la falacia del patriotismo o nacionalismo militar se ve claro en el analisis de su plan economica,y decir"su plan" ya es decir mucho
hablar de patria o nacionalismo en boca de esta gente es uno de los chistes mas grandes que se cuentan en la argentina
La dictadura militar del general Videla (1976-1981) se caracterizó por una agresiva política de endeudamiento del Estado y de las empresas públicas. El endeudamiento de Argentina era una de las principales prioridades de los intereses extranjeros que estaban detrás de la dictadura: inmediatamente después del golpe militar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un crédito multimillonario a Argentina y declaró a los bancos occidentales que este país era un lugar privilegiado para reciclar el exceso de petrodólares . La dictadura justificó el endeudamiento irracional alegando su necesidad de divisas fuertes para sostener el descabellado aumento de las importaciones, especialmente de armas (compradas a los mismos países y empresas que promovieron el golpe militar y el endeudamiento). Sin embargo, las fortunas enviadas por capitalistas argentinos a países occidentales y paraísos fiscales durante la dictadura suman más que el total de deudas contraídas por Argentina en ese periodo.
Desde el comienzo de la dictadura (marzo de 1976), la deuda externa argentina creció de menos de 8.000 millones de US$ a más de 170.000 millones. Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de US$ en el mismo período, pero la deuda siguio creciendo debido sobre todo a la fuerte subida de intereses decidida por Reagan y Thatcher a comienzo de los 80s.
La dictadura provocó deliberadamente la bancarrota del sector público, preparando el terreno para su privatización. Por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) fue forzada a endeudarse en el exterior, pese a no necesitarlo en absoluto. En el momento del golpe militar, la deuda externa de YPF era de 372 millones de US$. Siete años mas tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de US$. Casi todos los créditos quedaron en manos de la dictadura, que además redujo a la mitad las comisiones que iban a YPF por la venta de combustibles para aumentar sus ingresos. YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, podía haberse dotado de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades, complementando la de sus tres refinerías ya existentes. Al final de la dictadura, YPF estaba asfixiada por las deudas, pese al despido de 13.000 de los 47.000 trabajadores que tenía la empresa en 1976.
De manera general, los créditos multimillonarios contratados por el Estado o las empresas públicas con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. En 1979 el 83% de estas reservas estaban fuera del país. El Banco Central argentino colocaba discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, apoyado por la generosa intermediación de la Reserva Federal estadounidense. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. El Banco Central argentino fue dirigido durante la dictadura de Videla por Domingo Cavallo, que luego fue ministro de economía con Carlos Menem (del partido peronista) y con De la Rúa (del partido radical). El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica de 1976 a 1981, Guillermo Klein, dirigía al mismo tiempo una oficina privada que representaba los intereses de 22 bancos extranjeros.
Al final de la dictadura, el Estado asumió las deudas (reales o ficticias) de los capitalistas argentinos y extranjeros. El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, pese a lo cual el gobierno de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. El estado argentino asumió también las deudas contraídas por filiales argentinas de empresas y bancos multinacionales con sus casas matrices o con bancos internacionales, fácilmente fabricables por un juego de contratos ficticios. Sólo se mantuvieron las deudas que la dictadura impuso sobre las empresas públicas, por lo que Menem esgrimió el argumento de su endeudamiento para privatizarlas, previa transferencia de las deudas al Estado.
La sentencia (del 13 de julio del 2000) revela que el Estado asumió las deudas de 26 bancos con los que el mismo Estado argentino estaba endeudado, tales como Citibank, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, etc. Señala que "la deuda externa (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día" . La Corte Suprema declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen Videla y recomendó al Congreso utilizar esta sentencia para negociar su anulación. El Congreso ignoró la recomendación, pues los oligarcas que lo componen también se benefician del pillaje: los capitalistas argentinos compran en los mercados financieros norteamericanos y europeos los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo, y reciben por tanto una parte de los reembolsos.
Según consta en los documentos oficiales del gobierno del Proceso, las medidas inmediatas a adoptar en el terreno económico eran definidas vagamente como aquellas "medidas de control de emergencia necesarias para mejorar la situación existente hasta tanto se pueda instrumentar la reactivación económica en forma coherente"
En segundo lugar, se mencionaba la elaboración de un plan económico que contemplaba los siguientes objetivos: a) estímulo a la productividad; b) reactivación del aparato productivo; c) control y disminución del déficit presupuestario; d) aliento a las inversiones; e) reversión de la política estatizante; f) búsqueda de la eficiencia en los servicios públicos y empresas del Estado; g) implementación de una política agropecuaria realista; h) reactivación de las obras públicas; i) instrumentación de un adecuado régimen de comercialización; j) impulso a las exportaciones tradicionales y no tradicionales; k) desaceleración de la inflación compatible con el mantenimiento de la actividad económica; l) reordenamiento impositivo.
No obstante, existía cierto diseño técnico de las medidas concretas a adoptar. El 2 de abril de 1976 el flamante Ministro de Economía Martínez de Hoz anunció por radio y televisión las nuevas medidas económicas tendientes, en términos generales, a reducir la inflación y el gasto fiscal, redefinir la política tributaria, ampliar y liberalizar el mercado de capitales, liberalizar los precios y promover las exportaciones dentro de los principios de la multilateralidad
Los principales objetivos del llamado "Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina" eran los siguientes: i) lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable para la modernización y expansión del aparato productivo, lo que garantizaría un crecimiento no inflacionario de la economía; ii) acelerar la tasa de crecimiento económico; iii) alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios, en la medida adecuada a la productividad de la economía.
