen. He visto tarifazos. He visto destruir lentamente los teatros, cerrarlos, hacer fiestas privadas en ellos y acogotarlos con boletas impagables de luz para la formas culturales independientes. He visto decretazos. He visto a la Gendarmería atacar a niños de murgas con balas de goma. He visto balear locales partidarios. He visto a la justicia rendida a sus pies y atacar a los jueces que persisten en la independencia de su actividad. He visto cuestionar a los organismos de derechos humanos, desde impedir el ingreso a las Madres a la plaza, hasta reducir a números a los desaparecidos, como si la cantidad anulase el horror. He visto decidir represión para manifestaciones de cualquier orden. He visto cerrar infinidad de centros culturales, privatizar otros, anular planes sociales. He visto un perro prestado en el sillón presidencial. He visto a este gobierno someterse y pactar con los poderes económicos, aquellos que nos han llevado a la pobreza y que han intervenido en acciones que atentan contra nuestra soberanía e independencia. He visto a los medios retirarse de toda crítica y reflexión. He visto justificar estos planes de gobierno estigmatizando al pasado inmediato anterior. He visto apresar a una mujer llamada Milagro Sala sin juicio ni causa que lo justifique. He visto como nunca antes un discurso sin ninguna densidad histórica ni reflexión sobre los infinitos pliegues culturales y políticos bajo los cuales un país se constituye como tal. He aquí los cien días del gobierno de Macri!!!!. Y todos sabemos que esta enumeración es absolutamente incompleta Salud!!! * Cantante.

La dictadura estatizó la deuda de los Macri. Ahora son parte de la deuda externa que debe pagar el país Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del Presidente forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario. las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri. Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales. Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros. Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa (ver aparte). Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras. El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares. “Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias”, aseguró a Tiempo Argentino uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero. Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. “Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia”, explicó Olmos Gaona. Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió. “El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal”, sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina . La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio”, afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar. Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”. Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo “iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas”. El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri. También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina , Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina , Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault. Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, “sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.” Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió. A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación, no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado. En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: “Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada.” Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia. « Al pueblo Estafa “Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino”, dijo el ex diputado Mario Cafiero. La cifra 23 mil millones de dólares es el perjuicio que, según se calculó en 1983, las empresas asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado Nacional. Principales beneficiados 01 – Cogasco SA 1.348.000.000 02 – Autopistas Urbanas SA 951.000.000 03 – Celulosa Argentina SA 836.000.000 04 – Acindar SA 649.000.000 05 – Banco Río 520.000.000 06 – Alto Parana SA 425.000.000 07 – Banco de Italia 388.000.000 08 – Banco de Galicia 293.000.000 09 – Bridas SA 238.000.000 10 – Alpargatas SA 228.000.000 11 – CitiBank 213.000.000 12 – Cía. Naviera Perez Companc 211.000.000 13 – Dalmine Siderca 186.000.000 14 – Banco Francés 184.000.000 15 – Papel De Tucumán 176.000.000 16 – Juan Minetti SA 173.000.000 17 – Banco Mercantil 167.000.000 18 – Aluar SA 163.000.000 19 – Banco Ganadero 157.000.000 20 – Celulosa Puerto Piray 156.000.000 21 – Banco Crédito Argentino 153.000.000 22 – Banco Comercial del Norte 137.000.000 23 – Banco de Londres 135.000.000 24 – Banco Tornquist 134.000.000 25 – Banco Español 134.000.000 26 – Sade 125.000.000 27 – Sevel 124.000.000 28 – Banco de Quilmes 123.000.000 29 – Parques Interama 119.000.000 30 – Cía. De Perforaciones Río Colorado 119.000.000 31 – Swift Armour 115.000.000 32 – IBM 109.000.000 33 – Banco Sudameris 107.000.000 34 – First National Bank Of Boston 103.000.000 35 – Astra A Evangelista SA 103.000.000 36 – Mercedes Benz 92.000.000 37 – Banco De Crédito Rural 92.000.000 38 – Deutsche Bank 90.000.000 39 – Industrias Metalúrgicas Pescarmona 89.000.000 40 – Banco Roberts 89.000.000 41 – Banco General de Negocios 87.000.000 42 – Alianza Naviera Argentina 82.000.000 43 – Propulsora Siderúrgica 81.000.000 44 – Ford 80.000.000 45 – Astilleros Alianza SA de Construc. 