Sean testigos de como quieren callar a todo un país

Es innegable que William Gómez ha marcado un hito en la historia de la prensa nacional, por ello, durante esta información, haré un recorrido por lo que ha sido la lucha para lograr la aprobación para su reforma, ya que aunque inicialmente protegía a los costarricenses en internet, luego sufrió cambios que servirían para callar al pueblo y a la prensa.





La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la semana pasada la reforma a la polémica ley de delitos informáticos, conocida como “Ley Mordaza”, la cual había levantado roces por las restricciones que imponía, sin embargo, el camino hasta aquí no ha sido sencillo y ha requerido de la constancia de sus opositores. Conozcan la historia de la libertad de expresión y también el porque este derecho no es absoluto.
Y es que una de las principales características de los gobiernos totalitarios en la historia de la humanidad ha sido la censura, desde el Imperio Romano, pasando por las cruzadas a Tierra Santa, los tribunales de la Santa Inquisición, la conquista de América y las guerras de independencia, la censura ha sido siempre el arma preferida de los tiranos que han pretendido acallar la voz de los inconformes con sus abusos y corruptelas.
Pero la libertad de expresión forma parte de los derechos humanos y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los Estados Democráticos.
Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigado debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras.
La expresión nunca debe ser objeto de censura previa en cambio, puede regularse a partir de la responsabilidad ulterior. Lo cual supone que, con la libertad de expresión, no se puede penar por sus mensajes. Por ejemplo: un periodista planea denunciar en un programa de TV la corrupción de un funcionario. Este último intenta detener la emisión del espectáculo pero el primero, amparado por su derecho a decir lo que piensa, logra difundir los comentarios. Sin embargo, la Justicia demuestra que la información es falsa y el periodista debe, finalmente, enfrentar cargos por calumnias e injustas al ser demostrado que existió dolo.
El derecho a la libertad de expresión, por la tanto, no es absoluto. La legislación suele prohibir que una persona incite a la violencia o al delito, que haga una apología de la discriminación y el odio a que estimule una guerra. En un país con libertad de expresión no se puede promover el rechazo racial o incentivar los asesinatos.
La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de trasmitir información a través de los medios de comunicación social sin que el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión.





Cuando en un país el gobierno es destituido por fuerzas externas, generalmente las fuerzas armadas o grupos paramilitares que quieren hacerse con el poder, se establece un gobierno de facto, que se conoce como dictadura. Este tipo de grupo al poder atentar severamente contra la libertad de expresión.
Si bien al pensar en gobiernos autoritarios lo primero que surge son las dictaduras latinoamericanas, éste es un mal que acecha y ha amenazado países, tales como España, Rumania, Países Bajos, China, Corea del Norte, entre otros.
Una de las fundamentales consecuencias a las que se refiere es la censura, la privación de todas las libertades, incluidas la de expresión, que se pone en práctica a través de torturas e imposiciones infernales. Los testimonios de aquellas personas que han debido enfrentar ese tipo de opresiones son realmente desgarradores.
Durante una dictadura los medios de comunicación sufren un profundo cercenamiento en el contenido que distribuyen. Por ejemplo, en marzo de 1976 llegó un comunicado a todos los medios argentinos donde se les amenazaba, diciéndoles que todo aquel que divulgase información proveniente de grupos subversivos recibiría una condena que, de acuerdo al nivel de gravedad de lo publicado, podía ir desde reclusión hasta el cierre de dicho medio por parte de las Fuerzas Armadas. En aquella época todas las noticias que se daban a conocer eran distribuidas por la Agencia Oficial y todos los medios debían ceñirse a ellas a rajatabla. Cabe señalar que son muchos los periodistas y profesionales de la información que han sido torturados o incluso asesinados en este tipo de gobiernos.
Todos los regímenes totalitarios ya sean de izquierda o de derecha, se han valido de la censura para tratar de mantener a los pueblos en la ignorancia de lo que verdaderamente ocurre en las altas esferas del poder y tratar de esa manera de perpetuar su corrupción y sus innumerables delitos en contra de las grandes mayorías.
En el reciente pasado, Mussolini, Hitler, Stalin, fueron entusiastas aplicadores de la más férrea censura y trataron de justificar su tiranía cometiendo horrorosos crímenes de genocidio y de lesa humanidad, delitos sancionados en el Acuerdo o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945 que estableció el Estatuto del Tribunal de Nuremberg.
Hoy, desdichadamente contamos con censuradores de medios informáticos como el que impuso el hoy fallecido Hugo Chávez o el que ha mantenido por décadas Fidel Castro y algunos otros apasionados imitadores. Y es que estos gobiernos en su desesperación por mantenerse en el poder, cometen cada día más y más despiadados delitos y terminan por caer sepultados bajo el peso descomunal de sus propios pecados…