Más concretamente, las disposiciones centrales del nuevo plan económico incluían: a) fijación de un nuevo nivel de equilibrio de los salarios reales inferiores en un 40% al nivel promedio del quinquenio anterior; b) eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios; c) ampliación de un programa de reducción progresiva de los aranceles de importación; d) eliminación de subsidios a las exportaciones no tradicionales, de créditos de fomento y de prestaciones sociales deficitarias (e.g., en las áreas de salud y vivienda); e) incremento de las tarifas de servicios públicos; f) liberalización de los mercados cambiario y financiero; g) financiamiento del déficit público mediante colocación de títulos en el mercado de capitales; h) reducción del gasto, del empleo y del déficit del gobierno; i) privatización de empresas que habían pasado al control estatal
Como puede observarse, la mayoría de estas medidas no eran novedosas. Muchas se habían implementado bajo administraciones anteriores. Sin embargo, Martínez de Hoz argumentaba que nunca se las había puesto en práctica a conciencia. Esta vez se esperaba hacerlo sin medias tintas, ya que el gobierno poseía la voluntad y el poder para hacerlas cumplir. Además, esta vez se contaba con el apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional, con el que a poco de asumir se negociaron varios préstamos bajo la condición de alcanzar ciertas metas económicas
A partir de las medidas antes enunciadas, pueden identificarse los ejes centrales de la política económica del período 1976-1983. En primer lugar, la apertura de la economía: durante los dos primeros años, el instrumento predominante fue la reducción de los aranceles de importación a la oferta de bienes industriales competitivos con la producción nacional. En segundo lugar, la liberalización del mercado de capitales, que hasta ese entonces mantenía las tasas de interés y las normas cambiarias estrictamente controladas por el Banco Central. Al respecto, el paso más importante fue dado en junio de 1977 cuando se implementó la llamada Reforma Financiera, por la que se liberalizaron las tasas de interés de la banca comercial, se eliminó la mayor parte de los créditos subsidiados y se liberalizó el mercado cambiario
La llegada al poder del régimen militar argentino en marzo de 1976 no pareció constituir en un primer momento motivo de conflicto con el gobierno republicano de Gerald Ford, dado que la emergencia de un gobierno autocrático en la Argentina fue percibida como una salida “necesaria” al caos generado por el gobierno de Isabel Perón. Así, desde Washington, medios de prensa y organismos oficiales emitieron evidentes gestos de la posición favorable de la administración Ford hacia el nuevo gobierno argentino. Un cable proveniente de la capital norteamericana informó acerca de la “buena disposición” con que el Fondo Monetario Internacional saludaba al régimen militar argentino, mencionándose la posibilidad de que el gobierno de Videla obtuviese un crédito stand-by por 300 millones de dólares. A su vez, el propio gobierno de Ford recomendó el envío a los militares argentinos de 49 millones de dólares en concepto de asistencia militar para el año 1977. Por cierto, estos gestos demostraron la positiva repercusión que en las autoridades y los hombres de negocios norteamericanos tuvo el plan liberal del ministro Martínez de Hoz, que apuntaba a la apertura financiera y la atracción del capital extranjero.Desde la óptica de la administración Ford, la política económica de Martínez de Hoz era una “garantía de los intereses de la política económica exterior de los EE.UU.” y el gobierno de Videla constituía “un factor de perfecta estabilización” después de “las luchas con características de casi guerra civil” en los años de las administraciones peronistas.
en 1978 el frustrado intento del Departamento de Estado de vetar los créditos del Eximbank a la Argentina como “castigo” por las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar fue un claro caso del influyente peso de los sectores “pragmáticos” en su puja con los “cruzados”. A pesar de los esfuerzos de Carter y de los miembros del Departamento de Estado, el Eximbank continuó sus operaciones con la Argentina. Sus créditos pasaron de 27,4 millones de dólares en 1978 a 32,7 millones en 1979 y 79,2 millones en 1980. Este resultado, que evidenció la debilidad de la política impulsada por el ala liberal del Departamento de Estado, fue producto de la presión ejercida en contra de esta sanción por numerosos representantes del sector privado norteamericano, y de las excelentes relaciones del ministro de Economía argentino Martínez de Hoz con los representantes del ámbito financiero de Wall Street, las autoridades del Departamento de Tesoro y el propio presidente del Eximbank, John Moore.
La etapa de la circulación de dinero que producía más dinero fue denominada “la época de la plata dulce” y, junto con endeudamiento externo, trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a una tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta: con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor.
Los grandes grupos obtenían créditos pero no los invertían en la producción sino en la especulación. A su vez, la clase media se dedicó a invertir sus “pequeños” ahorros en las financieras, con tasas de interés altísimas, y a aprovechar el dólar barato para viajar al exterior y adquirir allí variedad de productos. Esa creciente influencia del capital financiero significó la instalación de numerosos bancos en el país, así como un importante proceso de concentración de, estos. Sin embargo, el sector bancario en desarrollo sufrió crisis que repercutieron directamente en el proyecto económico diseñado por la dictadura.
El año 1980 fue el comienzo de un final anunciado: las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30%, acompañadas por una nueva crisis mundial que, para un proyecto basado en el mercado externo, era determinante. En ese contexto se produjo el “crack bancario” de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada “plata dulce”. La quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR) fue el primer indicador. Siguió el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales. El frente de la burguesía que hasta ese momento había apoyado acríticamente al proyecto —sobre todo en su aspecto represivo— reclamó una política de salvataje por parte del Estado frente al crack industrial y financiero. A partir de allí, el plan pasó a retiro.
En realidad esta primera etapa del plan económico constituía una puesta a punto de lo que vendría meses más tarde. El 1 de junio de 1977 la “ley de entidades financieras” libera el mercado de dinero y le da garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Con esta norma, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Comenzó así la especular y tristemente celebre "bicicleta financiera".
En octubre del ‘77, las tasas de interés alcanzaron un nivel del 135 por ciento anual. La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas tuvieran que endeudarse en el extranjero, la que debieron pagar altas tasas para lograr financiación en el mercado local. Así, mientras los plazos fijos y las financieras se reprodujeron ferozmente, los que tomaron créditos hipotecarios durante esa época terminaron pagando tasas usurarias: el ejemplo fue la de la recordada circular 1050 del Banco Central, que determinó que miles de ahorristas terminaran pagando tasas siderales o que debieran entregarle sus viviendas al banco, ya que los intereses, fijados por un mercado de tasas que llegaron a mas del 100 por ciento al año, tornaba impagables los préstamos.
