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Un nene caminó a -10° para ir a la escuela ¡y se le congeló el pelo! El hecho sucedió en China y se viralizó en las redes sociales. La motivación del menor por asistir a clases dio la vuelta al mundo. Su historia. La imagen de Wanf Manfu recorrió el mundo entero. Con tan solo 10 años, demostró que no existen obstáculos para poder alcanzar los objetivos que se traza. A pesar de la inclemencia del clima y del largo camino que separa a su casa de la escuela, alrededor de 4.5 kilómetros, decidió dirigirse al centro de estudios. El profesor se sorprendió al verlo llegar el pasado lunes con el pelo congelado y decidió tomar la fotografía que ya ha sido compartida cientos de miles de veces en las redes sociales. “Llegó con su pelo y cejas completamente congelados, lo que desató las risas de sus 16 compañeros”, contó Fu Heng, director de la escuela primaria Zhuan Shan Ba, al diario China Daily. Heng aprovechó la difusión del caso para dar a conocer las condiciones en las que reciben clases los chicos. Expuso que las aulas no tienen calefacción y que incluso se le congelan las manos a los estudiantes. A pesar de eso, al pequeño Wanf Manfu le encanta asistir a la escuela. Al ser entrevistado aseguró: “Amo la escuela. Nos dan pan y leche para el almuerzo, y aprendemos muchas cosas en la clase”. La situación que vive el infante es muy precaria y al igual que otros niños vive en una cabaña con su abuela y su hermana más grande, ya que sus padres tuvieron que migrar a otras ciudades para poder trabajar y llevar el sustento a su hogar. Todo esto ocurrió en Zhaotong, zona rural de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Su historia desató una ola de solidaridad y llamó la atención de las autoridades y habitantes de las ciudades ricas. La Fundación China para el Desarrollo de la Juventud de Yunnan lanzó el martes una campaña de donaciones para los niños de familias más empobrecidas y prometió dar a cada niño necesitado 500 yuanes (75 dólares) para que puedan soportar el crudo invierno.

Histórico: el Papa Francisco pidió perdón por los abusos en la Iglesia El Papa expresó su "dolor y vergüenza" por los curas que abusaron de menores en Chile. Francisco realizó un discurso en el Palacio de La Moneda en Chile. El papa Francisco pidió disculpas por los abusos a menores por parte de ministros de la Iglesia. Lo hizo en su primer discurso en Chile, pronunciado en el Palacio de la Moneda del estado trasandino ante la presidenta chilena, Michelle Bachelet, país donde llegó ayer para una visita de tres días. El sumo Pontífice se refirió a los abusos cometidos a menores por parte de sacerdotes durante su discurso: "Escuchar a los niños, que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia". "Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir", sentenció. Sus palabras generaron un prolongado aplauso de los presentes en el acto. Francisco, que llegó ayer por la tarde a Santiago de Chile, comenzó su discurso recordando que en este país se formó durante su juventud, dado que estuvo un año en 1960, y agradeció "por tanto bien recibido". Asimismo, elogió su diversidad y riqueza geográfica, y también un pasado en el que se ha enfrentado a "diversos periodos turbulentos" pero que logró -no sin dolor- superar", y que ha logrado "consolidar y robustecer" el sueño de los padres fundadores. Luego fue el momento en el que pidió disculpas, un hecho histórico que no dejó a nadie indiferente.

El dramático laberinto en el que se encerró el Papa Nicole Martínez es una periodista de apenas 30 años, que trabaja en la radio chilena Bio Bio. El miércoles pasado le tocaba cubrir la misa que Jorge Bergoglio iba a ofrecer en Iquique. Se ubicó cerca de la carpa donde iba a estar Michelle Bachelet para relatar su ingreso al predio. Así lo hizo. Pero luego vio acercarse el papamóvil. Supuso que apenas lo estaban estacionando hasta que alguien colocó la escalerilla para que el Papa subiera a él. Entonces, Martínez se decidió a esperarlo. Hacía un calor insoportable y el sol estaba fuertísimo. Dos horas se mantuvo ahí hasta que vio a Francisco, a varios metros de ella. Le gritó. Francisco giró sobre sí mismo y se acercó. Ella le hizo primero una pregunta genérica sobre la visita a Chile. El Papa respondió que estaba muy contento y empezó a bendecirla. Entonces Nicole hizo la pregunta que más le importaba hacer. Por Ernesto Tenembaum* — Papa , muy cortito, hay un caso que preocupa a los chilenos que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? Francisco acababa de terminar con la bendición. La miró fijo. —El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Está claro? Fueron diez segundos terribles que, en poco tiempo, dieron la vuelta al mundo y que ayer forzaron que el Papa pidiera disculpas, ya no por la conducta de otros sacerdotes, sino por algo que él mismo había hecho: es un hecho sin antecedentes, que un Papa pida perdón. Algunos colegas sostienen que los buenos periodistas no se distinguen por las respuestas que tienen sino por las preguntas que hacen y por la valentía de formularlas en el momento oportuno a la persona correcta. Quizá sea una definición demasiado tajante, pero eso fue lo que hizo Nicole Martínez. El caso que enredó en Chile a Francisco tiene una dimensión tan monstruosa que es necesario conocerlo en detalle para entender la magnitud del laberinto que encierra hoy al Papa argentino. El principal