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Se cumplieron 48 hrs de paro convocado por ADOSAC en el marco de la exigencia de oferta salarial y por la muerte de un docente al que la Caja de Servicios Sociales le negó.[ Así lo reflejaba un diario local:/i] EN CONFLICTO El segundo paro docente concluyó con masiva movilización en Pico Truncado Centenares de docentes de escuelas públicas de todas las localidades de la zona norte de Santa Cruz protagonizaron ayer una movilización por las calles de Pico Truncado, en la última jornada del segundo paro de actividades lanzado en toda la provincia por el gremio que los nuclea: ADOSAC. miércoles, 09 de marzo de 2016 Caleta Olivia (agencia) La marcha se inicio a media mañana en la Plaza San Martín y en principio se dirigió hasta la sede de la Caja de Servicios Sociales, donde se les entregó un petitorio a sus autoridades, reclamando la normalización de las prestaciones médico–asistenciales y la finalización de la intervención que ya lleva dos décadas. Esta instancia también adquirió un matiz de nostalgia y sentimientos de indignación ya que ADOSAC responsabiliza a ese organismo de no haber asistido convenientemente a José Bravo, el profesor de educación física que falleciera recientemente como consecuencia de una cruenta enfermedad. Por tal motivo, a la misma columna de manifestantes se sumaron familiares del docente, como así también afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de esa misma localidad, quienes desde hace varias semanas reclaman por la cesantía de varios trabajadores que se desempeñaban como auxiliares de la educación, es decir como porteros o personal de maestranza. PETITORIO A CONCEJALES Posteriormente, enarbolando pancartas, el numeroso grupo que también estuvo integrado por el principal dirigente a nivel provincial, Pedro Cormack, se dirigió hasta la sede del Concejo Deliberante, donde fueron recibidos por los cinco ediles del cuerpo. A los mismos se les hizo entrega de otra nota que previamente fue leída por la secretaria general de la filial Pico Truncado, Adriana Astolfo. Básicamente, se les requirió que intercedan en los reclamos de los educadores en lo que respecta tanto a cuestiones salariales como a infraestructura y obra social. Luego, en declaraciones a la prensa, Astolfo dijo que existía un profundo malestar contra las autoridades de la Caja de Servicios Sociales porque la misma dilató cobertura financiera para un trasplante de médula ósea que salvaría la vida de José Bravo. En ese punto indicó que los responsables de la Caja "nos trataron de mentirosos, tanto al gremio como a sus familiares," y nunca tuvo en cuenta que "la enfermedad que padecía no da segundas oportunidades" porque cuando se accedió al requerimiento "ya era tarde". La desconcentración se hizo en la plaza San Martin, donde previamente expusieron dirigentes del gremio que representan a Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, Jaramillo y Fitz Roy. (El Patagónico) http://www.eldiarionuevodia.com.ar/regional/info-general/2016/3/9/segundo-paro-docente-concluyo-masiva-movilizacion-pico-truncado-20981.html **** Aquí algunas fotos de la marcha en Pico Truncado, la norteña localidad de Santa Cruz

Pasantías: una panzada para los empresariosCristina, al descubiertoA través del decreto 1374, publicado el 19 de septiembre, el Ejecutivo nacional aprobó el régimen general de pasantías que regirá en todo el ámbito del nivel de educación secundaria del Sistema Educativo Nacional.El nuevo régimen tiene como único fin la utilización de 400 mil jóvenes como mano de obra gratuita. Los alumnos secundarios pasantes tendrán los mismos derechos que tiene un trabajador de la empresa donde realizan la pasantía, menos el salarial -¡un negoción! Este régimen se encuentra por detrás incluso del que rige hoy en la Ciudad de Buenos Aires, donde pasantes secundarios se encuentran cobrando alrededor de 800 pesos. Evidentemente, la participación en los debates sobre la reglamentación de las pasantías por parte de la UIA, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Asociación de Empresarios Argentinos -AEA- no fue en vano.Al servicio del capitalEl ministro de Educación, Alberto Sileoni, justificó la medida apelando a la necesidad de "enlazar educación y trabajo" (Clarín, 21/9). Pero en la mayoría de los casos -un antecedente notable son las pasantías universitarias- el trabajo de los pasantes nada tiene que ver con la orientación de las carreras que siguen los jóvenes. El régimen de pasantías ya se encuentra funcionando hace años en las escuelas técnicas -de donde salen jóvenes con mano de obra calificada a costo cero. Otro antecedente, que desenmascara a fondo el objetivo de las pasantías, lo tenemos en el convenio firmado entre la UTN y la Volkswagen (del cual participó la mismísima CFK) para utilizar a los estudiantes de la UTN como mano de obra barata para la automotriz, incluso otorgándole incumbencias a la empresa a la hora de rediseñar los planes de estudio de las carreras.Esto último es uno de los objetivos que persigue el Régimen de Pasantías para las unidades educativas, donde afirma que "Las instituciones y empresas, públicas o privadas donde se realicen las pasantías, podrán prestar su asesoramiento en la elaboración del Programa Anual de Pasantías de la jurisdicción o de cada unidad educativa" (Boletín Oficial, 19/9). Quiere decir que los planes de estudio, la orientación de las carreras, se irán amoldando cada vez más a los intereses del mercado.Ahora bien: es indiscutible la necesidad de que la educación esté estrechamente ligada a las necesidades productivas de un país. Pero en el régimen capitalista, a "las necesidades productivas" no las dictan las necesidades sociales, sino la rentabilidad capitalista. Incluso cuando ésta expresa más a fondo su tendencia parasitaria y antagónica a los intereses y aspiraciones de las grandes mayorías.El decreto se ocupa de dejar bien en claro que "El pasante deberá considerar información confidencial toda la que reciba o llegue a su conocimiento con motivo del desarrollo de su práctica en la organización (...)" (ídem). Es decir que se respeta el monopolio intelectual de los descubrimientos y/o desarrollos tecnológicos del cual se adueñan las patronales, en pos de defender su monopolio comercial.ConclusiónEl Régimen de pasantías aprobado por CFK está al servicio del lucro capitalista, a través de la superexplotación de los jóvenes. Por eso, la AEA manifestó "su más pleno apoyo a la decisión del gobierno nacional de impulsar las pasantías educativas" (Clarín, 21/9).CFK ha decidido darle a la burguesía nacional un nuevo espaldarazo para afrontar el aumento de los costos de producción -que se producen como consecuencia de la inflación. El espaldarazo consiste en que 400 mil adolescentes trabajarán en forma gratuita para el empresariado nacional -siempre y cuando, claro, que no encuentre la resistencia del movimiento estudiantil y sus organizaciones.Como se ve, de la mano del gobierno ‘nacional y popular', la educación se pone al servicio de la rentabilidad del capital.