En 1978, el plan de Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total: la inflación anual llegó al 160 por ciento, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2%. Al crecimiento nulo del país se le sumaron los fuertes gastos del Estado: el 25 de junio del 1978 la Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Ese mundial, organizado en el país, costó cerca de US$ 500 millones, gasto que fue completamente cubierto por el Estado.
Paralelamente a la “mano dura” aportada por los militares el Ministro de Economía Martínez de Hoz implementaba medidas económicas de corte neoliberal como la baja de las tasas de importación (en pos de abrir nuestra economía), la sobrevaluación del peso argentino respecto al dólar y medidas de aliento a la especulación financiera (la famosa tablita que era una devaluación anunciada y la promulgación de la Ley de Entidades que liberaba el mercado de dinero dando, además, garantía estatal a los plazos fijos).
Estas tres medidas aplicadas en conjunto provocaron la Desindustrialización y el Endeudamiento del Estado (la deuda externa argentina aumentó de 7.875 millones de dólares en 1975 a 45.087 millones en 1983) en gran parte favorecida por la NACIONALIZACION de las deudas de empresas multinacionales como IBM, General Motors, Ford Motors, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America etc. instrumentada por DOMINGO FELIPE CAVALLO
los beneficiarios del genocidio
Mi objetivo para cumplir con la sangre de mis compañeros es llegar al fondo de la cuestión”. Con estas palabras Hugo Crosatto expresa el motivo por el cual trabajadores y delegados de la década del 70 se están organizando para pedir el juicio y castigo a los cómplices civiles de la última dictadura militar argentina.
Julio Dalessandro agrega: “Querían descabezar al movimiento obrero, parar la organización que se venía”. Ambos hablan desde la experiencia y por los compañeros que no están. Mercedes Benz, fábrica en la que los dos trabajadores cumplían sus jornadas laborales, fue una de las tantas empresas que promovió y luego se benefició con el golpe de Estado de 1976.
Desde septiembre de 1975, los jefes militares acordaron la implementación de un modelo económico neoliberal y, en consecuencia, definieron una estrategia clandestina que neutralizara y exterminara físicamente a los integrantes de las organizaciones guerrilleras, del sindicalismo combativo, de las organizaciones populares, del cristianismo de base y a los potenciales opositores. Lo que imperó fue un plan de aniquilamiento: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones.“¿Quién no sabe que las fuerzas armadas son el brazo armado del capitalismo?”, pregunta retóricamente Hugo.
Empresas y entidades bancarias fueron colaboracionistas del terrorismo de Estado y, además, se beneficiaron estatizando su deuda privada. Entre ellas se puede citar a Banco Río, Banco de Italia, Banco de Galicia, City Bank, Banco Francés, Banco de Crédito Argentino, Banco Comercial del Norte, Banco de Londres, Banco Tornquist, Banco Español, Banco de Quilmes, Banco Sudameris, Banco de Crédito Rural, First National Bank Boston, Deutsche Bank, Banco Roberts, Banco General de Negocios, Banco Shaw, Banco Superville, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Acindar SA, Alianza Naviera Argentina, Alto Paraná SA, Autopistas Urbanas SA, Celulosa Argentina SA, Cogasco SA, Propulsora Siderurgica, Ford, Fiat, Mercedes Benz, Establecimiento Las Marías, Grupo Clarín, Ledesma, Alimentaria San Luis Astilleros, Alianza SA de Construcción, Continental Illinois National Bank, Cemento NOA, Cía General Fabril Financiera, Deere and Company, Deminex Argentina, ESSO, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, La Penice SA, Loma Negra, Masuh SA, Manufacturas Hanover Trust, Macrosa, Pirelli, Selva Oil Incorporated, Sideco Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Panedile Argentina, entre otras
Julio relata que “en las fábricas se hacían listas de los sectores que querían un cambio, de los sectores que estaban por el socialismo. Acindar, Mercedes, Ford, por todos lados. Listas de comisiones internas, delegados, activistas, listas con los nombres de los compañeros que secuestraron o desaparecieron”. Esta persecución, recalca, no comenzó con la dictadura militar. “En los juicios estamos presentando esto: que empezó en el 73, y que la represión comenzó en el 74” y continúa: “A cada policía le daban 8 veces más que el salario del obrero más calificado, como si fuera un trabajador. Eso lo hicieron hasta el 75, hasta el decreto que dice que había que aniquilar a la subversión. Ahí comienza el financiamiento a través de López Rega y del Ministerio de Desarrollo Social, pero hasta ese momento financian las empresas”.
Pero además las industrias y compañías cumplieron un rol fundamental como protagonistas activos en la represión. Hugo cita como ejemplo el apagón en el Ingenio Ledesma en Jujuy: el 27 de julio de 1976 se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento y fuerzas represivas y capataces del ingenio allanaron viviendas. En vehículos de la empresa Ledesma fueron trasladadas más de 400 personas a los galpones de la firma azucarera. Tras torturas e interrogatorios, algunos fueron liberados, mientras que otros fueron enviados a comisarías, cuarteles militares o a cárceles de distintas provincias. Treinta personas permanecen desaparecidas. “¿Más pruebas que esas querés?”, afirma Hugo. Julio sostiene que dentro de Ford “funcionó un centro de detención y tortura. Durante los horarios de trabajo, para aumentar la producción, los llevaban, los torturaban. Después los metieron presos”. “Por eso nosotros queremos, primero, que se diga ‘genocidio’” -asevera Hugo- “y segundo que se condene a los beneficiarios”.
El historiador Leónidas Ceruti señala que “Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión. Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe.
“El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción, desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.
“Desde 1969, en distintas zonas industriales se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras que establecieron con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A esto se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, entre fábricas, y de las zonas industriales a los barrios obreros.
Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venía gestando en la clase obrera, el pueblo y las organizaciones populares”.
hablar de patria o nacionalismo en boca de esta gente es uno de los chistes mas grandes que se cuentan en la argentina
La dictadura militar del general Videla (1976-1981) se caracterizó por una agresiva política de endeudamiento del Estado y de las empresas públicas. El endeudamiento de Argentina era una de las principales prioridades de los intereses extranjeros que estaban detrás de la dictadura: inmediatamente después del golpe militar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un crédito multimillonario a Argentina y declaró a los bancos occidentales que este país era un lugar privilegiado para reciclar el exceso de petrodólares . La dictadura justificó el endeudamiento irracional alegando su necesidad de divisas fuertes para sostener el descabellado aumento de las importaciones, especialmente de armas (compradas a los mismos países y empresas que promovieron el golpe militar y el endeudamiento). Sin embargo, las fortunas enviadas por capitalistas argentinos a países occidentales y paraísos fiscales durante la dictadura suman más que el total de deudas contraídas por Argentina en ese periodo.
Desde el comienzo de la dictadura (marzo de 1976), la deuda externa argentina creció de menos de 8.000 millones de US$ a más de 170.000 millones. Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de US$ en el mismo período, pero la deuda siguio creciendo debido sobre todo a la fuerte subida de intereses decidida por Reagan y Thatcher a comienzo de los 80s.
La dictadura provocó deliberadamente la bancarrota del sector público, preparando el terreno para su privatización. Por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) fue forzada a endeudarse en el exterior, pese a no necesitarlo en absoluto. En el momento del golpe militar, la deuda externa de YPF era de 372 millones de US$. Siete años mas tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de US$. Casi todos los créditos quedaron en manos de la dictadura, que además redujo a la mitad las comisiones que iban a YPF por la venta de combustibles para aumentar sus ingresos. YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, podía haberse dotado de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades, complementando la de sus tres refinerías ya existentes. Al final de la dictadura, YPF estaba asfixiada por las deudas, pese al despido de 13.000 de los 47.000 trabajadores que tenía la empresa en 1976.
De manera general, los créditos multimillonarios contratados por el Estado o las empresas públicas con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. En 1979 el 83% de estas reservas estaban fuera del país. El Banco Central argentino colocaba discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, apoyado por la generosa intermediación de la Reserva Federal estadounidense. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. El Banco Central argentino fue dirigido durante la dictadura de Videla por Domingo Cavallo, que luego fue ministro de economía con Carlos Menem (del partido peronista) y con De la Rúa (del partido radical). El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica de 1976 a 1981, Guillermo Klein, dirigía al mismo tiempo una oficina privada que representaba los intereses de 22 bancos extranjeros.
Al final de la dictadura, el Estado asumió las deudas (reales o ficticias) de los capitalistas argentinos y extranjeros. El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, pese a lo cual el gobierno de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. El estado argentino asumió también las deudas contraídas por filiales argentinas de empresas y bancos multinacionales con sus casas matrices o con bancos internacionales, fácilmente fabricables por un juego de contratos ficticios. Sólo se mantuvieron las deudas que la dictadura impuso sobre las empresas públicas, por lo que Menem esgrimió el argumento de su endeudamiento para privatizarlas, previa transferencia de las deudas al Estado.
La sentencia (del 13 de julio del 2000) revela que el Estado asumió las deudas de 26 bancos con los que el mismo Estado argentino estaba endeudado, tales como Citibank, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, etc. Señala que "la deuda externa (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día" . La Corte Suprema declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen Videla y recomendó al Congreso utilizar esta sentencia para negociar su anulación. El Congreso ignoró la recomendación, pues los oligarcas que lo componen también se benefician del pillaje: los capitalistas argentinos compran en los mercados financieros norteamericanos y europeos los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo, y reciben por tanto una parte de los reembolsos.
La Política Económica del Proceso de Reorganización Nacional
Según consta en los documentos oficiales del gobierno del Proceso, las medidas inmediatas a adoptar en el terreno económico eran definidas vagamente como aquellas "medidas de control de emergencia necesarias para mejorar la situación existente hasta tanto se pueda instrumentar la reactivación económica en forma coherente"
En segundo lugar, se mencionaba la elaboración de un plan económico que contemplaba los siguientes objetivos: a) estímulo a la productividad; b) reactivación del aparato productivo; c) control y disminución del déficit presupuestario; d) aliento a las inversiones; e) reversión de la política estatizante; f) búsqueda de la eficiencia en los servicios públicos y empresas del Estado; g) implementación de una política agropecuaria realista; h) reactivación de las obras públicas; i) instrumentación de un adecuado régimen de comercialización; j) impulso a las exportaciones tradicionales y no tradicionales; k) desaceleración de la inflación compatible con el mantenimiento de la actividad económica; l) reordenamiento impositivo.
No obstante, existía cierto diseño técnico de las medidas concretas a adoptar. El 2 de abril de 1976 el flamante Ministro de Economía Martínez de Hoz anunció por radio y televisión las nuevas medidas económicas tendientes, en términos generales, a reducir la inflación y el gasto fiscal, redefinir la política tributaria, ampliar y liberalizar el mercado de capitales, liberalizar los precios y promover las exportaciones dentro de los principios de la multilateralidad
Los principales objetivos del llamado "Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina" eran los siguientes: i) lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable para la modernización y expansión del aparato productivo, lo que garantizaría un crecimiento no inflacionario de la economía; ii) acelerar la tasa de crecimiento económico; iii) alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios, en la medida adecuada a la productividad de la economía.
