El entonces presidente Duhalde, figura de peso dentro del justicialismo no sólo por su condición presidencial sino también por su control hegemónico sobre la estructura partidaria de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, intentó jugar sus cartas en favor del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Éste, sin embargo, prefirió no presentar su candidatura; Duhalde trasladó sus preferencias a De la Sota, con quien tampoco pudo alcanzar un acuerdo estratégico. Así, el 15 de enero de 2003 anunció su apoyo a la precandidatura de Néstor Kirchner. Con este espaldarazo, Kirchner se situó en una posición mucho más favorable.
Néstor Kirchner con su predecesor, el ex presidente Eduardo Duhalde (23/3/2004).Sin embargo, la situación interna del justicialismo no estaba resuelta y si bien el apoyo de Duhalde era significativo, no garantizaba de por sí que Kirchner resultara el candidato presidencial. Por otra parte, las fricciones de una elección interna tan cercana a la elección nacional, prevista para el 27 de abril, podrían provocar un deterioro en las expectativas del justicialismo de obtener una victoria. Así, el 24 de enero, y con el argumento de que los tres aspirantes que quedaban en carrera (Kirchner, Rodiguez Saá y Menem, que había incorporado a Romero como candidato a vicepresidente) presentaban programas contrapuestos, el congreso del partido justicialista toma una decisión inédita: suspender la elección interna y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a partidos distintos.
Kirchner arrancó su campaña en una posición desfavorable. Las encuestas de intención de voto lo ubicaban por detrás de los otros candidatos justicialistas y de Ricardo López Murphy (ex ministro de De la Rúa y candidato de un conjunto de fuerzas de centroderecha). Sin embargo, la popularidad de Kirchner comenzó a crecer impulsando un programa de perfil socialdemócrata con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, poniendo acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud (sintetizado de algún modo en sus eslogans de campaña: “Un país en serio” y “Primero Argentina”). No fue desdeñable tampoco el aporte que significaron tanto su compromiso de mantener al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, con una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis, como la participación de su esposa, Cristina Fernández, diputada y senadora por la provincia de Santa Cruz desde 1995.
Evolución del PBI entre 1990 y 2006. Se aprecia el período de crecimiento en el PBI (tanto nominal como a PPA) luego del cambio de modelo económico iniciado por Eduardo Duhalde y continuado por Nestor Kirchner.La campaña electoral estuvo condicionada por los efectos de la crisis: la fecha de elecciones había tenido que ser adelantada tras la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón (ver Masacre de Avellaneda). Si bien se evidenciaron algunos leves signos de recuperación económica, por efecto del default y la restricción del gasto público, con leve recuperación de la tasa de cambio del peso frente al dólar y moderado aumento del PBI, las consecuencias sociales de la crisis fueron terribles: el 54% de la población se hallaba por debajo del límite de pobreza; la mitad de esta población (27% del total), por debajo de la línea de indigencia.
En las elecciones del 27 de abril de 2003, el Frente para la Victoria (de Kirchner) obtuvo sólo un 22,0% de los votos, resultando superado por Menem (“Alianza Frente por la Lealtad -UCD), que obtuvo el 24,3%. La legislación electoral argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el 45% de los votos válidos emitidos, los dos más votados deben disputar una segunda vuelta (ballotage).
Fuera de esta segunda ronda quedaron López Murphy, Rodríguez Saá con el 14,2% y la candidata de centroizquierda Elisa Carrió (ex radical) con el 14,1%. El candidato de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moreau, ocupó el sexto puesto con un 2,3% en la peor elección de la historia de su partido. (Ver resultados detallados en Elecciones Argentina 2003.)
Después de la primera ronda, Kirchner visitó al presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes ratificó sus intenciones de fortalecer el Mercosur, tal como lo había prometido en el Plan de Gobierno que había presentado poco tiempo antes de las elecciones, y declaró que mantenía con orgullo las convicciones políticas que había sostenido en el pasado.
La segunda vuelta debía llevarse a cabo el 18 de mayo de 2003. Los sondeos previos indicaban entre un 60 y 70% de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. Sin embargo, el ballotage no tendría lugar: el 14 de mayo el ex presidente Menem, después de una larga cadena de rumores y desmentidos, anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Muchos analistas señalan que la maniobra de Menem tuvo como propósito evitar una derrota estentórea, y al mismo tiempo condicionar a Kirchner, que accedió a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley para convertirse en presidente de la República hasta 2007.
Presidencia de Argentina
Néstor Kirchner y el ex ministro de economía Roberto Lavagna.Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. En esta etapa jugó un importante papel el pequeño bloque de diputados nacionales que respondían en forma directa al Presidente Kirchner. Eran apenas 14 que debían lidiar con un Bloque oficial del PJ con mas de 70 legisladores alieneados con Eduardo Duhalde y un variopinto escenario de pequeños agrupamientos menemistas, romeristas y otros. En muy poco tiempo, este sector de 14 diputados entre quienes destacaban Juan Irrazabal de Misiones, Daniel Varizat de Santa Cruz, Osvaldo Nemirovsci de Rio Negro y Jorge Arguello de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, lograron imponerse en la conducción del Bloque oficial y desde ahí brindaron un mas que importante aporte a la consolidación de la conducción política de Nestor Kirchner.
Néstor Kirchner y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva en marzo de 2004.Durante el gobierno de Kirchner, Argentina y el Fondo Monetario Internacional han mantenido una relación tirante. Al igual que Brasil, una de las principales medidas de su gestión fue cancelar por anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional por un monto de 9.810 millones de dólares. El objetivo declarado de ambos gobiernos fue terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.
Los críticos a la política económica del gobierno argumentan que el alto crecimiento económico se debe más a una tendencia mundial que a particularidades argentinas. Sostienen que la recuperación económica del gobierno de Kirchner no podría mantenerse sin la depresión de los salarios, y el elevado precio internacional de los granos y cereales que exporta Argentina y que el canje de la deuda externa no ha implicado una quita, sino que la nueva deuda, al estar indexada, crece indefinidamente. Los defensores de los logros de la política económica del gobierno, sostienen que Kirchner asumió en una situación muy delicada y que la mayoría de los demás países de la región, han tenido un desempeño económico-social más acotado que el argentino, y que ello se debe precisamente a la política económica adoptada.
En Noviembre de 2006 las reservas internacionales subieron más de 30.000 millones de dólares, la desocupación bajo al 10% y la pobreza se mantiene en un 33,5%.
Kirchner ha llevado adelante una activa política para promover los Derechos Humanos. Su gobierno ha incorporado reconocidos integrantes de organismo de Derechos Humanos. Además, ha impulsado el enjuciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70, realizados por la Triple A y por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial. Algunos sectores criticaron estas políticas argumentando que funcionan en contra de la reconciliación nacional. Otros sectores consideran que su gobierno no promueve los Derechos Humanos, sino que atenta contra ellos, tomando como ejemplos la represión ocurrida en Las Heras y el envío de tropas argentinas a Haití en el marco de la MINUSTAH.
Tras las últimas elecciones legislativas en octubre de 2005, Kirchner ha obtenido la primera minoría a nivel nacional. Esto se ha reflejado en importantes cambios en el gabinete (fundamentalmente la sustitución de Roberto Lavagna por Felisa Miceli en el ministerio de economía). Algunos analistas, sin embargo, hacen hincapié en el carácter precario que tendrían los acuerdos alcanzados con los intendentes y gobernadores que aportaron a sus listas.
