Héctor Capaccioli fue procesado dos veces en una sola semana.
Podría decirse que se debe a una repentina “racha” de mala suerte o a que el juez Federal Norberto Oyarbide ha encontrado incipientes motivos para avanzar respecto a su eventual responsabilidad en expedientes relacionados con la adulteración de remedios y la ausencia de controles a las obras sociales.
Sin embargo, entre los delitos por los cuales el juez decidió procesar en las últimas horas al ex superintendente, hay uno en particular, que es el 278 inciso 1° “a”, que penaliza el “lavado de activos”.
A ello le debemos sumar la responsabilidad que le ha endilgado el magistrado en orden al artículo 210, primer párrafo del Código Penal —asociación ilícita, en carácter de miembro—, en concurso real con el artículo 172 en función del artículo 174 inciso 5° —defraudación a la administración pública—, y el artículo 248 y 265, que castiga los delitos de “abuso de autoridad” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Pero lo más relevante, es que el juez haya puntualizado su pesquisa sobre el eventual blanqueo de capitales, delito que hasta ahora han negado insistentemente, no solo el propio Capaccioli sino también los ministros más relevantes del gabinete oficial.
El gran temor que enfrenta hoy el kirchnerismo es que se revele que, en la campaña del 2007 que llevó a Cristina Kirchner y Julio Cobos a ocupar los cargos más relevantes de Casa de Gobierno, se habrían blanqueado aportes a través de droguerías que nunca pusieron un peso.
En tal sentido, la Justicia posee el testimonio de seis empresarios que confirmaron no haber puesto un solo peso y que, sin embargo, sus nombres aparecen en el listado oficial de aportantes. Miguel Ángel Loizaga, Gabriel Brito y Marcela Lombarda, son tres de ellos.
Lo que se preguntan los investigadores en estas horas es algo sumamente delicado: si los que aparecen en la lista del Frente para la Victoria nunca pusieron plata, ¿quién lo hizo por ellos?
Las sospechas apuntan principalmente a dos personajes, ambos vinculados con el tráfico de drogas: Néstor Lorenzo, el hoy detenido dueño de droguería San Javier; y Esteban Pérez Corradi, un joven empresario extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
Para poder desentrañar del todo la trama, la Justicia debe enfocarse en dos personajes centrales, ambos encargados de la recaudación de campaña del FPV a pedido del propio Capaccioli. Se trata de Hernán Diez y Sebastián Gramajo, procesados junto al ex Superintendente, el primero por encubrimiento y lavado de activos, y el segundo por asociación ilícita “en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento”.
Hay que recordar que ambos ostentan cargos de relevancia en la administración kirchnerista. Diez lo hace en Lotería Nacional y Gramajo en la Anses.
Fuente Puntal Villa Maria
Podría decirse que se debe a una repentina “racha” de mala suerte o a que el juez Federal Norberto Oyarbide ha encontrado incipientes motivos para avanzar respecto a su eventual responsabilidad en expedientes relacionados con la adulteración de remedios y la ausencia de controles a las obras sociales.
Sin embargo, entre los delitos por los cuales el juez decidió procesar en las últimas horas al ex superintendente, hay uno en particular, que es el 278 inciso 1° “a”, que penaliza el “lavado de activos”.
A ello le debemos sumar la responsabilidad que le ha endilgado el magistrado en orden al artículo 210, primer párrafo del Código Penal —asociación ilícita, en carácter de miembro—, en concurso real con el artículo 172 en función del artículo 174 inciso 5° —defraudación a la administración pública—, y el artículo 248 y 265, que castiga los delitos de “abuso de autoridad” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Pero lo más relevante, es que el juez haya puntualizado su pesquisa sobre el eventual blanqueo de capitales, delito que hasta ahora han negado insistentemente, no solo el propio Capaccioli sino también los ministros más relevantes del gabinete oficial.
El gran temor que enfrenta hoy el kirchnerismo es que se revele que, en la campaña del 2007 que llevó a Cristina Kirchner y Julio Cobos a ocupar los cargos más relevantes de Casa de Gobierno, se habrían blanqueado aportes a través de droguerías que nunca pusieron un peso.
En tal sentido, la Justicia posee el testimonio de seis empresarios que confirmaron no haber puesto un solo peso y que, sin embargo, sus nombres aparecen en el listado oficial de aportantes. Miguel Ángel Loizaga, Gabriel Brito y Marcela Lombarda, son tres de ellos.
Lo que se preguntan los investigadores en estas horas es algo sumamente delicado: si los que aparecen en la lista del Frente para la Victoria nunca pusieron plata, ¿quién lo hizo por ellos?
Las sospechas apuntan principalmente a dos personajes, ambos vinculados con el tráfico de drogas: Néstor Lorenzo, el hoy detenido dueño de droguería San Javier; y Esteban Pérez Corradi, un joven empresario extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
Para poder desentrañar del todo la trama, la Justicia debe enfocarse en dos personajes centrales, ambos encargados de la recaudación de campaña del FPV a pedido del propio Capaccioli. Se trata de Hernán Diez y Sebastián Gramajo, procesados junto al ex Superintendente, el primero por encubrimiento y lavado de activos, y el segundo por asociación ilícita “en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento”.
Hay que recordar que ambos ostentan cargos de relevancia en la administración kirchnerista. Diez lo hace en Lotería Nacional y Gramajo en la Anses.
Fuente Puntal Villa Maria