Más concretamente, las disposiciones centrales del nuevo plan económico incluían: a) fijación de un nuevo nivel de equilibrio de los salarios reales inferiores en un 40% al nivel promedio del quinquenio anterior; b) eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios; c) ampliación de un programa de reducción progresiva de los aranceles de importación; d) eliminación de subsidios a las exportaciones no tradicionales, de créditos de fomento y de prestaciones sociales deficitarias (e.g., en las áreas de salud y vivienda); e) incremento de las tarifas de servicios públicos; f) liberalización de los mercados cambiario y financiero; g) financiamiento del déficit público mediante colocación de títulos en el mercado de capitales; h) reducción del gasto, del empleo y del déficit del gobierno; i) privatización de empresas que habían pasado al control estatal
Como puede observarse, la mayoría de estas medidas no eran novedosas. Muchas se habían implementado bajo administraciones anteriores. Sin embargo, Martínez de Hoz argumentaba que nunca se las había puesto en práctica a conciencia. Esta vez se esperaba hacerlo sin medias tintas, ya que el gobierno poseía la voluntad y el poder para hacerlas cumplir. Además, esta vez se contaba con el apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional, con el que a poco de asumir se negociaron varios préstamos bajo la condición de alcanzar ciertas metas económicas
A partir de las medidas antes enunciadas, pueden identificarse los ejes centrales de la política económica del período 1976-1983. En primer lugar, la apertura de la economía: durante los dos primeros años, el instrumento predominante fue la reducción de los aranceles de importación a la oferta de bienes industriales competitivos con la producción nacional. En segundo lugar, la liberalización del mercado de capitales, que hasta ese entonces mantenía las tasas de interés y las normas cambiarias estrictamente controladas por el Banco Central. Al respecto, el paso más importante fue dado en junio de 1977 cuando se implementó la llamada Reforma Financiera, por la que se liberalizaron las tasas de interés de la banca comercial, se eliminó la mayor parte de los créditos subsidiados y se liberalizó el mercado cambiario
Las relaciones con Estados Unidos
La llegada al poder del régimen militar argentino en marzo de 1976 no pareció constituir en un primer momento motivo de conflicto con el gobierno republicano de Gerald Ford, dado que la emergencia de un gobierno autocrático en la Argentina fue percibida como una salida “necesaria” al caos generado por el gobierno de Isabel Perón. Así, desde Washington, medios de prensa y organismos oficiales emitieron evidentes gestos de la posición favorable de la administración Ford hacia el nuevo gobierno argentino. Un cable proveniente de la capital norteamericana informó acerca de la “buena disposición” con que el Fondo Monetario Internacional saludaba al régimen militar argentino, mencionándose la posibilidad de que el gobierno de Videla obtuviese un crédito stand-by por 300 millones de dólares. A su vez, el propio gobierno de Ford recomendó el envío a los militares argentinos de 49 millones de dólares en concepto de asistencia militar para el año 1977. Por cierto, estos gestos demostraron la positiva repercusión que en las autoridades y los hombres de negocios norteamericanos tuvo el plan liberal del ministro Martínez de Hoz, que apuntaba a la apertura financiera y la atracción del capital extranjero.Desde la óptica de la administración Ford, la política económica de Martínez de Hoz era una “garantía de los intereses de la política económica exterior de los EE.UU.” y el gobierno de Videla constituía “un factor de perfecta estabilización” después de “las luchas con características de casi guerra civil” en los años de las administraciones peronistas.
en 1978 el frustrado intento del Departamento de Estado de vetar los créditos del Eximbank a la Argentina como “castigo” por las violaciones a los derechos humanos practicadas por el régimen militar fue un claro caso del influyente peso de los sectores “pragmáticos” en su puja con los “cruzados”. A pesar de los esfuerzos de Carter y de los miembros del Departamento de Estado, el Eximbank continuó sus operaciones con la Argentina. Sus créditos pasaron de 27,4 millones de dólares en 1978 a 32,7 millones en 1979 y 79,2 millones en 1980. Este resultado, que evidenció la debilidad de la política impulsada por el ala liberal del Departamento de Estado, fue producto de la presión ejercida en contra de esta sanción por numerosos representantes del sector privado norteamericano, y de las excelentes relaciones del ministro de Economía argentino Martínez de Hoz con los representantes del ámbito financiero de Wall Street, las autoridades del Departamento de Tesoro y el propio presidente del Eximbank, John Moore.
LA PLATA DULCE
La etapa de la circulación de dinero que producía más dinero fue denominada “la época de la plata dulce” y, junto con endeudamiento externo, trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a una tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta: con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor.
Los grandes grupos obtenían créditos pero no los invertían en la producción sino en la especulación. A su vez, la clase media se dedicó a invertir sus “pequeños” ahorros en las financieras, con tasas de interés altísimas, y a aprovechar el dólar barato para viajar al exterior y adquirir allí variedad de productos. Esa creciente influencia del capital financiero significó la instalación de numerosos bancos en el país, así como un importante proceso de concentración de, estos. Sin embargo, el sector bancario en desarrollo sufrió crisis que repercutieron directamente en el proyecto económico diseñado por la dictadura.
El año 1980 fue el comienzo de un final anunciado: las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30%, acompañadas por una nueva crisis mundial que, para un proyecto basado en el mercado externo, era determinante. En ese contexto se produjo el “crack bancario” de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada “plata dulce”. La quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR) fue el primer indicador. Siguió el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales. El frente de la burguesía que hasta ese momento había apoyado acríticamente al proyecto —sobre todo en su aspecto represivo— reclamó una política de salvataje por parte del Estado frente al crack industrial y financiero. A partir de allí, el plan pasó a retiro.
En realidad esta primera etapa del plan económico constituía una puesta a punto de lo que vendría meses más tarde. El 1 de junio de 1977 la “ley de entidades financieras” libera el mercado de dinero y le da garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Con esta norma, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Comenzó así la especular y tristemente celebre "bicicleta financiera".
En octubre del ‘77, las tasas de interés alcanzaron un nivel del 135 por ciento anual. La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas tuvieran que endeudarse en el extranjero, la que debieron pagar altas tasas para lograr financiación en el mercado local. Así, mientras los plazos fijos y las financieras se reprodujeron ferozmente, los que tomaron créditos hipotecarios durante esa época terminaron pagando tasas usurarias: el ejemplo fue la de la recordada circular 1050 del Banco Central, que determinó que miles de ahorristas terminaran pagando tasas siderales o que debieran entregarle sus viviendas al banco, ya que los intereses, fijados por un mercado de tasas que llegaron a mas del 100 por ciento al año, tornaba impagables los préstamos.
