Muertes en argentina sin resolver (parte 2)

El país vivía tiempos difíciles. Era una época de violencia cotidiana. Las noticias abundaban en episodios relacionados con la muerte. Sin embargo, atrás había quedado la "primavera camporista", gobernaba en forma interina Raúl Lastiri y Juan Domingo Perón había obtenido un contundente triunfo -más del 61% de los votos- al ser elegido presidente por tercera vez en la historia el 23 de septiembre de 1973.

La mayoría de los argentinos pensó en ese momento que la llegada de Perón al poder real traería un poco de paz. Que podría poder freno a la cada vez mayor disputa en el seno de su movimiento entre los radicalizados sectores juveniles, que confluían en Montoneros, y la derecha, identificada con los gremios y el partido. No fue así. Apenas 48 días después de los comicios, un grupo comando asesinó al por entonces secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, una pieza clave en el armado político del General.

Al principio, muchos no creyeron, o no quisieron creer, que el crimen había sido perpetrado por Montoneros, que mantenía una disputa con Rucci por lo ocurrido en Ezeiza el 20 de junio de 1973, cuando se produjo el regreso definitivo de Perón a la Argentina. En ese sentido, los diarios de la época (que no salieron al día siguiente, el 26 de septiembre, por un paro convocado por la CGT en repudio al asesinato) reflejaron la conmoción producida y dan cuenta el día 27 de la posible autoría del Ejército Revolucionario del Pueblo.



El ERP, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, había sido declarado ilegal horas antes del hecho. Esto fue leído por algunos como un posible "pase de facturas" de esa guerrilla contra Perón. Las sospechas fueron deslizadas por el propio jefe de la Policía Federal, Miguel Iñiguez.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que todas las miradas se posaran en Montoneros. Numerosos testimonios, incluso la investigación judicial, dan cuenta de que un comando de la guerrilla peronista fue el ejecutor de Rucci. Pero ¿por qué lo mataron?

"Fue un atentado político, para convencer a Perón de que le convenía tenerlos en cuenta en el reparto del poder. Montoneros veía -con razón- que Perón los estaba dejando afuera de ese reparto, que ya no constituía para el la "juventud maravillosa" de otros tiempos", afirmó a Infobae el periodista e investigador Ceferino Reato.

"Creían que Perón reaccionaba frente a las cambiantes relaciones de fuerza y que si lo apretaban, el General volvería a cobijarlos. Tiene que ver con el clima de la época, donde una muerte o una bomba tenían un sentido político", agregó Reato, autor de "Operación Traviata" (Sudamericana), un libro que brinda una descripción detallada del crimen y demuestra la autoría de Montoneros.



La muerte de Rucci significó un antes y un después. Si bien ya se habían producido otros crímenes políticos, lo del secretario general de la CGT marcó un quiebre. El propio Perón se mostró muy conmovido y dijo "me mataron un hijo". Luego, y al participar de las exequias de su alfil gremial, sostuvo "me cortaron las patas".


Los autores del crimen

Claudia Rucci, hija del ex líder gremial y actual diputada nacional, recordó que "la gente quedó muy impresionada" con lo ocurrido con su padre y tampoco tuvo dudas sobre quiénes fueron los autores del ataque. "Muchos se hicieron cargo en libros, videos, diarios, reconocen haberse hecho cargo, explican los motivos, hablan de un error político, dan detalles", afirmó sobre Montoneros en diálogo con Infobae.

Pese a los numerosos testimonios y a la investigación judicial, los integrantes de la conducción de Montoneros que sobrevivieron -entre ellos Mario Firmenich y Roberto Perdía- siguen negando que haya existido una "orden" de ellos para proceder contra Rucci.

"Cada vez que avanzamos en el diálogo con sectores sindicales, para evitar un enfrentamiento abierto, de un lado o del otro se producían problemas. Los servicios de inteligencia, el propio interés de los EEUU y el poder económico actuaban para romper aquello. No descarto que puede haber algo de aquello", señaló Perdía a Infobae sobre el crimen.

Por su parte, Reato sostiene que los dirigentes montoneros "lo niegan en forma pública", ya que "por un lado, consideran que fue un error político tremendo y no quieren reconocerlo; por el otro, temen que sean citados a declarar en la Justicia y que eventualmente puedan ser procesados, en especial si el kirchnerismo sigue debilitándose políticamente".

En la misma línea se expresó Claudia Rucci: "Lo siguen negando por cobardes, lo niegan ahora porque sienten que la posibilidad de hacer Justicia está más cerca, llegaron a decir 'le tiramos un muerto a Perón'".