Kirchner, Lula y Chávez.La oposición cuestiona el hecho de que, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, legislando a través de decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta mayo de 2006, de 337 leyes originadas en el poder ejecutivo que podrían haberse sancionado por decreto, Kirchner envió solo 136 como proyectos de ley al Congreso, mientras que las restantes 201 fueron sancionadas apelando a decretos de necesidad y urgencia. La estadística arroja así unos 67 decretos por año, con frecuencia comparados con los 54,5 por año de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 durante sus diez años de gobierno—.
Néstor Kirchner y su par estadounidense George Bush (enero de 2004).A nivel internacional, sus adherentes insisten en que Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela) quienes, por primera vez en la historia de América Latina, han planteado la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. En cambio, para las posiciones más de izquierda, estos jefes de estado -con la eventual excepción de Chávez, Morales y Correa-, han mantenido las relaciones con el gobierno estadounidense sin cambios esenciales. La participación argentina en la MINUSTAH se realizó por pedido directo del gobierno estadounidense, y el gobierno argentino sigue permitiendo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas estadounidenses en territorio argentino. Asimismo, en marzo de 2006 ha aprobado una batería de leyes con el fin de sumarse a la "lucha contra el terrorismo" propugnada por el presidente estadounidense George W. Bush, quien había sido felicitado por su colega Kirchner en la reelección del primero en noviembre de 2004.
Durante el año 2005, se realizó el canje de la deuda, que iniciaba las renegociaciones por los bonos que habían quedado en default desde 2001. Su agrupación política, el Frente para la Victoria, triunfó, liderado por su esposa, en las elecciones legislativas de dicho año. En los primeros días de noviembre de ese año se realizó en Mar del Plata la IV Cumbre de las Américas, donde Kirchner manifestó un rechazo hacia el ALCA, propuesto por Estados Unidos. A fines de ese mes Roberto Lavagna renunció al cargo de ministro de Economía, sucediéndole Felisa Miceli. Ese mismo año, procedió a designar al hasta entonces Secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, como Secretario de Comercio Interior. Moreno se convirtió en uno de los principales ejecutores de las políticas económicas de Kirchner, que han sido motivo de fuertes críticas tanto por su forma como contenido.
Acto oficial en Gualeguaychú en oposición a la instalación de papeleras sobre el Río Uruguay por parte de Uruguay.En el 2006 surgió un conflicto diplomático con Uruguay a raíz de la instalación de unas plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, situación que llevó al corte por parte de activistas de la provincia de Entre Ríos de los puentes internacionales con el país oriental. Kirchner se negó a reprimir a los manifestantes e incluso se manifestó públicamente a favor. Las declaraciones del presidente tensaron las relaciones con Uruguay.
Discurso de Kirchner en el Congreso en marzo de 2007.En abril de 2007 hubo un escándalo político con funcionarios involucrados denominado Caso Skanska. El 25 de mayo se realizó un acto multitudinario, ésta vez en el Cerro de la Gloria, en la provincia de Mendoza, denominado La Patria somos todos.
El 2 de junio de 2007 el Jefe de Gabinete, Alberto Ángel Fernández, confirmó que Kirchner no buscaría la reelección en las elecciones presidenciales de octubre, agregando que quien lo haría sería su esposa, la senadora Cristina Fernández, como representante del "Frente para la Victoria" (FPV - Provincia de Buenos Aires). La noticia había trascendido el día anterior y había sido publicada por el diario Clarín
A mediados de 2007, la ministra de economía Felisa Miceli se vio envuelta en un escándalo de corrupción por una bolsa con dinero, que contenía cien mil pesos argentinos y treinta y un mil seiscientos setenta dólares estadounidenses, encontrada en el baño de su despacho. Al ser llamada a declarar por el fiscal Guillermo Marijuán, presentó la renuncia a su cargo el 16 de julio de 2007
Néstor Kirchner con su predecesor, el ex presidente Eduardo Duhalde (23/3/2004).Sin embargo, la situación interna del justicialismo no estaba resuelta y si bien el apoyo de Duhalde era significativo, no garantizaba de por sí que Kirchner resultara el candidato presidencial. Por otra parte, las fricciones de una elección interna tan cercana a la elección nacional, prevista para el 27 de abril, podrían provocar un deterioro en las expectativas del justicialismo de obtener una victoria. Así, el 24 de enero, y con el argumento de que los tres aspirantes que quedaban en carrera (Kirchner, Rodiguez Saá y Menem, que había incorporado a Romero como candidato a vicepresidente) presentaban programas contrapuestos, el congreso del partido justicialista toma una decisión inédita: suspender la elección interna y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a partidos distintos.
Kirchner arrancó su campaña en una posición desfavorable. Las encuestas de intención de voto lo ubicaban por detrás de los otros candidatos justicialistas y de Ricardo López Murphy (ex ministro de De la Rúa y candidato de un conjunto de fuerzas de centroderecha). Sin embargo, la popularidad de Kirchner comenzó a crecer impulsando un programa de perfil socialdemócrata con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, poniendo acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud (sintetizado de algún modo en sus eslogans de campaña: “Un país en serio” y “Primero Argentina”). No fue desdeñable tampoco el aporte que significaron tanto su compromiso de mantener al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, con una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis, como la participación de su esposa, Cristina Fernández, diputada y senadora por la provincia de Santa Cruz desde 1995.
Evolución del PBI entre 1990 y 2006. Se aprecia el período de crecimiento en el PBI (tanto nominal como a PPA) luego del cambio de modelo económico iniciado por Eduardo Duhalde y continuado por Nestor Kirchner.La campaña electoral estuvo condicionada por los efectos de la crisis: la fecha de elecciones había tenido que ser adelantada tras la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón (ver Masacre de Avellaneda). Si bien se evidenciaron algunos leves signos de recuperación económica, por efecto del default y la restricción del gasto público, con leve recuperación de la tasa de cambio del peso frente al dólar y moderado aumento del PBI, las consecuencias sociales de la crisis fueron terribles: el 54% de la población se hallaba por debajo del límite de pobreza; la mitad de esta población (27% del total), por debajo de la línea de indigencia.
En las elecciones del 27 de abril de 2003, el Frente para la Victoria (de Kirchner) obtuvo sólo un 22,0% de los votos, resultando superado por Menem (“Alianza Frente por la Lealtad -UCD), que obtuvo el 24,3%. La legislación electoral argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el 45% de los votos válidos emitidos, los dos más votados deben disputar una segunda vuelta (ballotage).
Fuera de esta segunda ronda quedaron López Murphy, Rodríguez Saá con el 14,2% y la candidata de centroizquierda Elisa Carrió (ex radical) con el 14,1%. El candidato de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moreau, ocupó el sexto puesto con un 2,3% en la peor elección de la historia de su partido. (Ver resultados detallados en Elecciones Argentina 2003.)
Después de la primera ronda, Kirchner visitó al presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes ratificó sus intenciones de fortalecer el Mercosur, tal como lo había prometido en el Plan de Gobierno que había presentado poco tiempo antes de las elecciones, y declaró que mantenía con orgullo las convicciones políticas que había sostenido en el pasado.
La segunda vuelta debía llevarse a cabo el 18 de mayo de 2003. Los sondeos previos indicaban entre un 60 y 70% de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. Sin embargo, el ballotage no tendría lugar: el 14 de mayo el ex presidente Menem, después de una larga cadena de rumores y desmentidos, anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Muchos analistas señalan que la maniobra de Menem tuvo como propósito evitar una derrota estentórea, y al mismo tiempo condicionar a Kirchner, que accedió a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley para convertirse en presidente de la República hasta 2007.