En 1978, el plan de Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total: la inflación anual llegó al 160 por ciento, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2%. Al crecimiento nulo del país se le sumaron los fuertes gastos del Estado: el 25 de junio del 1978 la Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Ese mundial, organizado en el país, costó cerca de US$ 500 millones, gasto que fue completamente cubierto por el Estado.
Paralelamente a la “mano dura” aportada por los militares el Ministro de Economía Martínez de Hoz implementaba medidas económicas de corte neoliberal como la baja de las tasas de importación (en pos de abrir nuestra economía), la sobrevaluación del peso argentino respecto al dólar y medidas de aliento a la especulación financiera (la famosa tablita que era una devaluación anunciada y la promulgación de la Ley de Entidades que liberaba el mercado de dinero dando, además, garantía estatal a los plazos fijos).
Estas tres medidas aplicadas en conjunto provocaron la Desindustrialización y el Endeudamiento del Estado (la deuda externa argentina aumentó de 7.875 millones de dólares en 1975 a 45.087 millones en 1983) en gran parte favorecida por la NACIONALIZACION de las deudas de empresas multinacionales como IBM, General Motors, Ford Motors, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America etc. instrumentada por DOMINGO FELIPE CAVALLO
el movimiento obrero
El periodo de alta movilización social iniciado en la década del 60 en nuestro país tuvo
como figura central un movimiento obrero que, con mayor ímpetu a partir del cordobazo en
mayo de 1969, levantó la bandera de la protesta hacia los dos polos de la relación capital-
trabajo: el sindicalismo y el empresariado. El primero, tachado de “burocrático”y “dialoguista”,
fue discutido a partir de un nuevo sindicalismo “clasista y combativo”, que hasta mediados de la
década del 70 dirigió los conflictos y protestas obreras de carácter cada vez más intenso y
violento. Lejos de considerarse una corriente homogénea, este nuevo sindicalismo se
caracterizó en general por su accionar en el marco de la fábrica y de las condiciones de trabajo,
además de su cualidad de honestidad1
.
A mediados de la década del 70 cuando se comienza a combatir intensamente a las
corrientes clasistas y la represión de los conflictos obreros se acentúa, de la mano del accionar
de la Triple A y el Ejército. También se produce un gran descontento al interior del sindicalismo
dirigente, que llama al primer paro a un gobierno peronista, luego del llamado “rodrigazo” que
culmina con la renuncia de los ministros Rodrigo y López Rega.
En este contexto de crisis nacional que involucraba la economía, la política, la sociedad
y hasta el propio partido de gobierno, ocurre el golpe de estado de marzo de 1976. Una vez más
un gobierno militar venía a “salvaguardar la Nación” a restablecer el orden social perdido. Y fue
recibido por amplios sectores del país como una verdadera salvación, quizás como la única.
El Proceso de Reorganización Nacional comportó un proyecto autoritario de
refundación social, institucionalizando aquello que venía realizando desde un tiempo atrás: la
violencia extralegal hacia todo aquello considerado “subversivo” de los valores tradicionales.
No llama la atención entonces que el principal sector de la sociedad argentina golpeado
por el Proceso fuera el movimiento obrero organizado, altamente movilizado en el periodo
previo al golpe. Ya en marzo de 1975 en Villa Constitución, luego de una huelga declarada a
raíz de la intervención represiva, se realizaron decenas de detenciones, acrecentándose las
desapariciones y asesinatos a partir del final de la huelga. Otro caso es el de astilleros Astarsa en
Tigre, donde los asesinatos de militantes de agrupaciones sindicales pueden rastrearse ya a partir
de 1974
. De este modo, es posible afirmar que, si bien las prácticas represivas al movimiento
obrero no se inauguran en marzo de 1976, sí se institucionalizan a partir del golpe, aplicándose a
gran escala.
En marzo de 1976 la economía argentina había llegado a un estado de crisis casi sin
precedentes. Los problemas políticos y económicos se aceleran en junio de 1975 con el llamado
“rodrigazo”: el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo anuncia una devaluación de
un 160 %, un aumento en la nafta común del 181%, aumento en las tarifas de transporte urbano
del 75%, provocando un brusco incremento de la inflación, una explosión de los precios
internos del 63% en los dos meses siguientes y la caída de los salarios. Las presiones sindicales
por este último factor fueron respondidas con aumentos salariales que solo conseguían acelerar
la espiral inflacionaria, provocando una redistribución del ingreso en desmedro de los
asalariados y la pérdida de poder de negociación de los sindicatos.
A este panorama se suma la especulación en el mercado cambiario que impulsaba el
alza del dólar y alentaba el contrabando y el mercado negro, influyendo negativamente en la
balanza de pagos. El déficit fiscal acotaba el margen de maniobra de las autoridades, y
paulatinamente se erosionaban las bases de sustentación del poder político de sindicatos y se le
asignaba un papel cada vez más relevante a los sectores ligados a los “salvavidas” de los centros
financieros internacionales.
Los mecanismos clásicos de control sobre los mercados se disolvieron, cerrando toda
posibilidad de acuerdos sociales sobre distribución del ingreso y perfil deseado de la economía.
Los sectores reformistas frente a dicha coyuntura se ven desplazados del poder político por la
demanda de “orden” de amplios sectores sociales.
La política económica del regimen militar giró sobre dos ejes fundamentales: la apertura
económica y la liberalización del mercado de capitales. 1976 fue un año de aplicación de
soluciones económicas “relativamente fáciles” tendientes a controlar la inflación: el
endeudamiento externo con el FMI (organismo frente al que los últimos ministros de economía
del peronismo habían tenido infructuosos esfuerzos por gestionar empréstitos) el congelamiento
de los salarios del sector público, la indexación de impuestos para proteger la recaudación
impositiva frente a la creciente inflación y la fijación de un nuevo nivel de equilibrio de los
salarios reales inferiores en un 40% al nivel promedio del quinquenio anterior.