80.000.000 46 – Masuh SA 80.000.000 47 – Continental Illinois National Bank 76.000.000 48 – Banco Shaw 73.000.000 49 – Pirelli 70.000.000 50 – Deere and Company 69.000.000 51 – Cemento Noa 67.000.000 52 – Banco Supervielle 65.000.000 53 – Alimentaria San Luis 65.000.000 54 – Loma Negra 62 .000.000 55 – Selva Oil Incorporated 61.000.000 56 – Macrosa 61.000.000 57 – Sideco Argentina 61.000.000 58 – Chase Manhattan Bank 61.000.000 59 – Bank Of America 59.000.000 60 – Astra Cía. Argentina de Petroleo 59.000.000 61 – Deminex Argentina 57.000.000 62 – Industrias Pirelli 56.000.000 63 – Esso 55 La Penice S A 53.000.000 64 – Manufactures Hanover Trust 53.000.000 65 – Petroquímica Comodoro Rivadavia 52.000.000 66 – Cia General Fabril Financiera 52.000.000 67 – Panedile Argentina 51.000.000 68 – Fiat 51.000.000 69 – Banco Pcia. de Buenos Aires 50.000.000 Otros 11.116.000.000 TOTAL: u$s 23.000.000.000

Con Vidal los despidos en el Estado se extienden y multiplican día a día Decenas de despidos que se anuncian diariamente y los trabajadores salen a enfrentar. La necesidad que las conducciones gremiales terminen con la tregua y convoquen a un paro nacional YA contra los despidos y por el salario. “Hay que achicar los planteles” habría sido la orden que impartió la gobernadora María Eugenia Vidal a los directores de personal en todas las dependencias estatales. Y esa orden estaría siendo cumplida con mucha eficiencia. Como se puede ir visualizando en el Mapa de la Resistencia, hay despidos en la Secretaria de Derechos Humanos, en el Ministerio de Trabajo, Pami, Ministerio de Asuntos Agrarios, Secretaria de Tierras, Ministerio de Economía, en la Legislatura bonaerense, que se suman a los despidos de Garro en la municipalidad de La Plata y otros en distritos de la provincia. Macri, Vidal y Garro despiden a trabajadores que Cristina, Scioli y Bruera mantuvieron en condiciones precarias durante años. En el caso de la provincia de Buenos Aires es más grave aun porque los despidos van contra la planta temporaria que, si bien es de renovación anual, era garantía de continuidad, estabilidad y el paso previo a la planta permanente en el marco de la Ley 10430. Y los sindicatos? Bien, gracias Ante esta ola de despidos que es acompañada por una feroz campaña que tilda de “ñoquis” y “vagos” a los trabajadores estatales, los sindicatos no han hecho más que alguna declaración (en el mejor de los casos). UPCN, así como SOEME y Salud Pública en la mayoría de los ministerios y organismos salen de sus despachos para sembrar la idea que con sus gestiones la situación se irá resolviendo. Sin embargo son las mismas conducciones sindicales que miraron para otro lado mientras el kirchnerismo avanzaba con la precarización en todos los ministerios. Los delegados y juntas internas de ATE estamos al frente de cada acción sectorial y enfrentando con asambleas y medidas de fuerza los despidos y recortes. Asambleas masivas en los sectores donde hay despidos y también en aquellos donde aunque no los haya crece la preocupación por esta situación muestran que entre los trabajadores hay buenos reflejos para resistir el ataque del gobierno. Las conducciones de ATE dicen que hay que organizar la resistencia de a poco y mientras tanto le dan un tiempo precioso al gobierno que dicen enfrentar. Hay miles de despidos en los organismos nacionales, provinciales y municipales, para enfrentarlos de manera contundente necesitamos YA un paro y movilización nacional! Organizar la resistencia desde abajo y en unidad. La ola de despidos se da como antesala de la discusión salarial. El 3 de febrero estarían convocados, cada uno a su turno, los docentes y los estatales para iniciar la paritaria salarial. El gobierno de los CEOs viene por nuestro trabajo y nuestro salario. Si los despidos en el Estado pasan el gobierno estará más fuerte para imponer un aumento salarial muy por debajo de la inflación, la devaluación y los tarifazos. Por eso tenemos que exigirles a las conducciones sindicales que terminen con la tregua y convoquen a un paro nacional contra los despidos y por el salario. Tenemos que impulsar asambleas en cada lugar de trabajo y coordinar entre todos los sectores en lucha, eso está al alcance de nuestras posibilidades como lo demuestra el plenario abierto convocado por los trabajadores de la Secretaria de Derechos Humanos del que participaron decenas de organizaciones. Pero no alcanza, tenemos que exigirle a las conducciones de los gremios estatales y docentes la convocatoria a asambleas regionales, provinciales y nacionales de afiliados y no afiliados, para discutir un plan de lucha unificado que permita torcerle el brazo al ajuste de Macri y Vidal. En este camino cobra importancia el Encuentro Nacional de Trabajadores que para el 5 de marzo convocan distintas organizaciones combativas del movimiento obrero.

