El Gobierno trabaja en un plan para desmantelar Fibertel con el apoyo de las cooperativas. Promete un abono de $ 86 pesos mensuales por una conexión de 3 megas. Mientras, en el país hay familias que pagan el doble por un servicio 28 veces más lento. Por proteger el negocio concentrado de las telefónicas, el Ejecutivo evita regular el mercado.
El repentino interés que evidenció el gobierno por el mercado de la conectividad, a instancias de la guerra contra el Grupo Clarín, no guarda ninguna relación con el abandono que demuestra frente a los consumidores de internet que no son clientes de ese holding y que no viven en los grandes centros urbanos. Mientras que el Ejecutivo intenta montar una estrategia para desmantelar Fibertel ofreciendo un servicio de 3 megas a 84,6 pesos por mes a través de cooperativas, en el país todavía hay familias que pagan más de 150 pesos mensuales por una arcaica conexión de 128 KB, sin contar aquellos que abonan fortunas por algún enlace satelital. Detrás de ese escenario se esconde la decisión del Gobierno de resguardar los negocios de las compañías telefónicas en lugar de regular el servicio de conexión a internet.
Desde que el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció hace exactamente un mes la caducidad de la licencia de Fibertel, desfilan por la Comisión Nacional de Comunicaciones todos los actores del mercado que intentan rapiñar una porción de los clientes que aún retiene Cablevisión. El más avanzado de los acuerdos que negocia el titular de la CNC, Ceferino Namuncurá, es con las federaciones que agrupan a las cooperativas de servicios públicos, Fecosur y Fecotel. El gobierno anunció que esas organizaciones están listas para reemplazar a Clarín y a un precio promocional que garantiza la “calidad” del servicio: el plan oficial excluye a más de un millón de hogares, alejados de los centros urbanos donde se define el calendario electoral, que pagan la conexión hasta 28 veces más cara que en el área metropolinada donde Clarín concentra la mayor parte de sus clientes.
Según datos recabados la nota de tapa, en Curuzú Cuatiá, Corrientes, hay dos únicos proveedores de Internet permanentes: Arnet, de Telecom y Acoanet, una pequeña empresa que brinda servicios de terceros por WiFi. Ahí Fibertel no existe. El Estado, tampoco. El plan de la telefónica, uno de los más baratos del país, está restringido al área céntrica y cuesta 129,9 pesos por mes la conexión de 3 megas, a razón de $ 0,042 el KB por segundo. La otra empresa ofrece hasta 128 KB de velocidad, en un radio más amplio, por 125 pesos más IVA, es decir 151,25 pesos mensuales. Es más de $ 1,182 el KB por segundo, 2.800 por ciento más caro. La falta de regulación conduce a que los usuarios terminen siendo rehenes de las compañías telefónicas o víctimas de una lógica de mercado abusiva.
Para demostrar que la salida de Fibertel no implicaría una merma en la oferta de la conectividad, el Gobierno publicó en la página web de la CNC un listado con proveedores alternativos por localidad. La nómina, repleta de errores en su primera versión (incluía entre proveedores de Internet, por ejemplo, a empresas dedicadas al diseño web) fue cuestionada y depurada, pero aún refleja el mismo mapa de inequidades.
Otro caso: la lista oficial señala que en General Roca, Río Negro, hay 14 operadoras para suplir a Fibertel. Ninguna de ellas es cooperativa, por lo tanto, los actuales clientes de Cablevisión de esa ciudad no contarán con la oferta que lanzó el gobierno de 84,6 pesos por mes. De las 14 empresas señaladas, solo tres brindan efectivamente en General Roca el servicio residencial: Speedy de Telefónica de Argentina que, por estos días, tiene agotada la capacidad para ofrecer nuevas líneas digitales y por lo tanto no puede tomar nuevos clientes y garantizar la calidad del servicio; en segundo lugar está Sion (en la lista también figura UOL, fusionada con Sion) que, como brinda el acceso por ADSL y depende de Telefónica, no puede absorber nuevas cuentas porque no tiene líneas digitales disponibles; y, finalmente, HSI Network, una empresa local que ofrece Internet WiFi a 150 pesos por mes. Como se trata de un “minorista” (u operador de “última milla”), sus precios al público están atados a los valores de la inteconexión que pagan en el mercado mayorista.
Al igual que ocurre con las cooperativas, los pequeños proveedores no pueden competir en precio con las telefónicas que, junto a Global Crossing (ex Impsat), dominan el mercado mayorista (carrier), y en consecuencia, son los principales formadores de precios y distorsiones.
