Restablecimiento de una cultura caudillista
La creciente crisis económica y política que tiene sus inicios en la década de los 80’s, llevó a una profundización de lo que Guillermo O’Donnell llamó la democracia delegativa. Se desarrolló una cultura política que se fundamentó en el paternalismo, el caudillismo y el autoritarismo y que buscaba cada vez más la figura de un mesías que permitiera revivir la época de la bonanza petrolera de la década de los 70’s. Esto explica en gran medida el retorno al poder tanto de Carlos Andrés Pérez como de Rafael Caldera. Ambos líderes inclusive dieron a entender en sus discursos electorales que esto sería así y de allí la reacción violenta a las medidas de ajuste implementadas en febrero de 1989. Sin embargo, fue Hugo Chávez el que definitivamente capitalizó la búsqueda de un mesías y así nació su pretensión de convertirse en un nuevo caudillo de la política venezolana. Tuvo en su haber el haber sido un outsider que no había tenido ningún vínculo con los partidos políticos tradicionales.
Por lo menos en sus inicios, es indudable que Chávez ejerció un profundo liderazgo en diversos sectores de la población venezolana, llegando a tener un grado de aceptación de alrededor de 80% puesto que sus promesas respondían al amplio deseo de cambio que tenían una mayoría de la ciudadanía. Pese a la creación del MVR, su comportamiento en la escena política definitivamente estableció un contacto directo entre su persona y la población, sin que mediara una organización partidista. Fue una relación entre el líder y sus seguidores. Tanto así que sus partidarios se autoproclaman como “chavistas”; son seguidores de Chávez, no de una determinada ideología o de un proyecto político o partidista. Como bien señalan muchos autores, es una “sujeción emocional antes que racional”.
Este mismo autor sostiene, que la cultura caudillista tiene cuatro características fundamentales. En primer lugar, el líder divide la historia en antes y después de su toma del poder. El antes se caracteriza por el caos, la corrupción y la anomía, en este caso la IV República y el después es la “Tierra Prometida”, en este caso la V República. En segundo término, existe una confrontación entre “los buenos” –Chávez, sus seguidores y aquellos personas históricos que los inspiran (Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora) – y “los malos” identificados con la oposición. Las discrepancias no se discuten, los que no están de acuerdo con sus planteamientos simplemente son traidores y “contrarrevolucionarios”. En tercer lugar, “evocan con acentos apasionados la tragedia” que ocurrirá si no se defiende el “proceso”. En este caso no solamente amenaza con un retorno al pasado sino también con una confrontación social violenta. Por último, elaboran una utopía vaga a la cual se llegará al final de muchos sacrificios. Será el líder el que guiará el camino hacia ella.
Justamente en función del camino por recorrer, se realizaron importantes modificaciones en la nueva Constitución relacionados con los períodos presidenciales. Chávez fue electo en 1998, bajo la Constitución de 1961, para un período de cinco años que finalizaría en 2003. Sin embargo, una vez aprobada la nueva carta magna, que extendió el período presidencial a seis años, se realizaron nuevas elecciones con lo cual comenzó su primer período presidencial (2000-2006) y dada la reelección inmediata, otra modificación, podría hozar de un nuevo período hasta 2013. De esta forma, los planes inmediatos serían gobernar durante 14 años (1999-2013). Inclusive, en numerosas ocasiones ha señalado que su gobierno se prolongará hasta 2021 (22 años de gobierno) sin aclarar si está prevista la realización de una enmienda o reforma constitucional que así lo permita.
Poder Ejecutivo autoritario y centralizador
El creciente debilitamiento de las instituciones del Estado es una de las mayores preocupaciones existentes entre los diversos sectores venezolanos. Una de las críticas fundamentales al gobierno de Chávez es que no existe independencia de los poderes y que más bien se transita por un camino de “aniquilamiento de las instituciones que limitaban el poder y servían de freno a la instauración al personalismo, del autoritarismo y del militarismo. A través de la Constitución de 1999 se ampliaron de tres a cinco los poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano (Fiscalía General de la República, Contraloría General y Defensoría del Pueblo) y Electoral. Anteriormente existían ya el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Fiscalía por lo que lo único realmente novedoso fue la creación de la Defensoría del Pueblo.