¿Crimen de lesa humanidad?

La Justicia no consideró crímenes de lesa humanidad a los ataques perpetrados por integrantes de organizaciones guerrilleras. Pese a esto, Claudia Rucci está convencida de que para asesinar a su padre "se usaron recursos del Estado".

"Montoneros tenía funcionarios a nivel Provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional para llevar a cabo el asesinato. Estamos convencidos que es un crimen de lesa humanidad", precisó la legisladora sobre esto.

En su libro, Reato citó el testimonio de un integrante de Montoneros que facilitó su departamento, ubicado a pocas cuadras del domicilio donde Rucci fue acribillado. El inmueble, del barrio de Flores, sirvió de centro de operaciones del Operativo Traviata, llamado así por una famosa publicidad de la época, que hablaba de la "galletita de los 23 agujeritos". Cruel ironía para anticipar los balazos que terminaron con la vida del secretario de la CGT.

La hija de Rucci cree que el informante del texto fue Ernesto Jauretche, por entonces funcionario de la gobernación bonaerense, que estaba en manos de Oscar Bidegain, cercano a la "Tendencia".

"Jauretche era secretario de Asuntos Agrarios con Bidegain. El tenía un departamento que creemos fue usado como centro de operaciones cuando se va a La Plata. Era consciente de la operación y era funcionario", precisó Claudia Rucci.

En tanto, Perdía sostuvo que "no hay delito de lesa humanidad ni nada que se le parezca".

"No había una acción estatal ni mucho menos. De todas maneras eso está sujeto a la correlación de fuerzas internas y estoy seguro que hay sectores que tienen voluntad de continuarlo. Todo ello sin negar ni la responsabilidad que tuvo Rucci en Ezeiza ni nuestros enfrentamientos con Rucci. Sin embargo, no hubo ninguna decisión ni promoción del mismo", completó el ex número 2 de Montoneros.



¿Viven los ejecutores?

Para Claudia Rucci, "una operación de estas características no involucraba a dos o tres personas, pueden ser hasta 40 personas". Y agregó: "No creo que estén todos muertos".

Sobre esto, Reato explicó: "Hubo un grupo que lo mató, pero también grupos que hicieron Inteligencia, grupos de Sanidad, grupos de apoyo logístico y grupos de contención por si aparecían móviles policiales a los que había que neutralizar".

"Muchos miembros de esos grupos secundarios no sabían para qué operación estaban colaborando. Había una coordinación necesaria entre esos grupos. Hay participantes y ejecutores que están vivos", concluyó.









El domingo 26 de noviembre de 2006, Nora fue encontrada asesinada por un vecino: estaba desnuda y ahorcada en su chalé de barrio Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, 220 kilómetros al sur de Córdoba capital. En ese mismo momento su esposo, Marcelo Macarrón (57), se coronaba ganador de un torneo de golf en Punta del Este (Uruguay).

La habían matado unas treinta y seis horas antes, en la madrugada del sábado 25 de noviembre. Antes había ido a cenar con seis amigas en un restobar del centro de Río Cuarto. Cuando la encontraron, aún tenía el cinto de una bata anudado en su cuello.
El fiscal nunca pudo encontrar ni al asesino ni el motivo por el cual eliminó a Nora Dalmasso. “Si yo tuviera una motivación, podría confrontar elementos. Hoy no la tenemos, pero la investigación fue sumamente importante. Se investigó todo lo que se pudo investigar”, aseguró Di Santo.

El hermano de la víctima, Juan Dalmasso, el único familiar que va periódicamente a Tribunales a tratar de encontrar alguna novedad, todavía tiene la utópica esperanza de que “alguien se quiebre porque le pesa la conciencia y diga la verdad”, según dice. “Necesito saber por qué mataron a mi hermana”.

La otra persona que había prometido impulsar la investigación es Facundo MMacarró, el hijo mayor de la mujer, quien llegó a estar imputado por el presunto abuso sexual y homicidio de su mamá. Hoy vive en Buenos Aires, trabaja en un estudio de abogados y aún no se constituyó como querellante en el expediente.

Fue el 11 de octubre de 2012, cuando Facundo Macarrón fue sobreseído definitivamente del crimen de su madre por el juez de Control Daniel Muñoz.

En marzo de 2011 ya había sido desvinculado definitivamente de la causa el otro imputado que hubo, el pintor Gastón Zárate, quien estuvo preso 24 horas. La acusación en su contra era tan descabellada que sus vecinos marcharon reclamando su libertad, acusando a la Justicia y a la Policía de “haber metido preso a un perejil”.