acusado es el cura Fernando Karadima, que hoy tiene 87 años de edad. Karadima fue designado párroco titular de la parroquia El Bosque, ubicada en una de las zonas donde radica la clase alta chilena, en la década del ochenta. Desde allí, según todas las crónicas, ejercía una gran influencia para designar personas de su confianza en cargos centrales del clero chileno. En el año 2004, varios feligreses y seminaristas denunciaron a Karadima por múltiples abusos sexuales. La Iglesia local intentó silenciar las denuncias. Pero en abril de 2010 cinco profesionales denunciaron en un programa de televisión los abusos a los que eran sometidos por Karadima. El escándalo fue de tal magnitud que, luego del programa, diez sacerdotes anunciaron su distanciamiento de la Unión Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, controlada por el acusado. Un año después, el arzobispo de Santiago, Ricardo Erzatti, dio a conocer la resolución de la Santa Sede, que consideró a Karadima culpable de abusos sexuales. El caso Karadima conmovió a la sociedad chilena por su difusión mediática: además del programa de televisión, se produjeron una película y una serie, ambas protagonizadas por el popular Benjamín Vicuña. Pero además, porque las víctimas pertenecían en general a sectores influyentes de la sociedad y, sobre todo, porque Karadima era un hombre muy poderoso de la Iglesia local, y las sospechas se ramificaban hacia gran parte de sus cuadros. Uno de ellos era el sacerdote Juan Barros. Y esa ramificación es la que ahora complica al Papa . Juan Carlos Cruz Chellew fue uno de los seminaristas abusados por Karadima. Su testimonio sirvió para condenarlo. En una carta enviada al Vaticano contó lo siguiente sobre el obispo al que defendió el Papa : “Yo veía al padre Fernando Karadima y a Juan Barros besarse y tocarse mutuamente. Generalmente, más de parte del padre Karadima venían los toqueteos en los genitales por encima del pantalón de Juan Barros, al igual que hacía con el hoy también obispo Koljatic. En el caso de Juan Barros, éste jugaba a una especie de celos entre sus más cercanos y se turnaban por sentarse al lado de Karadima, estar solos con él en su cuarto y desplazar a otros. Como yo era bastante menor, veía esto entre horrorizado y a la vez paralizado, ya que yo estaba viviendo mi parte del abuso de Karadima, lo que ya fue comprobado en los juicios canónico y penal. Juan Barros se sentaba en la mesa al lado de Karadima y le ponía la cabeza en el hombro para que lo acariciase. Disimuladamente le daba besos. Más difícil y fuerte era cuando estábamos en la habitación de Karadima y Juan Barros, si no se estaba besando con Karadima, veía cuando a alguno de nosotros, los menores, éramos tocados por Karadima y nos hacía darle besos diciéndonos: ‘Pon tu boca cerca de la mía y saca tu lengua’. Él sacaba la suya y nos besaba con su lengua. Juan Barros era testigo de todo esto y lo fue incontables veces, no solo conmigo sino con otros también”. Otra de las víctimas, James Hamilton, contó: “(Cuando evitaba subir a su pieza y no cedía a sus presiones) recuerdo que en una oportunidad mandó a varios sacerdotes, entre ellos a monseñor Arteaga, monseñor Juan Barros y otros que ya no recuerdo. Eran seis sacerdotes que me hablaron en una de las salas de reuniones del templo. Se me indicó que mi fe flaqueaba y que el padre Karadima no estaba contento conmigo y que debía rezar más y comprometerme con la parroquia. La presión fue superior a mis fuerzas y cedí nuevamente… No se olviden de Tomislav Koljatic, Juan Barros, Horacio Valenzuela, Andrés Arteaga (…). Obispos que estuvieron presentes y con nosotros veían las mismas cosas, los besos, los toqueteos. (…). Vieron cuando les daba besos a este, vieron cuando le corría la boca o le agarraba los genitales al otro”. Además, Juan Francisco Gómez Barroilhet, uno de los feligreses, testificó en el juicio contra Karadima que entregó una carta a Juan Barros en el año 1980-1981 que contenía acusaciones de abusos, para que el cardenal Fresno hiciese algo. “Esa carta, nunca llegó a manos del cardenal y testigos cuentan que Juan Barros la habría destruido. Cada vez que alguien trataba de hablar, Juan Barros, Tomislav Koljatic, Horacio Valenzuela y Andrés Arteaga, entre otros, nos amenazaban”. El papa Francisco tuvo tres gestos de compromiso claro con Barros. El primero fue cuando lo designó, pese a que todas estas denuncias ya eran conocidas en el Vaticano. La segunda vez fue en diciembre de 2015 cuando un grupo de fieles le planteó el tema en la plaza San Pedro. Allí emergió un Bergoglio poco conocido. “Piensen con la cabeza y no se dejen llevar por las narices por todos los zurdos que armaron la cosa”, dijo. La tercera vez fue, ante la pregunta de Nicole Martínez. Luego de un primer período en el que generó esperanza en ellas, paulatinamente, las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes comenzaron a alejarse del papado del Francisco. En febrero de 2016, una de esas víctimas, Peter Saunders, renunció a la Comisión para la Protección de Menores, fundada por el propio Bergoglio en 2014. En febrero de 2017, dimitió también la irlandesa Mary Collins. “Es un reflejo de cómo se ha manejado toda esta crisis de los abusos en la Iglesia: con finas palabras y acciones públicas contrarias a puertas cerradas”, explicó. En un comunicado, Collins explicó que el Papa “no aprecia cómo sus acciones de clemencia socavan todo lo demás que hace