Los 90
]Casi cincuenta años después, un nuevo gobierno peronista, bajo el liderazgo de Carlos Menem, llevó adelante un proceso de privatización, desregulación y apertura de la economía que incluyó a la energía y la industria de los hidrocarburos, y que se mantuvo a lo largo de toda una década.
El proyecto para YPF, sin embargo, sufrió un giro significativo durante la gestión menemista, con consecuencias que se arrastran hasta la actualidad.
Si bien en los primeros años menemistas YPF debió desprenderse de áreas petroleras y otros activos, su privatización no estaba prevista en el marco legal sancionado a mediados de 1989,
cuando Menem inició su mandato condicionado por la fuerte inestabilidad macroeconómica.
En 1990, el Ejecutivo dispuso la transformación de la empresa en una sociedad anónima, e inició un proceso de reestructuración comandado por el ingeniero José Estenssoro.
A fines de 1992, en un contexto macroeconómico de estabilidad que permitía mayor flexibilidad en el diseño del esquema de privatización (ya no se imponía la urgencia de eliminar el déficit fiscal y conseguir divisas para el Banco Central), el Congreso sancionó la Ley 24.145 de “Federalización de los Hidrocarburos y Privatización de YPF”. A diferencia de otros procesos privatizadores previos, en el caso de YPF se dispuso una distribución atomizada de las acciones, evitando el control por parte de otra compañía petrolera, local o extranjera. El Estado Nacional mantuvo el 20% de las acciones, límite mínimo fijado por ley, con poderes de veto especiales para cualquier operación de toma de control; las provincias petroleras recibieron una cantidad considerable de acciones y mantuvieron un 11%. Los empleados recibieron el 10% de las acciones, y el resto fue vendido en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
El equipo de conducción liderado por Estenssoro mantuvo el control de la empresa, y la embarcó en un proceso de expansión regional e internacional. Como accionistas principales, el Estado Nacional y las Provincias mantenían presencia en el Directorio de la empresa (el representante del Estado Nacional fue durante varios años el ex presidente Ítalo Luder, mientras que por las provincias revistaba como director el actual secretario de Energía, Daniel Cameron).
En la segunda mitad de los 90, la política menemista para YPF cambió, condicionada por los shocks macroeconómicos que sufrió la economía argentina. La inesperada muerte en un accidente de aviación de Estenssoro, quien tenía trato directo con el presidente Menem, jugó seguramente un rol en la dinámica de estos cambios.
La primera amenaza sobre el esquema de convertibilidad, el eje de toda la política económica de la gestión menemista, fue la crisis del llamado “efecto Tequila” de 1994/1995. Si bien la economía pudo recuperarse, y Menem fue reelegido para una segunda presidencia, una nueva ley del Congreso sancionada al calor de los temores del Tequila autorizó al Ejecutivo a reducir del 20% a sólo una acción el límite mínimo de participación del Estado en YPF.
Las valiosas acciones estatales de YPF fueron puestas a disposición de los fondos fiduciarios que se crearon para respaldar la solvencia de las entidades financieras, amenazadas por la crisis global.
El Tequila quedó atrás y las acciones del Estado Nacional no fueron vendidas. Entretanto, los empleados vendieron su 10% y la mayoría de las provincias hizo lo propio, aumentando la participación privada en la empresa.
En la medida en que las acciones privadas estaban atomizadas, y el Estado mantenía el 20%, las decisiones estratégicas de la empresa seguían tomándose en su histórica sede de Diagonal Norte 777, en el centro de Buenos Aires. Su política de distribución de dividendos se asemejaba a la que rige a empresas similares que cotizan en Bolsa, con montos en torno a los US$ 300 millones anuales.
La autorización legal para vender las acciones del Estado Nacional en YPF se mantuvo, y fue aprovechada por el presidente Menem en el último año de su mandato, 1999, como respuesta a una nueva amenaza macroeconómica: la crisis asiática y la devaluación de Brasil, que sometió a la economía argentina a un ajuste recesivo que finalmente llevaría al estallido del 2001.
Frente a los evidentes desvíos en el programa fiscal financiero acordado con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades económicas echaron mano a las acciones de YPF para obtener recursos de corto plazo. Para maximizar los ingresos del fisco, se desechó el modelo de venta atomizada de acciones aplicado en la privatización original, y se decidió la venta en bloque con la autorización estatal para la toma de control de la empresa, lo que permitió el desembarco de la española Repsol, una empresa de tamaño similar a YPF que, con la venia del presidente Menem y mediante un fuerte endeudamiento, se quedó con prácticamente el 100% de las acciones.
El management de YPF cambió; el centro de decisiones estratégicas de la empresa se mudó de Buenos Aires a Madrid; la política de inversiones en Argentina quedó condicionada a las decisiones globales de inversión del grupo Repsol, y la política de distribución de dividendos se volvió fuertemente agresiva, involucrando millonarios flujos de fondos desde Argentina a España (casi US$ 1.500 millones anuales en 2001 y 2005), imprescindibles para que Repsol repagara las deudas contraídas para comprar YPF.[/color]
]Casi cincuenta años después, un nuevo gobierno peronista, bajo el liderazgo de Carlos Menem, llevó adelante un proceso de privatización, desregulación y apertura de la economía que incluyó a la energía y la industria de los hidrocarburos, y que se mantuvo a lo largo de toda una década.
