Polémica: las empresas dejarán de enviar las facturas en papel
Lo permite un decreto del Gobierno, pero las entidades de Defensa al Consumidor lo cuestionan.
A algunos usuarios les dejaron de llegar las facturas de los servicios por correo sin previo aviso. Esto se debe a que el Gobierno permitió a las empresas dejar de enviar la información en papel a cualquier cliente, sin diferenciar si éste había pedido que se le remitieran los gastos de su consumo de forma online.
En los últimos años los envíos de facturas por correo electrónico fueron ganando terreno al sistema tradicional. Esta modalidad conlleva varias ventajas, dado que es más práctica, rápida, eficaz, confidencial y además es ecológica. Pero la transición de un formato al otro se daba de forma voluntaria, no impuesta, según consideran desde algunos sectores de la sociedad.
En la actualidad, entre el 70 al 90% de los clientes de muchos bancos y empresas de servicios no reciben ni un solo sobre, según informó el diario Clarín.
El artículo 4 de la ley 24.240, tras una reforma de 2016, determinaba que las empresas debían dar la información en "en soporte físico" y que el papel podía sustituirse únicamente "si el consumidor o usuario optase de forma expresa" por usar otro sistema..
Pero el Gobierno este año modificó esa normativa a través del decreto 27/2018, el cual estableció que ahora los datos podrán enviarse "en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico". "En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico", precisó la norma.
En el caso de las entidades bancarias, se especificó que podrán "optar por enviar el resumen en soporte electrónico", "salvo que el consumidor establezca expresamente" que lo quiere en papel. El Banco Central impuso que lo deben hacer es "notificar al cliente" con 60 días de anticipación sobre el cambio que hará.
De ese modo, las compañías fueron autorizadas a dejar de enviar cartas. Y si los usuario quieren mantener el formato en papel, deben pedirlo expresamente de forma telefónica o de presencial. "La medida garantiza el derecho de los consumidores a ser informados gratuitamente, pero con un criterio más moderno, que aporta a cuidar el medio ambiente y mantiene disponible la opción del papel para quien la prefiera", sostuvo Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor.
Pese a esas afirmaciones, las entidades de usuarios no ven con buenos ojos esta migración forzada. "Esto ya está trastornando a personas mayores y de pocos recursos con acceso limitado a Internet. Les imponen el cambio, a veces sin avisar. Las facturas se vencen y se ven obligados a hacer un trámite más, que no es fácil. En las oficinas a veces no toman estos pedidos. Y por teléfono, hay que esperar horas para ser atendido", lamentó Sandra González, presidenta de Adecua. Asimismo, planteó que de pasarle a la modalidad online debería haber una rebaja a la factura por el costo que se ahorra la compañía.
En la misma línea se expresó la presidenta de Adelco, Claudia Collado: "Es un gran error dejar que la empresa elija qué soporte usar. Debe decidir el consumidor. Si no, podría vulnerarse el derecho a la libertad de elección y el de trato digno y equitativo, entre otros".
Ante estas posturas contrarias, la polémica se debate ypodría trasladarse a la Cámara de Diputados, que ya trata en tres comisiones un proyecto de ley que objeta esta parte del DNU.
Lo permite un decreto del Gobierno, pero las entidades de Defensa al Consumidor lo cuestionan.
A algunos usuarios les dejaron de llegar las facturas de los servicios por correo sin previo aviso. Esto se debe a que el Gobierno permitió a las empresas dejar de enviar la información en papel a cualquier cliente, sin diferenciar si éste había pedido que se le remitieran los gastos de su consumo de forma online.
En los últimos años los envíos de facturas por correo electrónico fueron ganando terreno al sistema tradicional. Esta modalidad conlleva varias ventajas, dado que es más práctica, rápida, eficaz, confidencial y además es ecológica. Pero la transición de un formato al otro se daba de forma voluntaria, no impuesta, según consideran desde algunos sectores de la sociedad.
En la actualidad, entre el 70 al 90% de los clientes de muchos bancos y empresas de servicios no reciben ni un solo sobre, según informó el diario Clarín.
El artículo 4 de la ley 24.240, tras una reforma de 2016, determinaba que las empresas debían dar la información en "en soporte físico" y que el papel podía sustituirse únicamente "si el consumidor o usuario optase de forma expresa" por usar otro sistema..
Pero el Gobierno este año modificó esa normativa a través del decreto 27/2018, el cual estableció que ahora los datos podrán enviarse "en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico". "En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico", precisó la norma.
En el caso de las entidades bancarias, se especificó que podrán "optar por enviar el resumen en soporte electrónico", "salvo que el consumidor establezca expresamente" que lo quiere en papel. El Banco Central impuso que lo deben hacer es "notificar al cliente" con 60 días de anticipación sobre el cambio que hará.
De ese modo, las compañías fueron autorizadas a dejar de enviar cartas. Y si los usuario quieren mantener el formato en papel, deben pedirlo expresamente de forma telefónica o de presencial. "La medida garantiza el derecho de los consumidores a ser informados gratuitamente, pero con un criterio más moderno, que aporta a cuidar el medio ambiente y mantiene disponible la opción del papel para quien la prefiera", sostuvo Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor.
Pese a esas afirmaciones, las entidades de usuarios no ven con buenos ojos esta migración forzada. "Esto ya está trastornando a personas mayores y de pocos recursos con acceso limitado a Internet. Les imponen el cambio, a veces sin avisar. Las facturas se vencen y se ven obligados a hacer un trámite más, que no es fácil. En las oficinas a veces no toman estos pedidos. Y por teléfono, hay que esperar horas para ser atendido", lamentó Sandra González, presidenta de Adecua. Asimismo, planteó que de pasarle a la modalidad online debería haber una rebaja a la factura por el costo que se ahorra la compañía.
En la misma línea se expresó la presidenta de Adelco, Claudia Collado: "Es un gran error dejar que la empresa elija qué soporte usar. Debe decidir el consumidor. Si no, podría vulnerarse el derecho a la libertad de elección y el de trato digno y equitativo, entre otros".
Ante estas posturas contrarias, la polémica se debate ypodría trasladarse a la Cámara de Diputados, que ya trata en tres comisiones un proyecto de ley que objeta esta parte del DNU.