Nuevo escándalo de Dietrich: usó el helicóptero presidencial para ir a su country Aterrizó en una cancha de polo no autorizada como helipuerto. Voceros del funcionario dijeron a La Politica Online que fue una decisión del Presidente. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, enfrenta un nuevo escándalo. Luego de que LPO revelara que habría presionado a Isela Costantini para que su familia viaje en primera clase en Aerolíneas Argentinas, ahora sale a luz que el funcionario usó el helicóptero presidencial para ir a su country junto a uno de sus hijos. Sin habilitación Un tema complejo que surge de la foto de Dietrich en el helicóptero presidencial es el lugar utilizado para el aterrizaje. Se trata de una cancha de polo de un country, que no tiene habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), el único organismo que puede otorgar esas autorizaciones. En los listados oficiales de la Anac no figura la cancha de polo del country Charcas de Murray como uno de los helipuertos autorizados. A pesar de esto, una fuente de Pilar indicó que es “muy habitual” que helicópteros aterricen en ese lugar. Dos fuentes del sector aeronáutico coincidieron ante LPO que sería muy extraño que se autorice una cancha como helipuerto. “Legalmente no se puede aterrizar ahí, los terrenales no podemos hacerlo”, explicó un experimentado piloto. Más allá de lo estrictamente normativo, hay un tema aún más grave que atañe a la seguridad presidencial. Las fuentes analizaron la imagen del helicóptero y alertaron sobre la cercanía del lugar de aterrizaje con torres y cables de alta tensión. “A simple vista es muy temerario”, señaló el piloto, mientras que la otra fuente agregó que nunca se podría haber habilitado un lugar tan cercano a los cables de alta tensión, y hasta lo juzgó “irresponsable”. Este medio ya había dado cuenta de la inquietud que existe en el entorno del presidente por su nuevo hobby de pilotear helicópteros durante los fines de semana, algo que hace junto a Joaquín Spokojny, uno de sus secretarios. La preocupación es que Macri no tiene experiencia ni licencia para pilotear, y además utiliza un Robinson 44, una aeronave de seguridad bastante precaria. Joaquín Spokojny es hermano de Leonardo, titular de la empresa Beech Flying, a la que Macri como jefe de Gobierno porteño le alquiló en 2014 dos helicópteros por 5.262.000,00 de pesos, según reveló Clarín. Un dato extra es que apenas asumido presidente Macri habría ordenado desplazar a todos los militares que estaban encargados de pilotear las naves presidenciales (algo que está regido por la normativa nacional) y los reemplazó por civiles de su confianza, que fueron los que lo transportaron durante los últimos años en la campaña. Además de los hermanos Spokojny, en esa decisión también tuvieron influencia Carlos y Diego Colunga, que manejan la empresa de vuelos privados Mac Air, propiedad de Franco Macri. http://www.lapoliticaonline.com/nota/96307-nuevo-escandalo-de-dietrich-uso-el-helicoptero-presidencial-para-ir-a-su-country/

En el debate: “Por qué le mentís a la gente Daniel?... No vamos a devaluar, ni ajustar, ni sacar los subsidios. No tenemos previsto tarifazos. No vamos a echar a nadie de su trabajo!... En qué te convirtieron Daniel?...” – 15/11/2015 "No vamos a devaluar" -"No vamos a poner y sacar jueces a nuestro antojo" -"Vamos a respetar las instituciones" -"No vamos a gobernar por decreto" -"Vamos a respetar la independencia de poderes" -"No nos vamos a endeudar en el exterior" -"No vamos a perseguir al que piensa distinto" -"Vamos a respetar las instituciones" -"No vamos a perseguir a ningun politico" -"no vamos a mentir con el INDEC ni con nada" -"No vamos a echar a nadie" -"Queremos pobreza cero" -"En el primer mes van a llover las inversiones" -"Reducir la inflacion es la cosa mas facil para mi gobierno" -"No nos vamos a endeudar para pagarle a los buitres" -"Mi principal preocupacion es la educacion publica" -"No vamos a censurar a nadie" -"la Televisión Pública de ninguna manera iba a estar al servicio de la propaganda oficial" "No voy a usar el Estado para provecho personal."

