El juez de Garantías José Eduardo Ruhl decidió este lunes rechazar los planteos hechos por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, su ministro de Cultura, Pedro Báez, y, entre otros, el cuñado Juan Pablo Aguilera y dispuso dos medidas de relevancia. Ordenó pedir a la Cámara de Diputados el desafuero del presidente del cuerpo y del diputado Báez, y también decidió la remisión a juicio de la causa que investiga la ejecución de un sistema cartelizado en la publicidad oficial que permitió entre 2010 y 2015 contratar por $24 millones casi en forma exclusiva con las firmas Tep SRL y Next SRL, que se atribuyen a Aguilera.
¿Qué fue lo que investigó la justicia?
La Fiscalía reprocha al tandem Urribarri/Báez, más la complicidad del funcionario Gustavo Tamay, el “direccionamiento” de publicidad oficial entre 2010 y 2015, por un monto de $24 millones, que se distribuyó de modo cartelizado por Aguilera a través de dos empresas que se le adjudican como propias, Tep SRL y Next SRL. Esas dos firmas, en las que el cuñado no figura en los papeles como dueño, captaba la pauta oficial y después hacía el reparto con otras dos empresas cuyos titulares también fueron imputados, Jesús Bustamante y Hugo Montañana. Aunque Bustamante logró despegarse: mediante juicio abreviado, reconoció los delitos cometidos, aceptó haber cometido un fraude por $ 3 millones, reveló cómo funcionaba el mecanismo de pago de coimas a Aguilera y qué rol cumplía cada empresario.
Al dar por probados los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública, la Fiscalía adelantó el pedido de penas: 8 años de prisión de cumplimiento efectivo más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera. El primero, hoy presidente de la Cámara de Diputados; el segundo legislador provincial; el tercero, secretario del bloque del PJ en el Senado. Para Cargnel y Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Tamay, 6 años más inhabilitación para ocupar cargos públicos; para Luciana Almada, su hermano Alejandro Almada, Giacopuzzi y Sena, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.