Fue tras un relevamiento de 4.100 barrios populares de todo el país. Buscan que puedan agilizar trámites ante empresas públicas o privadas. El plan tiene aval de la Iglesia y los movimientos sociales.
En lo que pretende mostrar como un gesto hacia los movimientos sociales y los sectores más vulnerables, el Gobierno anunciará mañana la creación del "Registro de Barrios Populares", que posibilitará la entrega de certificados de domicilios a cerca de un millón y medio de personas que viven en villas y asentamientos de todo el país.
La iniciativa se oficializará el día después de que Clarín revelara la preocupación del Gobierno ante lo que -prevé- será un mes de tensión con algunas organizaciones sociales que saldrán a disputar en la calle espacios en las listas para las elecciones.
El denominado “Certificado de Vivienda Familiar”, que cada vecino que fue relevado podrá tramitar ante ANSeS, servirá para acreditar domicilio ante cualquier autoridad y solicitar servicios a su nombre como agua corriente, electricidad, red de gas. “De esta manera, van a estar todos los argentinos en una situación de igualdad ante el Estado. Hoy a muchos se les complica consignar un domicilio porque en muchos organismos no les reconocen cuando dicen que viven en asentamientos”, explican en el Gobierno. “Por primera vez el Estado les va a reconocer que viven ahí, que tienen un domicilio”, agregan. El documento será válido ante cualquier autoridad pública, nacional, provincial o municipal, empresas privadas y para declarar como domicilio legal o fiscal ante la AFIP.
En Casa Rosada se adelantan y avisan que no representa un paso previo a extender escrituras ni títulos de propiedad, ya que -advierten- “ese es un proceso más complejo” porque en la mayoría de casos esos asentamientos están sobre terrenos privados o tierras fiscales. Del mismo modo, para desalentar nuevas tomas, sostienen que la letra del decreto advertirá que podrán acceder a ese registro los que vivan en barrios conformados en la actualidad. Y dejará abierta la puerta para incluir a los que aún no pudieron ser "censados".
Aunque, como anticipó Clarín semanas atrás, no habrá acto oficial para que no sea interpretado como una medida electoralista, será Mauricio Macri quien se pondrá al frente del anuncio: en su primer día con agenda tras su regreso de la gira por Asia, el Presidente firmó hoy el decreto que saldrá publicado este martes en el Boletín Oficial.
Técnicamente, el decreto reglamenta el “Registro de Barrios Populares”, producto del relevamiento que se hizo desde septiembre del año pasado y que en el Gobierno consideran “inédito” ya que "por primera vez en la historia se hizo un relevamiento 'casa por casa' de todos los asentamientos del país".
Bajo la coordinación del vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el trabajo estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley y de la ANSeS de Emilio Basavilbaso; y contó con la participación clave de tres de los movimientos sociales más grandes -Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- y la colaboración de la ONG TECHO y de la Iglesia, a través de Cáritas Argentina.
Sucede que unas 7 mil personas en forma global trabajaron en el proyecto. “Sin la ayuda de las organizaciones, hubiera sido imposible”, admiten en el Gobierno.
¿Por qué tantas partes involucradas? Se entiende cuando se repasan algunos datos. Los asentamientos comprenden unos 330 kilómetros cuadrados, es decir, unos 100 km2 más que la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. En total se identificaron unos 4.100 barrios, con distintos grados de precariedad y hacinamiento. Se los delimitó y se registró digitalmente cada hogar, con límites precisos, para que cada vivienda posea una coordenada de geolocalización. Hasta el momento, se visitaron unos 3.725 barrios y se identificó la situación de 402.114 familias y 1.340.272 personas, por lo que estiman que superará ampliamente el millón y medio de personas que podrán acceder al certificado.
La extensión de los documentos comenzará desde el 8 de junio con una prueba piloto en tres localidades: en terreno bonaerense, en Lomas de Zamora y San Isidro; y en la ciudad de Corrientes. Luego, se extenderá al resto del país. Aunque se estima que será antes de las elecciones, en el Gobierno aseguran que no esconde intenciones electorales. “A nadie se le va a pedir contraprestación alguna”, sostienen.
El proyecto es complementario de otro dependiente del Ministerio del Interior que dirige Rogelio Frigerio y prevé urbanizar las 100 villas -de menos de 10 mil habitantes- más vulnerables del país por el que se invertirán unos 7 mil millones de pesos.