Los cuatro diarios de Río Gallegos son oficialistas Contrariamente a la suposición que indicaría que a mayor cantidad de medios, mayor diversidad y democracia informativa, en la capital de Santa Cruz los cuatro diarios existentes dependen de la pauta oficial, lo que deriva en un importante ocultamiento de la información, falta de investigaciones periodísticas sobre acciones de Gobierno y la deleznable autocensura. Lo cuantitativo no hace a la calidad. Evidentemente, la diversidad informativa y editorialista de los medios gráficos santacruceños son un claro ejemplo de esta afirmación. Pues, a pesar de su poca cantidad de habitantes existen cuatro diarios de tirada local en esta capital. Hoy, todos ellos de corte oficialista, con poca o nada crítica al Gobierno provincial y mucho menos al nacional. Santa Cruz sigue estando presa de una metodología de censura que se rige por el dinero que el Gobierno otorga a los distintos medios gráficos en la denominada pauta oficial. La excesiva cantidad de medios para tan pocos habitantes no ha logrado, sin embargo, diversificar las editoriales ni la crítica de estos con el Gobierno provincial y nacional. Gran ejemplo de esto son los distintos temas que abordan dichos medios, la información es siempre la misma en materia política: declaraciones de funcionarios a meros debates mediáticos, sin profundizaciones que lleguen a preocupar o a contestar a los gobiernos. No hay investigaciones periodísticas, porque los temas de fondo están ocultos y si hay alguna dando vueltas, los preocupados empresarios que manejan estos medios desechan dicho trabajo o lo modifican de manera que se suavice. Esto deriva finalmente en la autocensura y ningún periodista puede luchar contra estos aparatos mediáticos apoyados por los gobiernos. La pauta oficial es una obligación de los gobiernos y no debe ser un favor político, ya que son los medios de comunicación de las pocas herramientas que tienen los pueblos para defenderse en plena democracia. La reivindicada Ley de medios, estandarte del Gobierno nacional y también muchas veces nombrada por el actual gobierno no se respeta en ningún aspecto en esta provincia. Los diarios santacruceños se han convertido en meros pasquines informativos y aquellos medios que buscan la crítica o una editorial algo mas profunda y definida son castigados con la negativa de la pauta oficial. La ley de medios es, como muchas otras leyes, solo una pantalla para que los gobernantes se regocijen en la falta de aplicación de la misma. (El Diario Nuevo Día) Fuente: http://www.eldiarionuevodia.com.ar/index.php/local/infogeneral/3090-los-cuatro-diarios-de-rio-Gallegos-son-oficialistas.html

Santa Cruz- El voto conservador de una provincia “en llamas” El 65 % de Cristina en Santa Cruz nos muestra el cuadro político de relativo aislamiento, en el que se desenvolvieron las gigantescas huelgas docente y petrolera. El desenlace negativo especialmente en el caso de la huelga docente, ha fortalecido además, las tendencias conservadoras en el electorado. El gobierno de Peralta ha logrado “contener” provisoriamente su propia crisis interna y esto es notable ya que el corte de boleta contra sus candidatos a diputados y senadores, no alcanza mas del 2 o 3 %. Otro dato es que Peralta ha logrado ganar las elecciones de ATE con una lista azul que le es adicta y normalizar APAP (otro gremio estatal) también con una dirigencia fiel. Santa Cruz está bajo la tremenda presión, de tener que seguir apoyando a la presidenta, por la continuidad de importantes obras y la promesa de otras como las represas, que podrían no realizarse de perder el kirchnerismo. Ahora, como el factor dinámico del proceso es la crisis mundial, todas estas expectativas se pueden “hacer humo”, mientras se siguen desarrollando las luchas de los desocupados y continúan los conflictos salariales. El Jefe de gabinete González señaló que el triunfo del oficialismo clausura los “conflictos acicateados por la oposición”. Sin embargo su aliado Eskenazi gritó “ganamos”…y aumentó la nafta otro 6 %, lo que preanuncia mas carestía y por ende mas reclamos de la clase trabajadora. La ilusión de González es vana y los efectos de su triunfo electoral muy precarios. En la clase obrera se está procesando una riquísima experiencia, que tiene centro en la lucha por la normalización del sindicato petrolero, se procesa en los debates de su cuerpo de delegados, así como en los congresos y asambleas de ADOSAC y en las asambleas de los movimientos de desocupados. Esta experiencia está directamente ligada a la importante votación del PO-Frente de Izquierda. Retroceso radical y desastre de la centroizquierda provincial El radicalismo que había ganado las elecciones de diputados nacionales de 2009, cayó ahora al 21 % y queda al menos cuestionada la campaña hacia la gobernación de Eduardo Costa, que sin duda ante el derrumbe de Alfonsín agudizará su proceso de borocotización hacia Cristina. En 2009 el Encuentro Ciudadano había logrado un 9 % de los votos y el MST un 4 %. Ahora con Encuentro Sur, frente de estos dos partidos al que se agregaron la verde de ATE, Libres del Sur y el PTP, mantienen solo un 3 % y quedan por debajo del Partido Obrero. Si le sumamos su derrota en ATE hace unos días, ante el gobierno, tenemos un panorama de disgregación. NUESTRA IMPORTANTE VOTACION EN SANTA CRUZ La votación del PO - Frente de Izquierda, es maciza en toda Santa Cruz respondiendo al impacto de la campaña nacional, en una provincia donde la actividad del PO es ampliamente conocida. El promedioprovincial a Presidente alcanza el 3,24 %, que es el 5º lugar. La campaña nacional ha tenido un tremendo impacto, ya que nunca en elecciones presidenciales, habíamos superado el 1 % en la provincia. Esto significa que por primera vez en mucho tiempo, logramos mantener la votación de elecciones legislativas, en otras de carácter presidencial. En las elecciones de diputados nacionales de 2009, habíamos sacado el 4,3 %. En toda la provincia hemos recibido la votación del activismo docente y petrolero de las últimas huelgas, y las cifras para todas las