Precisamente, el factor que más pesa en las negociaciones entre las cooperativas y el Gobierno por el caso Fibertel es el precio mayorista. Esas organizaciones se quejan de que Telefónica y Telecom, que cobran en la Ciudad de Buenos Aires 5 dólares mensuales el mega mayorista, les dan el servicio en el interior a 800 dólares el mega promedio. Las telefónicas todavía no dieron el sí. Y en caso de que accedan, la negociación por la cartera de clientes de Cablevisión derivaría en la creación de una nueva categoría de clientes desfavorecidos: el descuento sólo correría para los usuarios que opten por las cooperativas, allí donde hay. Para los demás, seguirá habiendo precios caros por servicios pobres o abonos inaccesibles para la mayoría por conexiones veloces.
La solución que diagramó el Ejecutivo guarda la misma lógica que aplica para los subsidios a la energía o el transporte: beneficia especialmente a las clases medias y altas de los sectores urbanos, en particular de la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y descuida al resto del país.
La tardía preocupación por la “concentración” que demostró el Gobierno en 2008 ente el mapa de los medios de comunicación audiovisuales desaparece cuando se trata de las telecomunicaciones. Y no porque no haya concentración en ese mercado: Telefónica retiene el 32 por ciento de las conexiones a internet, Telecom el 30, Fibertel el 25 y el resto de las empresas y cooperativas se acomodan en el restante 13 por ciento. En este caso no hay “década de los 90” a quien culpar. La ultraconcentración en la banda ancha se produjo durante la gestión K. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, en mayo de 2003, había en el país un total de 153.477 abonos de alta velocidad en el país, según datos del Indec. Las últimas cifras que difundió ese organismo, la semana pasada, afirman que hasta junio había casi 5 millones de conexiones banda ancha en la Argentina. El gobierno permitió que ese mercado floreciera sólo en tres macetas, entre ellas la de Clarín.
En los últimos días, el bloque de diputados nacionales de Proyecto Sur, que lidera Pino Solanas, presentó un proyecto de ley para regular el mercado de internet y de la telefonía celular. El objetivo de la iniciativa es crear un Plan Nacional de Conectividad que establezca las tarifas y fije estándares de calidad en todo el país, estimule el acceso a la Red como política de Estado y promueva la desconcetración del mercado. Por ahora el oficialismo y el resto de los partidos de la oposición no habla del tema.
Mientras tanto, allí donde el Estado está ausente, las empresas -incluso aquellas que tienen sus papeles en regla-, se abusan de los usuarios. Ese es el mundo que mira desde afuera la pelea entre el Gobierno y Clarín.
El repentino interés que evidenció el gobierno por el mercado de la conectividad, a instancias de la guerra contra el Grupo Clarín, no guarda ninguna relación con el abandono que demuestra frente a los consumidores de internet que no son clientes de ese holding y que no viven en los grandes centros urbanos. Mientras que el Ejecutivo intenta montar una estrategia para desmantelar Fibertel ofreciendo un servicio de 3 megas a 84,6 pesos por mes a través de cooperativas, en el país todavía hay familias que pagan más de 150 pesos mensuales por una arcaica conexión de 128 KB, sin contar aquellos que abonan fortunas por algún enlace satelital. Detrás de ese escenario se esconde la decisión del Gobierno de resguardar los negocios de las compañías telefónicas en lugar de regular el servicio de conexión a internet.
Desde que el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció hace exactamente un mes la caducidad de la licencia de Fibertel, desfilan por la Comisión Nacional de Comunicaciones todos los actores del mercado que intentan rapiñar una porción de los clientes que aún retiene Cablevisión. El más avanzado de los acuerdos que negocia el titular de la CNC, Ceferino Namuncurá, es con las federaciones que agrupan a las cooperativas de servicios públicos, Fecosur y Fecotel. El gobierno anunció que esas organizaciones están listas para reemplazar a Clarín y a un precio promocional que garantiza la “calidad” del servicio: el plan oficial excluye a más de un millón de hogares, alejados de los centros urbanos donde se define el calendario electoral, que pagan la conexión hasta 28 veces más cara que en el área metropolinada donde Clarín concentra la mayor parte de sus clientes.
Según datos recabados la nota de tapa, en Curuzú Cuatiá, Corrientes, hay dos únicos proveedores de Internet permanentes: Arnet, de Telecom y Acoanet, una pequeña empresa que brinda servicios de terceros por WiFi. Ahí Fibertel no existe. El Estado, tampoco. El plan de la telefónica, uno de los más baratos del país, está restringido al área céntrica y cuesta 129,9 pesos por mes la conexión de 3 megas, a razón de $ 0,042 el KB por segundo. La otra empresa ofrece hasta 128 KB de velocidad, en un radio más amplio, por 125 pesos más IVA, es decir 151,25 pesos mensuales. Es más de $ 1,182 el KB por segundo, 2.800 por ciento más caro. La falta de regulación conduce a que los usuarios terminen siendo rehenes de las compañías telefónicas o víctimas de una lógica de mercado abusiva.