El proyecto para YPF, sin embargo, sufrió un giro significativo durante la gestión menemista, con consecuencias que se arrastran hasta la actualidad.
Si bien en los primeros años menemistas YPF debió desprenderse de áreas petroleras y otros activos, su privatización no estaba prevista en el marco legal sancionado a mediados de 1989,
cuando Menem inició su mandato condicionado por la fuerte inestabilidad macroeconómica.
En 1990, el Ejecutivo dispuso la transformación de la empresa en una sociedad anónima, e inició un proceso de reestructuración comandado por el ingeniero José Estenssoro.
A fines de 1992, en un contexto macroeconómico de estabilidad que permitía mayor flexibilidad en el diseño del esquema de privatización (ya no se imponía la urgencia de eliminar el déficit fiscal y conseguir divisas para el Banco Central), el Congreso sancionó la Ley 24.145 de “Federalización de los Hidrocarburos y Privatización de YPF”. A diferencia de otros procesos privatizadores previos, en el caso de YPF se dispuso una distribución atomizada de las acciones, evitando el control por parte de otra compañía petrolera, local o extranjera. El Estado Nacional mantuvo el 20% de las acciones, límite mínimo fijado por ley, con poderes de veto especiales para cualquier operación de toma de control; las provincias petroleras recibieron una cantidad considerable de acciones y mantuvieron un 11%. Los empleados recibieron el 10% de las acciones, y el resto fue vendido en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
El equipo de conducción liderado por Estenssoro mantuvo el control de la empresa, y la embarcó en un proceso de expansión regional e internacional. Como accionistas principales, el Estado Nacional y las Provincias mantenían presencia en el Directorio de la empresa (el representante del Estado Nacional fue durante varios años el ex presidente Ítalo Luder, mientras que por las provincias revistaba como director el actual secretario de Energía, Daniel Cameron).
En la segunda mitad de los 90, la política menemista para YPF cambió, condicionada por los shocks macroeconómicos que sufrió la economía argentina. La inesperada muerte en un accidente de aviación de Estenssoro, quien tenía trato directo con el presidente Menem, jugó seguramente un rol en la dinámica de estos cambios.
La primera amenaza sobre el esquema de convertibilidad, el eje de toda la política económica de la gestión menemista, fue la crisis del llamado “efecto Tequila” de 1994/1995. Si bien la economía pudo recuperarse, y Menem fue reelegido para una segunda presidencia, una nueva ley del Congreso sancionada al calor de los temores del Tequila autorizó al Ejecutivo a reducir del 20% a sólo una acción el límite mínimo de participación del Estado en YPF.
Las valiosas acciones estatales de YPF fueron puestas a disposición de los fondos fiduciarios que se crearon para respaldar la solvencia de las entidades financieras, amenazadas por la crisis global.
El Tequila quedó atrás y las acciones del Estado Nacional no fueron vendidas. Entretanto, los empleados vendieron su 10% y la mayoría de las provincias hizo lo propio, aumentando la participación privada en la empresa.
En la medida en que las acciones privadas estaban atomizadas, y el Estado mantenía el 20%, las decisiones estratégicas de la empresa seguían tomándose en su histórica sede de Diagonal Norte 777, en el centro de Buenos Aires. Su política de distribución de dividendos se asemejaba a la que rige a empresas similares que cotizan en Bolsa, con montos en torno a los US$ 300 millones anuales.
La autorización legal para vender las acciones del Estado Nacional en YPF se mantuvo, y fue aprovechada por el presidente Menem en el último año de su mandato, 1999, como respuesta a una nueva amenaza macroeconómica: la crisis asiática y la devaluación de Brasil, que sometió a la economía argentina a un ajuste recesivo que finalmente llevaría al estallido del 2001.
Frente a los evidentes desvíos en el programa fiscal financiero acordado con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades económicas echaron mano a las acciones de YPF para obtener recursos de corto plazo. Para maximizar los ingresos del fisco, se desechó el modelo de venta atomizada de acciones aplicado en la privatización original, y se decidió la venta en bloque con la autorización estatal para la toma de control de la empresa, lo que permitió el desembarco de la española Repsol, una empresa de tamaño similar a YPF que, con la venia del presidente Menem y mediante un fuerte endeudamiento, se quedó con prácticamente el 100% de las acciones.
El management de YPF cambió; el centro de decisiones estratégicas de la empresa se mudó de Buenos Aires a Madrid; la política de inversiones en Argentina quedó condicionada a las decisiones globales de inversión del grupo Repsol, y la política de distribución de dividendos se volvió fuertemente agresiva, involucrando millonarios flujos de fondos desde Argentina a España (casi US$ 1.500 millones anuales en 2001 y 2005), imprescindibles para que Repsol repagara las deudas contraídas para comprar YPF.[/color]