En su larga historia, no es la primera vez que YPF se enfrenta a una política energética volátil y altamente condicionada por la coyuntura macroeconómica, en particular, bajo un gobierno peronista. De hecho, durante los tres períodos de gobiernos peronistas más extensos –Perón en los 40-50, Menem en los 90 y los Kirchner en los años recientes– el proyecto para YPF sufrió cambios significativos, siempre impulsados por condicionamientos macroeconómicos.
Primer peronismoEn el caso de Perón (su primera y segunda presidencias), los primeros años permitieron la consolidación de un modelo basado en la nacionalización de los yacimientos y el monopolio estatal concentrado en YPF, cuya expresión máxima fue la inclusión en el artículo 40 de la Constitución reformada en 1949 de la “propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación” de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía. En esos primeros años, bajo la conducción del ingeniero Julio Canessa, que llegó a ocupar simultáneamente las presidencias de YPF y de Gas del Estado, la petrolera estatal intentó incluso desplazar definitivamente a sus competidores privados (la Shell y la Esso) para alcanzar el monopolio absoluto de la industria de los hidrocarburos.
A fines de 1947, Canessa había elaborado un plan de nacionalización y todo estaba listo para que Perón lo anunciara en el discurso del “Día del petróleo”, el 13 de diciembre. El esperado discurso de Perón, sin embargo, no incluyó referencia alguna a la nacionalización de las empresas extranjeras, hecho que desató una oleada de especulaciones en torno a las presiones de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra para evitar la apropiación de sus compañías.
Lo cierto es que la Shell y la Esso no sólo no fueron expropiadas y nacionalizadas, sino que algunos años después fueron convocadas por el propio Perón, junto a otras importantes empresas petroleras internacionales, para organizar un desembarco masivo de inversiones externas en el sector.
YPF no había podido responder al desafío de acompañar la creciente demanda energética de la expansiva economía peronista. Sus ingresos eran erosionados por una política de precios bajos en un marco de fuerte inflación, y los gastos salariales, impulsados por las mejoras y beneficios para los trabajadores sindicalizados, saltaron del 16% al 40% del total de ingresos entre 1943 y 1948, limitando la disponibilidad de fondos para inversión.
La gestión operativa de la empresa se debilitó con la decisión del primer presidente peronista de YPF, el general entrerriano Ramón Albariño, de expulsar a más de 300 empleados (incluyendo al grueso de la cúpula gerencial histórica de la organización), y de darle un creciente poder al sindicato (el histórico Sindicato Único de Petroleros del Estados, SUPE), en el manejo de la empresa. A esto se sumaban las dificultades para acceder a partidas presupuestarias y a las divisas necesarias para importar el equipamiento y los insumos requeridos por el programa de inversiones de la empresa.
Pese a los esfuerzos por aumentar la producción, YPF no pudo acompañar el fuerte incremento del consumo de petróleo y derivados. Las importaciones petroleras saltaron de menos de 200.000 metros cúbicos en 1946 a casi 2.000.000 de metros cúbicos en 1950, impactando significativamente en las cuentas externas de la economía argentina.
YPF fue subsumida en una organización estatal mayor (Empresas Nacionales de Energía, ENDE), y su capacidad de respuesta frente a los desafíos de la demanda de energía se debilitó aun más.
En 1953, las importaciones de combustibles ya explicaban el 23% del total de importaciones argentinas. Frente a ese escenario, acosado por la recesión y la falta de divisas, Perón dispuso un giro de la política económica, impulsando el ingreso de inversiones externas. En la industria petrolera, YPF fue dejada de lado, y las principales empresas multinacionales del sector fueron convocadas para explorar y desarrollar el sector, bajo la premisa de que traerían los dólares necesarios para hacerlo. En mayo de 1955, Perón aprobó el primer contrato con una filial de la Standard Oil de California (la actual Chevron), que otorgaba derechos de exploración por 40 años en un área inicial de casi 50.000 kilómetros cuadrados en Santa Cruz.
El contrato, que sería el único en firmarse y nunca llegaría a implementarse por la caída del gobierno peronista en septiembre de 1955, fue resistido por YPF, y rechazado no solo por toda la oposición a Perón, sino también por importantes referentes peronistas, como John Willliam Cooke y el propio Canessa, quien años después lo caracterizó como “uno de los más humillantes contratos que la historia del petróleo contemporáneo conoce” .