Con la excepción de los miembros de la AN, es de notar que la legalidad de la designación de los miembros de los demás poderes ha estado en entredicho dado que no se cumplió con lo previsto en la Constitución. Una vez que ésta fue aprobada, se desarrolló la llamada “transición” la cual, violando los principios establecidos en la recién estrenada Carta Magna, permitió el control político de estos poderes. En el caso del Poder Ciudadano, la Constitución establece la convocatoria de un Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano que estaría integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Dicho Comité desarrollaría un proceso público para determinar una terna de candidatos a cada cargo, la cual sería sometida a la AN que escogería a los funcionarios mediante el voto de dos terceras partes de sus integrantes. Aludiendo a la transitoriedad, no se convocó dicho Comité y las fuerzas de la AN afectas al gobierno, que en ese momento contaban con la mayoría calificada necesaria, eligieron a estos funcionarios. Bajo la misma figura de la “transitoriedad” también fueron electos por la AN los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contraviniendo también lo establecido en la Constitución.
Es de notar que en el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE), en 2000 se convocó una comisión para evaluar las credenciales de más de 300 personas que se postularon. Dicha comisión estuvo integrada por miembros del llamado “Congresillo” y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, posteriormente en la Ley Orgánica del Poder Electoral, aprobada por la mayoría del MVR en la AN en octubre de 2002, se vulneró el Artículo 295 de la Constitución que señala que el Comité de Postulaciones para el Poder Electoral estará conformado por diversos sectores de la sociedad. En cambio, se estableció que la AN tendría doce representantes mientras que otros sectores, que no fueron especificados, contarían con once.
Más recientemente, el 13 de noviembre de 2002, fue militarizada la ciudad de Caracas. El gobierno desplegó tropas y armamentos en toda la ciudad y ordenó que las alcaldías y la Gobernación de Miranda instituyeran patrullajes conjuntos de sus policías con miembros del Ejército y de la Guardia Nacional. De tal forma que se produjo una militarización de facto de la seguridad pública y se agudizó el desplazamiento de las autoridades civiles locales por los militares.
Este hecho se profundizó el 16 de noviembre cuando, fundamentada en una situación conflictiva interna de la Policía Metropolitana (PM) que depende de la Alcaldía Mayor, la Guardia Nacional y el Ejército tomaron las diversas sedes de esta policía por órdenes del Ejecutivo. Se considera que esta medida ha violado una anterior decisión del TSJ que había dictaminado que la PM estaba bajo el mando de esta alcaldía. Por lo tanto, esto llevó no solamente a una mayor militarización de la zona metropolitana sino también a que la principal fuerza de seguridad pública quedara bajo la supervisión de los militares. Asimismo, se vulneró el poder local en tanto que el Ejecutivo procedió a nombrar nuevas autoridades en esta policía.
Este creciente autoritarismo mostrado por el actual gobierno puede llevar a pensar que se está ante una reedición de la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada en América Latina en tiempos de la Guerra Fría. Dicha doctrina se caracterizó por: Una concepción organicista del Estado en la cual éste tenía plena autonomía y estaba por encima de la sociedad; la utilización del concepto “enemigo interno” que se fundamentó en la percepción que existían sectores políticos y sociales nacionales que amenazaban la seguridad y que debían ser vigilados y “neutralizados”; “una política de la antipolítica:… los políticos no son confiables, el disenso es sospechoso y la crítica raya en traición”; y el papel de las fuerzas armadas como árbitro político y único defensor de los intereses nacionales.
