Traicion a la patria y pena capital en mexico

Que opinas sobre la pena de muerte, ahora por parte del gobierno ya que desde hace mucho la delincuencia la tiene instaurada Mirando por la internet en mi curiosidad por saber por que no quiere el gobierno reinstaurar la pena capital me encontre vagando entre paginas, pero entre todas ellas me llamo la atencion una que tiene el codigo penal de mexico en una descripcion brebe y entendible para todos y no solo para los que estudiaron leyes y dicen las cosas con fraces rebuscadas que solo ellos se entienden. entre los articulos que me interesaron y quiero compartir con ustedes estan los que se refieren a delitos contra la seguridad de la nacion, contra la seguridad publica y ademas una columna de un periodico de jalisco de nombre Informativo del sur de jalisco que trata este tema y me parecio de una forma muy buena y descriptiva. Primero el codigo penal: CODIGO PENAL FEDERAL LIBRO SEGUNDO TITULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION CAPITULO VI TERRORISMO ARTICULO 139 SE IMPONDRA PENA DE PRISION DE DOS A CUARENTA AÑOS Y MULTA HASTA DE CINCUENTA MIL PESOS, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS QUE CORRESPONDAN POR LOS DELITOS QUE RESULTEN, AL QUE UTILIZANDO EXPLOSIVOS, SUSTANCIAS TOXICAS, ARMAS DE FUEGO O POR INCENDIO, INUNDACION, O POR CUALQUIER OTRO MEDIO VIOLENTO, REALICE ACTOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS, LAS COSAS O SERVICIOS AL PUBLICO, QUE PRODUZCAN ALARMA, TEMOR, TERROR EN LA POBLACION O EN UN GRUPO O SECTOR DE ELLA, PARA PERTURBAR LA PAZ PUBLICA, O TRATAR DE MENOSCABAR LA AUTORIDAD DEL ESTADO, O PRESIONAR A LA AUTORIDAD PARA QUE TOME UNA DETERMINACION. SE APLICARA PENA DE UNO A NUEVE AÑOS DE PRISION Y MULTA HASTA DE DIEZ MIL PESOS, AL QUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE UN TERRORISTA Y DE SU IDENTIDAD, NO LO HAGA SABER A LAS AUTORIDADES. CAPITULO IX DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPITULOS DE ESTE TITULO ARTICULO 145 SE APLICARA PENA DE CINCO A CUARENTA AÑOS DE PRISION Y MULTA DE CINCO MIL A CINCUENTA MIL PESOS AL FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LOS GOBIERNOS FEDERAL O ESTATALES, O DE LOS MUNICIPIOS, DE ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, DE EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL O DE SERVICIOS PUBLICOS, FEDERALES O LOCALES, QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS POR ESTE TITULO. CODIGO PENAL FEDERAL LIBRO SEGUNDO TITULO CUARTO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA CAPITULO III ARMAS PROHIBIDAS ARTICULO 160 A QUIEN PORTE, FABRIQUE, IMPORTE O ACOPIE SIN UN FIN LICITO INSTRUMENTOS QUE SOLO PUEDAN SER UTILIZADOS PARA AGREDIR Y QUE NO TENGAN APLICACION EN ACTIVIDADES LABORALES O RECREATIVAS, SE LE IMPONDRA PRISION DE TRES MESES A TRES AÑOS O DE 180 A 360 DIAS MULTA Y DECOMISO. LOS SERVIDORES PUBLICOS PODRAN PORTAR LAS ARMAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO, SUJETANDOSE A LA REGLAMENTACION DE LAS LEYES RESPECTIVAS. ESTOS DELITOS, CUYO CONOCIMIENTO COMPETE AL FUERO COMUN, SE SANCIONARAN SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DE APLICACION FEDERAL EN LO QUE CONCIERNEN A ESTOS OBJETOS. CODIGO PENAL FEDERAL LIBRO SEGUNDO TITULO CUARTO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA CAPITULO IV ASOCIACIONES DELICTUOSAS ARTICULO 164 AL QUE FORME PARTE DE UNA ASOCIACION O BANDA DE TRES O MAS PERSONAS CON PROPOSITO DE DELINQUIR, SE LE IMPONDRA PRISION DE CINCO A DIEZ AÑOS Y DE CIEN A TRESCIENTOS DIAS MULTA. CUANDO EL MIEMBRO DE LA ASOCIACION SEA O HAYA SIDO SERVIDOR PUBLICO DE ALGUNA CORPORACION POLICIAL, LA PENA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR SE AUMENTARA EN UNA MITAD Y SE IMPONDRA, ADEMAS, LA DESTITUCION DEL EMPLEO, CARGO O COMISION PUBLICOS E INHABILITACION DE UNO A CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO. SI EL MIEMBRO DE LA ASOCIACION PERTENECE A LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS EN SITUACION DE RETIRO, DE RESERVA O EN ACTIVO, DE IGUAL FORMA LA PENA SE AUMENTARA EN UNA MITAD Y SE LE IMPONDRA, ADEMAS LA BAJA DEFINITIVA DE LA FUERZA ARMADA A QUE PERTENEZCA Y SE LE INHABILITARA DE UNO A CINCO AÑOS PARA DESEMPEÑAR CARGO O COMISION PUBLICOS. Pena capital y traición a la patria Redacción Informativo del Sur de Jalisco buzon@periodicoelsur.com México parece empantanado en un mar de incompetencia cuando la inseguridad ha terminado por socavar descaradamente a corporaciones públicas y funcionarios cuyos actos, antaño, fueran unas traiciones a la Patria condenables con un vergonzoso fusilamiento contra el paredón. Diera