Los gobiernos en su desesperación por mantenerse en el poder, cometen cada día más y más despiadados delitos y el hecho de que la censura retorne, sería una inmensa contradicción porque se produciría hoy en una sociedad que pretende reconocer y garantizar la libertad de expresión.
El artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos de la cual Costa Rica es signataria, garantiza que de los derechos humanos uno de los más valiosos es el libre intercambio de ideas y obulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, afirman expresamente que “la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos”. Donde no se pueda opinar libremente, denunciar injusticias y exigir cambios, el hombre estará condenado irremediablemente a sufrir la opresión de los grupos de poder.
El pensamiento es la base de las ideas pero para que éstas se hagan realidad deben comunicarse, privar a un intelectual de hablar es condenarlo a una muerte lenta. Los tiranos se han valido de diferentes recursos para silenciar la evolución revolucionaria de las ideas, y entre estos recursos está la quema de libros, porque como dijera un reaccionario defensor de los abusos de los poderosos; “los libros se convierten en fuente de infección del pensamiento” y producen un “efecto contaminante” en las grandes masas humanas.
En 1821 el escritor Heinrich Heine, describió así, la quema de libros: “Ahí donde se queman libros se acabará quemando también a seres humanos”, como hacían en sus tiempos la Santa Inquisición. Sigmund Freud, al enterarse de que algunos libros suyos habían sido quemados, exclamó: “Cuando ha avanzado el mundo, en la edad media me habrían quemado también a mí”.
Los gobernantes deben tener muy presentes las enseñanzas de la historia y comprender que ninguno ha podido sobrevivir a su propia tiranía y que todavía tiene validez la frase que pronunció Marco Junio Bruto durante la ejecución de Julio César: “Sic Semper Tirannys” (“Así siempre a los tiranos”).
A pesar del logro de la aprobación de la reforma a la ley de Delitos Informáticos, el año 2012 será recordado por la sociedad costarricense como el año en que los diputados y el Gobierno de la República quisieron callar a la prensa y a la ciudadanía, con una ley que disfrazaron como para penar los delitos informáticos, pero que traía sorpresas dentro que no se esperaban.





Es en diciembre de 2009 que se presenta dicho proyecto, mediante el cual se reforma el Código Penal para sancionar los delitos que se pueden cometer por medio de correo electrónico internet, sociales, etc.
Pero es hasta el 7 de junio de 2012 que los diputados de la Asamblea Legislativa aprueban en segundo debate el proyecto de la “Ley Mordaza”, ese mismo que suponía era para proteger a los costarricenses en internet, sufrió modificaciones de camino y ahora también serviría para callar al pueblo y a la prensa.
Días antes de su firma, el 4 y 5 de julio de ese año, La Prensa Libre y Diario Extra de Costa Rica advierten al gobierno sobre las implicaciones de la recién aprobada ley, y externan así su preocupación respecto a su entrada en vigencia.
El Poder Ejecutivo ignora esas informaciones y el 10 de julio firma el proyecto de la “Ley Mordaza” con lo que queda a un paso de entrar en vigencia, solo faltaba su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que es el diario oficial del gobierno. Es en ese momento cuando los medios de comunicación, junto al Colegio de Periodistas y otros sectores sociales, inician reuniones, una de ellas con el Poder Ejecutivo, la misma Presidenta de la República se compromete a apoyar una reforma a la ley y no publicarla hasta que no se dé esa reforma.
El 23 de julio La Defensoría de los Habitantes se posiciona a favor de la prensa y reta al Gobierno a modificar los artículos de la “Ley Mordaza”.
Las reuniones continúan y el 22 de agosto el Partido Movimiento Libertario (PML) se compromete con la prensa nacional a apoyar dicha reforma. Al día siguiente los diputados José María Villalta del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Justo Orozco de Renovación Costarricense y Carlos Avendaño de Restauración Nacional también asumen el compromiso.
Para el 3 de octubre Lary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y José Rodolfo Ibarra, entonces presidente del Colper, se presentan a las audiencias en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para aclarar sobre la importancia de la reforma de la “Ley Mordaza”, debido al daño que la norma causaría al derecho de información de los ciudadanos, por la limitación que impondría al ejercicio periodístico.