en esta área, incluyendo el apoyo a la labor de la comisión”. La designación de muchos obispos sospechados de encubrimiento en distintos países del mundo prendió nuevas luces de alarma. La declaración del jueves pasado, produjo incluso el inédito comunicado del obispo de Chicago, Sean O'Malley, que denunció la falta de respeto a la sensibilidad de las víctimas por parte de su jefe, el Papa . Se trata de un escándalo que no para de crecer. El jefe de la Comisión Episcopal Argentina, Oscar Ojea, responsabilizó a la prensa por no darle suficiente entidad a las declaraciones del Papa en favor de los pueblos originarios, en contra de las mineras o en defensa de los derechos de las mujeres detenidas. Es raro que no vea lo debilitada que queda su autoridad si no actúa de manera tajante contra los casos de abusos cometidos por sacerdotes. La visita a Chile es una muestra de la ambigüedad papal. Primero pidió perdón por los abusos. Luego invitó a los actos a un obispo denunciado. A eso le siguió su respaldo explícito a ese personaje. Y finalmente, pidió perdón. ¿Cuál de los cuatro Papas es el verdadero Papa ? Cuando era cardenal en la Argentina tampoco fue claro, especialmente cuando estalló el caso Grassi. Muchos jueces recibieron tres tomos con argumentos a favor del cura, elaborados por el abogado Marcelo Sancinetti, en los cuales se agradece la colaboración del Arzobispado de Buenos Aires y, especialmente, del cardenal Bergoglio. Se trata de crímenes horrendos. Tal vez la manera de fortalecerse como líder espiritual de parte de la humanidad es no transigir con los culpables, sean ellos quienes fueren, si es que aún no es tarde, si es que aún puede hacerlo. (Publicado en Infobae)

Filmaron un operativo policial y vivieron un calvario en la comisaría Una mujer quiso grabar a los agentes mientras golpeaban a jóvenes durante una detención. Los policías la capturaron junto a su hija y ambas fueron agredidas. Video. Mara Pascucci, de 32 años, estaba en la puerta de su casa del barrio de Arroyito, en Rosario, cuando notó que oficiales de policía golpeaban a un grupo de chicos, entre los que se encontraba su sobrino. La mujer decidió filmar lo que ocurría con su celular: esa decisión le valió pasar 11 horas en la comisaría 8va junto a su hija, Damaris, de 16 años. Allí fueron golpeadas, torturadas y sufrieron diversos abusos de autoridad y humillaciones. El incidente comenzó en la mañana del 11 de enero pasado. Al notar que estaba filmando las detenciones, los propios agentes detuvieron a Damaris, a Mara, a su sobrino y a su hermana. "Me agarraron de los pelos y me subieron a la camioneta negra" cuenta Pascucci a Perfil . Lo que sucedió después fue peor. En su denuncia, Mara cuenta que cuando pedían algo y reclamaban sus derechos, los oficiales les respondían que ellos "tenían todo el derecho porque eran la autoridad". Entre golpes, les pedían a ella y a su hija que se callaran. "En la comisaría nos hicieron desnudar frente a oficiales hombres, yo me largué a llorar y pedía por favor que no, que fueran solo mujeres. Prefería que me golpearan antes de quedarme desnuda frente a todos los policías hombres", relató la madre en diálogo telefónico con este portal. Cuando las detuvieron, los vecinos vieron como otros oficiales entraron a su casa y revisaron sus cosas sin orden judicial. Según denuncian, le sustrajeron cuatro tablets: "Tengo todos los papeles de compra para corroborar que son mías, pero nunca las devolvieron", asegura Mara a Perfil . En la comisaría, cuentan las denunciantes, les hicieron firmar documentos en blanco, y durante las 11 horas de detención no las dejaron hacer ningún llamado. "Firmamos los documentos en blanco porque era eso, o nos pegaban. Yo no quería que le pegaran más a mi hija", contó la madre. Los policías, según denuncian, las obligaron a darles el patrón de seguridad de los celulares para borrar los videos que habían filmado esa mañana, mientras golpeaban a otros chicos. Violencia institucional. La denuncia está a cargo de la fiscal Karina Bartocci, titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia y Corrupción Institucional. Desde esa Unidad sostuvieron que se dio intervención a la oficina de violencia de corrupción institucional, y la investigación está en curso. Un vocero de la fiscal dijo a Perfil que dentro de la investigación se pidió el relevamiento de cámaras de la comisaría, para ver lo sucedido durante la detención y contrastar con los hechos denunciados. Desde esa unidad afirmaron además que "si con las pruebas que se recaben se considera que hubo un delito, se llama a una audiencia imputativa, en la que se puede pedir una medida cautelar, e incluso la prisión de los oficiales implicados". Lo que le ocurrió a Mara y Damaris está lejos de ser un caso aislado. "Por semana se reciben unas 50 denuncias contra agentes policiales", de las cuales "la mayoría de las denuncias son por apremios ilegales”, comentó Bartocci al diario rosarino La Capital. A las víctimas les asignarán el 1 de febrero una fecha para participar de una rueda de reconocimiento en la que podrán señalar a quienes las golpearon y maltrataron. "Si los vemos los reconocemos, nos acordamos de las caras", aseguró Damaris, quien contó a este portal que los policías acusados suelen frecuentar el barrio, motivo por el cual ya no se sienten seguras. "No salimos solas a ningún lado, tenemos miedo" concluyó.