Para demostrar que la salida de Fibertel no implicaría una merma en la oferta de la conectividad, el Gobierno publicó en la página web de la CNC un listado con proveedores alternativos por localidad. La nómina, repleta de errores en su primera versión (incluía entre proveedores de Internet, por ejemplo, a empresas dedicadas al diseño web) fue cuestionada y depurada, pero aún refleja el mismo mapa de inequidades.
Otro caso: la lista oficial señala que en General Roca, Río Negro, hay 14 operadoras para suplir a Fibertel. Ninguna de ellas es cooperativa, por lo tanto, los actuales clientes de Cablevisión de esa ciudad no contarán con la oferta que lanzó el gobierno de 84,6 pesos por mes. De las 14 empresas señaladas, solo tres brindan efectivamente en General Roca el servicio residencial: Speedy de Telefónica de Argentina que, por estos días, tiene agotada la capacidad para ofrecer nuevas líneas digitales y por lo tanto no puede tomar nuevos clientes y garantizar la calidad del servicio; en segundo lugar está Sion (en la lista también figura UOL, fusionada con Sion) que, como brinda el acceso por ADSL y depende de Telefónica, no puede absorber nuevas cuentas porque no tiene líneas digitales disponibles; y, finalmente, HSI Network, una empresa local que ofrece Internet WiFi a 150 pesos por mes. Como se trata de un “minorista” (u operador de “última milla”), sus precios al público están atados a los valores de la inteconexión que pagan en el mercado mayorista.
Al igual que ocurre con las cooperativas, los pequeños proveedores no pueden competir en precio con las telefónicas que, junto a Global Crossing (ex Impsat), dominan el mercado mayorista (carrier), y en consecuencia, son los principales formadores de precios y distorsiones.
Precisamente, el factor que más pesa en las negociaciones entre las cooperativas y el Gobierno por el caso Fibertel es el precio mayorista. Esas organizaciones se quejan de que Telefónica y Telecom, que cobran en la Ciudad de Buenos Aires 5 dólares mensuales el mega mayorista, les dan el servicio en el interior a 800 dólares el mega promedio. Las telefónicas todavía no dieron el sí. Y en caso de que accedan, la negociación por la cartera de clientes de Cablevisión derivaría en la creación de una nueva categoría de clientes desfavorecidos: el descuento sólo correría para los usuarios que opten por las cooperativas, allí donde hay. Para los demás, seguirá habiendo precios caros por servicios pobres o abonos inaccesibles para la mayoría por conexiones veloces.
La solución que diagramó el Ejecutivo guarda la misma lógica que aplica para los subsidios a la energía o el transporte: beneficia especialmente a las clases medias y altas de los sectores urbanos, en particular de la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y descuida al resto del país.
La tardía preocupación por la “concentración” que demostró el Gobierno en 2008 ente el mapa de los medios de comunicación audiovisuales desaparece cuando se trata de las telecomunicaciones. Y no porque no haya concentración en ese mercado: Telefónica retiene el 32 por ciento de las conexiones a internet, Telecom el 30, Fibertel el 25 y el resto de las empresas y cooperativas se acomodan en el restante 13 por ciento. En este caso no hay “década de los 90” a quien culpar. La ultraconcentración en la banda ancha se produjo durante la gestión K. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, en mayo de 2003, había en el país un total de 153.477 abonos de alta velocidad en el país, según datos del Indec. Las últimas cifras que difundió ese organismo, la semana pasada, afirman que hasta junio había casi 5 millones de conexiones banda ancha en la Argentina. El gobierno permitió que ese mercado floreciera sólo en tres macetas, entre ellas la de Clarín.
En los últimos días, el bloque de diputados nacionales de Proyecto Sur, que lidera Pino Solanas, presentó un proyecto de ley para regular el mercado de internet y de la telefonía celular. El objetivo de la iniciativa es crear un Plan Nacional de Conectividad que establezca las tarifas y fije estándares de calidad en todo el país, estimule el acceso a la Red como política de Estado y promueva la desconcetración del mercado. Por ahora el oficialismo y el resto de los partidos de la oposición no habla del tema.
Mientras tanto, allí donde el Estado está ausente, las empresas -incluso aquellas que tienen sus papeles en regla-, se abusan de los usuarios. Ese es el mundo que mira desde afuera la pelea entre el Gobierno y Clarín.