IRON MOUNTAIN, SEGUNDO ANIVERSARIO DEL INCENDIO EN EL QUE MURIERON OCHO BOMBEROS Y DOS RESCATISTAS Hasta ahora, sólo se comprobó que el fuego en el depósito que la empresa tiene en Barracas fue intencional. Pero no hay acusados. Nunca apareció la habilitación del gobierno porteño. Y la firma sigue recibiendo millonarias exenciones de impuestos por parte de la Ciudad. Se cumple hoy el segundo aniversario de la tragedia de Barracas con más certezas negativas que positivas en la investigación judicial. La Fiscalía de Instrucción N°37 no tiene imputados en la causa. El expediente que se sigue por el incendio donde diez servidores públicos perdieron la vida es casi una foto fija. La habilitación del gobierno porteño para que funcionara la empresa Iron Mountain sigue sin aparecer. El abogado de nueve de las familias de las víctimas admite que recibieron indemnizaciones bajísimas pagadas por la multinacional estadounidense. La compañía en cuyo depósito se produjo el siniestro el 5 de febrero de 2014 sigue recibiendo millonarias exenciones de impuestos por parte del gobierno porteño. En la Legislatura, un diputado presentó un proyecto para solicitar “al Ejecutivo que brinde su más amplio apoyo y colaboración” para que se esclarezca el hecho en que murieron ocho bomberos y dos trabajadores de Defensa Civil. Sin embargo, hasta ahora solo se constató una cosa: que el fuego se inició de manera intencional. La secuencia del hecho comenzó con el derrumbe de una pared que aplastó a los diez servidores públicos a las 9.04 de la mañana de aquel 5 de febrero. Casi un mes tardó en extinguirse el incendio. Un año demoró el peritaje que confirmó cómo empezó todo. Dos años pasaron sin imputados en la causa judicial. Tres años más (hasta 2019) continuará Iron Mountain eximida con el 100 por ciento del pago de Ingresos Brutos en la ciudad. Tampoco pagará el ABL hasta 2029. Según los datos que se conocen, las exenciones totales entre 2009 y 2012 ascendieron a 4.842.030,23 pesos. Por el presunto delito de lavado de dinero hay otra causa vigente en la que investiga el fiscal Claudio Navas Rial. Bancos como el HSBC, BNP Paribas, Patagonia, JP Morgan Chase, Credit Suisse y Banco General de Negocios perdieron miles de cajas con documentación en el incendio. En 2014, la Procelac denunció un posible hecho de corrupción internacional de la constructora Sideco Americana, del Grupo Macri, que también guardaba cajas en Iron Mountain. La compañía aportó información sobre una caja que tenía el código “KN100010183” y estaba rotulada bajo la leyenda “Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)”. El camino hacia el esclarecimiento de la tragedia parece demasiado lejano y difícil de recorrer. Ya lo había dicho Sandra Baricola, la hermana de Pedro, el joven muerto que pertenecía a Defensa Civil: “Hay un encubrimiento del gobierno de la ciudad para que no se esclarezca este hecho y tapar pruebas”. La mujer también perdió a su madre por el disgusto que le provocó el fallecimiento de su hijo menor. El diputado porteño del Frente para la Victoria Gabriel Fuks –uno de los legisladores que siguió más de cerca las causas y efectos del incendio– sostiene que “el jefe de Gobierno de la ciudad debería poner a disposición de la Justicia todos los elementos con que cuenta sobre el caso Iron Mountain, ya que el desmadre inspectivo, comprobado en las respuestas a los pedidos de informe de la Legislatura, puede haber sido perfectamente observado por la mano criminal como campo fértil para su acción”. El 14 de enero pasado, Fucks presentó un proyecto de declaración en el que le pide al Poder Ejecutivo que active “las acciones administrativas y judiciales que permitan identificar responsabilidades y esclarecer las causas que ocasionaron tan luctuoso suceso”. Miguel Arce