Presunta evasión agravada Y otro más del mejor equipo..... Denunciaron penalmente al ministro Caputo por omitir la declaración de sociedades offshore El ministro de Finanzas mintió sobre su participación en dos offshores radicadas en Islas Caimán. El titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado penalmente por omitir declarar que poseía acciones en sociedades offshore y por presunta evasión agravada. La acusación fue realizada por el senador nacional de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, y recayó en el juzgado Nº 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La misma se realizó tras la publicación de los Paradise Papers que revelaron los vínculos de Caputo con la firma Noctua, radicada en Miami, y que tenía distintas ramificaciones en paraísos fiscales. El ministro había asegurado que se había desvinculado y que nunca fue accionista, pero se conoció una documentación del organismo regulador de Estados Unidos que volvió a exponer a Caputo: efectivamente era accionista y controlaba el fondo de inversión de dicha firma con dos sociedades montadas en Islas Caimán. Los archivos muestran que el funcionario ostentó esa posición entre mediados de 2009 y, por lo menos, mediados de 2015. Ninguna de esas empresas figura en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. “Caputo mintió deliberadamente ocultando un patrimonio que no se compadecía con sus declaraciones fiscales ya que tampoco declaró esas tenencias accionarias, por lo cual al incumplimiento de sus deberes como funcionario público suma la ‘ocultación maliciosa de bienes’”, sostiene la denuncia elaborada por Solanas y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona. La denuncia contará con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. “Si bien eran conocidos sus antecedentes laborales en el sector financiero, no se sabía la existencia de su pertenencia a varias sociedades offshore”, sostienen los denunciantes. Las sociedades en guaridas fiscales propiedad del ministro Caputo fueron reveladas el domingo pasado por La Nación y Perfil. Los diarios publicaron documentos oficiales de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Los archivos muestran que el funcionario controlaba el fondo de inversión Noctua de manera indirecta a través de un entramado de sociedades offshore. El responsable de Finanzas era el titular del 75 por ciento de las acciones de Princess International Global Ltd montada en Islas Caimán. A través de esa sociedad controlaba entre el 50 y el 74 por ciento del paquete accionario de Affinis Partners II, también está registrada en el mismo paraíso caribeño. Y finalmente, Affinis Partners II ostentaba al menos el 75 por ciento de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami que llegó a administrar 251 millones de dólares, publicó Página 12. “La pertenencia a ese tipo de sociedades no constituye prima facie un delito de acción pública, en la mayoría de los casos, se utilizan para el lavado de activos, para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, como ha quedado demostrado en la amplia bibliografía que existe sobre la materia”, sostienen Solanas y Olmos Gaona. Los documentos de la SEC no forman parte de la megafiltración de información financiera sino que fueron obtenidos por los periodistas que forman parte del equipo de investigación de los Paradise Papers mediante un pedido de acceso a la información bajo la Freedom of Information Act estadounidense. En junio del año pasado, cuando el funcionario ya se habría desvinculado de la fondo de inversión, Noctua Asset Management adquirió 5 millones de dólares del oneroso bono a cien años emitido por el propio Caputo. No es la primera denuncia que cosecha Caputo desde que llegó a la función pública. La compra de 700 millones de pesos en contratos de dólar futuro por parte del fondo Axis que dirigía antes de validar una devaluación como funcionario y la colocación de 500 millones de pesos realizada por la Anses en junio de 2016 en un fondo común de inversión controlado por esa misma firma, le valieron otras dos denuncias. Ahora intervino la Oficina Anticorrupción La Oficina Anticorrupción anticipó que le requerirá a la SEC (Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos) información sobre el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Según informaciones periodísticas, Caputo habría ocultado en sus declaraciones juradas que, antes de asumir en el Gobierno, tenía acciones en dos compañías offshore en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami. A través de un comunicado, el organismo que encabeza Laura Alonso señaló que "la Oficina Anticorrupción, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, realiza el análisis y control de la información incluida en las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos". Y agrega que, según la ley vigente, "los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos 3 años. Se trata de la Declaración Jurada de Inicio", publicó Infobae. "Como resultado del control patrimonial, la Oficina Anticorrupción ha requerido aclaraciones al Sr. Ministro de Finanzas a fin de reflejar en forma completa la información patrimonial y de intereses. Posteriormente, toda la información fue remitida al Sr. Fiscal interviniente, Carlos Rívolo". Para concluir que, a raíz de la última información publicada, "la Oficina Anticorrupción requerirá a la SEC, entre otras medidas de prueba, la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en su poder".