Presidencia de Argentina
Néstor Kirchner y el ex ministro de economía Roberto Lavagna.Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. En esta etapa jugó un importante papel el pequeño bloque de diputados nacionales que respondían en forma directa al Presidente Kirchner. Eran apenas 14 que debían lidiar con un Bloque oficial del PJ con mas de 70 legisladores alieneados con Eduardo Duhalde y un variopinto escenario de pequeños agrupamientos menemistas, romeristas y otros. En muy poco tiempo, este sector de 14 diputados entre quienes destacaban Juan Irrazabal de Misiones, Daniel Varizat de Santa Cruz, Osvaldo Nemirovsci de Rio Negro y Jorge Arguello de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, lograron imponerse en la conducción del Bloque oficial y desde ahí brindaron un mas que importante aporte a la consolidación de la conducción política de Nestor Kirchner.
Néstor Kirchner y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva en marzo de 2004.Durante el gobierno de Kirchner, Argentina y el Fondo Monetario Internacional han mantenido una relación tirante. Al igual que Brasil, una de las principales medidas de su gestión fue cancelar por anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional por un monto de 9.810 millones de dólares. El objetivo declarado de ambos gobiernos fue terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.
Los críticos a la política económica del gobierno argumentan que el alto crecimiento económico se debe más a una tendencia mundial que a particularidades argentinas. Sostienen que la recuperación económica del gobierno de Kirchner no podría mantenerse sin la depresión de los salarios, y el elevado precio internacional de los granos y cereales que exporta Argentina y que el canje de la deuda externa no ha implicado una quita, sino que la nueva deuda, al estar indexada, crece indefinidamente. Los defensores de los logros de la política económica del gobierno, sostienen que Kirchner asumió en una situación muy delicada y que la mayoría de los demás países de la región, han tenido un desempeño económico-social más acotado que el argentino, y que ello se debe precisamente a la política económica adoptada.
En Noviembre de 2006 las reservas internacionales subieron más de 30.000 millones de dólares, la desocupación bajo al 10% y la pobreza se mantiene en un 33,5%.
Kirchner ha llevado adelante una activa política para promover los Derechos Humanos. Su gobierno ha incorporado reconocidos integrantes de organismo de Derechos Humanos. Además, ha impulsado el enjuciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70, realizados por la Triple A y por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial. Algunos sectores criticaron estas políticas argumentando que funcionan en contra de la reconciliación nacional. Otros sectores consideran que su gobierno no promueve los Derechos Humanos, sino que atenta contra ellos, tomando como ejemplos la represión ocurrida en Las Heras y el envío de tropas argentinas a Haití en el marco de la MINUSTAH.
Tras las últimas elecciones legislativas en octubre de 2005, Kirchner ha obtenido la primera minoría a nivel nacional. Esto se ha reflejado en importantes cambios en el gabinete (fundamentalmente la sustitución de Roberto Lavagna por Felisa Miceli en el ministerio de economía). Algunos analistas, sin embargo, hacen hincapié en el carácter precario que tendrían los acuerdos alcanzados con los intendentes y gobernadores que aportaron a sus listas.
Kirchner, Lula y Chávez.La oposición cuestiona el hecho de que, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, legislando a través de decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta mayo de 2006, de 337 leyes originadas en el poder ejecutivo que podrían haberse sancionado por decreto, Kirchner envió solo 136 como proyectos de ley al Congreso, mientras que las restantes 201 fueron sancionadas apelando a decretos de necesidad y urgencia. La estadística arroja así unos 67 decretos por año, con frecuencia comparados con los 54,5 por año de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 durante sus diez años de gobierno—.
Néstor Kirchner y su par estadounidense George Bush (enero de 2004).A nivel internacional, sus adherentes insisten en que Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela) quienes, por primera vez en la historia de América Latina, han planteado la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. En cambio, para las posiciones más de izquierda, estos jefes de estado -con la eventual excepción de Chávez, Morales y Correa-, han mantenido las relaciones con el gobierno estadounidense sin cambios esenciales. La participación argentina en la MINUSTAH se realizó por pedido directo del gobierno estadounidense, y el gobierno argentino sigue permitiendo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas estadounidenses en territorio argentino. Asimismo, en marzo de 2006 ha aprobado una batería de leyes con el fin de sumarse a la "lucha contra el terrorismo" propugnada por el presidente estadounidense George W. Bush, quien había sido felicitado por su colega Kirchner en la reelección del primero en noviembre de 2004.
Durante el año 2005, se realizó el canje de la deuda, que iniciaba las renegociaciones por los bonos que habían quedado en default desde 2001. Su agrupación política, el Frente para la Victoria, triunfó, liderado por su esposa, en las elecciones legislativas de dicho año. En los primeros días de noviembre de ese año se realizó en Mar del Plata la IV Cumbre de las Américas, donde Kirchner manifestó un rechazo hacia el ALCA, propuesto por Estados Unidos. A fines de ese mes Roberto Lavagna renunció al cargo de ministro de Economía, sucediéndole Felisa Miceli. Ese mismo año, procedió a designar al hasta entonces Secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, como Secretario de Comercio Interior. Moreno se convirtió en uno de los principales ejecutores de las políticas económicas de Kirchner, que han sido motivo de fuertes críticas tanto por su forma como contenido.
Acto oficial en Gualeguaychú en oposición a la instalación de papeleras sobre el Río Uruguay por parte de Uruguay.En el 2006 surgió un conflicto diplomático con Uruguay a raíz de la instalación de unas plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, situación que llevó al corte por parte de activistas de la provincia de Entre Ríos de los puentes internacionales con el país oriental. Kirchner se negó a reprimir a los manifestantes e incluso se manifestó públicamente a favor. Las declaraciones del presidente tensaron las relaciones con Uruguay.
Discurso de Kirchner en el Congreso en marzo de 2007.En abril de 2007 hubo un escándalo político con funcionarios involucrados denominado Caso Skanska. El 25 de mayo se realizó un acto multitudinario, ésta vez en el Cerro de la Gloria, en la provincia de Mendoza, denominado La Patria somos todos.
El 2 de junio de 2007 el Jefe de Gabinete, Alberto Ángel Fernández, confirmó que Kirchner no buscaría la reelección en las elecciones presidenciales de octubre, agregando que quien lo haría sería su esposa, la senadora Cristina Fernández, como representante del "Frente para la Victoria" (FPV - Provincia de Buenos Aires). La noticia había trascendido el día anterior y había sido publicada por el diario Clarín
A mediados de 2007, la ministra de economía Felisa Miceli se vio envuelta en un escándalo de corrupción por una bolsa con dinero, que contenía cien mil pesos argentinos y treinta y un mil seiscientos setenta dólares estadounidenses, encontrada en el baño de su despacho. Al ser llamada a declarar por el fiscal Guillermo Marijuán, presentó la renuncia a su cargo el 16 de julio de 2007
MINISTROS DEL GOBIERNO DE NESTOR KIRCHNER
EL GOBIERNO DE CRISTINA
Política económica
Ciencia y tecnología
Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.
Plan energético
Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las bombitas incandescentes por lamparitas de bajo consumo, y-por sanción del Congreso- se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Hasta 2008 el plan de reemplazo de lamparitas de bajo consumo se había cumplido parcialmente. Esto con el fin de mejorar y modernizar el uso de la energía eléctrica en el país.
Durante 2008 y 2009 se implementó el etiquetado energético de refrigeradores, congeladores, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado. En diciembre de 2009 se aprobó la Norma IRAM 11900 que tenderá al etiquetado energético de todo edificio que solicite el servicio de gas natural por red. La implementación está prevista en el transcurso del 2010.
Se concretaron dos centrales térmicas de ciclo combinado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se implementó el PTY (Plan de terminación de la represa de Yaciretá) al subir la cota a 80 msnm que implica un 50% más de generación hidráulica y se encuentra en fase de terminación la tercera central nuclear de Atucha 2.