categorías se elevan en la cuenca petrolera del norte (Caleta, Las Heras) y en la cuenca carbonera de Río Turbio y 28 de Noviembre. Estas regiones fueron las de mayor protagonismo en las huelgas mencionadas. Los picos más elevados los obtenemos para senador con Omar Latini (3º lugar) en Caleta Olivia: 8,15 %, también somos 3º fuerza en Río Turbio con votaciones del 4,6 % a presidente al 6,12 % a diputado, y una anécdota es Chaltén un pequeño pueblo turístico donde logramos 6% y más en todas las categorías. Los promedios provinciales llegaron al 3,91 para Virginia Sutherland como diputada y al 4,28 para Omar Latini como Senador. El activismo se volcó ampliamente al Frente de Izquierda y al PO. Ya algunos de estos luchadores se han incorporado a las listas como independientes y han jugado un importante papel en la campaña. Esto tiene enormes consecuencias políticas para nuestro trabajo de organización en el movimiento obrero, así como para consolidar este apoyo en el plano de las elecciones a cargos legislativos de octubre. Se presentaron 6 partidos con candidatos en la provincia, a dos de ellos los superamos en ambas categorías y al ARI le ganamos a presidente y senadores. Estrictamente al ARI en Santa Cruz, no puede considerárselo un partido sino que actúa mas bien como un sublema radical. La izquierda resulta entonces 3º fuerza en Santa Cruz. Es un desafío mayúsculo, que implica dotarnos de una política para romper la trampa de la Ley de Lemas y de un régimen electoral que tiene un piso real del 9 % para entrar en la legislatura y mayor aún para las concejalías. Miguel Del Pla- PO Santa Cruz (Fuente propia)

La secta del gatillo y el gobierno encubren el crimen En el asesinato de Ariel Domínguez -el chico de 22 años que recibió un tiro policial en la cabeza cuando salía de su trabajo, en San Telmo- la cuestión de la culpabilidad o el dolo del cabo Ariel Mendoza, autor del disparo, se ha transformado, con toda su gravedad, en un asunto secundario. En términos políticos, el centro del asunto radica en lo que ocultan los medios y el gobierno: el encubrimiento criminal de la Policía Federal ante un nuevo caso de gatillo alegre. Con Ariel Domínguez, ya son 48 las personas asesinadas por la Federal desde junio de 2009. En principio, la Federal hizo propia inmediatamente, a minutos del crimen, la versión del homicida -según la cual éste habría ayudado a otros policías a perseguir ladrones y el arma se le disparó sola al caerse. Rápidamente, esa patraña se deshizo: no había ladrones ni persecución alguna, sólo una represión descabellada a un grupo de estudiantes secundarios que festejaban el Día del Amigo con un poco de barullo. Por eso, había ahí siete u ocho patrulleros y por eso Mendoza creyó necesario sacar la pistola, puesto que -como se vio en las pericias y en la reconstrucción- es imposible que se le haya caído. Por otra parte, como ha denunciado el abogado de la familia de Ariel, quedó claro también que la Federal contaminó la escena del hecho antes de que llegaran los peritos de Gendarmería. Como mínimo, el lugar no fue preservado. Los primeros en llegar ahí fueron los de la Comisaría 14ª. También quedan bajo sospecha los gendarmes y hasta el juzgado. Por ejemplo, sin que se sepa por qué, las pruebas de dermotest -que permiten saber si el cabo disparó el arma- no figuran en la causa. No se sabe ni siquiera si fueron hechas y, si se hicieron, fue más de ocho horas después de ocurrido el crimen. Sin embargo, la policía dejó trascender que esas pruebas habían resultado negativas y casi todos los medios de prensa dieron esa mentira como si se tratara de información oficial y verificada. Además, la Federal notificó del crimen a la fiscalía con cinco horas de demora. Así se lo hizo saber el fiscal Adrián Peres al Ministerio de Seguridad, sin que Nilda Garré haya dicho ni mu por esa acción criminal. Peres, subrogante de la Fiscalía 9, se encontraba de turno con la 14ª, la cual estaba obligada a notificarlo de inmediato. No obstante, la primera comunicación formal de la policía fue recibida por una secretaria del ministerio público a las nueve de la noche. El crimen se había cometido a las cuatro de la tarde. En esas cinco horas, la Federal adulteró el lugar del asesinato, Gendarmería hizo las pericias sin que hubiera un fiscal presente y se armaron las versiones destinadas a confundir a la población acerca de lo sucedido. Entre otras, el absurdo de las pistolas que se disparan solas. Siempre listos para matar Este asesinato vuelve a poner en las primeras planas el vínculo directo entre la inseguridad ciudadana y la criminalidad policial. Mendoza hacía adicionales en el Registro Nacional de las Personas. Ahí estaba cuando se sintió impelido a abandonar su puesto e ir a colaborar con los colegas que reprimían a un grupo de adolescentes supuestamente revoltosos. El tipo trabajaba en la 44ª, en Liniers, una seccional entrelazada hasta los huesos con la mafia prostibularia que opera en esa zona. Según dijo, la pistola se le cayó de la cartuchera y se disparó. Es mentira. En la reconstrucción, Mendoza reprodujo seis veces la supuesta carrera y el arma no se cayó. Y si se hubiera caído, la pistola era una Bersa Thunder, la que -aun sin seguro y con un proyectil en la recámara- necesita que un dedo oprima el gatillo con una fuerza de 3,5 kilos para que se produzca el disparo. Según los expertos, para que un golpe produzca ese efecto, la pistola tendría que haberse caído de un quinto piso. Los comisarios que repitieron la versión de Mendoza, a pesar de su muy dudoso profesionalismo, no pueden ignorar eso. Lo encubrieron a conciencia. Otro aspecto del asunto: el cabo Mendoza habló del pobre entrenamiento que tienen los federales, dijo que él mismo sabe muy poco de armas y que por eso llevaba la pistola sin seguro. Si así fuera, el asunto ya sería lo suficientemente grave: la vida de los habitantes de la Ciudad estaría en manos de ineptos negligentes, de monos con pistola. Pero también eso es mentira. En el caso de Claudio "Kunky" Méndez, otro chico asesinado por policías el año pasado, uno de los peritos policiales fue un instructor de tiro de la Federal. Ese hombre dijo, bajo juramento ante jueces de un tribunal de La Matanza, que los federales tienen orden de llevar su arma "en condición de disparo inmediato". Es decir, con proyectil en la recámara y sin seguro. El hombre agregó que la fuerza provee a sus efectivos con proyectiles troncocónicos, de punta chata, prohibidos por la ley de armas y por la Convención de Ginebra aun en casos de guerra (véase Correpi, Boletín 618). Esas municiones sólo se usan para caza mayor o en tiro deportivo. La Federal las usa para matar gente en la calle. Alejandro Guerrero Fuente: http://po.org.ar/articulo/po1188023/secta-del-gatillo-y-gobierno-encubren-crimen