Desde la Sociedad Rural Cerraron 37 tambos en el departamento Nogoyá y hay “una gran desilusión” con el gobierno de Mauricio Macri El sector tambero atraviesa una crisis hace un buen tiempo. Esta situación, lejos de solucionarse se agravó con el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, hasta sectores que apoyaron y acompañaron al presidente durante su campaña, hoy se muestran desilusionados por la falta de respuestas: "Es importante que se tome conciencia que la crisis de la lechería es económica pero también es social, y tiene un impacto directo en las familias, en la sociedad", señaló María Guadalupe Vivanco, de la Sociedad Rural de Nogoyá. En ese departamento, cerraron 37 tambos entre 2016 y 2017. La dirigente rural aseguró que "hay una gran desazón, una gran desilusión" con el gobierno de Macri pero aclaró que "el campo viene relegado hace muchos años". "Tenemos un gobierno que no nos da soluciones, no nos ayuda, no nos brinda reglas claras, no baja la presión fiscal", aseguró. La cuenta lechera más importante de Entre Ríos está en crisis. "Esto es dramático porque se trata de familias de varias generaciones de productores de leche", advirtieron desde la Sociedad Rural de Nogoyá La situación que enfrentan los productores de leche en Entre Ríos es dramática, al punto que entre 2016 y 2017 sólo en el departamento Nogoyá, la principal cuenca lechera entrerriana, cerraron 37 tambos, en su mayoría de pequeños y medianos productores. El dato, durísimo –detrás de cada tambo que baja la persiana hay varias familias que quedan sin trabajo y sin ingresos–, lo aportó a Dos Florines María Guadalupe Vivanco, la presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá. La dirigente, además, remarcó que la sequía ha provocado “un impacto enorme” y estimó que la producción de leche “ha caído un 30 por ciento” por lo menos, razón por la cual la institución que preside, junto a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), su entidad madre, ha pedido la urgente declaración de la emergencia agropecuaria. Praderas secas, daños en el 50 por ciento de las sojas de primera y maíces con rendimientos de apenas 25 quintales por hectárea son argumentos más que válidos para tal solicitud. Más allá de los perjuicios de la sequía, los tamberos esperan desde hace mucho tiempo el reordenamiento de la actividad, una baja de la presión fiscal, mejoras en las condiciones de comercialización, más infraestructura y más mercados internacionales, por nombrar sólo algunos de los problemas de un sector productivo que “tiene la responsabilidad de sostener a cientos de pueblos del interior”, subrayó Vivanco. Para la ruralista nogoyaense, “es importante que se tome conciencia que la crisis de la lechería es económica pero también es social, y tiene un impacto directo en las familias, en la sociedad. Son miles los puestos laborales que se pierden cuando se cierran los tambos y se profundiza el desarraigo rural”, remarcó. – ¿Cuánta gente vive de la lechería en el departamento Nogoyá? – No hay números exactos, porque, en realidad, como sucede en las denominadas economías regionales –y la lechería en Entre Ríos es una economía regional–, miles de familias viven directa e indirectamente de los tambos. En el caso del departamento Nogoyá un 35% de los tambos son tambos-queserías, y del total de tambos del departamento el 80% son familiares. – ¿Cuántos tambos debieron cerrar? – Venimos de un año catastrófico. Entre 2017 y parte de 2016, en la zona de Nogoyá, cerraron 37 tambos de pequeños y medianos productores, si bien hay que aclarar que varios de esos tambos estaban alquilados. Esto es dramático porque se trata de familias de varias generaciones de productores de leche. Detrás de cada tambo hay muchas familias. Por eso digo que la crisis de la lechería se tiene que tomar como un problema socioeconómico. Esto impacta directamente en la sociedad, la crisis genera desarraigo y esto hay que detenerlo de alguna forma. Uno se encuentra con escuelas desiertas, con puestos de trabajo que se terminan, y esa gente se viene a los pueblos, pero se viene con pobreza. – La Sociedad Rural de Gualeguay salió hace unos días a criticar duramente al Gobierno nacional. ¿En Nogoyá también hay desilusión con el presidente Mauricio Macri? – Adhiero al comunicado que dio a conocer la Sociedad Rural de Gualeguay porque es una realidad, la crisis es la misma y el impacto negativo también. Sí, hay una gran desazón, una gran desilusión. Pero también hay que decir que el campo viene relegado desde hace muchos años. Tenemos un gobierno que no nos da soluciones, no nos ayuda, no nos brinda