Aggeo, el abogado de nueve de las diez familias de las víctimas, le dijo a Página/12 que “con el cambio de fiscal –ahora la investigación está a cargo de Romina Monteleone– la causa mejoró. Antes, con Marcela Sánchez, iba un poco lenta”. Anticipó que pedirá la declaración indagatoria del responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el militar retirado Juan José Gómez Centurión, y de otros funcionarios de ese organismo. Los responsabiliza por no haber tomado medidas contra la empresa propietaria del depósito incendiado de la calle Azara 1245. Iron Mountain, según el letrado, pagó “indemnizaciones civiles por 80 mil, 100 mil pesos. Eran muy bajas”, las definió. A la pregunta de este diario sobre si ese cobro hacía caer la acción civil de los familiares, dijo: “Tengo mis dudas porque también hay una responsabilidad compartida con el Gobierno de la Ciudad”. En 2015, Rolando Monticelli, padre de Juan Matías, uno de los bomberos de Policía Federal que murió en el siniestro, denunció al mayor (R) por una amenaza que partió desde una cuenta de Facebook atribuida al director de la AGC. En ella le escribieron: “Me voy a encargar de vos, te aconsejo que no te ganes un enemigo peligroso”. Gómez Centurión es el mismo funcionario que no supo o no pudo explicar en la Legislatura cómo se extravió el expediente con el trámite de habilitación para que funcionara el depósito de Iron Mountain en Barracas. En un informe del 6 de marzo del año pasado, varios diputados porteños dieron a conocer datos aportados por diferentes áreas del gobierno que entonces conducía Mauricio Macri. “Sugestivo extravío de un expediente crítico”, escribieron. El militar siempre descargó la responsabilidad de la habilitación en los Bomberos de la Policía Federal. Gustavo Benzi, comisario mayor de ese cuerpo, lo desmintió en un extenso informe en la TV Pública: “El funcionario tiene falta de conocimiento”, dijo y apuntaló su definición con una evaluación técnica: “Iron Mountain tenía una carga de fuego muy elevada depositada en altura”. Esa carga es la que tomó fuego a las 7.55 de la mañana y poco más de una hora después, a las 9.04, provocó la caída del paredón de 45 centímetros de espesor sobre la calle Gaspar de Jovellanos que aplastó a los bomberos. Las medidas preventivas de la empresa no fueron suficientes. En el peritaje se leía un año después que “surge como única hipótesis de inicio del fenómeno una maniobra tendiente a provocarlo”. También que la reserva de agua del depósito tenía 45 mil litros en lugar de los 145 mil requeridos. Los legisladores Oliveto Lago, Villalba, Bauab, Form, Fucks, Huici, Lipovetzky, Nosiglia y Pokoik, basados en información suministrada por el gobierno porteño, realizaron una cronología de las distintas acciones de registro, control y fiscalización del depósito a marzo del año pasado. En ella señalaron que no se labraron actas de infracción a la empresa, que no se aprobaron los planos de evacuación y simulacro presentados ocho veces por la multinacional entre abril de 2009 y mayo de 2013 y concluyeron que aquellos procedimientos no fueron “claros, confiables, eficaces y efectivos en materia de control”. Una buena parte de esta responsabilidad se atribuye a la Agencia Gubernamental de Control. Curiosamente, Gómez Centurión es coautor de un manual de manejo de crisis para los funcionarios del gobierno porteño. Crisis como las generadas por derrumbes, incendios y todo tipo de delitos como sobornos y sabotajes. Incluso, permite saber qué hacer con expedientes comprometedores ante una situación límite. ¿Será este el caso de la habilitación del depósito de Iron Mountain concedida el 2 de noviembre de 2007, unos días antes de que asumiera el gobierno porteño el actual presidente de la Nación? En la AGC deberían tener la respuesta.