Junto a esto se hallan en obra varias centrales térmicas de ciclo combinado en varias capitales provinciales de 300 MW cada una para reforzar el Sistema interconectado nacional.
Se llamó a licitación internacional para la construcción de centrales de hasta 30MW cada una mediante Energías renovables (solar térmica, eólica, minihidráulica, otras) por un total de 1500 MW de potencia instalada.
Mayoritariamente todo esto se realiza con fondos propios del tesoro nacional al no contar el país con créditos externos generados por el default de la crisis del 2001.
Inflación
Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención del organismo llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007, que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial.El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada "deuda externa", en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el INDEC, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada "deuda externa".
El ministro de Economía Martín Lousteau presentó un plan para combatir la creciente inflación, reduciendo el crecimiento económico («enfriando» la economía), recurso que fue expresamente rechazado por el ex presidente Kirchner. El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.
En la segunda mitad del 2008, la tasa de inflación real bajó, ubicándose en el 0,4% mensual (según el INDEC) y alrededor del 0.7% para diversos estudios privados.[29]
Sin embargo, en el transcurso del primer semestre de 2009, los datos oficiales se han despegado de las mediciones privadas, llegando estas últimas a estimar la tasa interanual en un triple de las difundidas por el INDEC, mismas que la sitúan en un 5,7% contra más de un 15% para la virtual totalidad de las consultoras especializadas
Ciencia y tecnología
Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.
Plan energético
Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las bombitas incandescentes por lamparitas de bajo consumo, y-por sanción del Congreso- se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Hasta 2008 el plan de reemplazo de lamparitas de bajo consumo se había cumplido parcialmente. Esto con el fin de mejorar y modernizar el uso de la energía eléctrica en el país.
Durante 2008 y 2009 se implementó el etiquetado energético de refrigeradores, congeladores, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado. En diciembre de 2009 se aprobó la Norma IRAM 11900 que tenderá al etiquetado energético de todo edificio que solicite el servicio de gas natural por red. La implementación está prevista en el transcurso del 2010.
Se concretaron dos centrales térmicas de ciclo combinado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se implementó el PTY (Plan de terminación de la represa de Yaciretá) al subir la cota a 80 msnm que implica un 50% más de generación hidráulica y se encuentra en fase de terminación la tercera central nuclear de Atucha 2.
Junto a esto se hallan en obra varias centrales térmicas de ciclo combinado en varias capitales provinciales de 300 MW cada una para reforzar el Sistema interconectado nacional.
Se llamó a licitación internacional para la construcción de centrales de hasta 30MW cada una mediante Energías renovables (solar térmica, eólica, minihidráulica, otras) por un total de 1500 MW de potencia instalada.
Mayoritariamente todo esto se realiza con fondos propios del tesoro nacional al no contar el país con créditos externos generados por el default de la crisis del 2001.
Inflación
Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención del organismo llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007, que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial.El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada "deuda externa", en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el INDEC, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada "deuda externa".
El ministro de Economía Martín Lousteau presentó un plan para combatir la creciente inflación, reduciendo el crecimiento económico («enfriando» la economía), recurso que fue expresamente rechazado por el ex presidente Kirchner. El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.
En la segunda mitad del 2008, la tasa de inflación real bajó, ubicándose en el 0,4% mensual (según el INDEC) y alrededor del 0.7% para diversos estudios privados.[29]
Sin embargo, en el transcurso del primer semestre de 2009, los datos oficiales se han despegado de las mediciones privadas, llegando estas últimas a estimar la tasa interanual en un triple de las difundidas por el INDEC, mismas que la sitúan en un 5,7% contra más de un 15% para la virtual totalidad de las consultoras especializadas
Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008
El paro agropecuario, lock out o bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un extenso conflicto en el que las cuatro organizaciones que reúnen al sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina protestaron contra la decisión del gobierno de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para éstas (resolución 125/08).
La medida patronal se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año, y culminó con la derogación de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales (lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.[1]
Posteriormente, al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades.[2]
El proceso se politizó rápidamente y el oficialismo y sectores cercanos a éste, como la Federación Trabajo y Vivienda de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Luis D'Elía, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, acusaron a los dirigentes ruralistas, al ex-presidente Eduardo Duhalde y al multimedio Clarín de buscar la desestabilización del gobierno con el fin de provocar la caída de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. [3] [4] [5] Dichas acusaciones fueron negadas por uno de los líderes del paro ruralista, Alfredo de Angeli, de la Federación Agraria Argentina, quien aseguró que las medidas de fuerza fueron pacíficas y que no buscaban desestabilizar al gobierno, sosteniendo también que «el gobierno promueve un golpe porque no sabe cómo arreglar el país».[6] [7] [8] [9] Asimismo, mientras la Unión Cívica Radical negó que tuviera intenciones desestabilizadoras,[10] Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, acusó el 4 de julio de 2008 al vicepresidente Julio Cobos, de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el ex presidente Eduardo Duhalde.[11]
El conflicto tuvo una primera escalada el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron extender la medida por tiempo indeterminado hasta que el gobierno «vuelva para atrás con el aumento de las retenciones»,[12] y que la presidenta Cristina Fernández respondiera a la decisión afirmando que no negociaría mientras el lock out no fuera levantado.[13] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y combustible, y el abastecimiento de las ciudades.
En el curso del paro se produjeron manifestaciones masivas y declaraciones provenientes de distintos sectores, tanto a favor como en contra del paro, así como algunos hechos de violencia involucrando a simpatizantes de ambas posiciones. El gobierno y las cuatro organizaciones de productores rurales se reunieron varias veces para dialogar, sin llegar a ningún acuerdo. En el curso del conflicto el gobierno anunció reformas al sistema cuestionado en dos ocasiones, el 31 de marzo y el 29 de mayo, en la primera estableciendo reintegros y subsidios a los pequeños productores y en la segunda para reducir las retenciones marginales que afectaban a los mercados de futuros. Las entidades empresarias consideraron que ambas reformas eran insuficientes o inadecuadas. Durante el conflicto se registró también la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas por los ruralistas.
Las medidas de fuerza declaradas por las asociaciones ruralistas fueron también implementadas por grupos ajenos a éstas y sin organización visible que los agrupe, se autodenominaron productores autoconvocados, y no siempre respondieron a las decisiones que adoptaron los convocantes del paro.
El 17 de junio la presidenta Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó con el voto del ex presidente y senador Carlos Menem el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.[16] [17]
El 3 de octubre de 2008 las patronales declararon un nuevo paro por seis días con cortes parciales de rutas en caso de ser necesario, esta vez para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación
La medida patronal se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año, y culminó con la derogación de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales (lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.[1]
Posteriormente, al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades.[2]
El proceso se politizó rápidamente y el oficialismo y sectores cercanos a éste, como la Federación Trabajo y Vivienda de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Luis D'Elía, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, acusaron a los dirigentes ruralistas, al ex-presidente Eduardo Duhalde y al multimedio Clarín de buscar la desestabilización del gobierno con el fin de provocar la caída de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. [3] [4] [5] Dichas acusaciones fueron negadas por uno de los líderes del paro ruralista, Alfredo de Angeli, de la Federación Agraria Argentina, quien aseguró que las medidas de fuerza fueron pacíficas y que no buscaban desestabilizar al gobierno, sosteniendo también que «el gobierno promueve un golpe porque no sabe cómo arreglar el país».[6] [7] [8] [9] Asimismo, mientras la Unión Cívica Radical negó que tuviera intenciones desestabilizadoras,[10] Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, acusó el 4 de julio de 2008 al vicepresidente Julio Cobos, de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el ex presidente Eduardo Duhalde.[11]
El conflicto tuvo una primera escalada el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron extender la medida por tiempo indeterminado hasta que el gobierno «vuelva para atrás con el aumento de las retenciones»,[12] y que la presidenta Cristina Fernández respondiera a la decisión afirmando que no negociaría mientras el lock out no fuera levantado.[13] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y combustible, y el abastecimiento de las ciudades.
