Cada vez que se menciona la Ley de Ética Pública, creemos que solamente se refiere a cuestiones relacionadas a enriquecimiento ilícito o no presentar declaraciones juradas con todos los bienes de los funcionarios nacionales. Si bien esto es cierto, la mencionada ley, hace también hincapié en otros hechos que les están vedados a los funcionarios, y que de algún modo esquivan estas prohibiciones.
Como es de público conocimiento, el jueves 7 de diciembre de 2017, por la tarde, Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa en el Congreso, en la que responsabilizó al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri por el fallo de Claudio Bonadio, que esta mañana la procesó (junto a varios de sus exfuncionarios) y pidió su desafuero por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA.
La senadora nacional argumentó que el memorándum firmado con Irán en 2013, punto clave de la denuncia por encubrimiento, "se trata de un acto de política exterior no judiciable, que además mereció el tratamiento y la aprobación del parlamento argentino". Luego afirmó que la denuncia se sustenta en "hechos que nunca se produjeron, que no tuvieron lugar, que no existieron".
Hasta aquí los hechos del jueves. Indempendientemente de las razones invocadas por la expresidente de la Nación, la conferencia efectuada, no debió realizarse en las instalaciones del Congreso, pues no se trataba de la discusión de algun proyecto de ley o cuestiones similares. Es decir, que estaba haciendo un discurso, sobre su situacion procesal, que nada tiene que ver con las funciones en el Parlamento. En tal sentido la Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública (ley 25.188), establece en su artículo 2, apartado g, la prohibición de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial
Sería deseable que en el futuro, todos los funcionarios usen las instalaciones del Congreso para la realización de proyectos y leyes, dejando de lado sus problemas personales, sin importar que sus razones sean válidas o no.
Como es de público conocimiento, el jueves 7 de diciembre de 2017, por la tarde, Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia de prensa en el Congreso, en la que responsabilizó al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri por el fallo de Claudio Bonadio, que esta mañana la procesó (junto a varios de sus exfuncionarios) y pidió su desafuero por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA.
La senadora nacional argumentó que el memorándum firmado con Irán en 2013, punto clave de la denuncia por encubrimiento, "se trata de un acto de política exterior no judiciable, que además mereció el tratamiento y la aprobación del parlamento argentino". Luego afirmó que la denuncia se sustenta en "hechos que nunca se produjeron, que no tuvieron lugar, que no existieron".
Hasta aquí los hechos del jueves. Indempendientemente de las razones invocadas por la expresidente de la Nación, la conferencia efectuada, no debió realizarse en las instalaciones del Congreso, pues no se trataba de la discusión de algun proyecto de ley o cuestiones similares. Es decir, que estaba haciendo un discurso, sobre su situacion procesal, que nada tiene que ver con las funciones en el Parlamento. En tal sentido la Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública (ley 25.188), establece en su artículo 2, apartado g, la prohibición de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial
Sería deseable que en el futuro, todos los funcionarios usen las instalaciones del Congreso para la realización de proyectos y leyes, dejando de lado sus problemas personales, sin importar que sus razones sean válidas o no.