La gerente general del Grupo Extra, Lary Gómez, y José Rodolfo Ibarra, fueron convocados a audiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa donde se analizó la reforma a la Ley de Delitos Informáticos para explicar los alcances del daño que la norma establecía en la limitación del ejercicio periodístico con repercusión al derecho de información de los ciudadanos.
El proyecto había sido convocado por el Ejecutivo en el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (momento en el que tiene la potestad de imponer la agenda de los diputados) para iniciar su trámite en la Comisión de Derechos Humanos, donde comenzó una serie de audiencias con personas a favor y en contra de la reforma.
Pese a ello, el gobierno procede el 6 de noviembre, de manera sorpresiva y en contra del compromiso adoptado con los medios de comunicación y el Colegio de Periodistas, a publicar el alcance digital en el Diario Oficial La Gaceta que dio vida jurídica a la Ley de Delitos Informáticos, la cual impide a los costarricenses y la prensa nacional publicar actos de corrupción gubernamentales, eso provocó críticas contra el gobierno, que se escudó en que no podía detenerlo más, pese a la palabra dada.
Fue entonces cuando gracias a varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por periodistas, la Defensoría de los Habitantes, abogados y hasta organizaciones pro derechos humanos, que la Sala Constitucional suspende la aplicación de los artículos cuestionados mientras resuelven las acciones.
Para ese momento corría de nuevo el período de sesiones ordinarias en el Congreso, donde los legisladores pueden decidir el manejo de su agenda para tramitar proyectos, tiempo que fue aprovechado por los diputados comprometidos con la iniciativa para dictaminarla en comisión, pese a la oposición del oficialismo y la intención del gobierno de sustituir el documento aprobado y consensuado por los medios, el Colegio de Periodistas y legisladores de todas las bancadas.
En diciembre, de nuevo con el inicio de las sesiones extraordinarias, el proyecto de “ley antimordaza” se encontraba listo para que el plenario comenzara su trámite hacia el primer debate, situación que se vio complicada ante la falta de empuje del oficialismo y el cambio de prioridades fijado por el Ejecutivo, que de nuevo vio alejado su compromiso.
Ello obligó a sentar a las partes nuevamente a la mesa con el fin de encontrar un consenso que permitiera sacar adelante el cambio en la ley.
De esta manera, nuevamente se vuelve a incumplir, por lo que será durante este 2013 que los costarricenses podremos comprobar si la voluntad y la palabra de los diputados es más confiable que la del Gobierno para finalmente lograr la reforma que tanto se ha pedido.
Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo no corrigen los errores y abusos de la Ley No. 9048 (normas sobre delitos informáticos en el Código Penal), y si no se resuelve adecuadamente el agotamiento del proceso interno en una acción de inconstitucionalidad, una serie de organizaciones, periodistas y varias entidades estarían dispuestas a llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de la Convención Americana.