En el curso del paro se produjeron manifestaciones masivas y declaraciones provenientes de distintos sectores, tanto a favor como en contra del paro, así como algunos hechos de violencia involucrando a simpatizantes de ambas posiciones. El gobierno y las cuatro organizaciones de productores rurales se reunieron varias veces para dialogar, sin llegar a ningún acuerdo. En el curso del conflicto el gobierno anunció reformas al sistema cuestionado en dos ocasiones, el 31 de marzo y el 29 de mayo, en la primera estableciendo reintegros y subsidios a los pequeños productores y en la segunda para reducir las retenciones marginales que afectaban a los mercados de futuros. Las entidades empresarias consideraron que ambas reformas eran insuficientes o inadecuadas. Durante el conflicto se registró también la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas por los ruralistas.
Las medidas de fuerza declaradas por las asociaciones ruralistas fueron también implementadas por grupos ajenos a éstas y sin organización visible que los agrupe, se autodenominaron productores autoconvocados, y no siempre respondieron a las decisiones que adoptaron los convocantes del paro.
El 17 de junio la presidenta Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó con el voto del ex presidente y senador Carlos Menem el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.[16] [17]
El 3 de octubre de 2008 las patronales declararon un nuevo paro por seis días con cortes parciales de rutas en caso de ser necesario, esta vez para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación
El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderado por el primero, que se ubicó en la oposición, aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.
Elisa Carrió, una de las principales dirigentes de la oposición, había acusado a Cobos, pocos días antes, de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el ex presidente Eduardo Duhalde. El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de Vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que ésta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.
Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Cobos, en ejercicio de la Presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al Jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.
Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.
Esta situación, que permitiría al Vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por el presidente, o tomar decisiones que el presidente desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el Vicepresidente debería renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.
Rescate de Aerolíneas Argentinas
El 24 de julio de 2008 la presidenta Fernández presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.
Aerolíneas Argentinas es la «línea de bandera» de Argentina y había sido privatizada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem. La empresa fue adquirida primero por Iberia y luego por Marsans, incurriendo en serias irregularidades. El proyecto presidencial fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.
La crisis económica mundial de 2008-2009
La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125/2008.
El 23 de septiembre, en su discurso en la 63ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económícos» que defendíán el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas.[46] Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.[46]
En octubre la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:
Creación de un Ministerio de Producción.
Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
blanqueo y repatriación de capitales.
Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).
Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.
El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT[51] y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.
Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.
Reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba
Véase también: Fábrica Militar de Aviones
El 17 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de reestatización de la ex Fábrica Militar de Aviones (FMA), empresa pionera en América Latina, creada en 1927 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y privatizada en 1995 durante el mandato del presidente Carlos Menem y entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Luego de su privatización la empresa fue conocida como Área Material Córdoba. La nacionalización se realizó en el ámbito del Ministerio de Defensa a cargo de la ministra Nilda Garré.
El 21 de mayo de 2009 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley aprobando la nacionalización, por 152 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.
Elisa Carrió, una de las principales dirigentes de la oposición, había acusado a Cobos, pocos días antes, de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el ex presidente Eduardo Duhalde. El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de Vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que ésta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.
Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Cobos, en ejercicio de la Presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al Jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.
Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.
Esta situación, que permitiría al Vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por el presidente, o tomar decisiones que el presidente desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el Vicepresidente debería renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.
Rescate de Aerolíneas Argentinas
El 24 de julio de 2008 la presidenta Fernández presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.
Aerolíneas Argentinas es la «línea de bandera» de Argentina y había sido privatizada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem. La empresa fue adquirida primero por Iberia y luego por Marsans, incurriendo en serias irregularidades. El proyecto presidencial fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.
La crisis económica mundial de 2008-2009
La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125/2008.
El 23 de septiembre, en su discurso en la 63ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económícos» que defendíán el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas.[46] Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.[46]
En octubre la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:
Creación de un Ministerio de Producción.
Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
blanqueo y repatriación de capitales.
Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).
Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.
El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT[51] y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.
Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.
Reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba
Véase también: Fábrica Militar de Aviones
El 17 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de reestatización de la ex Fábrica Militar de Aviones (FMA), empresa pionera en América Latina, creada en 1927 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y privatizada en 1995 durante el mandato del presidente Carlos Menem y entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Luego de su privatización la empresa fue conocida como Área Material Córdoba. La nacionalización se realizó en el ámbito del Ministerio de Defensa a cargo de la ministra Nilda Garré.
El 21 de mayo de 2009 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley aprobando la nacionalización, por 152 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.
Política laboral
Inauguración de la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, celebrada en Buenos Aires en 2009. De izq a dcha: Jorge Taiana (Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina), Cristina Fernández de Kirchner (Presidenta de Argentina), Carlos Tomada (Ministro de Relaciones Trabajo de Argentina) y Juan Somavía (Director General de la OIT).Evolución del mercado de trabajo
En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre del año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
En el mismo período el trabajo informal (no registrado), se redujo a un 37,3%, luego de que llegara al 49,50% en el primer semestre del 2003.
Reestatización de las jubilaciones y pensiones
El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem.El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerza de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Negociación colectiva
El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.
Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007,[67] y del 324% comparado con 2004.[68] Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre «regulación de las relaciones laborales» en la empresa y «condiciones de trabajo», que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de «comités de higiene y seguridad» y cláusulas especiales de no discriminación.
El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.
Migraciones laborales
El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.
Generalización de la asignación familiar por hijo
El 29 de octubre de 2009 Cristina Kirchner sancionó el Decreto 1602/09 estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.
Para percibir el beneficio, los padres deberán acreditar haber cumplido el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años.
La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza. El Ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que se trata de una extensión del sistema de seguridad social que en una primera etapa el plan estaría en condiciones de eliminar la pobreza extrema (indigencia) y reducir considerablemente la pobreza (canasta mínima vital).
Aumento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo
El 5 de noviembre de 2009 la Presidenta Fernández dictó el Decreto 1694/2009 aumentando las indemnizaciones por riesgos del trabajo y modificando el régimen legal (Ley 24.557) con el fin de corregir las fallas del sistema -establecido durante el gobierno del Presidente Carlos Menem- y la gran cantidad de fallos judiciales declarando inconstitucionales sus normas (casos Castillo, Milone y Aquino, entre otros).
El decreto elimina el tope máximo que había impuesto la legislación anterior para la renta periódica, fijado en $180.000 (aprox. u$s 50.000) y establece por el contrario que la misma suma será considerada como piso mínimo, para el valor de la vida humana o la incapacidad total. También se aumentaron algo más de un 100% los montos que la ley preveía como suma fija, en casos de incapacidades superiores al 50% y muerte.
La norma también implementa un sistema de supervisión de los servicios médicos prestados por las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), ante la gran cantidad de quejas sobre las mismas, y habilita la creación de ARTs, sin beneficio de lucro.
En el sector de los trabajadores, el Decreto 1694/09 contó con el apoyo por las dos centrales sindicales (CGT y CTA).[75] En el sector de los empleadores, la respuesta fue variada: mientras que la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio cuestionaron la norma, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), apoyó el decreto.