reglas claras, no baja la presión fiscal. Sentimos que continúa el desamparo a la producción en el campo. – ¿Macri no puede, no sabe o no quiere solucionar el problema de los tamberos? – Vengo de una familia de productores y la verdad que miro a este gobierno y miro a los anteriores y, desde mi humilde opinión, ninguno le ha dado al campo el lugar que se merece como motor de la economía del país. (El campo) Debería ser un sector amparado, asistido, protegido e incentivado para que se desarrolle, y no para que se cierren tambos. Duro comunicado de la Sociedad Rural de Gualeguay “Los productores lácteos no podemos más”, asegura la Sociedad Rural de Gualeguay en un comunicado de prensa... “Sería un grave error, acusar los males del sector a este gobierno, la situación tiene décadas de desaciertos, negligencias e inacción, no obstante, confiábamos que un equipo preparado, pudiera revertir la situación con medidas concretas” señala el documento, al tiempo que puntualiza “Exigimos a las autoridades nacionales una solución urgente e integral a la severa crisis que atravesamos”. El documento solicita al gobierno nacional concretamente: Eliminar los regímenes de retención de IVA y ganancias a un sector que genera quebrantos y saldos a favor. Hacer operativo el anuncio ya efectuado de que el Banco de la Nación Argentina, otorgue una línea de crédito por tres liquidaciones mensuales de leche para recomponer capital de trabajo y que su pago se descuente mensualmente de la usina. Establecer legalmente, la obligatoriedad de las empresas lácteas a pagar a los productores vía transferencia bancaria a los 7 días posteriores a la entrega de la leche. Reducir la carga laboral a un sector altamente intensivo en mano de obra. Reducir el costo tributario de la electricidad, que puede llegar a ser más del 35% del costo de la factura eléctrica. Exigir a los estados provinciales el cumplimiento del pacto fiscal que prevé la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos. Firmar acuerdos legales con las provincias de forma tal, de lograr que las provincias mantengan la red vial rural en condiciones aptas para poder entregar la producción.

Exponía en un foro El mal momento de Dujovne: un profesor le preguntó en Madrid por su patrimonio off shore Mientras exponía en el Foro España Internacional, el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, debió a responder a un profesor universitario que quiso saber sobre pobreza e inflación y también sobre la cuestión patrimonial del funcionario. Le recordó que tiene su patrimonio off shore y que no es congruente con instar a invertir en la Argentina, mientras el ministro exponía en Madrid sobre la situación económica del país. Dujovne expuso durante unos 30 minutos hasta que se abrió una ronda de preguntas. El moderador leyó los interrogantes que alcanzó por escrito Jorge Fonseca, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid . El catedrático inquirió al funcionario sobre la pobreza: a diciembre de 2015 era del 28 por ciento, y ahora era del 31,9, ergo, no había bajado, sostuvo. También inquirió por el combo de deuda, inflación y el déficit. Y remató con la pregunta sobre el patrimonio de ministro fuera del país: “¿Cómo espera que de esa forma vayan inversiones a la Argentina?”, reflejó Página/12. El ministro replicó que “el profesor este de la Complutense” tomaba los datos de pobreza del Indec en tiempos del kirchnerismo. En ese momento, Fonseca lo cortó y le dijo que tomaba los datos de la UCA, de “referencia” para el macrismo, según recordó, al tiempo que le espetó: “Usted está mintiendo”. Allí Dujovne quiso justificar las estadísticas de la UCA que Cambiemos daba por válidas antes de asumir, al remarcar que el Indec no medía la pobreza antes de 2015. “Y ahora tampoco”, lo volvió a cortar Fonseca. El ministro definió como “intervención aberrante” los años del Indec y apuntó que la primera medición fue del 32 por ciento y que ahora había bajado al 28. Luego, Dujovne apuntó que la inflación fue “lamentablemente” del 24,8 por ciento en 2017, que ahora hay una meta del 15 por ciento este año y que aspira al 10 por ciento para 2019. Comparó la cifra del año pasado con el ocho por ciento del Indec antes de la llegada del actual gobierno. Acto seguido, dijo que su patrimonio está perfectamente declarado, “a diferencia de lo que pasaba en el gobierno anterior”, en la Oficina Anticorrupción. De las off shore no dijo nada. A la salida, Fonseca aseguró que preguntó “por aprecio al rigor”, mientras que Dujovne dijo no haberse puesto “incómodo” por las preguntas, aunque opinó que “los modos no son los mejores”.