Perón, que había iniciado su gestión con un claro discurso a favor de YPF y del monopolio estatal, se fue del gobierno defendiendo el ingreso masivo de empresas extranjeras para impulsar el crecimiento de la industria petrolera argentina
Primer peronismoEn el caso de Perón (su primera y segunda presidencias), los primeros años permitieron la consolidación de un modelo basado en la nacionalización de los yacimientos y el monopolio estatal concentrado en YPF, cuya expresión máxima fue la inclusión en el artículo 40 de la Constitución reformada en 1949 de la “propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación” de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía. En esos primeros años, bajo la conducción del ingeniero Julio Canessa, que llegó a ocupar simultáneamente las presidencias de YPF y de Gas del Estado, la petrolera estatal intentó incluso desplazar definitivamente a sus competidores privados (la Shell y la Esso) para alcanzar el monopolio absoluto de la industria de los hidrocarburos.
A fines de 1947, Canessa había elaborado un plan de nacionalización y todo estaba listo para que Perón lo anunciara en el discurso del “Día del petróleo”, el 13 de diciembre. El esperado discurso de Perón, sin embargo, no incluyó referencia alguna a la nacionalización de las empresas extranjeras, hecho que desató una oleada de especulaciones en torno a las presiones de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra para evitar la apropiación de sus compañías.
Lo cierto es que la Shell y la Esso no sólo no fueron expropiadas y nacionalizadas, sino que algunos años después fueron convocadas por el propio Perón, junto a otras importantes empresas petroleras internacionales, para organizar un desembarco masivo de inversiones externas en el sector.
YPF no había podido responder al desafío de acompañar la creciente demanda energética de la expansiva economía peronista. Sus ingresos eran erosionados por una política de precios bajos en un marco de fuerte inflación, y los gastos salariales, impulsados por las mejoras y beneficios para los trabajadores sindicalizados, saltaron del 16% al 40% del total de ingresos entre 1943 y 1948, limitando la disponibilidad de fondos para inversión.
La gestión operativa de la empresa se debilitó con la decisión del primer presidente peronista de YPF, el general entrerriano Ramón Albariño, de expulsar a más de 300 empleados (incluyendo al grueso de la cúpula gerencial histórica de la organización), y de darle un creciente poder al sindicato (el histórico Sindicato Único de Petroleros del Estados, SUPE), en el manejo de la empresa. A esto se sumaban las dificultades para acceder a partidas presupuestarias y a las divisas necesarias para importar el equipamiento y los insumos requeridos por el programa de inversiones de la empresa.
Pese a los esfuerzos por aumentar la producción, YPF no pudo acompañar el fuerte incremento del consumo de petróleo y derivados. Las importaciones petroleras saltaron de menos de 200.000 metros cúbicos en 1946 a casi 2.000.000 de metros cúbicos en 1950, impactando significativamente en las cuentas externas de la economía argentina.
YPF fue subsumida en una organización estatal mayor (Empresas Nacionales de Energía, ENDE), y su capacidad de respuesta frente a los desafíos de la demanda de energía se debilitó aun más.
En 1953, las importaciones de combustibles ya explicaban el 23% del total de importaciones argentinas. Frente a ese escenario, acosado por la recesión y la falta de divisas, Perón dispuso un giro de la política económica, impulsando el ingreso de inversiones externas. En la industria petrolera, YPF fue dejada de lado, y las principales empresas multinacionales del sector fueron convocadas para explorar y desarrollar el sector, bajo la premisa de que traerían los dólares necesarios para hacerlo. En mayo de 1955, Perón aprobó el primer contrato con una filial de la Standard Oil de California (la actual Chevron), que otorgaba derechos de exploración por 40 años en un área inicial de casi 50.000 kilómetros cuadrados en Santa Cruz.
El contrato, que sería el único en firmarse y nunca llegaría a implementarse por la caída del gobierno peronista en septiembre de 1955, fue resistido por YPF, y rechazado no solo por toda la oposición a Perón, sino también por importantes referentes peronistas, como John Willliam Cooke y el propio Canessa, quien años después lo caracterizó como “uno de los más humillantes contratos que la historia del petróleo contemporáneo conoce” .
Perón, que había iniciado su gestión con un claro discurso a favor de YPF y del monopolio estatal, se fue del gobierno defendiendo el ingreso masivo de empresas extranjeras para impulsar el crecimiento de la industria petrolera argentina