LA PRIMERA OBRA PUBLICA ADJUDICADA EN EL GOBIERNO DE MACRI FAVORECIO A LA CONSTRUCTORA CAPUTO Un concursante demasiado cercano y exitoso La firma Caputo se adjudicó una obra civil para la CNEA. Macri había asegurado que no participaría de licitaciones en su gestión. El gobierno de Mauricio Macri le adjudicó a la constructora de Nicolás Caputo la obra civil para la instalación del reactor nuclear RA-10. La firma de Caputo, un amigo íntimo de Macri desde la infancia, recibirá del Estado 797 millones de pesos por llevar adelante la edificación. Las otras empresas que participaron en la licitación, la cual fue lanzada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aunque recién ahora se terminó de definir el proceso de adjudicación, fueron Iecsa, de Angelo Calcaterra, y la constructora del Grupo Petersen, de Enrique Ezkenazi. La fabricación del reactor nuclear se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quel trabaja en conjunto con la firma de ciencia e innovación Invap. Mauricio Macri había asegurado que su amigo Nicolás Caputo no sería beneficiario de ninguna obra del Estado, con el objetivo de cuidar la transparencia de las cuentas públicas. Pero la primera gran adjudicación que hace la nueva gestión de Cambiemos terminó siendo para quien guarda estrechas relaciones personales y financieras (préstamos personales declarados entre ambos). La situación no es novedosa, puesto que ya se había observado en la administración de Macri al frente de la Ciudad. Como jefe de Gobierno de la Capital, reiteró en varias oportunidades que la principal empresa constructora de Caputo no había licitado ni una sola obra en su gestión. Incluso detalló que los pagos realizados a la firma constructora por el gobierno porteño en sus ocho años de administración de la Ciudad de Buenos Aires correspondieron a contrataciones de gestiones anteriores. Si bien es cierto que la principal firma de Caputo no recibió nuevas obras en ese período, hubo adjudicaciones millonarias para la empresa SES SA., de la cual el amigo de Macri es dueño del 50 por ciento. En la columna de opinión de este diario del 6 de diciembre pasado de Alfredo Zaiat se precisó en detalle la íntima relación de Macri con Caputo y los negocios compartidos: “En los ocho años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri adjudicó obras a SES, que es lo mismo que decir a su amigo Caputo, por unos 1200 millones de pesos, según información proporcionada por la Auditoría General porteña. Es tan estrecha la relación de las empresas Caputo y SES que comparten el mismo presidente que firma los balances entregados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: Teodoro José Argerich”. El vínculo de Macri con el hombre de negocios de la construcción no sólo se asocia con obras adjudicadas desde el sector público sino que existen negocios financieros e incluso deportivos. En la declaración jurada de Macri figura un préstamo por casi 19 millones de pesos entregado a Caputo. Zaiat cuenta además que el constructor fue la mano derecha del actual presidente en el negocio de la compra de jugadores cuando estuvo al frente de Boca. La confianza entre ambos es notable, al punto de que durante el episodio de secuestro que vivió Macri hace más de una década, Caputo se encargó de pagar el rescate. El último negocio de esta dupla de empresarios avanza en la adjudicación de la obra civil que permitirá instalar el reactor RA10. Se trata de un proyecto de infraestructura por el cual Caputo embolsará del Tesoro cerca de mil millones de pesos. El equipo que se instalará es un reactor nuclear, cuya fabricación está a cargo de la firma estatal Invap, la cual tiene experiencia a nivel internacional vendiendo reactores a países del mundo desarrollado como Australia. El aparato producirá radioisótopos para uso en medicina nuclear, procesos industriales, ensayos de combustibles y materiales, capacitación y otras tareas. Uno de los puntos destacados de este equipo, que fue adjudicado en la gestión kirchnerista para reemplazar al reactor RA-3 (el cual está por cumplir su vida útil), es que posibilitará aumentar la exportación de radioisótopos al mercado brasileño. El RA-10 demandará un tiempo de construcción de cuatro a cinco años, y se instalará en el Centro Atómico Ezeiza, junto al reactor RA3 al cual deberá relevar. Tendrá una potencia térmica de 30 megawatts, el doble del RA-3, y un cincuenta por ciento del reactor OPAL, el equipo que Invap consiguió vender al mercado australiano.

El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, ubicó a su hijo como jefe de asesores de su ministerio, un cargo que tiene rango y jerarquía de subsecretario, lo que generalmente reporta salarios no inferiores a los 30 mil pesos. A través del decreto 330, que lleva las firmas de Mauricio Macri y Santos, se designó a "Matías Agustín Santos Crocsel en el cargo de Jefe de Asesores de Gabinete del Ministro de Turismo, con rango y jerarquía de Subsecretario, a partir del 13 de enero de 2016". Matías Santos Crocsel, de 34 años, es licenciado en Administración y según supo LPO ya había trabajado junto a su padre en la Agencia Córdoba Turismo, que Santos padre condujo en los gobiernos de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota. Santos Crocsel figuraba en 2013 como uno de los fundadores de la firma "Portal de Güemes S.R.L", dedicada a la "actividad gastronómica y del espectáculo en general", de acuerdo a la información del boletín oficial de Córdoba. No obstante, en el último tiempo a Santos Crocsel se lo vio en Córdoba como el principal colaborador de su padre, un dirigente de origen radical que construyó su carrera política sin estructura política, por lo que su círculo de confianza es más bien acotado.