incluso la impresión de que el propio gobierno perdiera la noción del honor cuando aquéllos desnaturalizados ocupando las cámaras de Entidades y Nación aparecen infectados de una conveniencia que termina negando la justicia al fomentar la impunidad. Esta circunstancia quedaría exhibida cuando el padre de cierto joven victimado por sus secuestradores, el Sr. Martí, conminara a Calderón y gobernadores que renunciaran si la vara (de la seguridad pública) les quedaba alta para que permitieran que otros con más capacidad resolvieran la inseguridad nacional. Y cuando aquel dolor empezaba a despeñarse por el negro abismo de la indiferencia oficial, ecos de este reclamo reverberarían haciendo renacer la idea de la pena de muerte. Un castigo que eliminaría a todos esos policías y militares que cometieran la estupidez de amancebarse con el crimen organizado. Esta pena capital también aplicaría a políticos y funcionarios públicos (jueces incluidos) que terminaran haciéndose uña y carne con la criminalidad. No sorprende pues que la milicia proponga una nueva Policía Nacional integrada por elementos juramentados so pena de muerte si llegaran a aliarse con la delincuencia. Lo que asombra es que esto provenga de una institución armada cuyos antecedentes de corrupción vienen desde tiempos de un Gutiérrez Rebollo y cuando no existe Zona Militar libre de pecado que pueda arrojar la primera piedra en contra de otros traidores a la Patria. Por tal, para crear esa Policía Nacional primero deberá darse una colosal purga que podría en el patíbulo a todos y cada uno de aquéllos que le dieran la espalda al interés supremo de la Nación. Sólo entonces el Ejército estaría en condiciones para formular la pureza de otra institución policial disciplinada militarmente que se encargue de suprimir esa gigantesca maraña que tantas vidas ha costado a México desde que Calderón asumiera la presidencia. Sin embargo la propuesta militar despertaría malicias entre los legisladores cuando estaría gestándose un precedente que pudiera encaminar a México hacia una dictadura. Y es que el calderonismo ha sentado las condiciones propicias para un golpe de estado dada la mediocridad y lo ventajoso de un régimen que exhibe más debilidades que fortalezas en sus iniciativas ante la delincuencia organizada. Pero pese a los barruntos de quienes ya miran afectarse sus cotos de poder, el titular de la SEDENA Guillermo Galván presentaría su proyecto ante el pleno sobre seguridad pública. Entre alguno de los tres tomos del plan se reconoce la superioridad de la criminalidad ante la ineficiencia policial, incluso del CISEN de la SEGOB. Pero uno de los aportes principales radica en la restauración de una pena capital cuya aplicación es del uso común por el crimen organizado, no así por el gobierno. Recuérdese que todas las ejecuciones ocurridas en 2008 no son resultado de tribunal alguno sino por dictamen de la delincuencia organizada. Entiéndase que en estos momentos sobre las cabezas de más de 6mil elementos policiales pesa una condena a muerte que les alcanzará en el momento más inesperado. Por resultado la pena capital existe dramáticamente en México, aunque no la reconozca el gobierno. Su reinstauración sería así más un acto de oficialización cuando participe en la aplicación de tal sentencia la justicia mexicana. La resistencia legislativa a reconocerla quizás se deba a que la pena de muerte arrastraría consigo también el restablecimiento de la figura de traición a la Patria. Es decir, el crimen más común entre una mayoría política que olvidándose del interés superior de la Nación, saquea recursos y aprovecha funciones para enriquecerse. Eso explicaría por qué diputados y senadores sudan frío ante la reinstalación de estas dos figuras judiciales que limpiarían al país de corrupciones y sinvergüenzadas. Con la pena capital y la tipificación del delito por traición a la Patria, México sin duda se encaminaría hacia un nuevo orden social al remitirse un clima de violencia e impunidad que diera apariencia de haberse patrocinado desde las propias entrañas del sistema político mexicano. Dos medidas cuya urgencia es inminente y que de retrasarse llegarían acompañadas por un golpe de estado que terminaría suprimiendo todas las libertades individuales. Esperemos que el gobierno calderonista tome las cosas en serio y endurezca una procuración de justicia que hoy por hoy no pasa de ser sino pura farsa. Bueno eso es todo, espero que esta informacion les sirva para darse cuenta del momento que vivimos en nuestro pais, y que solo nosotros el pueblo unido podemos cambiarlo. Saludos a todos y no olviden comentar.