Otra del escriba Feinmann El libro de Feinmann (El Flaco) no sólo responsabiliza al PO y a sus dirigentes de la muerte de Mariano; también responsabiliza al movimiento piquetero -y, por supuesto, al PO expresamente- de las muertes de Kosteki y Santillán. El relato comienza afable, con la mención a un debate en el programa de Herman Schiller "con Néstor Pitrola, que me cayó simpático"; eso sí: vestido con una "campera de lo más garca", para aclarar de inmediato que no juzga la vestimenta, pero que (él) "jamás se la pondría". Comienzo reptilíneo -del sustantivo reptil- destinado a descalificar a alguien con quien polemizó al aire, sin hablar nunca de la campera ni de su condición social, que continúa sin referirse nunca a la polémica que tuvo en las dos horas que dura el programa "Leña al fuego". Feinmann reserva la categoría de piquetero para el desharrapado, por lo cual ignora el carácter proletario y la calidad política de los dirigentes piqueteros, como el municipal Perro Santillán, uno de sus fundadores más emblemáticos; el maestro Luis D'Elía; el ex enfermero Raúl Castells; el obrero de Luz y Fuerza Pepe Barraza; el metalúrgico Juan Carlos Alderete; en mi caso, un obrero y dirigente gráfico clasista; o aún el abogado Jorge Ceballos, del más tarde kirchnerista Barrios de Pie, algunos de sus organizadores más notorios. Feinmann descalifica a una generación obrera víctima de la desocupación en masa de los '90 de Menem y de Kirchner, de la bancarrota capitalista de 2001 y de la devaluación de Duhalde y del PJ, la cual se puso al frente del movimiento piquetero. Se trata de toda una fracción de la clase obrera que, durante más de una década y hasta el día de hoy, ha luchado autónomamente contra las redes punteriles del asistencialismo bancomundialista-kirchnerista-pejotista-centroizquierdista. Los sindicalistas kirchneristas dieron la espalda a los desocupados, como lo hacen ahora con los tercerizados por los que salió a luchar Mariano Ferreyra. Una vez descalificado el oponente, quien tendría con él "un debate donde nos llevamos muy bien", vendrá la presentación de la "izquierda prerrevolucionaria" -donde ubica a Pitrola-, que sería aquella que "busca transformar en una situación prerrevolucionaria cualquier conflicto social de cierta envergadura". De tal manera que "cuando hay que hacer dos, hace tres o cuatro, a menudo hasta la muerte". Para avalar esta afirmación, Feinmann no da un solo ejemplo. O sea que obra como un canalla. Feinmann oculta a la clase social que es la principal responsable de la creación de todas las situaciones pre-revolucionarias: la clase capitalista, que es la que se vale de todos los medios para descargar sus propias crisis sobre los explotados. Véase, si no, lo que ocurre en el mundo árabe en la actualidad, o la crisis que derribó a De la Rúa, Rodríguez Saá y, luego, al propio Duhalde. Para Feinmann, aquella izquierda - "dos, tres, cuatro, hasta la muerte"- que organizó el movimiento piquetero, el cual salvó materialmente del hambre a decenas de miles de familias que se organizaron para luchar por "trabajo o subsidio al desocupado", sería la responsable de las muertes de Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Maxi, Darío y tantos otros, por ejemplo las 33 víctimas del Argentinazo. Altamira, sin haber leído el libro todavía, vio abajo del agua ("Un Jüdenrat entre los K" cuando igualó su condena al PO por la muerte de Mariano con las acusaciones de la dictadura a las Madres que "dejaron" que sus hijos fueran a la muerte. Feinmann opina -como la dictadura- que los delegados, los activistas, los jóvenes, los montos o los que fueran hicieron "una de más" para ser blanco de la tortura, la desaparición forzosa y los campos de concentración. Los argumentos de Feinmann son los que usa el revisionismo alemán para justificar a Hitler y a los campos de concentración como la inevitable respuesta a la "guerra civil europea" desatada por la Revolución Rusa. El macartismo lo ha llevado al campo de la dictadura. Con este marco conceptual, la novela que ha escrito sobre los padecimientos bajo la dictadura -La crítica de las armas-, aun de los que "sufrieron la vida cotidiana. No el secuestro. No la tortura. No la Esma" (citado Feinmann en El Flaco) es un caso de perversidad. La responsabilidad por esos padecimientos la tienen sus propios compañeros. Feinmann tuvo dos horas para polemizar sobre todo esto en el programa de Schiller. No lo hizo. En el libro cita, en cambio, un diálogo con Pitrola cuando "nos fuimos juntos hasta la calle", donde le habría dicho que "si llevábamos diez mil personas más (a un acto masivo en Plaza de Mayo del día anterior) caía Duhalde". El novelista, después de dos horas de debate al aire, noveló un diálogo. Yo no recordaba siquiera haber discutido alguna vez con este hombre, menos todavía lo que nos pudimos haber dicho en el pasillo a la salida. Las palabras no suenan mías. No sé tampoco, ni él lo dice, si fue antes o después de la masacre de Puente Pueyrredón. Pero lo que es históricamente cierto es que Duhalde se retiró del gobierno como consecuencia del formidable movimiento que empezó a las 24 horas del crimen de Puente Pueyrredón y ganó las calles de la mano de las asambleas populares y el movimiento piquetero. De la misma manera que, desde octubre, un gran movimiento popular salió a luchar por la cárcel de Pedraza. La derrota