Dolores Etchevehere: “Hubo vaciamiento en ‘El Diario’” Dolores Etchevehere, la hermana de Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria de la Nación, afirmó en forma pública que uno de los principales delitos que investiga la Justicia a partir de sus denuncias por fraude es el de “vaciamiento” de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, de Paraná, de la que es socia. “La mayoría de los delitos que yo he denunciado se han confirmado. Uno de ellos, la columna vertebral, ha sido el caso del vaciamiento de El Diario de Paraná”, dijo y denunció los continuos “amedrentamientos” de la que es víctima por denunciar esos hechos, acciones que también padece su abogada Andrea Saxer. Una de las empresas que han servido a las operatorias de vaciamiento es Construcciones del Paraná SA, en la que son socios parte de la familia Etchevehere, y que se ha ido quedando con las propiedades de SAER, según se ha podido determinar en la Justicia. Esa sociedad, según Dolores Etchevehere, “está floja de papeles”, según dijo en una entrevista con el programa Cinco Esquinas, que se emite por FM Costa Paraná. Dolores Etchevehere denunció al ministro de Agroindustria y a sus otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. Lo primero que encontró, dijo, fueron firmas falsificadas en el expediente de la sucesión a la muerte de su padre, Luis F. Etchevehere. Le falsificaron su propia firma y la de su padre. Fue la piedra de toque que desnudó otros delitos, como la toma de créditos a tasas subsidiadas por el Estado para fines productivos pero que, al final, terminaron en los bolsillos de la familia Etchevehere. “Yo denuncio esto por supuesto que con mis consecuencias, bastante bravas. Me amenazan a mí, a mis hijos, amedrentan, tratan de hacer prevalecer esta figura, imaginando que tal vez generando miedo podrían llegar a esconder la verdad”, aseguró. “No solamente me tratan de amedrentar o me mandan mensajes, sino también a mi abogada, Andre Saxer, muy valiente, excelente profesional”, aseveró. Luego, mencionó la “contradicción” que mientras integrantes de su familia van a hablar a las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que son socios, aquí tratan de censurar sus opiniones. “Me parece patético. Van a la SIP y no tienen diario. Tienen un diario vaciado, con sus periodistas en la calle”, reprodujo Entre Ríos Ahora

El Hospital de Esquel cobra arancel a los pacientes de Chile que cruzan a atenderse El centro chubutense recibe una vez por semana, con orden médica y visita programada, a unos 30 habitantes de tres localidades cercanas, y factura al Estado vecino por los gastos. Recaudan unos $ 5,5 millones anuales. Atencion. Los pacientes chilenos se atienden los jueves, con turno previo y orden de su médico de referencia. También emergencias. Foto:Gza. Comunicación. Area Programatica Esquel Cada jueves, el Hospital Zonal de Esquel, en Chubut, recibe entre veinte y treinta pacientes chilenos que se atienden allí, gracias al convenio firmado en 2004 entre las autoridades provinciales y el Estado chileno. Se trata de los habitantes de las localidades chilenas Chaitén, Futaleufú y Palena a quienes por una cuestión geográfica –con la cordillera de los Andes, mediante– les queda más cerca llegar al hospital de Esquel. Siempre con turno previo y orden de un médico de su hospital de referencia, a excepción de las emergencias que llegan en las ambulancias. Y el Estado chileno paga luego por el servicio al hospital. Así, en medio de la polémica que se generó por el pedido de las autoridades jujeñas para que el Estado boliviano se haga cargo de los gastos de los pacientes de ese país que se atienden en la provincia; y que derivó en la presentación de un proyecto de ley para que se cobre a los pacientes extranjeros en todo el país; el caso del convenio implementado entre Chubut y Chile podría ser referencia de un acuerdo ya puesto en marcha con la requerida “buena voluntad” de los Estados, explica el director del hospital, Antonio Mugno. “Nosotros estamos en la zona de cordillera, por lo que era habitual que llegaran pacientes de localidades chilenas que por una cuestión geográfica les queda más cerca nuestro hospital que el de Puerto Montt. El inconveniente que teníamos era que llegaban sin saber lo que requerían ni los gastos que producían. El inconveniente era que al no contabilizar la atención que dábamos no podíamos programar los gastos o generar una política dirigida dentro del hospital”, sostiene Mugno acerca de los motivos por los que llegaron al acuerdo. El convenio en cuestión estipula, entre otras cosas, que haya día de atención para la atención de pacientes chilenos, con turno previo, y derivados de sus hospitales de referencia por un médico (excepto en lo casos de urgencias). Y un sistema de cobro al Estado chileno, con valores calculados sobre la base de los nomencladores de la obra social provincial. El año pasado facturaron $ 5.600.000. “Lo fundamental es tener organizadas