Un proyecto que ya reunió casi 100.000 adhesiones facilitaría la prevención de un delito aberrante
El dramático caso de violación seguido de muerte sufrido por Soledad Bargna ha movido a sus amigos y familiares a recoger firmas que avalen un proyecto de ley tendiente a la creación de un registro nacional y público de violadores, que, además, propugna un tratamiento psicológico a los reincidentes. El presunto violador y asesino de la joven cumplía condena por el delito de violación y estaba en libertad por un régimen de salidas transitorias del penal de Ezeiza.
El proyecto, denominado Construyendo Justicia ( www.construyendojusticia.com ), ha reunido ya cerca de 100.000 firmas y se funda en que los violadores tienen un alto nivel de reincidencia. Si no se los trata y obliga a cumplir su condena, son un peligro cierto para la sociedad.
No es necesario recordar que hay proyectos en el exterior que proponen medidas de amputación mucho más drásticas, ajenas a nuestra sensibilidad y valores. Se trata de modos aberrantes de tratar una aberración.
Desde el mes próximo, Cataluña será la primera comunidad autónoma de España que suministrará inhibidores sexuales a los violadores con riesgo de reincidencia. El tratamiento, mal llamado castración química, será recetado a los condenados que estén a punto de cumplir su condena y puedan cometer nuevas agresiones. No se tratará de una medida compulsiva, sino voluntaria: sólo la adoptarán los presos que estén dispuestos.
En nuestro país, mucho se ha discutido si un registro de violadores o de personas con antecedentes de violación agravia los derechos constitucionales o implica una forma de discriminación que puede impedir o dificultar la rehabilitación de un delincuente. Los casos de los violadores son casi siempre recurrentes. Deberían estar registrados en un archivo con imagen fotográfica que esté reservado para el gran público, pero que sea de fácil acceso para la Policía Federal. Si alguien tiene fundadas sospechas, hace una denuncia de amenazas o teme sufrir un daño de esta índole, podrá brindársele custodia o seguridad especial.
Frente al peligro potencial de un riesgo cierto de violación es razonable decidir la tutela del presunto violador para evitar daños irreparables, sin que ello menoscabe el valor de la presunción de inocencia y las debidas garantías para quien la Justicia dirá si tuvo responsabilidad en un caso de este tipo. Es necesario tomar todos los recaudos posibles a fin de evitar hechos aberrantes.
Un registro como el que se propone, con antecedentes de violadores recurrentes, reforzaría la denuncia. Sería un precedente invalorable para graduar la condena y tomar medidas eficaces de protección.
Fuente
construyendojusticia