Como ha sido señalado reiteradamente por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, por el Instituto de Libertad de Expresión (IPLEX), por todos los medios del Grupo Extra y por cientos de periodistas, académicos, líderes sociales, empresarios, artistas y deportistas del país, esta ley constituye una grave violación a la libertad de expresión tutelada por la Constitución Política ya que pone controles y limitaciones contra un principio esencial de cualquier democracia: toda institución del Estado y sus funcionarios deben estar sujetos al escrutinio público, y la ley introduce amenazas de sanción penal contra aquellos ciudadanos que busquen o difundan información sobre asuntos públicos.
El principal problema de la reforma es que desconoce el principio de “interés público”, absolutamente esencial para la vida democrática. De acuerdo con ese principio -reconocido por todos los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos- no existe ningún tipo de dato de interés colectivo que pueda estar vedado a ser objeto de información, y no se puede negar a ningún ciudadano el acceso a ésta. Contrario a este principio democrático, la Ley No. 9048 persigue penalmente e impone sanciones de cárcel a quienes busquen o difundan información sobre asuntos públicos, sobre temas de Estado, o sobre cualquier ámbito del interés colectivo, independientemente de donde provenga la información.
El artículo 196 es particularmente serio, pues pena con 8 años de cárcel a quien utilice información disponible en la red, o enviada a otros. Lo grave de esta norma es que no discrimina sobre el posible interés público de la información, y crea una hipótesis general para castigar la difusión de cualquier noticia, incluso aquellas que claramente informe sobre asuntos de interés colectivo, en virtud del mecanismo de obtención de la información.
El artículo 196 bis y el artículo 231 tienen el mismo y grave problema, igualmente el artículo 236.
Introduce además en el artículo 288, el castigo a la obtención y difusión de información considerada como un “secreto político” en alusión también a una vieja norma relativa al “secreto de Estado”, propia de regímenes dictatoriales y militares.
Ello permite que cualquier asunto que el gobierno considere conveniente calificar de secreto político pueda ocultarse de la luz pública, cualquiera que fuera su tema; es decir, situaciones como la trocha (carretera fronteriza que trajo como consecuencia la disputa de parte del territorio costarricense que Nicaragua pelea aluciendo que le pertenece, “Isla Calero”) contratos con organismos internacionales o empresas podrían no conocerse.
La única solución posible para prever los abusos o violaciones al interés privado en los artículos mencionados de la reforma es el derecho “ex-post” a perseguir el caso, como indica el artículo 13, inciso 2, del Pacto de San José. Todo puede ser difundido en el marco de una sociedad democrática. Solo, con posterioridad, se puede cobrar las responsabilidades, en caso de afectar derechos privados. Pero la búsqueda de la información, en sí misma, jamás puede ser penada tal y como establece peligrosamente la Ley de Delitos Informáticos.





Además de los artículos mencionados anteriormente, resulta igualmente grave y polémico la reforma del artículo 288 que reforma el Código Penal que sanciona difundir información sobre el sistema de seguridad de la Nación y los secretos calificados como políticos.
El difundir asuntos de seguridad nacional jamás puede ser penado si prima el interés público en ello. El daño específico al país, generado a raíz de publicaciones sobre estos asuntos, es tipicidad aparte y distinta, y tendría que ser reclamada ex-post (después), y en forma diferente a como está redactado el artículo mencionado.
Entonces, podemos decir que esta ley afecta el corazón mismo de una democracia: el libre tránsito de ideas. No sólo restringe el derecho a la información, sino que tipifica cárcel y persecución penal para todas aquellas personas -que en pleno uso de sus derechos constitucionales- quieran informar sobre asuntos de interés público, o develar a la población las actuaciones de los funcionarios estatales o de aquellas personas que influyen en los temas de interés colectivo.
El Poder Ejecutivo y diputados de diversas bancadas se comprometieron ante la prensa reiteradamente el año pasado a dar marcha atrás y darle prioridad a la reforma de la Ley No. 9048 y aunque fue incluida en la convocatoria de proyectos enviada por el Ejecutivo, como mencionamos anteriormente, no halló lugar entre las prioridades del Gobierno debido a que actualmente está en sesiones extraordinarias.