Política internacional
El embajador ante el Vaticano
En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que el Vaticano no otorgaría el placet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto. Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la presidenta con acuerdo del Senado, designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo placet fue inmediatamente aprobado por el Vaticano.
Gestiones humanitarias por los rehenes de las FARC
La cantante Madonna, Íngrid Betancourt y Cristina en la Casa Rosada.La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Íngrid Betancourt, en mayo de 2007. Ya asumido el poder como presidenta, dispuso que su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.
El gobierno francés agradeció el compromiso argentino. Una vez liberadas, las rehenes Clara Rojas y Consuelo González, viajaron a la Argentina para agradecer a la presidenta las gestiones que contribuyeron a su liberación. Lo mismo hizo Ingrid Betancourt en diciembre de 2008, luego de ser liberada en julio de ese año, oportunidad en la que le manifestó a la presidenta Fernández:
Te debo mucho a tí y al presidente Kirchner. Por eso quise estar aquí para expresar mi gratitud en forma personal.
Ingrid Betancourt.
Disculpas de la CIA por un anuncio sobre inestabilidad en Argentina
El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, designado por el presidente Barack Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que «hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica».
La presidenta Cristina Fernández inmediatamente dio órdenes al ministro de Relaciones Exteriores para que repudie las declaraciones del jefe de la CIA y pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. El ministro Jorge Taiana convocó al embajador estadounidense y expresó en declarción de prensa:
Tomamos conocimiento, con sorpresa y malestar, de las declaraciones de Panetta, director de la tristemente célebre CIA. Son irresponsables, infundadas e inmaduras, y no muestran el respeto que debe existir entre los países. Las palabras de Panetta son una clara injerencia en los asuntos internos de nuestro país, y mucho más proviniendo de una agencia que tiene una triste historia de intervenciones e interferencias en la región.
El 27 de febrero el director de la CIA, Leon Panetta, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo argentino, así como para también confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un «funcionario latinoamericano», cuya identidad no reveló.
Estados Unidos tiene y quiere mantener una buena relación con la Argentina y no hay explicación para el error que cometí. Me preguntaron de qué países me habían hablado y respondí sin pensarlo... Lo que dije no representa la posición del gobierno de Estados Unidos, pero tampoco la mía personal.
Leon Panetta.
Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que «los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina», confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.
Gestiones con Cuba para autorizar a Hilda Molina a salir de ese país
Entre las gestiones humanitarias llevadas adelante por la presidenta Fernández se encuentran las que realizara ante el gobierno de Cuba para que éste autorizara a la médica Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, a su hijo y a sus dos nietos argentinos, residentes en la Argentina. Cristina Fernández había iniciado las gestiones en 2004, hasta que el 12 de junio de 2009 el gobierno cubano emitió la autorización solicitada. El 14 de junio Hilda Molina llegó a la Argentina, agradeciendo a la presidenta y al pueblo argentino por las gestiones realizadas.
Propuesta argentina y resolución del Mercosur para flexibilizar la patente de la vacuna contra la gripe A
En la Cumbre del Mercosur realizada el 24 de julio, la Presidenta de Argentina Cristina Fernández reclamó "una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derecho de patente" de la vacuna contra la gripe A (H1N1), para poder atender a todas las personas afectadas por la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 a precios socialmente razonables, debido a que el laboratorio que tiene el monopolio de la patente no tiene la capacidad para producir de inmediato todas las vacunas que se necesitan. Fernández informó también que tanto la Argentina como Brasil estaban en condiciones de comenzar sin dilaciones a producir la vacuna contra el virus.
Ese mismo día los jefes de gobierno del Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) aceptaron la propuesta argentina y emitieron una decisión, considerada inédita por la prensa, en la que exigieron la flexibilización de las reglas internacionales sobre patentes a fin de permitir la fabricación de la vacuna cuando un país afectado por la pandemia lo necesite.[92] Textualmente la resolución aprobada por la Cumbre del Mercosur dice:
En caso de que se requiera, se deben activar los mecanismos relacionados con las flexibilidades contempladas por los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual y el Comercio (ADPIC).
Posición y acciones ante el golpe de Estado en Honduras
Véase también: golpe de Estado en Honduras
Ante el golpe de Estado en Honduras que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, la Presidenta Fernández adoptó una estricta política de condena, definiendo la acción como un "retorno a la barbarie"[94] y "golpe cívico mediático", y propuso desconocer tanto a las autoridades golpistas, como al gobierno surgido de las elecciones convocadas por el gobierno golpista, reclamando la restitución del presidente depuesto. La posición argentina fue coordinada con Brasil, y se impuso como posición general en el Mercosur, la Unasur y la OEA.
Reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas
El 3 de febrero de 2010 la cancillería argentina realizó una protesta formal ante la decisión de Gran Bretaña de instalar una plataforma marítima para explorar yacimientos petrolíferos en el área de las Islas Malvinas. La Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas que ejerció hasta 1833, cuando fue ocupada por Estados Unidos y Gran Bretaña sucesivamente. Actualmente, las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios no autónomos a ser descolonizados bajo supervisión de las Naciones Unidas.
Ese mismo día altos dirigentes de la oposición se reunieron en Gran Bretaña con el gobierno para consolidar relaciones con ese país, entre ellos los diputados Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, y Oscar Aguad, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Los legisladores argentinos fueron severamente cuestionados por el gobierno de Cristina Fernández, por "prestarse a una operación política" británica, con el fin de apoyar la escalada británica en la disputa por la soberanía de las islas.
La presidenta Cristina Fernández respondió a la decisión británica con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las Islas Malvinas y solicitó el apoyo al reclamo argentino por parte de los demás países latinoamericanos.
Los 32 países latinoamericanos y del Caribe manifestaron por unanimidad su apoyo a los "legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas", en ocasión de la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada el 23 de febrero, y declararon que la presencia inglesa en esos territorios constituyen una "intrusión".El gobierno argentino puso de manifiesto que el apoyo a la Argentina incluye a varias naciones que fueron colonias inglesas e integran el Commonwealth británico, como Jamaica, Barbados y Belice. En su discurso ante la cumbre, Cristina Fernández denunció que:
Los que tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU pueden violar sistemáticamente las resoluciones de ese organismo y el resto de los países se ven obligados a cumplirlas bajo pena de ser considerados un país enemigo, intervenido bélicamente o intervenidos políticamente sus gobiernos.
Finalmente, el 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estados de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde recibió con agrado el pedido de Cristina Fernández para mediar ante Gran Bretaña. Hillary Clinton dijo que el diferendo por las Malvinas es un "asunto que debe ser resuelto entre el Reino Unido y Argentina" y "si hay alguna manera en que podemos ayudar para facilitar este esfuerzo, estamos listos a hacerlo".[104] La postura Hillary Clinton ha sido considerada como un triunfo para la posición argentina y causó "desconcierto y consternación" en Gran Bretaña.[105]
Visita a la Argentina de Hillary Clinton
Cristina Fernández y Hillary Clinton durante su entrevista en Buenos Aires el 1 de marzo de 2010. La secretaria de Estado de los Estados Unidos aceptó intervenir para promover la negociación entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y felicitó a Cristina Fernández por su política económica de desendeudamiento.El 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde se entrevistó con la Presidenta Fernández, para luego dar ambas una conferencia de prensa. Ambos países ajustaron coincidencias orientadas a temas como la ayuda humanitaria ante el terremoto de Haití de 2010, la lucha contra el terrorismo internacional, las políticas de estímulo frente a la crisis económica mundial de 2008-2010 y los programas de seguridad nuclear. Un hecho destacado de la reunión fue el pedido de mediación a Hillary Clinton por parte de Cristina Fernandez, y la manifestación de aquella de estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar. En la reunión también se plantearon las diferencias frente a la posición de ambos países ante la situación en Honduras. Finalmente, en la conferencia de prensa, Hillary Clinton felicitó al gobierno argentino por su política de desendeudamiento y el bajo nivel de deuda externa alcanzado.