del operativo represivo de fuerzas conjuntas (planificado desde la presidencia y el gabinete, con la participación del Consejo de Seguridad y bajo la ley de "defensa de la democracia" -antisubversión-) por la que fuimos incriminados los dirigentes de la Asamblea Nacional de Trabajadores condicionó todo el proceso político argentino hasta hoy. Duhalde jamás se repuso del golpe, con él jamás se repuso la derecha. Feinmann, sin embargo, repite como un perverso que el PO es ‘funcional' ¡a Duhalde! Feinmann fabula que Pitrola "pensaba" que con el "vacío de poder que crearía la caída de Duhalde" tendríamos así la oportunidad de "tomar el Palacio de Invierno argentino que es la Casa Rosada". Aquí se aprecia por qué no cita el debate. En el debate, en dos horas, es imposible que su simpático piquetero de la campera no haya planteado, en 2002, la consigna "que se vaya Duhalde" y el reclamo de una Asamblea Constituyente -nuestro planteo en aquel momento. El no polemizó ni con una cosa ni con la otra, porque -según dice en su panfleto- "le aburre discutir (...) porque ya sabe lo que va a decir el otro". Es el argumento que esgrime un cobarde intelectual y personal. El derrumbe de Duhalde no fue capitalizado por el movimiento popular, sino literalmente rapiñado por su aliado de la época: Néstor Kirchner, "el flaco". Lo demás es conocido, aunque Feinmann debería limar su ignorancia. Porque el movimiento piquetero que denosta movilizó 25 mil personas de Liniers a Plaza de Mayo el 9 de junio de 2003, catorce días después de la asunción de Kirchner, con un programa muy completo que le llevó a la Rosada y tiene vigencia hasta el día de hoy: salario equivalente a la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo y plan de obras públicas bajo control obrero para terminar con la desocupación, subsidio al desocupado equivalente al salario mínimo, desprocesamiento de todos los luchadores; juicio y castigo a los asesinos materiales e intelectuales de Kosteki, Santillán y todos los muertos por la lucha popular; expropiación sin pago y gestión obrera con respaldo del Estado de toda fábrica que cierra. Ciertamente un programa transicional, como los que odia Feinmann, pero que aún está pendiente de realización. Kirchner pretendió que la reunión tuviera lugar sin movilización previa. No estuvimos de acuerdo. La aceptó igual. Luego vetó a Pitrola. Todos o ninguno, fue la respuesta de la mesa piquetera. La reunión se hizo, aunque -atónito ante el programa- Kirchner atinó a comprometer "cooperativas" -el libreto del Banco Mundial- y alguna salida para el desprocesamiento, que llegó a redactarse y a cajonearse casi al mismo tiempo. El movimiento piquetero le marcó la cancha a Kirchner. Kirchner "construyó" su discurso "nac & pop" condicionado por este movimiento de masas y por toda la impronta del Argentinazo, que sigue actuando como un topo implacable sobre la crisis del peronismo y del radicalismo, sobre la burocracia sindical y sobre la cual el kirchnerismo apenas cabalga con un experimento atrás de otro: los transversales, la concertación con Cobos, el cristinismo, la vuelta de los Menem y los Saadi al lado de La Cámpora, y así de corrido. Siempre con sus aliados estratégicos, los Repsol, la Barrick, los Cristóbal López y compañía, la "reconstruida burguesía nacional" que ahora se dirige a levantar el muerto de la deuda con el Club de París, que se pagará con la guita de la Anses. Todo lo cual no admite una izquierda consecuente a su lado. De eso parece tener conciencia el escriba del poder -dicho con todo fundamento, porque Feinmann saludó el acuerdo entre Menem y Bunge Born (ver revista Humor, 1989). También el Frente de Izquierda es consciente de ello. Néstor Pitrola Fuente: http://po.org.ar/articulo/po1177061/otra-del-escriba-feinmann

La licencia de Millacura Miguel Millacura Cuando el entonces carabinero Miguel Millacura le disparó al menor Manuel Gutiérrez el pasado 26 de agosto, sabía que no estaba usando su arma como método de defensa ante ningún ataque. Luego, una vez en su comisaría la limpió, repuso las dos balas que había ocupado y cuando se le preguntó negó haber realizado él los disparos. Estaba confiado, seguro. ¿Por qué? Millacura podría ser un criminal por naturaleza o un simple termocéfalo. Un anticomunista, un rezagado de la dictadura, un delincuente con placa y uniforme. Sin embargo, cualquiera que hubiesen sido sus motivaciones para atentar contra la vida de un menor, lo cierto es que en ese momento él asumía una realidad que lo favorecía: Su accionar estaba legitimado desde el Estado y naturalizado por una parte de la sociedad. José Huenante Lo legitimaba el Estado, porque desde la muerte en 1990 de Marcos Ariel Antonioletti en manos de la PDI -y en la que se vieron salpicados Juan Carvajal (luego asesor de Michelle Bachelet) y Belisario Velasco-, hasta la de José Huenante, quien en 2005 se convirtió en el primer detenido desaparecido en democracia, ninguno de los gobiernos de la Concertación, ninguno, nunca combatió la herencia dictatorial de eliminar impunemente gente en nombre del orden social. Maquiavélicamente el gobierno de Piñera blindó a Hinzpeter, dando de baja a uniformados y quitándole el piso al General que públicamente se había pasado por buena parte la posibilidad de investigar el crimen. No basta por supuesto aquello para hacer justicia a Manuel Gutiérrez, pues su muerte debiera terminar con al menos la renuncia del ministro del Interior. Pero en 20 años de Concertación, principalmente esa institución e Investigaciones, además de las Fuerzas Armadas, terminaron con la vida de más de 60 personas, siendo el caso de Matías Catrileo, cuyo asesino fue condenado apenas a tres años de cárcel remitida y trasladado a cumplir funciones a Aysén, el más sintomático del desprecio de estos gobiernos por la justicia. Es decir, independiente de la motivación coyuntural que pasó por su cabeza, Miguel Millacura disparó consciente de aquella legitimación y no esperaba las represalias que se le vinieron encima por sumar un muerto más a la lista. Pero esa legitimación se sostiene