NARCOBOLUDEO, El Mundo de Revés: Presos denuncian a Policías por no proveerles drogas
FORMOSA
FORMOLANDIA: NARCOPOLITICA, POLICIA CORRUPTA Y JUSTICIA ADICTA
TODO HUELE A PESCADO PODRIDO
La introducción de drogas para detenidos en comisarías y alcaidías es un secreto a voces, mas allá de que las autoridades lo oculten o lo nieguen. Pese a la cadena de complicidades y encubrimientos, se conoció otro caso de compraventa de drogas entre detenidos en la Seccional Sexta y efectivos policiales encargados de las guardias, poniendo al desnudo la magnitud de la penetración del narcotráfico dentro de las estructuras del Estado encargados de combatirlo, involucrando a la policía, la política y la justicia, desmintiendo el “férreo compromiso de enfrentar la … criminalidad” anunciada pomposamente por el gobernador Gildo Insfran al firmar el decreto de promulgación de la ley de narcomenudeo que, a poco de comenzar su aplicación, ya es más conocida como de “narcoboludeo” por su ineficacia para combatir seriamente el flagelo, mientras aumentan enormemente la cantidad de jóvenes adictos que se encuentran convertidos en zombies.
PRESOS DENUNCIAN
El 23 de diciembre os presos alojados en celdas de la Seccional Sexta denunciaron a los policías que no cumplían con las transacciones acordadas para recibir drogas a cambio de pago de dinero, variando el precio de acuerdo a los estupefacientes, ya sea cocaína, mariguana, alcohol, psicofármacos, anfetaminas, etc. Incluso teléfonos celulares para facilitar el contacto con los narcoproveedores.
A raíz del “incumplimiento contractual” circunstancial los presos comenzaron a alborotar, afectados por el síndrome de abstinencia logrando que el Comisario los atienda, oportunidad en que realizaron la denuncia contra los policías “incumplidores”, proporcionando datos precisos de la comercialización habitual de drogas en la dependencia policial. Así indicaron, por ejemplo, que los sobres con mariguana debían retirar los policías cerca del cajero automático ubicado en el frente de la comisaria, lugar donde precisamente lo encontraron los encargados de instruir el sumario.
No obstante tamaña prueba colectada, agregada a todas las encontradas en las celdas, los sumariantes policiales no solo que no derivaron las actuaciones a la Gendarmería Nacional, en cumplimiento de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, sino que caratularon el expediente formado como presunto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, delitos que permitirían la inmediata excarcelación de los cuatro efectivos detenidos. Por suerte la fiscal interviniente Dra. Norma Zaracho se percató que en realidad el ilícito es “comercialización de droga agravada” por la calidad de funcionario público de los imputados, dictamen que repudió la liberación de los mismos por parte de la Jueza de Feria Dra. Karina Paz.
La maniobra señalada, entre otras que permitieron tan infame negocio en la propia fuerza encargada de combatirlo, ilustra sobradamente sobre las complicidades y encubrimientos de una policía fuera de control de las autoridades del poder político, comenzando por el Ministro de Gobierno Jorge González, cuyo silencio en el caso, como en otros gravísimas violaciones de derechos humanos en la misma seccional policial conocidos públicamente, equivale a la negación de los mismos y planea sobre la figura penal de encubrimiento agravado.
“LA MORSA” EXISTE
La penetración del delito en el Estado durante el gobierno Kirchnerista fue pornográfica, sin límite. La corrupción se generalizó al gozar de impunidad judicial, con magistrados domesticados en un entramado mafioso de complicidades en los cuales participan la policía y demás fuerzas de seguridad. La fuga de una cárcel de “máxima seguridad” de los tres condenados por el triple crimen relacionado con el tráfico de efedrina a México, destinada a la elaboración de drogas sintéticas o de diseño, desnudó descarnadamente las pruebas de las vinculaciones entre el narcotráfico y el poder político.
El caso de la comercialización de drogas en las alcaidías y comisarias fue obscenamente expuesta en la Seccional Sexta, agravada con el posterior intento de encubrimiento mediante una errónea tipificación de los delitos perpetrados por los policías, pone al descubierto la ausencia de control del poder político local, corroborándose plenamente lo afirmado en el último documento de la Iglesia acerca de que no existe narcotráfico sin la complicidad de la política.
En tamaño marco de corrupción institucional se puede colegir que en Formosa “La Morsa” también existe, cumpliendo el mismo rol que Aníbal Fernández en el gobierno nacional kirchnerista que debe ser identificado más allá de las diferencias entre mafiosos.
Por ahora lo que urge es que alguien informe al gobernador Gildo Insfran que sus “soldados” para la guerra contra la “narcocriminalidad”, están ocupados en comercializar drogas en las comisarías y alcaidías de la policía provincial.
