Adela Ramírez salió de noche de la cantina del Tío Quique, en un pueblo indígena del norte de Chiapas (México), en la que trabajaba como cocinera o acompañando a los hombres a beber, según le pidiera su jefe. Aquella noche era 12 de noviembre de 2004 y bajo una faja de colores chillones, propia de las indígenas choles, se escondía un embarazo de ocho meses del que iba a ser su segundo hijo.
En el camino a su casa, Adela, que entonces tenía 22 años, perdió su propia historia. Analfabeta, pobre e indígena acabó encarcelada. Un expediente judicial incompleto muestra cómo a lo largo de los siete años y medio que pasó presa la Justicia puso en su boca diferentes versiones de lo que aconteció aquel día en el que salió de la cantina y terminó condenada por matar a su hijo. Hace unas semanas, el pasado 27 de febrero, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, decidió concederle la libertad, junto a otras dos reclusas, al considerar que su detención había sido injusta y selló el final de su historia con una fotografía, hecha pública por el Gobierno, en la que se ve a Sabines con cara sonriente y a Adela agarrada a su carta de libertad.
El juez que la sentenció a 15 años de prisión consideró probado que mató a su hijo porque no quería tenerlo. Aunque en el expediente judicial consta que Adela no sabía leer, escribir o hablar español, durante la vista nunca se le asignó un traductor. Ella fue poniendo su huella dactilar en toda cuanta versión se le ofrecía, sin entender apenas una palabra. Tuvieron que pasar varios años antes de que aprendiera español dentro de la cárcel para que su historia dejara de ser la de los demás y así poder completar el relato de aquel día de noviembre, que durante años quedó colgado en el momento en el que dejó la cantina.
Esa noche Adela asegura que se cayó por las escaleras de su casa. Con el golpe se le adelantó el parto y el niño no sobrevivió. Ella, tal y como explica su abogada, dice que se desmayó y que no se despertó hasta llegar al hospital, por lo que no sabe si el bebé llegó a respirar. La sentencia sostiene que sí lo hizo y acusa a Adela de dejarlo morir.
El gobernador reconoció en un comunicado tras la liberación que "existen otros casos" de mujeres indígenas injustamente encarceladas. "Gracias a las reformas legales realizadas en Chiapas en los últimos cinco años podrán alcanzar su libertad", aseguró.