La apertura de la economía que tuvo lugar a partir de 1976 significó la apertura del
mercado interno a la competencia exterior. El instrumento básico de esta política fue el
descenso de los aranceles de importación. La lógica de mercado por si sola se encargaría de
producir un aumento de la productividad de la mano de obra, presionada por la competencia del
mercado externo. Pero este proceso habría que esperarlo en el futuro, por lo que el único
procedimiento inmediato de reducción de costos en la industria fue la baja de los salarios.
A partir de 1977, el equipo económico de M. de Hoz se abocó a la tarea de llevar
adelante la reforma financiera, que requería para su aplicación el libre funcionamiento del
mercado de capitales. Los limites que impone el presente trabajo nos obligan a centrarnos
principalmente en el impacto de esta reforma para la industria argentina.
El centro de la atención de la política económica fue ocupado por el sector industrial,
pero esta vez como el “sector problema”. Según A. Canitrot, el programa económico del
proceso tuvo un crudo carácter clasista, orientado a disciplinar a la industria, sus empresarios y
asalariados. Cuando el regimen anunció su intención de instaurar una economía de libre
mercado se refería esencialmente a la eliminación del sistema de privilegios (fiscales,
crediticios, arancelarios) del que la industria había gozado hasta 1976.
Todas estas medidas constituyeron un ataque abierto al sector industrial y a los sectores
obreros organizados, que presenciaron tanto la caída abrupta del salario real como la destrucción
de sus fuentes de trabajo.
como figura central un movimiento obrero que, con mayor ímpetu a partir del cordobazo en
mayo de 1969, levantó la bandera de la protesta hacia los dos polos de la relación capital-
trabajo: el sindicalismo y el empresariado. El primero, tachado de “burocrático”y “dialoguista”,
fue discutido a partir de un nuevo sindicalismo “clasista y combativo”, que hasta mediados de la
década del 70 dirigió los conflictos y protestas obreras de carácter cada vez más intenso y
violento. Lejos de considerarse una corriente homogénea, este nuevo sindicalismo se
caracterizó en general por su accionar en el marco de la fábrica y de las condiciones de trabajo,
además de su cualidad de honestidad1
.
A mediados de la década del 70 cuando se comienza a combatir intensamente a las
corrientes clasistas y la represión de los conflictos obreros se acentúa, de la mano del accionar
de la Triple A y el Ejército. También se produce un gran descontento al interior del sindicalismo
dirigente, que llama al primer paro a un gobierno peronista, luego del llamado “rodrigazo” que
culmina con la renuncia de los ministros Rodrigo y López Rega.
En este contexto de crisis nacional que involucraba la economía, la política, la sociedad
y hasta el propio partido de gobierno, ocurre el golpe de estado de marzo de 1976. Una vez más
un gobierno militar venía a “salvaguardar la Nación” a restablecer el orden social perdido. Y fue
recibido por amplios sectores del país como una verdadera salvación, quizás como la única.
El Proceso de Reorganización Nacional comportó un proyecto autoritario de
refundación social, institucionalizando aquello que venía realizando desde un tiempo atrás: la
violencia extralegal hacia todo aquello considerado “subversivo” de los valores tradicionales.
No llama la atención entonces que el principal sector de la sociedad argentina golpeado
por el Proceso fuera el movimiento obrero organizado, altamente movilizado en el periodo
previo al golpe. Ya en marzo de 1975 en Villa Constitución, luego de una huelga declarada a
raíz de la intervención represiva, se realizaron decenas de detenciones, acrecentándose las
desapariciones y asesinatos a partir del final de la huelga. Otro caso es el de astilleros Astarsa en
Tigre, donde los asesinatos de militantes de agrupaciones sindicales pueden rastrearse ya a partir
de 1974
. De este modo, es posible afirmar que, si bien las prácticas represivas al movimiento
obrero no se inauguran en marzo de 1976, sí se institucionalizan a partir del golpe, aplicándose a
gran escala.
En marzo de 1976 la economía argentina había llegado a un estado de crisis casi sin
precedentes. Los problemas políticos y económicos se aceleran en junio de 1975 con el llamado
“rodrigazo”: el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo anuncia una devaluación de
un 160 %, un aumento en la nafta común del 181%, aumento en las tarifas de transporte urbano
del 75%, provocando un brusco incremento de la inflación, una explosión de los precios
internos del 63% en los dos meses siguientes y la caída de los salarios. Las presiones sindicales
por este último factor fueron respondidas con aumentos salariales que solo conseguían acelerar
la espiral inflacionaria, provocando una redistribución del ingreso en desmedro de los
asalariados y la pérdida de poder de negociación de los sindicatos.
A este panorama se suma la especulación en el mercado cambiario que impulsaba el
alza del dólar y alentaba el contrabando y el mercado negro, influyendo negativamente en la
balanza de pagos. El déficit fiscal acotaba el margen de maniobra de las autoridades, y
paulatinamente se erosionaban las bases de sustentación del poder político de sindicatos y se le
asignaba un papel cada vez más relevante a los sectores ligados a los “salvavidas” de los centros
financieros internacionales.
Los mecanismos clásicos de control sobre los mercados se disolvieron, cerrando toda
posibilidad de acuerdos sociales sobre distribución del ingreso y perfil deseado de la economía.
Los sectores reformistas frente a dicha coyuntura se ven desplazados del poder político por la
demanda de “orden” de amplios sectores sociales.
La política económica del regimen militar giró sobre dos ejes fundamentales: la apertura
económica y la liberalización del mercado de capitales. 1976 fue un año de aplicación de
soluciones económicas “relativamente fáciles” tendientes a controlar la inflación: el
endeudamiento externo con el FMI (organismo frente al que los últimos ministros de economía
del peronismo habían tenido infructuosos esfuerzos por gestionar empréstitos) el congelamiento
de los salarios del sector público, la indexación de impuestos para proteger la recaudación
impositiva frente a la creciente inflación y la fijación de un nuevo nivel de equilibrio de los
salarios reales inferiores en un 40% al nivel promedio del quinquenio anterior.