además en el desprecio a la vida –a determinadas vidas para ser exactos- de una parte de la sociedad, amiga del autoritarismo y de una violencia estatal que ha construido la historia de Chile sobre muertos. Millacura disparó contra aquellas personas que el Estado, los medios de comunicación y demasiados todavía en Chile criminalizan, hasta el punto de depositar en manos de Carabineros la licencia para silenciarlos. En días de manifestaciones la TV muestra como algo habitual la violencia policial en contra de hombres y mujeres, jóvenes y viejos. No hay cuestionamiento, no existe sorpresa. El pasado 24 de agosto, primer día de paro nacional, en una imagen que recorrió los noticiarios un enfurecido hombre desde la calle arengaba al chofer de un bus del Transantiago gritándole “¡atropella a estos hueones!”, refiriéndose a un grupo de personas que le impedían el paso. Ese mismo día, la violencia se horizontalizó como nunca y un gran número de manifestantes terminaron golpeando, expulsando y gritándoles “flaites” a los encapuchados por… violentos. O para cambiar el foco: en las llamadas “detenciones ciudadanas”, por ejemplo, son más las personas que aprovechan de golpear al sujeto ya reducido que aquellas que intentan detener este abuso. Es el ADN histórico de nuestra chilenidad autoritaria legitimando la violencia en contra del otro distinto –el mapuche, el cholo, el roto, el huacho, el rasca, el upeliento, el flaite, el maricón, el sopaipilla-, pero también contra el que ha sido criminalizado por protestar. Manuel Gutiérrez Pero esta vez algo pasó. Manuel Gutiérrez no era un encapuchado ni un marginado ni un mapuche ni un flaite. De hecho consiguió conmover el “alma profunda de Chile”: era evangélico y estaba junto a su hermano en silla de ruedas cuando fue asesinado. Millacura sabía que disparaba en un país como Chile, el tema es que simplemente erró el blanco. Fuente: http://www.ciudadinvisible.cl/2011/09/la-licencia-de-millacura/

Fue Juez en la Dictadura, autorizó adopción de hijos de desaparecidos, lo nombraron Camarista y ahora es el jubilado mejor pago de la provincia20/09 – 09:00 – El ex juez Mario Basso, que les negó el derecho a la identidad a las dos primeras nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo fue camarista penal de Tierra del Fuego durante siete años, y desde 2000 se convirtió en el cuarto jubilado mejor pago de la provincia gracias a un sistema que él mismo colaboró en redactar. Otro Magistrado elegido en el 2001, era testaferro de Paulo César Farías, acusado de narcotráfico y la jueza designada Sandra Pesclevi, no pudo jurar porque el día de la asunción estaba presa en Buenos Aires, por un caso de corrupción.Tal vez por estar en el confín del mundo, la hermosa provincia de Tierra del Fuego, se haya convertido en un lugar de privilegio para quienes podían hacer de la Justicia un ghetto personal, a espaldas de la opinión pública nacional. Sin embargo, la proliferación de la prensa más comprometida (y de ella la de investigación), tal el caso de los colegas del Diario del Fin del Mundo, de Ushuaia, ha podido reflotar aquellas historias guardadas con el más absoluto recelo por sus actores y por aquellos que contribuyeron a la impunidad de que estos hechos sucedieran. Es precisamente EDFM, quien nos remite a una investigación impecable que nos muestra cómo se puede llegar a juez en Argentina, qué ilícitos se puede cometer, cómo se puede escalar en los niveles más prestigiosos de la Magistratura y finalmente, como en el caso del ex Juez Mario Basso, cómo se puede llegar a ser el jubilado mejor pago de Tierra del Fuego.La increíble historia de BassoLa historia del ex integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Justicia fueguina, Mario Eduardo Basso, era conocida por su cuestionable desempeño dentro del propio Poder Judicial de Tierra del Fuego. Desde la denuncia que enfrentó por presunta privación ilegítima de la libertad hasta su participación en la redacción del famoso régimen de jubilación anticipada instaurado durante el manfredottismo, los antecedentes hablan por sí solos.Sin embargo, Basso posee un pasado oculto como juez de la última dictadura militar que pasó desapercibido, tanto para el Consejo de la Magistratura que lo seleccionó en 1994, como para todos los fueguinos que acataron sus fallos hasta su jubilación de privilegio otorgada en el año 2000.El ex camarista del tribunal que funciona en Río Grande se desempeñaba como juez del Tribunal de Menores Nº2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, cuando la Policía le trajo a una chica de 3 años y a una bebé de 4 meses que deambulaban solas por una plaza de Villa Ballester.Las pequeñas resultaron ser Tatiana Ruarte Britos y Malena Jotar Britos. La madre de ambas, Mirta Graciela Britos, acababa de ser secuestrada por un grupo de tareas de la dictadura en la plaza donde jugaban sus hijas. Los militares no se percataron de la presencia de las niñas y se marcharon del lugar. Era el 31 de octubre de 1977.El padre de Tatiana, Oscar Ruarte, había sido secuestrado en la provincia de Córdoba el 17 de agosto del mismo año. Y poco antes del episodio de la plaza también se habían llevado el padre de Malena, Alberto Jotar.Basso ingresó a las pequeñas como NN (sin identidad) a pesar de que Tatiana sabía su nombre, el de su hermana y el de su madre. No sólo eso, sino que dispuso su internación en diferentes asilos. Tatiana fue al Instituto Remedios de Escalada de Villa Elisa yMalena a la Casa Cuna.Después, autorizó el trámite de adopción a favor del matrimonio integrado por Carlos e Inés Sfiligoy, quienes desconocían los pormenores de la historia y actuaron de buena fe. La pareja adoptó a ambas pequeñas debido a las sugerencias de algunos empleados del orfanato, que sabía que ambas eran hermanas.Por entonces, una de las abuelas biológicas de las niñas visitaba asiduamente el juzgado a cargo de Basso, pero quien luego se convertiría en camarista de Tierra del Fuego le contestaba que no tenía información sobre el paradero de las chicas.Jueces Made in ArgentinaSi Basso fue elegido camarista, estuvo