¿Cuánta plata le transfiere el Gobierno a la Iglesia para sostener el culto católico?
la Iglesia católica recibe por parte del Estado financiamientopara el salario de algunos de sus miembros. En 2016, el monto previsto fue de $134 millones, de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Congreso.
Estos fondos responden a la obligación del Gobierno federal de sostener al culto católico apostólico romano, como está estipulado en el segundo artículo de la Constitución . Estas transferencias se regulan a través de diferentes leyes.
Según consigna en su página web la propia Conferencia Episcopal Argentina -que maneja los fondos que recibe a través de la Secretaría de Culto- los aportes directos que recibe la Iglesia Católica son los siguientes:
-Asignación para los Obispos: La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia (70% en caso de los obispos auxiliares). En la actualidad, el sueldo básico de un juez es de alrededor de 40 mil pesos (aunque suele ascender a $80 mil si se suman adicionales), por lo cual el sueldo de un obispo quedaría en 32 mil pesos.
-Asignación para obispos eméritos: La Ley 21540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma equivalente al 70% de la remuneración de un Juez de primera instancia (60% para los auxiliares).
-Asignación para parroquias de frontera: La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.
-Asignación para seminaristas mayores: Según la Ley 22.950, se debe pagar a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos), una asignación mensual por seminarista mayor, lo que constituye el mayor aporte cuantitativo directo del Estado a la Iglesia.
-Jubilaciones para sacerdotes: La Ley 22.430 instituye estas jubilaciones graciables (sin ningún aporte previo) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.
Vale aclarar además que también existen los llamados "aportes indirectos", es decir, las exenciones impositivas que la Iglesia recibe y que exime a las parroquias, así como a los arzobispos y obispos, de pagar distintos tributos (ingresos brutos, ganancias, exenciones aduaneras, etc.).
Si los bienes de la Iglesia Católica argentina figuraran centralizados, representarían el mayor patrimonio privado del país. Y si los ingresos eclesiásticos tributaran impuestos, la Conferencia Episcopal encabezaría la lista de contribuyentes. La estimación es válida, a pesar de que los numerosos organismos y entidades católicos conforman una intrincada red de propietarios que dificulta una valuación precisa. En Argentina actúan 5.307 sacerdotes y 10.964 religiosas distribuidos en 5.493 parroquias, iglesias, capillas y santuarios, según informa la Guía Eclesiástica de AICA, edición vigente en marzo de 1990. Esos hombres y mujeres son los que se encargan de administrar los recursos de la Iglesia, de cuidar sus obras de arte y de mantener miles de inmuebles diseminados por todo el país.
Dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica cada obispado constituye una unidad autónoma y autárquica. Como verdaderos señores del medioevo, los obispos titulares de las 44 diócesis argentinas gozan de una amplia independencia, incluso respecto a la Santa Sede. También el Papa es uno de ellos, obispo de Roma, aunque "primus ínter pares" en cuestiones de doctrina. Los 44 obispos son los administradores de los bienes eclesiásticos de sus respectivas diócesis. Algunas muy ricas, como las de Buenos Aires y Córdoba.
El capital de las órdenes religiosas, que se ha multiplicado desde la época de la colonia, está excluido de esa autoridad episcopal. Actualmente, cu Argentina desarrollan actividades 187 congregaciones religiosas, 59 de varones y I2X de mujeres. El poderío económico de algunas de ellas, como la salesiana, supera al de muchas diócesis. En todos los casos, el mayor ingreso deriva de la enseñanza.
Una de ellas, la Ley 21.950 , establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. La Ley 22.162 , por otra parte, dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas y la Ley 22.950 , a seminaristas. Esto implica que en el Presupuesto de 2016 está previsto que se sostenga a 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.
La Iglesia católica también se beneficia de las decisiones tomadas por los gobiernos que decidan refaccionar sus edificios, como fue el caso de la Basílica de Luján, restaurada entre 2003 y 2015 a partir de una licitación , la primera realizada por Néstor Kirchner tras asumir como Presidente. Lo mismo ocurrió con una serie de iglesias que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se decidió refaccionar.
Existen otras transferencias que el Estado hace a la Iglesia, aunque con fines específicos, como los subsidios a escuelas religiosas. Este número, sin embargo, es actualmente imposible de calcular, ya que no hay una discriminación en el Presupuesto que permita saber cuántos de estos fondos van a escuelas religiosas. “Es información que tienen los Ministerios de Educación de cada provincia y no es pública”, explicó Rafael Flores, director de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
La Iglesia cuenta además con ciertas exenciones impositivas, como es en el caso del Impuesto a las Ganancias o en el IVA , un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.