La apertura de la economía que tuvo lugar a partir de 1976 significó la apertura del
mercado interno a la competencia exterior. El instrumento básico de esta política fue el
descenso de los aranceles de importación. La lógica de mercado por si sola se encargaría de
producir un aumento de la productividad de la mano de obra, presionada por la competencia del
mercado externo. Pero este proceso habría que esperarlo en el futuro, por lo que el único
procedimiento inmediato de reducción de costos en la industria fue la baja de los salarios.
A partir de 1977, el equipo económico de M. de Hoz se abocó a la tarea de llevar
adelante la reforma financiera, que requería para su aplicación el libre funcionamiento del
mercado de capitales. Los limites que impone el presente trabajo nos obligan a centrarnos
principalmente en el impacto de esta reforma para la industria argentina.
El centro de la atención de la política económica fue ocupado por el sector industrial,
pero esta vez como el “sector problema”. Según A. Canitrot, el programa económico del
proceso tuvo un crudo carácter clasista, orientado a disciplinar a la industria, sus empresarios y
asalariados. Cuando el regimen anunció su intención de instaurar una economía de libre
mercado se refería esencialmente a la eliminación del sistema de privilegios (fiscales,
crediticios, arancelarios) del que la industria había gozado hasta 1976.
Todas estas medidas constituyeron un ataque abierto al sector industrial y a los sectores
obreros organizados, que presenciaron tanto la caída abrupta del salario real como la destrucción
de sus fuentes de trabajo.
los beneficiarios del genocidio
Mi objetivo para cumplir con la sangre de mis compañeros es llegar al fondo de la cuestión”. Con estas palabras Hugo Crosatto expresa el motivo por el cual trabajadores y delegados de la década del 70 se están organizando para pedir el juicio y castigo a los cómplices civiles de la última dictadura militar argentina.
Julio Dalessandro agrega: “Querían descabezar al movimiento obrero, parar la organización que se venía”. Ambos hablan desde la experiencia y por los compañeros que no están. Mercedes Benz, fábrica en la que los dos trabajadores cumplían sus jornadas laborales, fue una de las tantas empresas que promovió y luego se benefició con el golpe de Estado de 1976.
Desde septiembre de 1975, los jefes militares acordaron la implementación de un modelo económico neoliberal y, en consecuencia, definieron una estrategia clandestina que neutralizara y exterminara físicamente a los integrantes de las organizaciones guerrilleras, del sindicalismo combativo, de las organizaciones populares, del cristianismo de base y a los potenciales opositores. Lo que imperó fue un plan de aniquilamiento: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones.“¿Quién no sabe que las fuerzas armadas son el brazo armado del capitalismo?”, pregunta retóricamente Hugo.
Empresas y entidades bancarias fueron colaboracionistas del terrorismo de Estado y, además, se beneficiaron estatizando su deuda privada. Entre ellas se puede citar a Banco Río, Banco de Italia, Banco de Galicia, City Bank, Banco Francés, Banco de Crédito Argentino, Banco Comercial del Norte, Banco de Londres, Banco Tornquist, Banco Español, Banco de Quilmes, Banco Sudameris, Banco de Crédito Rural, First National Bank Boston, Deutsche Bank, Banco Roberts, Banco General de Negocios, Banco Shaw, Banco Superville, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Acindar SA, Alianza Naviera Argentina, Alto Paraná SA, Autopistas Urbanas SA, Celulosa Argentina SA, Cogasco SA, Propulsora Siderurgica, Ford, Fiat, Mercedes Benz, Establecimiento Las Marías, Grupo Clarín, Ledesma, Alimentaria San Luis Astilleros, Alianza SA de Construcción, Continental Illinois National Bank, Cemento NOA, Cía General Fabril Financiera, Deere and Company, Deminex Argentina, ESSO, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, La Penice SA, Loma Negra, Masuh SA, Manufacturas Hanover Trust, Macrosa, Pirelli, Selva Oil Incorporated, Sideco Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Panedile Argentina, entre otras
Julio relata que “en las fábricas se hacían listas de los sectores que querían un cambio, de los sectores que estaban por el socialismo. Acindar, Mercedes, Ford, por todos lados. Listas de comisiones internas, delegados, activistas, listas con los nombres de los compañeros que secuestraron o desaparecieron”. Esta persecución, recalca, no comenzó con la dictadura militar. “En los juicios estamos presentando esto: que empezó en el 73, y que la represión comenzó en el 74” y continúa: “A cada policía le daban 8 veces más que el salario del obrero más calificado, como si fuera un trabajador. Eso lo hicieron hasta el 75, hasta el decreto que dice que había que aniquilar a la subversión. Ahí comienza el financiamiento a través de López Rega y del Ministerio de Desarrollo Social, pero hasta ese momento financian las empresas”.
Pero además las industrias y compañías cumplieron un rol fundamental como protagonistas activos en la represión. Hugo cita como ejemplo el apagón en el Ingenio Ledesma en Jujuy: el 27 de julio de 1976 se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento y fuerzas represivas y capataces del ingenio allanaron viviendas. En vehículos de la empresa Ledesma fueron trasladadas más de 400 personas a los galpones de la firma azucarera. Tras torturas e interrogatorios, algunos fueron liberados, mientras que otros fueron enviados a comisarías, cuarteles militares o a cárceles de distintas provincias. Treinta personas permanecen desaparecidas. “¿Más pruebas que esas querés?”, afirma Hugo. Julio sostiene que dentro de Ford “funcionó un centro de detención y tortura. Durante los horarios de trabajo, para aumentar la producción, los llevaban, los torturaban. Después los metieron presos”. “Por eso nosotros queremos, primero, que se diga ‘genocidio’” -asevera Hugo- “y segundo que se condene a los beneficiarios”.
El historiador Leónidas Ceruti señala que “Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión. Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe.
“El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción, desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.
“Desde 1969, en distintas zonas industriales se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras que establecieron con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A esto se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, entre fábricas, y de las zonas industriales a los barrios obreros.
Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venía gestando en la clase obrera, el pueblo y las organizaciones populares”.