en el puesto siete años y desde hace once que es jubilado cobrando la cuarta mejor jubilación de la isla, como reveló la investigación de EDFM, es porque el sistema de selección de jueces evidencia una fragilidad que nunca pudo ser corregida.Para demostrarlo, basta con repasar algunos nombramientos emblemáticos, como el del también ex camarista penal Luis Felipe Ricca, ahora convertido en abogado de ex funcionarios con apuros judiciales.Ricca fue elegido juez de la provincia el 7 de marzo de 2001, cuando la opinión pública fueguina ignoraba todavía el contenido de las decenas de artículos periodísticos publicados por la prensa brasileña y argentina sindicando al nuevo magistrado como testaferro de Paulo César (PC) Farías, el empresario asesinado en 1996 que poseía fuertes vinculaciones con el narcotráfico, la mafia y el lavado de dinero.PC Farías fue el “tesorero” de la campaña electoral del ex presidente de Brasil Fernando Collor de Mello, primer mandatario de Latinoamérica en ser destituido por casos de corrupción en septiembre de 1992.Ricca niega aún hoy haber sido testaferro pero admite que fue abogado del “cajero” de Collor de Mello y de Jorge Bandeira, otro presunto socio de PC (piloto de su Lear Jet particular) también vinculado a las drogas y al poder brasileño de la época.Cuando trascendió esta historia, Ricca terminó renunciando al cargo, el 27 de noviembre de 2001.No juró por un detalleOtra jueza con pasado oculto fue Sandra Pesclevi, designada como magistrada penal de Río Grande el 14 de julio de 2003.Pesclevi fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura presidido por el ex titular del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Klass, aunque nunca pudo jurar en el cargo por un pequeño detalle: el 6 de agosto de ese año, fecha prevista para la ceremonia, estaba presa en Buenos Aires, vinculada a un caso de corrupción.La mujer había sido detenida por orden del juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atensio, en una causa que también involucró a otros dos imputados, Hernán Di Biassio, esposo de la ex secretaria de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata y al comerciante Edgardo Latorre, un amigo de Di Biassio. Los tres fueron acusados del presunto pedido de una coima de quince mil pesos a un abogado de La Plata para trabar un sumario en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de amparos contra el denominado corralito financiero.El 10 de agosto de 2003, el Superior Tribunal de Justicia suspendió por acordada 52/03 el acto de juramento y asunción del cargo de Pesclevi, que todavía estaba presa en Buenos Aires y en su lugar asumió Héctor Daniel Ochoa, que había sido elegido juez del otro juzgado de instrucción riograndense. Por su parte el Consejo de la Magistratura resolvió suspender la propuesta de la polémica abogada como jueza del distrito norte.Finalmente Pesclevi fue desvinculada del caso aunque la Magistratura de Tierra del Fuego desechó su nombramiento y la mujer terminó aceptando un cargo de defensora pública en el Juzgado Federal de primera instancia de Quilmes, en junio de 2006.En la ArmadaAntes de anclar en Tierra del Fuego como juez del Superior Tribunal de Justicia, Mario Robbio se desempeñaba como integrante de la Cámara Federal de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Su designación obedeció a un pedido del ex jefe de la Armada, Joaquín Stella, al entonces gobernador Carlos Manfredotti, quien motorizó la solicitud vía consejo de la Magistratura.La relación de Robbio con la Armada no era circunstancial: había sido abogado de la Marina y en la década del ‘70 ocupó varios cargos públicos dentro del gobierno de la dictadura militar.Con naturalidad asombrosa, el propio Robbio explicó esta situación a los consejeros que lo entrevistaban para ser juez, el 17 de septiembre de 2002:“Un amigo de mi padre me dice: por qué no entrás en la Marina, vos no podés quedar sin una asignación fija, están las épocas muy difíciles. Y yo le digo: me voy a arreglar, me he arreglado siempre, voy a batallar y voy a trabajar en lo que sea. Bueno, ahí me citaron e ingresé en el ’70. Después vino el golpe militar del ’76, yo era abogado de la obra social de la Marina y como tenía dos o tres conocidos me dijeron: bueno mirá, hay un cargo acá y necesitamos una persona que conozca de este tema”.A continuación, Robbio admitió que en 1978 (año que se desarrolló el Mundial de Fútbol en la Argentina) y en 1979 fue “asesor de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación”. Como se sabe, ese período se caracterizó por un fuerte manejo mediático ejercido por la dictadura para trasladar al mundo la visión de un país respetuoso de los derechos humanos. Fue la época en que se inventó el famoso slogan: “los argentinos somos derechos y humanos”.El candidato a juez agregó que siempre estuvo “un poco ligado a la parte de comunicaciones. Tengo muchos amigos periodistas, en fin. Siempre he rumbeado para esos lados”.Sus propios dichos corroboraron, luego, esa afirmación: hasta el 9 de diciembre de 1983 (un día antes del restablecimiento de la democracia en el país) fue director ejecutivo de Canal 13 de Buenos Aires, aunque también aclaró que se “ocupaba de la parte de personal y legal”, no así de los aberrantes hechos de censura previa, listas negras y demás despropósitos que caracterizaron la gestión militar en los canales que por entonces eran propiedad del Estado.Los documentos presentados por Robbio en su legajo ratifican ese desempeño laboral. Allí figura que entre 1970 y 1979 fue abogado y asesor de la Armada dentro de la Secretaría de Información Pública. Desde mediados de 1979 hasta fines de marzo de 1980 trabajó como asesor de la Secretaría de Municipios, en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El 28 de noviembre de 1982 fue designado director Ejecutivo de Canal 13 de Buenos Aires por la Secretaría de Información Pública, hasta su renuncia en diciembre de 1983. (EDFM/OPI Santa Cruz)

