importante El mendocino Miguel Serralta propuso que se inhiba la testosterona de los condenados por delitos sexuales a través de cirugías o fármacos. En el país hubo intentos similares que no prosperaron.
>Mendoza | 13.02.2009
El aumento de casos de violaciones que ha conmovido a Mendoza en los últimos tiempos hizo reaccionar a la Legislatura. El senador justicialista Miguel Serralta propone castigar a los violadores que reciban condena en firme con la castración química o quirúrgica.
Ése es el método más ortodoxo legalizado en varios países del mundo como recurso para evitar que los violadores vuelvan a ultrajar.
Los porcentajes de reincidencia son altísimos y no se revierten con la prisión, por lo que la extirpación de los testículos –en el caso de la práctica quirúrgica– o la administración de drogas que reducen la producción de testosterona –castración química– son las alternativas que se proponen en muchos países para evitar la concreción de este aberrante delito (ver aparte).
Serralta propone la castración porque considera que el encierro no corrige la conducta de un violador. “Éste es un delito asqueroso con un alto porcentaje de reincidencia, por lo tanto, por más que el violador sea condenado sale y sigue haciendo daño. La castración es la única alternativa segura”, resumió.
Desde el punto de vista legal, se requiere una modificación del Código Penal de la Nación para incorporar la castración como castigo para los violadores. Pero Serralta sostiene que la provincia puede valerse de otra alternativa para incorporar esta pena en la legislación provincial. Una de ellas es hacer una modificación a la Ley 3.645 del Régimen Penitenciario, que establece las modalidades de ejecución de las penas. “En esta norma se podría establecer que los condenados por delitos de abuso sexual desde el momento en el que comienzan a gozar de salidas transitorias deberán someterse a la castración”, apuntó el legislador.
La otra alternativa es incorporar este método dentro del Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS), la base de datos que almacena los patrones genéticos de los condenados. Allí se podría incorporar como pena la castración para todos aquellos que son incluidos en el registro.
Éstas son dos de las alternativas que baraja el legislador y que deberán someterse a estudio en la Casa de las Leyes.
Pero este planteo que Serralta busca poner en debate debe sortear no sólo el encuadre legal sino también el análisis médico para evaluar qué alternativas de castración se consignan en la ley, pero sobre todo supone una honda discusión moral y religiosa.
En general cada vez que en el país ha surgido una propuesta de esta índole ha sido criticada por sectores religiosos que consideran el método como mutilador, o por defensores de los derechos humanos que lo consideran cruento para el condenado.
De todas maneras, el autor de la iniciativa insiste en que esta alternativa no es exagerada, “ se inhabilita una sola área de la vida del violador, que es la sexual, pero esa persona marca a un niño o niña o a una mujer para toda vida cuando comete una vejación”.