Las transferencias del Estado serían, de acuerdo con las estimaciones de la Iglesia, un monto menor comparado con el presupuesto eclesiástico. De acuerdo con un cálculo realizado por Pablo Garrido Casal, ecónomo del Arzobispado de Buenos Aires y autor de un libro sobre las colectas de la Iglesia, en 2007 se trataba del 7% del total. “No tenemos estimaciones más recientes”, señaló Garrido Casal a Chequeado.
Parte de las razones de que el monto no se conozca es que la estructura parroquial de la Iglesia católica argentina funciona de manera descentralizada, ya que cada parroquia opera de manera autónoma, y los fondos que recauda cubren los gastos de funcionamiento y la asignación de los sacerdotes. Garrido Casal explicó que, “en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 2% de la recaudación va al Arzobispado para un fondo común parroquial para ayudar a aquellas más desfavorecidas”, pero fuera de eso cada parroquia debe sostenerse de manera independiente.
Riqueza y expropiación
La mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina tienen su génesis en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos que se establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en cambio, el crecimiento de la fortuna eclesiástica derivó de donaciones y herencias. Hacia 1780, la Iglesia Católica era propietaria del 65% de las tierras de los virreinatos del Perú y Río de la Plata.
Esos bienes provocaron pocas objeciones en una sociedad de sólidas costumbres religiosas. "Para Dios todo es poco", se consolidó como un argumento inapelable. Esta concepción perduró en el tiempo, especialmente dentro del propio clero. En la Pastoral Colectiva del Episcopado, de 1902, el arzobispo de Buenos Aires afirmaba: "En las sociedades bien ordenadas, el lujo es un signo natural de jerarquía social. Contenido en sus razonables límites completa el orden en vez destruirlo. La Iglesia le da una consagración religiosa, haciendo de sus templos espléndidos y de sus radiantes santuarios un reflejo de la belleza de los cielos".
Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, produjo un hecho que durante 150 años fue motivo de debates y reclamaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno: expropió numerosos inmuebles de la Iglesia "no necesarios para el culto”. Los sucesivos decretos no se limitaron sólo a los bienes, también reglamentaron distintos aspectos de la actividad religiosa, dentro de un proyecto conocido como Reforma Eclesiástica. La iniciativa de Rivadavia conquistó partidarios dentro del propio clero, pero también una airada reacción de los obispos que derivó en la ruptura de relaciones con la Santa Sede.
Otro recurso de las parroquias es el cobro de los servicios religiosos, una costumbre que ha motivado permanentes debates y críticas. Las misas, bautismos y casamientos aparecen tarifados con precios más que dispares, relacionados generalmente con el supuesto status de cada iglesia. Casarse en un templo de barrio puede significar una modesta o nula erogación; en cambio, en San Nicolás de Barí o en la aristocrática Parroquia del Socorro (Juncal y Suipacha), implica unos 100 dólares, más las flores. En la intimidad, algunos sacerdotes reconocen que el ser designado párroco de una i-glesia con prestigio social e importantes recaudaciones se considera un ascenso en la carrera eclesiástica y un escalón hacia el obispado.
Los aportes de la clase adinerada han sido fundamentales para el funcionamiento y desarrollo del culto católico. Desde hace algunas décadas, los grandes empresarios de la industria, de ascendencia mayoritariamente italiana, han superado por la magnitud de las donaciones, a la aristocracia vernácula, terrateniente e hispánica. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa funciona como un eficaz organismo de recaudación.
Desde 1947, el Estado subsidia la educación privada. Los montos han venido creciendo en forma constante. En la provincia de Buenos Aires, el aporte para las 4300 escuelas católicas sumó mil millones de pesos de tu plata.
Los montos presupuestados tampoco incluyen el dinero que el Estado transfiere a distintas instituciones ligadas a la Iglesia Católica que realizan tareas de ayuda social. Consultado por Cash, Fortunato Mallimacci, especialista en temas religiosos, afirmó que “es cuantiosa la cantidad de dinero que a nivel nacional, provincial y municipal reciben las instituciones católicas bajo el paraguas de sociedad civil, ONG, Tercer Sector, en capacitación, evaluación, monitoreo y ejecución de miles de proyectos”.
suerte perras
la Iglesia católica recibe por parte del Estado financiamientopara el salario de algunos de sus miembros. En 2016, el monto previsto fue de $134 millones, de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Congreso.