La cara oscura del sistema educativo chileno POR NEIRLAY ANDRADE Hace 30 años atrás el actual presidente chileno sentaba las bases de una política educativa al servicios del sistema neoliberal Resumen Latinoamericano/AVN - Hace treinta años apareció publicado en la revista Realidad un artículo que bien puede ser leído a modo de conjuro o de sentencia. Tan sólo ocho páginas fueron suficientes para que Sebastián Piñera, en aquel entonces gerente general del Banco Talpa, propusiera un ideario empresarial que marcó el sistema de educación chileno y es un antecedente de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de ese país, promulgada el 10 de marzo de 1990, último día del régimen militar de Augusto Pinochet. En abril de 1980, en el artículo “Orientaciones de políticas en el sector educacional” –en un discreto pie de página–, Piñera propone un desplazamiento de las funciones del Estado chileno: que no tenga como meta garantizar la educación sino velar por los créditos financieros. “Instituciones financieras, públicas o privadas, otorgarían directamente los créditos a los alumnos. En este caso, el papel del Estado podría limitarse a proveer un sistema de seguros que haga factible para todos los alumnos el acceso al crédito en condiciones competitivas”, escribió Piñera. El ahora Presidente de Chile estructuró una serie de acciones políticas en las que el Estado “podría limitarse” a ser un subsidiario del sistema educativo invocando demandas sociales como la redistribución equitativa de los ingresos, la concepción de la educación como bien público y la asignación eficiente de recursos. Dentro de los lineamientos del ex banquero, el Estado no otorga directamente los recursos, sino que opera supuestamente “a través de la acción conjunta del sector privado y del sector público”. “En estas circunstancias, la acción del Estado no debería orientarse hacia la implementación de un sistema de subsidios masivos e indiscriminados a favor de los alumnos universitarios, sino que, muy por el contrario, ella debiera orientarse hacia la implementación de un sistema de préstamos que permita financiar los costos directos e indirectos de la educación universitaria”. Ese “sistema de préstamos” tiene hoy, treinta años después, su materialización en las Becas con Aval del Estado; créditos cuya tasa de interés es superior a la de un crédito hipotecario: con un mínimo de 6% de intereses, el estudiante chileno se aventura al mundo laboral arrastrando una deuda que se promedia en 30.000 dólares. “Orientaciones de políticas en el sector educacional” definió que la educación es un servicio y los chilenos pagan alrededor de 300 dólares al mes para obtenerla. Miembro del partido de derecha Renovación Nacional hasta hace un año y posicionado entre los 500 hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes, Sebastián Piñera también se encargó de establece preceptos para la mercantilización de la enseñanza preescolar, básica y secundaria. En su matemática liberal el Estado calcularía el gasto mínimo de cada estudiante, lo multiplicaría por la cantidad de alumnos y así precisaría el presupuesto para cada escuela municipal. En las comunidades de las clases adineradas donde todos los chicos van a clase, la subvención estatal es elevada; pero en barriadas populares en las que los jóvenes no asisten a clases, por factores omitidos en el artículo del empresario, el presupuesto apenas alcanza para el pago de nómina y mantenimiento. La cuenta sigue y mientras en zonas ricas existe una figura de financiamiento compartido en la que los representantes de los estudiantes pagan una asignación mensual, en los municipios más desposeídos el Estado otorga una subvención a la banca privada para que ésta, a su vez, financie a los colegios. Tres décadas han pasado y Piñera insiste en su postura: la educación “es un bien de consumo”, “tiene un componente de inversión”, “tiene un doble propósito”. Pero desde hace más de dos meses los estudiantes chilenos se mantienen en las calles y han tenido que sufrir lo embates de la represión policial. Acceso, endeudamiento y calidad desiguales son la cara oscura del sistema educativo chileno. Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2902&Itemid=1&lang=es Y un poco más del prontuario de Piraña link: http://www.youtube.com/watch?v=y_W-xz0bnvQ&feature=player_embedded#at=143

Denunciamos amenazas contra estudiantes de la Facultad de Psicología (UBA) / POR FAVOR DIFUNDIR "La estudiante María Fernanda Gallo, cursante del 4° año de la Facultad de Psicología de la UBA, recibió llamadas intimidatorias en su casa en la provincia de Buenos Aires, mientras se encontraba en la sede de Hipólito Yrigoyen realizando las denuncias por intento de secuestro contra otras estudiantes" informó el presidente de la FUBA, Alejandro Lipcovich. Durante la tarde, también habían sido amenazadas las estudiantes que se encontraban en la puerta de la Facultad, por parte de una mujer que les gritó que las había visto en la TV y que las iba a hacer violar. María Fernanda pertenece a la presidencia del Centro de Estudiantes de Psicología y es militante del Partido Obrero. Durante la mañana del 31 de mayo estará junto a su abogada Claudia Ferrero de APEL radicando la denuncia. "Estamos muy preocupados por el nivel de impunidad con el cual se manejan en la zona. Esto se está tornando sumamente grave, ya que para llamar a María Fernanda a la casa, muy lejos del lugar de la denuncia, significa que la han seguido. Hacemos responsables al jefe de gobierno Mauricio Macri y a la Ministra de Seguridad Nilda Garré por la integridad física de nuestra compañera y de todos los estudiantes que están movilizados denunciando. Como ocurre en la zona de Liniers, cuando los vecinos y estudiantes comienzan a denunciar, las bandas amparadas por la propia policía comienzan a amedrentar para que se abandonen las denuncias", expresó Lipcovich. "Tal como se estableció entre los estudiantes del IUNA y de la Facultad de Psicología, el 31 de mayo a las 17 hs. marcharemos desde Sanchez de Loria y Rivadavia hasta la comisaría 8va para denunciar que Once es una zona liberada para el delito organizado." señaló el presidente de la Fuba. (fuente propia)