Otras áreas
Política ambiental
El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de los Glaciares, que había sido aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados (136 votos afirmativos, 3 abstenciones y 121 ausencias), y con tres votos en contra en el Senado.
Política de derechos humanos
Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la Presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París (7 de abril de 2008).Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del Presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
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ESTE POST NO ESTA ECHO PARA ARMAR POLEMICA PIDO DISCULPAS SI OFENDI A ALGUIEN CON ESTE CONTENIDO . SOLO LO ARME PARA QUE LA GENTE VIERA TODO LO QUE SE HIZO DEL 25 DE MAYO DE 2003 HASTA NUESTROS DIAS.PODRAN BASUREARME TODO TARINGA DIRAN QUE SOY CIBER K CHORIPANERO ... NO ME INPORTA SOLO ME INPORTA QUE LA GENTE " TENGA MEMORIA"Y NO SE DEJE LLEVAR TANTO POR LOS MEDIOS QUE LO UNICO QUE DEFIENDEN ES A SUS INTERESES .UNA VEZ MAS HAGO ESTE POST PARA QUE VEAN LO QUE SE HA ECHO DEL 2003 EN ADELANTE ... GRACIAS
Inauguración de la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, celebrada en Buenos Aires en 2009. De izq a dcha: Jorge Taiana (Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina), Cristina Fernández de Kirchner (Presidenta de Argentina), Carlos Tomada (Ministro de Relaciones Trabajo de Argentina) y Juan Somavía (Director General de la OIT).Evolución del mercado de trabajo
En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre del año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
En el mismo período el trabajo informal (no registrado), se redujo a un 37,3%, luego de que llegara al 49,50% en el primer semestre del 2003.
Reestatización de las jubilaciones y pensiones
El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem.El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerza de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Negociación colectiva
El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.
Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007,[67] y del 324% comparado con 2004.[68] Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre «regulación de las relaciones laborales» en la empresa y «condiciones de trabajo», que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de «comités de higiene y seguridad» y cláusulas especiales de no discriminación.
El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.
Migraciones laborales
El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.
Generalización de la asignación familiar por hijo
El 29 de octubre de 2009 Cristina Kirchner sancionó el Decreto 1602/09 estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.
Para percibir el beneficio, los padres deberán acreditar haber cumplido el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años.
La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza. El Ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que se trata de una extensión del sistema de seguridad social que en una primera etapa el plan estaría en condiciones de eliminar la pobreza extrema (indigencia) y reducir considerablemente la pobreza (canasta mínima vital).
Aumento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo
El 5 de noviembre de 2009 la Presidenta Fernández dictó el Decreto 1694/2009 aumentando las indemnizaciones por riesgos del trabajo y modificando el régimen legal (Ley 24.557) con el fin de corregir las fallas del sistema -establecido durante el gobierno del Presidente Carlos Menem- y la gran cantidad de fallos judiciales declarando inconstitucionales sus normas (casos Castillo, Milone y Aquino, entre otros).
El decreto elimina el tope máximo que había impuesto la legislación anterior para la renta periódica, fijado en $180.000 (aprox. u$s 50.000) y establece por el contrario que la misma suma será considerada como piso mínimo, para el valor de la vida humana o la incapacidad total. También se aumentaron algo más de un 100% los montos que la ley preveía como suma fija, en casos de incapacidades superiores al 50% y muerte.
La norma también implementa un sistema de supervisión de los servicios médicos prestados por las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), ante la gran cantidad de quejas sobre las mismas, y habilita la creación de ARTs, sin beneficio de lucro.
En el sector de los trabajadores, el Decreto 1694/09 contó con el apoyo por las dos centrales sindicales (CGT y CTA).[75] En el sector de los empleadores, la respuesta fue variada: mientras que la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio cuestionaron la norma, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), apoyó el decreto.
Política internacional
El embajador ante el Vaticano
En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que el Vaticano no otorgaría el placet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto. Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la presidenta con acuerdo del Senado, designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo placet fue inmediatamente aprobado por el Vaticano.
Gestiones humanitarias por los rehenes de las FARC
La cantante Madonna, Íngrid Betancourt y Cristina en la Casa Rosada.La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Íngrid Betancourt, en mayo de 2007. Ya asumido el poder como presidenta, dispuso que su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.
El gobierno francés agradeció el compromiso argentino. Una vez liberadas, las rehenes Clara Rojas y Consuelo González, viajaron a la Argentina para agradecer a la presidenta las gestiones que contribuyeron a su liberación. Lo mismo hizo Ingrid Betancourt en diciembre de 2008, luego de ser liberada en julio de ese año, oportunidad en la que le manifestó a la presidenta Fernández:
Te debo mucho a tí y al presidente Kirchner. Por eso quise estar aquí para expresar mi gratitud en forma personal.
Ingrid Betancourt.
Disculpas de la CIA por un anuncio sobre inestabilidad en Argentina
El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, designado por el presidente Barack Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que «hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica».
La presidenta Cristina Fernández inmediatamente dio órdenes al ministro de Relaciones Exteriores para que repudie las declaraciones del jefe de la CIA y pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. El ministro Jorge Taiana convocó al embajador estadounidense y expresó en declarción de prensa:
Tomamos conocimiento, con sorpresa y malestar, de las declaraciones de Panetta, director de la tristemente célebre CIA. Son irresponsables, infundadas e inmaduras, y no muestran el respeto que debe existir entre los países. Las palabras de Panetta son una clara injerencia en los asuntos internos de nuestro país, y mucho más proviniendo de una agencia que tiene una triste historia de intervenciones e interferencias en la región.
El 27 de febrero el director de la CIA, Leon Panetta, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo argentino, así como para también confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un «funcionario latinoamericano», cuya identidad no reveló.
Estados Unidos tiene y quiere mantener una buena relación con la Argentina y no hay explicación para el error que cometí. Me preguntaron de qué países me habían hablado y respondí sin pensarlo... Lo que dije no representa la posición del gobierno de Estados Unidos, pero tampoco la mía personal.
Leon Panetta.
Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que «los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina», confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.
Gestiones con Cuba para autorizar a Hilda Molina a salir de ese país
Entre las gestiones humanitarias llevadas adelante por la presidenta Fernández se encuentran las que realizara ante el gobierno de Cuba para que éste autorizara a la médica Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, a su hijo y a sus dos nietos argentinos, residentes en la Argentina. Cristina Fernández había iniciado las gestiones en 2004, hasta que el 12 de junio de 2009 el gobierno cubano emitió la autorización solicitada. El 14 de junio Hilda Molina llegó a la Argentina, agradeciendo a la presidenta y al pueblo argentino por las gestiones realizadas.
Propuesta argentina y resolución del Mercosur para flexibilizar la patente de la vacuna contra la gripe A
En la Cumbre del Mercosur realizada el 24 de julio, la Presidenta de Argentina Cristina Fernández reclamó "una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derecho de patente" de la vacuna contra la gripe A (H1N1), para poder atender a todas las personas afectadas por la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 a precios socialmente razonables, debido a que el laboratorio que tiene el monopolio de la patente no tiene la capacidad para producir de inmediato todas las vacunas que se necesitan. Fernández informó también que tanto la Argentina como Brasil estaban en condiciones de comenzar sin dilaciones a producir la vacuna contra el virus.
