Según las discográficas británicas, las pérdidas que ocasionan las descargas en Internet a la industria musical ascienden a 220 millones de euros anuales, una cifra que en opinión de éstas debe ser más que suficiente para que la clase política modifique la legislación en materia de derechos de autor y acabe con la supuesta piratería.
Pues bien, John Petter, uno de los máximos responsables de BT, el mayor ISP de las islas, asegura que en caso de que se apliquen las medidas propuestas por los sellos musicales, los operadores de acceso a Internet deberán asumir un dispendio cercano a los 400 millones de euros. Es decir, casi el doble de lo que las disqueras dicen perder al año.
A esto hay que añadir que, conociendo cómo se las gastan en la British Phonographic Industry, donde suelen confundir una canción descargada con una canción no vendida, es muy probable que los 220 millones de pérdidas sean una cifra muy pero que muy hinchada que no se ajuste a la realidad.
En ese sentido se ha pronunciado precisamente Petter, que ha calificado las reclamaciones del sector de melodramáticas y carentes de sentido. Además, ha remarcado que la batalla que quieren emprender las discográficas va a conducir a que en Internet surjan nuevas y mejoradas herramientas para zafarse de los controles que se quieren implantar, por lo que en su opinión las medidas aplicadas tendrían un impacto mínimo.
Ni que decir tiene que, en caso de que la industria se salga con la suya y consiga que la clase política británica obligue a los ISP a vigilar qué hacen sus clientes cuando se conectan a la Red, los 400 millones de euros de gasto que Petter presume que deberían gastar los acabarían pagando los usuarios, a razón de unos 27 euros por persona y año.