En lo que pretende mostrar como un gesto hacia los movimientos sociales y los sectores más vulnerables, el Gobierno anunciará mañana la creación del "Registro de Barrios Populares", que posibilitará la entrega de certificados de domicilios a cerca de un millón y medio de personas que viven en villas y asentamientos de todo el país.
La iniciativa se oficializará el día después de que Clarín revelara la preocupación del Gobierno ante lo que -prevé- será un mes de tensión con algunas organizaciones sociales que saldrán a disputar en la calle espacios en las listas para las elecciones.
El denominado “Certificado de Vivienda Familiar”, que cada vecino que fue relevado podrá tramitar ante ANSeS, servirá para acreditar domicilio ante cualquier autoridad y solicitar servicios a su nombre como agua corriente, electricidad, red de gas. “De esta manera, van a estar todos los argentinos en una situación de igualdad ante el Estado. Hoy a muchos se les complica consignar un domicilio porque en muchos organismos no les reconocen cuando dicen que viven en asentamientos”, explican en el Gobierno. “Por primera vez el Estado les va a reconocer que viven ahí, que tienen un domicilio”, agregan. El documento será válido ante cualquier autoridad pública, nacional, provincial o municipal, empresas privadas y para declarar como domicilio legal o fiscal ante la AFIP.
En Casa Rosada se adelantan y avisan que no representa un paso previo a extender escrituras ni títulos de propiedad, ya que -advierten- “ese es un proceso más complejo” porque en la mayoría de casos esos asentamientos están sobre terrenos privados o tierras fiscales. Del mismo modo, para desalentar nuevas tomas, sostienen que la letra del decreto advertirá que podrán acceder a ese registro los que vivan en barrios conformados en la actualidad. Y dejará abierta la puerta para incluir a los que aún no pudieron ser "censados".
Aunque, como anticipó Clarín semanas atrás, no habrá acto oficial para que no sea interpretado como una medida electoralista, será Mauricio Macri quien se pondrá al frente del anuncio: en su primer día con agenda tras su regreso de la gira por Asia, el Presidente firmó hoy el decreto que saldrá publicado este martes en el Boletín Oficial.
Técnicamente, el decreto reglamenta el “Registro de Barrios Populares”, producto del relevamiento que se hizo desde septiembre del año pasado y que en el Gobierno consideran “inédito” ya que "por primera vez en la historia se hizo un relevamiento 'casa por casa' de todos los asentamientos del país".
Bajo la coordinación del vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el trabajo estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley y de la ANSeS de Emilio Basavilbaso; y contó con la participación clave de tres de los movimientos sociales más grandes -Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- y la colaboración de la ONG TECHO y de la Iglesia, a través de Cáritas Argentina.
Sucede que unas 7 mil personas en forma global trabajaron en el proyecto. “Sin la ayuda de las organizaciones, hubiera sido imposible”, admiten en el Gobierno.
¿Por qué tantas partes involucradas? Se entiende cuando se repasan algunos datos. Los asentamientos comprenden unos 330 kilómetros cuadrados, es decir, unos 100 km2 más que la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. En total se identificaron unos 4.100 barrios, con distintos grados de precariedad y hacinamiento. Se los delimitó y se registró digitalmente cada hogar, con límites precisos, para que cada vivienda posea una coordenada de geolocalización. Hasta el momento, se visitaron unos 3.725 barrios y se identificó la situación de 402.114 familias y 1.340.272 personas, por lo que estiman que superará ampliamente el millón y medio de personas que podrán acceder al certificado.
La extensión de los documentos comenzará desde el 8 de junio con una prueba piloto en tres localidades: en terreno bonaerense, en Lomas de Zamora y San Isidro; y en la ciudad de Corrientes. Luego, se extenderá al resto del país. Aunque se estima que será antes de las elecciones, en el Gobierno aseguran que no esconde intenciones electorales. “A nadie se le va a pedir contraprestación alguna”, sostienen.
El proyecto es complementario de otro dependiente del Ministerio del Interior que dirige Rogelio Frigerio y prevé urbanizar las 100 villas -de menos de 10 mil habitantes- más vulnerables del país por el que se invertirán unos 7 mil millones de pesos.