las prestaciones y brindar la atención correspondiente en orden, para que el funcionamiento hospitalario sea útil para los dos países. No es exclusivamente una cuestión económica, ya que el convenio tiene características que se amoldan a la zona. Si tuviéramos una ciudad muy grande del otro lado, no se si podríamos dar las mismas prestaciones”, aclara Mugno. Hasta el momento no tuvieron problemas con el funcionamiento o el cobro de los servicios. Cada año, se renueva la firma del acuerdo con las prestaciones que haya incorporado el hospital. En 2004, por ejemplo, cuando se hizo por primera vez, el hospital no tenía tomógrafo, ni profesionales de neurocirugía o gastroenterología, áreas que hoy sí están cubiertas. Y, a diferencia de lo planteado por la provincia de Jujuy y Bolivia, en este caso no se trata de un acuerdo de reciprocidad, sino que es unidireccional. Como sucede con otros países, entre Argentina y Chile existe acuerdo de reciprocidad en salud, pero solo en casos de emergencias médicas. Fuerza de ley. En la firma del último convenio, junto a Mugno y el ministro de Salud de Chubut, Ignacio Hernández, estuvo la referente sanitaria chilena, Fabiola Jaramillo Castella, quien sostuvo que “para el gobierno de Chile se trata de un convenio de fuerza de ley, que implica que el Hospital de Esquel, para todo lo que está acordado dentro del convenio, es parte de la Red Sanitaria de Chile; permitiendo obtener el recurso financiero para pagar las prestaciones, incluir dispositivos de comunicación y formación”. Y justificó que por las distancias, a los pobladores chilenos fronterizos les resulta más accesible Esquel, que el hospital de Puerto Montt.

Día de la Memoria: los familiares de los genocidas marchan por primera vez a Plaza de Mayo Nucleados en la agrupación "Historias desobedientes", hijas e hijos de represores se movilizan este 24 de marzo para conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña con el 2x1 fue el catalizador para que, en medio de la marejada de críticas que despertó aquella escandalosa medida, se oyera por primera vez una voz hasta el momento acallada: la de los familiares de los genocidas. Esa primera voz fue la de Mariana Dopazo, hija de uno de los represores más feroces con los que contó la dictadura militar para implantar el terrorismo de Estado: Miguel Osvaldo Etchecolatz. El 10 de mayo del año pasado Mariana marchó. Fue una más entre las 500 mil personas que en Buenos Aires exigieron que los genocidas no puedan acceder al beneficio del 2x1. Lo hizo en silencio. Sin que ninguna de las personas que estaban a su lado supiera que había visto el horror en su faceta más desconocida,el de la cotidianeidad. Pero este 24 de marzo, por primera vez desde la recuperación de la democracia, los hijos y nietos de los genocidas marcharán sin esconderse, lo harán encolumnados detrás de la agrupación "Historias desobedientes", en la que confluyen otra clase de víctimas que dejó el terrorismo de Estado: la de los portadores de pesadas historias ajenas y cuyos apellidos impiden dejar atrás. No será la primera vez que marchen juntos: ya lo hicieron en junio del año pasado, en la movilización convocada por Ni Una Menos. Días después de marchar contra el 2x1, Mariana habló con Juan Manuel Mannarino, y de esa charla salió una nota publicada en la revista Anfibia, que a su vez disparó una serie de encuentros. Desde esas primeras reuniones fueron ganando y perdiendo integrantes, pero la constante fue el predominio de las mujeres en el grupo. "Sabemos que algo tenemos que ver con ese horror: nuestros padres, o nuestra madre, o tal vez nuestros abuelos o nuestro propio hermano o nuestro tío o padrino tan queridos fueron parte de los delitos más aberrantes que haya conocido la humanidad. Algo tenemos que ver con ese espanto. Es algo siniestro, ominoso, por su cercanía, por su cotidianeidad", admiten en su sitio web. Y ante quienes todavía intentan instalar la gangrena de la duda, sentencian sin lugar a dudas: "Son 30.000 motivos los que tenemos y están presentes. Ahora y siempre. #NoOlvidamos #NoPerdonamos #NosNosReconciliamos #Son30mil". Desde ese espacio rechazaron cada una de las decisiones judiciales que en los últimos dos años otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria a los genocidas. Desde allí también reclaman modificar el Código Procesal Penal que les impide denunciar o declarar en contra de un familiar directo. Para ello elaboraron un proyecto de ley que presentaron en el Congreso para que remuevan estos impedimentos cuando se trate de delitos de lesa humanidad, de modo que se habilite a los familiares de los genocidas a poder denunciarlos o declarar en su contra de forma voluntaria cuando quieran dar su testimonio. Este 24 de marzo, por primera vez como agrupación, pero también por primera vez para muchos de ellos, marcharán junto a los miles y miles de argentinos que año a año ratifican su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.