Antes de eso, a horas del crimen de Nora, en los círculos de la clase alta riocuartense había empezado a correr el rumor de que la mujer había muerto en un juego sexual con un amante, aprovechando que su marido estaba en el Uruguay.

Rafael Magnasco –el hombre señalado por los chismes, un funcionario menor del Ministerio de Seguridad local– se presentó entonces ante el fiscal Di Santo y se ofreció voluntariamente a que le sacaran sangre para comparar su ADN con los restos hallados en la escena del crimen. Dio negativo, lo sobreseyeron y la hipótesis del amante se derrumbó.

Tres semanas después del crimen, el fiscal General Gustavo Vidal Lascano sumó dos fiscales más al caso. Y en febrero de 2007, a dos meses y medio del asesinato, la investigación viró hacia la hipótesis de un asesinato cometido por los obreros que trabajaban en la casona.

Así, sin pruebas, fue detenido el pintor Zárate. Lo había señalado un testigo deficiente mental, que había sufrido apremios policiales. También era inocente.

En septiembre de 2012, el fiscal Di Santo confirmó que en las sábanas, en el cinto de la bata con la que ahorcaron a Nora y en el cuerpo de la mujer había presencia genética de Marcelo Macarrón. Pero el viudo justificó que hubiera rastros genéticos suyos en la escena del crimen diciendo que había tenido relaciones con su esposa tres días antes de que fuera asesinada. Según testigos, la noche del homicidio estaba fuera del país y no se pudo comprobar lo contrario.

Luego apareció la insólita hipótesis que vinculaba a su hijo con el crimen. También se deshechó.

Con el asesinato rumbo a la impunidad definitiva, la realidad es que por el caso sólo hubo un condenado: el periodista Hernán Vaca Narvaja, dueño de la revista El Sur, que fue sentenciado en 2013 a pagarles al viudo y a los hijos de Nora $ 515.138 por cómo cubrió periodísticamente la investigación.







En julio de 2012, la comunidad del barrio San Carlos, en la zona sur de la ciudad de Salta, Argentina, se conmocionó con el hallazgo de los cuerpos sin vida de Yanina Nüesch, de 16 años, y Luján Peñalva, de 19 años, las dos jovencitas habían desaparecido poco antes y fueron encontradas el lunes 16 de Julio de 2012, ahorcadas de una misma cuerda atada de un árbol, junto al cauce del canal conocido como Río Ancho, cerca del barrio San Carlos y distante a 1,5 kilometro de la ruta hacia Cerrillos.

Pese a que la autopsia confirmó que las jóvenes no sufrieron abuso sexual y que el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio por asfixia a raíz de un ahorcamiento, atribuibles a un suicidio, familiares de Lujan se resistieron a creer esa versión y denunciaron públicamente que todo se trataría de un homicidio encubierto por las autoridades y los medios.

Un primo de Luján, Facundo Singh Peñalva, señaló que era necesario “acabar con la fábula del suicidio que dio el gobernador”, (de Salta, Juan Manuel Urtubey), y denunciar a los medios sáltenos como cómplices del accionar de un gobierno, una policía y una Justicia corruptos. Los Peñalva creen que a Luján la mataron.

Por el contrario, la familia de Yanina, si creen en la teoría de un pacto suicida, especialmente después de haberse dado a conocer el contenido de uno de los últimos chats que Luján mantuvo con su novio, en donde aseguraba que se quería matar.

Recientemente, los padres de Lujan, Gustavo Adolfo Peñalva, y Sandra Aida Calderón, denunciaron al Juez de Instrucción Formal 3ª. Nominación, Pablo Farah, por considerar que el funcionario judicial “en razón del claro incumplimiento de los deberes de funcionario público judicial, abuso de autoridad, negación de justicia y parcialidad manifiesta en su accionar, con relación a la Causa Penal n° 91336/12 caratulada: MUERTE DUDOSA (de Yanina Nuesch y Luján Peñalva)”, según se consigna en la denuncia.

Humberto Vázquez, el abogado de la familia de Lujan, ha señalado que “todo el proceso desde un principio ha sido irregular, todo difiere completamente. Dijeron que los cuerpos los encontraron a las 19 horas cuando en realidad fue a las 16, lo que posibilitó que en esas horas pudiera armarse un circo mediático que culminó con la llegada del Gobernador, quien estaba en un festival en el norte y llego a dar esta conferencia de prensa que todavía no podemos determinar qué sentido tuvo”.