Otro aspecto que indica el carácter autoritario es la exagerada utilización de las llamadas “cadenas nacionales”, que obligan a todos los medios televisivos y radiales a transmitir las alocuciones del Presidente. Éstas son potestad del Ejecutivo en caso de información y anuncios importantes de interés nacional. Sin embargo, son utilizadas para transmitir diversos y múltiples actos que cuentan con la participación del Presidente y, en ocasiones, han sido utilizadas para difundir eventos proselitistas de sus seguidores. Es de señalar que durante los acontecimientos del 11 de abril y más específicamente en el momento que se iniciaba la Masacre de El Silencio, el Presidente ordenó que se suprimiera la señal de los canales de televisión privados.
De igual forma, otro signo importante del autoritarismo y centralismo presidencial es la discrecionalidad con la cual se manejan los fondos públicos. Una de sus políticas ha sido la utilización de recursos públicos para promover los “círculos bolivarianos”, que son grupos de apoyo político, cuya organización y financiamiento se ha realizado directamente desde el Palacio de Miraflores y en la sede del Ministerio del Interior y Justicia. Asimismo, la utilización del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) estado sujeta a la administración discrecional del gobierno. El FIEM fue establecido en 1998 el gobierno anterior como una forma de ahorro que permitiría afrontar los problemas de déficit presupuestario en los periodos de baja de los precios del petróleo. La ley que lo regula establece reglas claras cuanto a su utilización. En 2002 se detectó y denunció la desaparición de más de US$ 4 millardos de este fondo, sin que hasta la fecha el gobierno haya explicado claramente en qué fueron utilizados y por qué dado el hecho que los precios del crudo estuvieron por encima de lo previsto. Adicionalmente, se sostiene que el actual gobierno dejó de ahorrar el ingreso petrolero extraordinario durante los últimos dos años, contraviniendo la ley. Como bien se ha señalado, los actuales gobernantes repiten “el pecado capital del régimen anterior que tanto habían criticado en cuanto a la confusión entre gobierno y partido político, entre fondos públicos y usos partidistas, y entre objetivos personales y fines colectivos”.
La creciente crisis económica y política que tiene sus inicios en la década de los 80’s, llevó a una profundización de lo que Guillermo O’Donnell llamó la democracia delegativa. Se desarrolló una cultura política que se fundamentó en el paternalismo, el caudillismo y el autoritarismo y que buscaba cada vez más la figura de un mesías que permitiera revivir la época de la bonanza petrolera de la década de los 70’s. Esto explica en gran medida el retorno al poder tanto de Carlos Andrés Pérez como de Rafael Caldera. Ambos líderes inclusive dieron a entender en sus discursos electorales que esto sería así y de allí la reacción violenta a las medidas de ajuste implementadas en febrero de 1989. Sin embargo, fue Hugo Chávez el que definitivamente capitalizó la búsqueda de un mesías y así nació su pretensión de convertirse en un nuevo caudillo de la política venezolana. Tuvo en su haber el haber sido un outsider que no había tenido ningún vínculo con los partidos políticos tradicionales.
Por lo menos en sus inicios, es indudable que Chávez ejerció un profundo liderazgo en diversos sectores de la población venezolana, llegando a tener un grado de aceptación de alrededor de 80% puesto que sus promesas respondían al amplio deseo de cambio que tenían una mayoría de la ciudadanía. Pese a la creación del MVR, su comportamiento en la escena política definitivamente estableció un contacto directo entre su persona y la población, sin que mediara una organización partidista. Fue una relación entre el líder y sus seguidores. Tanto así que sus partidarios se autoproclaman como “chavistas”; son seguidores de Chávez, no de una determinada ideología o de un proyecto político o partidista. Como bien señalan muchos autores, es una “sujeción emocional antes que racional”.