Ese mismo día los jefes de gobierno del Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) aceptaron la propuesta argentina y emitieron una decisión, considerada inédita por la prensa, en la que exigieron la flexibilización de las reglas internacionales sobre patentes a fin de permitir la fabricación de la vacuna cuando un país afectado por la pandemia lo necesite.[92] Textualmente la resolución aprobada por la Cumbre del Mercosur dice:
En caso de que se requiera, se deben activar los mecanismos relacionados con las flexibilidades contempladas por los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual y el Comercio (ADPIC).
Posición y acciones ante el golpe de Estado en Honduras
Véase también: golpe de Estado en Honduras
Ante el golpe de Estado en Honduras que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, la Presidenta Fernández adoptó una estricta política de condena, definiendo la acción como un "retorno a la barbarie"[94] y "golpe cívico mediático", y propuso desconocer tanto a las autoridades golpistas, como al gobierno surgido de las elecciones convocadas por el gobierno golpista, reclamando la restitución del presidente depuesto. La posición argentina fue coordinada con Brasil, y se impuso como posición general en el Mercosur, la Unasur y la OEA.
Reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas
El 3 de febrero de 2010 la cancillería argentina realizó una protesta formal ante la decisión de Gran Bretaña de instalar una plataforma marítima para explorar yacimientos petrolíferos en el área de las Islas Malvinas. La Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas que ejerció hasta 1833, cuando fue ocupada por Estados Unidos y Gran Bretaña sucesivamente. Actualmente, las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios no autónomos a ser descolonizados bajo supervisión de las Naciones Unidas.
Ese mismo día altos dirigentes de la oposición se reunieron en Gran Bretaña con el gobierno para consolidar relaciones con ese país, entre ellos los diputados Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, y Oscar Aguad, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Los legisladores argentinos fueron severamente cuestionados por el gobierno de Cristina Fernández, por "prestarse a una operación política" británica, con el fin de apoyar la escalada británica en la disputa por la soberanía de las islas.
La presidenta Cristina Fernández respondió a la decisión británica con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las Islas Malvinas y solicitó el apoyo al reclamo argentino por parte de los demás países latinoamericanos.
Los 32 países latinoamericanos y del Caribe manifestaron por unanimidad su apoyo a los "legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas", en ocasión de la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada el 23 de febrero, y declararon que la presencia inglesa en esos territorios constituyen una "intrusión".El gobierno argentino puso de manifiesto que el apoyo a la Argentina incluye a varias naciones que fueron colonias inglesas e integran el Commonwealth británico, como Jamaica, Barbados y Belice. En su discurso ante la cumbre, Cristina Fernández denunció que:
Los que tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU pueden violar sistemáticamente las resoluciones de ese organismo y el resto de los países se ven obligados a cumplirlas bajo pena de ser considerados un país enemigo, intervenido bélicamente o intervenidos políticamente sus gobiernos.
Finalmente, el 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estados de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde recibió con agrado el pedido de Cristina Fernández para mediar ante Gran Bretaña. Hillary Clinton dijo que el diferendo por las Malvinas es un "asunto que debe ser resuelto entre el Reino Unido y Argentina" y "si hay alguna manera en que podemos ayudar para facilitar este esfuerzo, estamos listos a hacerlo".[104] La postura Hillary Clinton ha sido considerada como un triunfo para la posición argentina y causó "desconcierto y consternación" en Gran Bretaña.[105]
Visita a la Argentina de Hillary Clinton
Cristina Fernández y Hillary Clinton durante su entrevista en Buenos Aires el 1 de marzo de 2010. La secretaria de Estado de los Estados Unidos aceptó intervenir para promover la negociación entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y felicitó a Cristina Fernández por su política económica de desendeudamiento.El 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde se entrevistó con la Presidenta Fernández, para luego dar ambas una conferencia de prensa. Ambos países ajustaron coincidencias orientadas a temas como la ayuda humanitaria ante el terremoto de Haití de 2010, la lucha contra el terrorismo internacional, las políticas de estímulo frente a la crisis económica mundial de 2008-2010 y los programas de seguridad nuclear. Un hecho destacado de la reunión fue el pedido de mediación a Hillary Clinton por parte de Cristina Fernandez, y la manifestación de aquella de estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar. En la reunión también se plantearon las diferencias frente a la posición de ambos países ante la situación en Honduras. Finalmente, en la conferencia de prensa, Hillary Clinton felicitó al gobierno argentino por su política de desendeudamiento y el bajo nivel de deuda externa alcanzado.
Otras áreas
Política ambiental
El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de los Glaciares, que había sido aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados (136 votos afirmativos, 3 abstenciones y 121 ausencias), y con tres votos en contra en el Senado.
Política de derechos humanos
Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la Presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París (7 de abril de 2008).Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del Presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
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La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.
Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue aprobado por esta cámara luego de que se le realizaran mas de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.
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Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses involucrados.
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue aprobado por esta cámara luego de que se le realizaran mas de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.
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[align=center]Despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público
El 11 de septiembre de 2009 la Presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público. El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de mayo de 2008, en el caso "Eduardo Kimel c/ Argentina", un periodista argentino condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento, publicada como libro bajo el título de La masacre de San Patricio.
El proyecto propuso derogar el art. 112 del Código Penal vigente en ese momento, que establecía el llamado delito de calumnias o injurias encubiertas,y agregar en el texto de los restantes artículos referidos a los delitos de calumnias e injurias, que "en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas". El proyecto adoptó una posición radical en la materia, despenalizando absolutamente todo tipo de expresiones, cuando estén referidas a asuntos de interés público o no sean asertivas. De ese modo el proyecto fue mas allá de la doctrina de la real malicia, que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo Morales Solá, y que sostiene que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa, o al menos, que tuvieron una notoria imprudencia el momento de verificar su veracidad como no haber 'chequeado' las fuentes.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009,con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados. En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores.
El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que "es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina".
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El 11 de septiembre de 2009 la Presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público. El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de mayo de 2008, en el caso "Eduardo Kimel c/ Argentina", un periodista argentino condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento, publicada como libro bajo el título de La masacre de San Patricio.
El proyecto propuso derogar el art. 112 del Código Penal vigente en ese momento, que establecía el llamado delito de calumnias o injurias encubiertas,y agregar en el texto de los restantes artículos referidos a los delitos de calumnias e injurias, que "en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas". El proyecto adoptó una posición radical en la materia, despenalizando absolutamente todo tipo de expresiones, cuando estén referidas a asuntos de interés público o no sean asertivas. De ese modo el proyecto fue mas allá de la doctrina de la real malicia, que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo Morales Solá, y que sostiene que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa, o al menos, que tuvieron una notoria imprudencia el momento de verificar su veracidad como no haber 'chequeado' las fuentes.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009,con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados. En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores.
El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que "es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina".
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ESTE POST NO ESTA ECHO PARA ARMAR POLEMICA PIDO DISCULPAS SI OFENDI A ALGUIEN CON ESTE CONTENIDO . SOLO LO ARME PARA QUE LA GENTE VIERA TODO LO QUE SE HIZO DEL 25 DE MAYO DE 2003 HASTA NUESTROS DIAS.PODRAN BASUREARME TODO TARINGA DIRAN QUE SOY CIBER K CHORIPANERO ... NO ME INPORTA SOLO ME INPORTA QUE LA GENTE " TENGA MEMORIA"Y NO SE DEJE LLEVAR TANTO POR LOS MEDIOS QUE LO UNICO QUE DEFIENDEN ES A SUS INTERESES .UNA VEZ MAS HAGO ESTE POST PARA QUE VEAN LO QUE SE HA ECHO DEL 2003 EN ADELANTE ... GRACIAS