Estos fondos responden a la obligación del Gobierno federal de sostener al culto católico apostólico romano, como está estipulado en el segundo artículo de la Constitución . Estas transferencias se regulan a través de diferentes leyes.
Según consigna en su página web la propia Conferencia Episcopal Argentina -que maneja los fondos que recibe a través de la Secretaría de Culto- los aportes directos que recibe la Iglesia Católica son los siguientes:
-Asignación para los Obispos: La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia (70% en caso de los obispos auxiliares). En la actualidad, el sueldo básico de un juez es de alrededor de 40 mil pesos (aunque suele ascender a $80 mil si se suman adicionales), por lo cual el sueldo de un obispo quedaría en 32 mil pesos.
-Asignación para obispos eméritos: La Ley 21540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma equivalente al 70% de la remuneración de un Juez de primera instancia (60% para los auxiliares).
-Asignación para parroquias de frontera: La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.
-Asignación para seminaristas mayores: Según la Ley 22.950, se debe pagar a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos), una asignación mensual por seminarista mayor, lo que constituye el mayor aporte cuantitativo directo del Estado a la Iglesia.
-Jubilaciones para sacerdotes: La Ley 22.430 instituye estas jubilaciones graciables (sin ningún aporte previo) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.
Vale aclarar además que también existen los llamados "aportes indirectos", es decir, las exenciones impositivas que la Iglesia recibe y que exime a las parroquias, así como a los arzobispos y obispos, de pagar distintos tributos (ingresos brutos, ganancias, exenciones aduaneras, etc.).
Si los bienes de la Iglesia Católica argentina figuraran centralizados, representarían el mayor patrimonio privado del país. Y si los ingresos eclesiásticos tributaran impuestos, la Conferencia Episcopal encabezaría la lista de contribuyentes. La estimación es válida, a pesar de que los numerosos organismos y entidades católicos conforman una intrincada red de propietarios que dificulta una valuación precisa. En Argentina actúan 5.307 sacerdotes y 10.964 religiosas distribuidos en 5.493 parroquias, iglesias, capillas y santuarios, según informa la Guía Eclesiástica de AICA, edición vigente en marzo de 1990. Esos hombres y mujeres son los que se encargan de administrar los recursos de la Iglesia, de cuidar sus obras de arte y de mantener miles de inmuebles diseminados por todo el país.
Dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica cada obispado constituye una unidad autónoma y autárquica. Como verdaderos señores del medioevo, los obispos titulares de las 44 diócesis argentinas gozan de una amplia independencia, incluso respecto a la Santa Sede. También el Papa es uno de ellos, obispo de Roma, aunque "primus ínter pares" en cuestiones de doctrina. Los 44 obispos son los administradores de los bienes eclesiásticos de sus respectivas diócesis. Algunas muy ricas, como las de Buenos Aires y Córdoba.
El capital de las órdenes religiosas, que se ha multiplicado desde la época de la colonia, está excluido de esa autoridad episcopal. Actualmente, cu Argentina desarrollan actividades 187 congregaciones religiosas, 59 de varones y I2X de mujeres. El poderío económico de algunas de ellas, como la salesiana, supera al de muchas diócesis. En todos los casos, el mayor ingreso deriva de la enseñanza.
Una de ellas, la Ley 21.950 , establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. La Ley 22.162 , por otra parte, dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas y la Ley 22.950 , a seminaristas. Esto implica que en el Presupuesto de 2016 está previsto que se sostenga a 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.
La Iglesia católica también se beneficia de las decisiones tomadas por los gobiernos que decidan refaccionar sus edificios, como fue el caso de la Basílica de Luján, restaurada entre 2003 y 2015 a partir de una licitación , la primera realizada por Néstor Kirchner tras asumir como Presidente. Lo mismo ocurrió con una serie de iglesias que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se decidió refaccionar.
Existen otras transferencias que el Estado hace a la Iglesia, aunque con fines específicos, como los subsidios a escuelas religiosas. Este número, sin embargo, es actualmente imposible de calcular, ya que no hay una discriminación en el Presupuesto que permita saber cuántos de estos fondos van a escuelas religiosas. “Es información que tienen los Ministerios de Educación de cada provincia y no es pública”, explicó Rafael Flores, director de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
La Iglesia cuenta además con ciertas exenciones impositivas, como es en el caso del Impuesto a las Ganancias o en el IVA , un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.