Este mismo autor sostiene, que la cultura caudillista tiene cuatro características fundamentales. En primer lugar, el líder divide la historia en antes y después de su toma del poder. El antes se caracteriza por el caos, la corrupción y la anomía, en este caso la IV República y el después es la “Tierra Prometida”, en este caso la V República. En segundo término, existe una confrontación entre “los buenos” –Chávez, sus seguidores y aquellos personas históricos que los inspiran (Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora) – y “los malos” identificados con la oposición. Las discrepancias no se discuten, los que no están de acuerdo con sus planteamientos simplemente son traidores y “contrarrevolucionarios”. En tercer lugar, “evocan con acentos apasionados la tragedia” que ocurrirá si no se defiende el “proceso”. En este caso no solamente amenaza con un retorno al pasado sino también con una confrontación social violenta. Por último, elaboran una utopía vaga a la cual se llegará al final de muchos sacrificios. Será el líder el que guiará el camino hacia ella.
Justamente en función del camino por recorrer, se realizaron importantes modificaciones en la nueva Constitución relacionados con los períodos presidenciales. Chávez fue electo en 1998, bajo la Constitución de 1961, para un período de cinco años que finalizaría en 2003. Sin embargo, una vez aprobada la nueva carta magna, que extendió el período presidencial a seis años, se realizaron nuevas elecciones con lo cual comenzó su primer período presidencial (2000-2006) y dada la reelección inmediata, otra modificación, podría hozar de un nuevo período hasta 2013. De esta forma, los planes inmediatos serían gobernar durante 14 años (1999-2013). Inclusive, en numerosas ocasiones ha señalado que su gobierno se prolongará hasta 2021 (22 años de gobierno) sin aclarar si está prevista la realización de una enmienda o reforma constitucional que así lo permita.
Poder Ejecutivo autoritario y centralizador
El creciente debilitamiento de las instituciones del Estado es una de las mayores preocupaciones existentes entre los diversos sectores venezolanos. Una de las críticas fundamentales al gobierno de Chávez es que no existe independencia de los poderes y que más bien se transita por un camino de “aniquilamiento de las instituciones que limitaban el poder y servían de freno a la instauración al personalismo, del autoritarismo y del militarismo. A través de la Constitución de 1999 se ampliaron de tres a cinco los poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano (Fiscalía General de la República, Contraloría General y Defensoría del Pueblo) y Electoral. Anteriormente existían ya el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Fiscalía por lo que lo único realmente novedoso fue la creación de la Defensoría del Pueblo.
Con la excepción de los miembros de la AN, es de notar que la legalidad de la designación de los miembros de los demás poderes ha estado en entredicho dado que no se cumplió con lo previsto en la Constitución. Una vez que ésta fue aprobada, se desarrolló la llamada “transición” la cual, violando los principios establecidos en la recién estrenada Carta Magna, permitió el control político de estos poderes. En el caso del Poder Ciudadano, la Constitución establece la convocatoria de un Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano que estaría integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Dicho Comité desarrollaría un proceso público para determinar una terna de candidatos a cada cargo, la cual sería sometida a la AN que escogería a los funcionarios mediante el voto de dos terceras partes de sus integrantes. Aludiendo a la transitoriedad, no se convocó dicho Comité y las fuerzas de la AN afectas al gobierno, que en ese momento contaban con la mayoría calificada necesaria, eligieron a estos funcionarios. Bajo la misma figura de la “transitoriedad” también fueron electos por la AN los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contraviniendo también lo establecido en la Constitución.
Es de notar que en el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE), en 2000 se convocó una comisión para evaluar las credenciales de más de 300 personas que se postularon. Dicha comisión estuvo integrada por miembros del llamado “Congresillo” y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, posteriormente en la Ley Orgánica del Poder Electoral, aprobada por la mayoría del MVR en la AN en octubre de 2002, se vulneró el Artículo 295 de la Constitución que señala que el Comité de Postulaciones para el Poder Electoral estará conformado por diversos sectores de la sociedad. En cambio, se estableció que la AN tendría doce representantes mientras que otros sectores, que no fueron especificados, contarían con once.