La reforma al código penal sobre delincuencia informática, fortalecería la seguridad informática jurídica a nivel mundial, ya que Costa Rica finalmente aprobada una ley que tipifica los abusos automatizados cometidos por delincuentes. Así el país ya no sería más un paraíso de la ciberdelincuencia, y por esto el proyecto de ley sobre estas faltas fue celebrado. Lo anterior porque contempla penas más altas al delito de corrupción de menores si el ofensor utiliza redes sociales; establece nuevos tipos penales; como la suplantación de identidad, el espionaje electrónico, la propagación de malware, falsificación de sitios web y todo esto indiscutiblemente constituye un gran avance en la legislación costarricense. La ciudadanía dispondría de nuevas figuras penales para poder denunciar los delitos que principalmente se llevan a cabo en internet y que antes no podían denunciar.
Basada en estándares internacionales permitiría penalizar a quien viole las normativas en campos de tecnología de información, mediante un uso irresponsable de estas herramientas, afectando la integridad “mental, psicológica y física” de la niñez.
Además, el documento plantea delitos tales como el ciberespionaje, la estafa informática, la suplantación de identidad, el abuso de medios informáticos, la clonación de páginas electrónicas, entre otros.
Sin embargo, no todo era bueno, ya que debido a la mala dinámica legislativa se puso en peligro la Libertad de Expresión y se obtuvo una ley que puso en peligro el derecho de obtener información y el poder comunicarla. También lesiona el ordenamiento jurídico y el derecho humano de la Libertad de Expresión.
Los costarricenses la defendemos sin intereses ocultos, lo único que interesa es generar cambios en esta sociedad. Estamos convencidos que la única forma de hacerlo es apegándonos a la verdad y es nuestro deber ciudadano de denunciar cualquier anomalía que nos encontremos en el camino.





Finalmente, y luego de un largo camino, la semana recién pasada, el Congreso aprobó en primer debate la reforma a la polémica Ley de Delitos Informáticos o “Ley mordaza”, como es conocida por todos los y las costarricenses.
El nuevo texto, consensuado por los medios de comunicación, Colegio de Periodistas, diputados y el Gobierno, reprime la ley original pero con las penas de prisión más bajas por la publicación, difusión o transmisión de información de interés público, documentos públicos, datos contenidos en registros y base de datos públicos.
Según las informaciones, sí se castigará “de uno a tres años a quien dé un tratamiento no autorizado a las imágenes, datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas, telemáticas, en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos”.
Además, quien suplante la identidad de una persona física, jurídica o de una marca comercial en cualquier red social, sitio de internet, medio electrónico o tecnológico de información tendrá una sanción de prisión.
Los diputados también aprobaron una sanción de cárcel para la revelación de Secretos de Estado relativos a la seguridad interna o externa del país, la defensa de la soberanía o las relaciones exteriores. Pero lo más importante es que se elimina el concepto de secreto político que se creó distorsionando incluso lo estipulado en la Constitución Política en esta materia.
Hasta aquí todo parece indicar que se acaba con este proyecto, pero queda ahora el reto de impulsar una ley de prensa, la cual está siendo pedida por los mismos medios de comunicación desde hace más de 10 años y la cual lastimosamente no ha encontrado oído en las distintas administraciones que han estado en el poder durante este período.