Las transferencias del Estado serían, de acuerdo con las estimaciones de la Iglesia, un monto menor comparado con el presupuesto eclesiástico. De acuerdo con un cálculo realizado por Pablo Garrido Casal, ecónomo del Arzobispado de Buenos Aires y autor de un libro sobre las colectas de la Iglesia, en 2007 se trataba del 7% del total. “No tenemos estimaciones más recientes”, señaló Garrido Casal a Chequeado.
Parte de las razones de que el monto no se conozca es que la estructura parroquial de la Iglesia católica argentina funciona de manera descentralizada, ya que cada parroquia opera de manera autónoma, y los fondos que recauda cubren los gastos de funcionamiento y la asignación de los sacerdotes. Garrido Casal explicó que, “en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 2% de la recaudación va al Arzobispado para un fondo común parroquial para ayudar a aquellas más desfavorecidas”, pero fuera de eso cada parroquia debe sostenerse de manera independiente.
Riqueza y expropiación
La mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina tienen su génesis en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos que se establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en cambio, el crecimiento de la fortuna eclesiástica derivó de donaciones y herencias. Hacia 1780, la Iglesia Católica era propietaria del 65% de las tierras de los virreinatos del Perú y Río de la Plata.
Esos bienes provocaron pocas objeciones en una sociedad de sólidas costumbres religiosas. "Para Dios todo es poco", se consolidó como un argumento inapelable. Esta concepción perduró en el tiempo, especialmente dentro del propio clero. En la Pastoral Colectiva del Episcopado, de 1902, el arzobispo de Buenos Aires afirmaba: "En las sociedades bien ordenadas, el lujo es un signo natural de jerarquía social. Contenido en sus razonables límites completa el orden en vez destruirlo. La Iglesia le da una consagración religiosa, haciendo de sus templos espléndidos y de sus radiantes santuarios un reflejo de la belleza de los cielos".
Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, produjo un hecho que durante 150 años fue motivo de debates y reclamaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno: expropió numerosos inmuebles de la Iglesia "no necesarios para el culto”. Los sucesivos decretos no se limitaron sólo a los bienes, también reglamentaron distintos aspectos de la actividad religiosa, dentro de un proyecto conocido como Reforma Eclesiástica. La iniciativa de Rivadavia conquistó partidarios dentro del propio clero, pero también una airada reacción de los obispos que derivó en la ruptura de relaciones con la Santa Sede.
Otro recurso de las parroquias es el cobro de los servicios religiosos, una costumbre que ha motivado permanentes debates y críticas. Las misas, bautismos y casamientos aparecen tarifados con precios más que dispares, relacionados generalmente con el supuesto status de cada iglesia. Casarse en un templo de barrio puede significar una modesta o nula erogación; en cambio, en San Nicolás de Barí o en la aristocrática Parroquia del Socorro (Juncal y Suipacha), implica unos 100 dólares, más las flores. En la intimidad, algunos sacerdotes reconocen que el ser designado párroco de una i-glesia con prestigio social e importantes recaudaciones se considera un ascenso en la carrera eclesiástica y un escalón hacia el obispado.
Los aportes de la clase adinerada han sido fundamentales para el funcionamiento y desarrollo del culto católico. Desde hace algunas décadas, los grandes empresarios de la industria, de ascendencia mayoritariamente italiana, han superado por la magnitud de las donaciones, a la aristocracia vernácula, terrateniente e hispánica. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa funciona como un eficaz organismo de recaudación.
Desde 1947, el Estado subsidia la educación privada. Los montos han venido creciendo en forma constante. En la provincia de Buenos Aires, el aporte para las 4300 escuelas católicas sumó mil millones de pesos de tu plata.
Los montos presupuestados tampoco incluyen el dinero que el Estado transfiere a distintas instituciones ligadas a la Iglesia Católica que realizan tareas de ayuda social. Consultado por Cash, Fortunato Mallimacci, especialista en temas religiosos, afirmó que “es cuantiosa la cantidad de dinero que a nivel nacional, provincial y municipal reciben las instituciones católicas bajo el paraguas de sociedad civil, ONG, Tercer Sector, en capacitación, evaluación, monitoreo y ejecución de miles de proyectos”.
suerte perras