Más recientemente, el 13 de noviembre de 2002, fue militarizada la ciudad de Caracas. El gobierno desplegó tropas y armamentos en toda la ciudad y ordenó que las alcaldías y la Gobernación de Miranda instituyeran patrullajes conjuntos de sus policías con miembros del Ejército y de la Guardia Nacional. De tal forma que se produjo una militarización de facto de la seguridad pública y se agudizó el desplazamiento de las autoridades civiles locales por los militares.
Este hecho se profundizó el 16 de noviembre cuando, fundamentada en una situación conflictiva interna de la Policía Metropolitana (PM) que depende de la Alcaldía Mayor, la Guardia Nacional y el Ejército tomaron las diversas sedes de esta policía por órdenes del Ejecutivo. Se considera que esta medida ha violado una anterior decisión del TSJ que había dictaminado que la PM estaba bajo el mando de esta alcaldía. Por lo tanto, esto llevó no solamente a una mayor militarización de la zona metropolitana sino también a que la principal fuerza de seguridad pública quedara bajo la supervisión de los militares. Asimismo, se vulneró el poder local en tanto que el Ejecutivo procedió a nombrar nuevas autoridades en esta policía.
Este creciente autoritarismo mostrado por el actual gobierno puede llevar a pensar que se está ante una reedición de la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada en América Latina en tiempos de la Guerra Fría. Dicha doctrina se caracterizó por: Una concepción organicista del Estado en la cual éste tenía plena autonomía y estaba por encima de la sociedad; la utilización del concepto “enemigo interno” que se fundamentó en la percepción que existían sectores políticos y sociales nacionales que amenazaban la seguridad y que debían ser vigilados y “neutralizados”; “una política de la antipolítica:… los políticos no son confiables, el disenso es sospechoso y la crítica raya en traición”; y el papel de las fuerzas armadas como árbitro político y único defensor de los intereses nacionales.
Otro aspecto que indica el carácter autoritario es la exagerada utilización de las llamadas “cadenas nacionales”, que obligan a todos los medios televisivos y radiales a transmitir las alocuciones del Presidente. Éstas son potestad del Ejecutivo en caso de información y anuncios importantes de interés nacional. Sin embargo, son utilizadas para transmitir diversos y múltiples actos que cuentan con la participación del Presidente y, en ocasiones, han sido utilizadas para difundir eventos proselitistas de sus seguidores. Es de señalar que durante los acontecimientos del 11 de abril y más específicamente en el momento que se iniciaba la Masacre de El Silencio, el Presidente ordenó que se suprimiera la señal de los canales de televisión privados.
De igual forma, otro signo importante del autoritarismo y centralismo presidencial es la discrecionalidad con la cual se manejan los fondos públicos. Una de sus políticas ha sido la utilización de recursos públicos para promover los “círculos bolivarianos”, que son grupos de apoyo político, cuya organización y financiamiento se ha realizado directamente desde el Palacio de Miraflores y en la sede del Ministerio del Interior y Justicia. Asimismo, la utilización del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) estado sujeta a la administración discrecional del gobierno. El FIEM fue establecido en 1998 el gobierno anterior como una forma de ahorro que permitiría afrontar los problemas de déficit presupuestario en los periodos de baja de los precios del petróleo. La ley que lo regula establece reglas claras cuanto a su utilización. En 2002 se detectó y denunció la desaparición de más de US$ 4 millardos de este fondo, sin que hasta la fecha el gobierno haya explicado claramente en qué fueron utilizados y por qué dado el hecho que los precios del crudo estuvieron por encima de lo previsto. Adicionalmente, se sostiene que el actual gobierno dejó de ahorrar el ingreso petrolero extraordinario durante los últimos dos años, contraviniendo la ley. Como bien se ha señalado, los actuales gobernantes repiten “el pecado capital del régimen anterior que tanto habían criticado en cuanto a la confusión entre gobierno y partido político, entre fondos públicos y usos partidistas, y entre objetivos personales y fines colectivos”.