Como es conocidos por todos los costarricenses, el martes recién pasado podría haber sido el último día que los diputados vieran en la agenda del Plenario la reforma a la Ley de Delitos Informáticos, mejor conocida como “Ley Mordaza”, pues se esperaba que se le diera el segundo debate y por ende, su definitiva salida de la Asamblea Legislativa.
Para las cuatro de la tarde estaba programada la votación, pero no fue sino hasta pasadas las cinco que la presidenta del Congreso emitió la autorización para que se realizara la publicación, ya que debía haberse publicado con anterioridad porque es obligatorio para las votaciones en el congreso debido a que si no se realiza estaría violando el principio de publicidad de todo proyecto de ley.
Según declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, el lunes los asesores se dieron cuenta de la falta y por ello decidieron detener su votación para “blindarlo”.
No obstante, para la gerente general del Grupo Extra, Lary Gómez, este suceso fue simplemente un nuevo atraso, señalándolo como un pretexto dado en el último día cuando la reforma podría haberse convertido en ley.
“Se acordó con Casa Presidencial mandar un solo texto desde enero, el cual fue recibido aquí en la Asamblea y desde entonces y hasta la fecha, ¡me van a decir que no tuvieron tiempo para haberlo mandado expedito también!, como mandó doña Laura la ley a publicar en el alcance digital en noviembre. Sí hubo tiempo para publicarlo”, expresó la Gerente General.
Ahora se espera que sea votado en segundo debate el próximo martes; y es que aunque la cobertura periodística constituye una de las pocas sanciones eficaces contra el comportamiento delictivo, la realidad actual indica que si bien los reporteros, en general, se han vuelto sumamente hábiles en poner al descubierto actos delictivos, no pueden contar con que se investiguen, enjuicien y castiguen todos aquellos a quienes denuncian, convirtiéndose entonces ellos en el blanco de amenazas, falsas acusaciones y en algunos casos hasta de agresiones.
Por ello en varios países los periodistas han tomado medidas para remediar las deficiencias, con la asistencia y el apoyo particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han servido de foro independiente para los periodistas que no han podido obtener justicia en sus propios países.





Según publicó entonces el luchador incansable y creador del medio de mayor circulación de este país, William Gómez V. (qdDg), el asunto es simple: “Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre”, como decía el refrán de nuestros antepasados para dar a entender que los extremos son malos, refiriéndose a la “Ley Mordaza”.
Según apuntó, la normativa buscaba poner en cintura el irrespeto, la burla soez y tantas infamias que se publican en los ahora llamados medios alternativos informáticos, con el agravante que para ellos entonces no existía ningún tipo de legislación que permitiera recurrir ante los tribunales para limpiar el nombre y que la justicia castigara a quien lo manchó por esos medios tan anónimos y cobardes.
“Entonces, su me preguntan si estoy de acuerdo con esta ley contra los delitos informáticos tendría que decir que sí, pero con salvedades claras de a quién se le puede aplicar y a quién no, reformando donde entra en contradicciones y coarta aún más la libertad de expresión, amenazándola con penas de cárcel.
Las normativas que rigen la libertad de expresión por los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa escrita y televisión, no pueden estar sujetas a la nueva ley de informática sino que deben redactarse de una manera en que quede claramente establecido en qué casos puede utilizarse una ley de prensa y en cuáles la ley sobre delitos informáticos.
Lo anterior porque no es posible que un trabajo realizado por profesionales pagados por una empresa que cumple con todas las leyes de la República, como un periódico reconocido, un telenoticiero o radionoticiero, esté expuesto a una sanción de cárcel por lo que comenten uno o varios individuos sin instrucción alguna sobre comunicación más que la herramienta que le proporciona la informática para saciar parte de su mentalidad de delincuentes, tan cobardes como ante esta situación anónimos.
También existen las grandes cantidades de material ofensivo que algunos de estos individuos o grupos prefieren en sus “páginas web” u otros sitios que tengan a su alcance para desprestigiar las marcas de quien les paga por hacerlas.
Inventan historias y hasta dramas sin que nadie pueda proceder legalmente contra ellos, en cambio ellos si pueden hasta quebrar una empresa y dejar a cientos o miles de ticos sin trabajo, sin que la justicia tenga los instrumentos necesarios para castigarlos. Ante esta situación, lo lógico es hacerle las reformas necesarias a la ley de informática aclarando en qué casos procede u en cuales no, contra la “prensa formal”.
Más claro no se puede, evitar textos que se puedan interpretar de forma incorrecta, redactados de forma clara y contundente es necesario, además de voluntad para resolver un asunto que lleva meses buscando una salida satisfactoria para todos, sin que se coarte la libertad de expresión. Esperemos que de verdad no salte alguna nueva sorpresa y finalmente sea votada en segunda convocatoria la próxima semana para continuar avanzando en beneficio de este noble pueblo.