Scioli no hace públicas sus declaraciones juradas desde el 2007, cuando asumió como gobernador. Se escuda en un decreto de la dictadura que les permitía a los funcionarios de la Escribanía Genral de la provincia -el organismo donde debe presentar sus bienes- a repetir siempre el mismo argumento para negar la entrega de información: “No está acreditada la existencia del interés legítimo”. Esa negativa se basa en el artículo 711 de 1981, dictado por el gobernador de facto Oscar Bartolomé Gallino.
La Ñata la fortaleza de Scioli