pacoperezabella

Les dejo una serie de videos sobre el tema: Contaminaciom de Minera Alumbrera Apachiri Parte 1: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=OJ7mwztcY18 parte 2 alpachiri villa lola La ganga: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=pTRndh6GanQ parte 3 La ganga: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=NrTbLTs-7n4 Saludos.

Macri pidió a D'Elía y a "la señora de Salta" que dejen trabajar a los porteños Así se expresó el jefe de gobierno porteño en relación a la manifestación de ayer, encabezada por Luis D'Elía y la jujeña Milagro Sala, a quien llamó la "señora de Salta" El jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, salió a cuestionar nuevamente la marcha contra su gestión, que se llevó a cabo ayer por la tarde en el centro porteño, a la que calificó de "impresentable", y le pidió a Luis D'Elía y a la "señora de Salta", en alusión a la dirigente jujeña Milagro Sala, "que no nos compliquen la vida". Macri descalificó así la marcha hacia la sede comunal, convocada por D'Elía para expresar el rechazo de las organizaciones sociales a la gestión del PRO, aunque la administración macrista la adjudica a una iniciativa del gobierno nacional. "Esta marcha impresentable que hacen hoy viene a alterar aún más la vida de los porteños", declaró ofuscado Macri, luego de trazar el balance de sus dos primeros años de gestión. "La marcha de D'Elía es impresentable, como siempre, y no entiendo para qué va a venir a complicarnos la vida a los porteños una vez más", protestó una y otra vez Macri, según publicó Página 12. Fuente: http://www.elintransigente.com.ar/notas/2009/12/10/argentina-33172.asp

Business for Social Responsibility (BSR) desembarca en Andalgalá Argentina - Catamarca Martes 30 de Marzo de 2010 19:03 Luego de la represión policial y los sucesos de febrero en Andalgalá, la consultora global Business for Social Responsibility (BSR) prepara una intervención en la ciudad catamarqueña para asistir a la minera canadiense Yamana Gold en la formulación de estrategias que permitan el avance del resistido (y paralizado por la justicia) mega proyecto Agua Rica. Oro Sucio 30/03/2010. Un equipo de BSR está realizando un estudio sobre el contexto socioambiental y político del proyecto, la dinámica social existente y el perfil de los diversos actores sociales, para luego formular recomendaciones estratégicas. El grupo de analistas ya trabaja en Buenos Aires y estará en Andalgalá entre el 10 y 15 de abril. BSR intervino también en Esquel luego de la consulta popular del 23 de marzo de 2003 que enterró el proyecto minero de Meridian Gold. Las "buenas prácticas" de esta consultora quedaron inmortalizadas en las ya célebres grabaciones de una reunión privada en un hotel de Buenos Aires, donde se planificó dar vuelta la opinión de la población expresada democráticamente en las urnas. Gacetilla de Prensa de los Vecinos Autoconvocados de Esquel del 8 de abril de 2003. Una nueva ofensa a la voluntad de un pueblo MEDIDIAN GOLD CONTRATÓ AYUDA PARA ENTENDER A LOS ESQUELENSES Una consultora intentará explicarles a los directivos de Meridian Gold el resultado de la consulta popular y a "entender las preocupaciones de los esquelenses", lo cual no solo es patético sino también nuevamente ofensivo para la comunidad esquelense: necesitan intermediarios para entender la voluntad popular. Sin embargo, Meridian Gold todavía no ha sido capaz de explicar a la población de Esquel la contaminación de los arroyos y fuentes de agua ni el uso ilegal de ese recurso en el yacimiento, el cúmulo de mentiras y conceptos erróneos en su estudio de impacto ambiental, la sucesión permanente de declaraciones irritantes de sus directivos y funcionarios, los fondos invertidos en la campaña de la consulta popular, etc., etc. Entre otros miembros corporativos de la consultora contratada -Business for Social Responsibility (BRS)- hallamos a las casas matrices de varias empresas privatizadas (British Telecom), otras grandes firmas internacionales (General Motors, British Petroleum, Sony, etc.) y mineras (Rio Tinto, Placer Dome, Antamina, Newmont Mining, Phelps Dodge e Inco Ltd.) casi todas ellas con amplios antecedentes negativos en "responsabilidad social empresaria". Se trata -además- de una consultora de las mismas empresas que exprimen nuestro país y otros, y que reclaman todavía más ventajas en las tarifas, impuestos, márgenes de ganancias y reformas laborales, sin olvidarnos de que alguna ya negocia su instalación en Irak. No resultaría extraño que -tal como revelan recientes análisis geopolítocos- esta consultora tenga nexos con agencias de inteligencia del hemisferio norte, aunque entre los antecedentes publicitados no los confiesan. Quizás la consultora contratada utilice una mezcla de disciplinas tales como antropología, socilogía, psicología y traducción de idiomas, para que vuelvan al ataque con otros vestidos y una cara empresarial lavada. Los vecinos de Esquel, por este medio le informamos a los integrantes de la consultora Matt Jeschke, Jim Rader y Christina Sabater y a los directivos de Meridian Gold, que luego de debatir extensamente e informarnos con profundidad y seriedad nos pronunciamos en forma responsable, definitiva y sin vuelta atrás, con un arrasador 81% de los votos EN CONTRA DEL EMPRENDIMIENTO MINERO, y que el mismo es definitivo, no negociable y asumido como propio por los pobladores de todas las localidades del Chubut y muy tenido en cuenta y "entendido" en el resto del país. Sugerimos que los servicios que la minera debiera contratar en forma urgente son los de una agencia de viajes para la compra de los pasajes de vuelta a sus lugares de todo el personal sin radicación en Esquel y directivos, una empresa de transportes y varios conteiners para la mudanza y el traslado de todos sus muebles, máquinas, equipos y demás elementos a su país de origen, sin descartar los tratamientos médicos específicos que requieran los directivos de Meridian Gold para asimilar psicológicamente el despido definitivo que emitió la población a su empresa el pasado 23 de marzo. Otras fuentes de consulta opcionales para Meridian Gold podrían ser: •Tribunal Electoral de Esquel. •Profesionales de la UNPAT sede Esquel. •Diarios Clarín, Página 12, La Nación, El Chubut, El Oeste. •Agencias de viajes de Esquel. •Empresas de transporte de carga de Esquel. POR VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL - Comisión de Prensa Esquel 8 de Abril de 2003. Gacetilla de Prensa de los Vecinos Autoconvocados de Esquel del 13 de agosto de 2003. Estudian el "caso Esquel" para vencer la protesta y maquillar la minería a cielo abierto ¿QUE PARTE DE LA PALABRA NO ES LA QUE NO ENTIENDEN? En una nueva provocación a la dignidad del pueblo de Esquel, la empresa El Desquite-Meridian Gold pretende encubrir sus verdaderas intenciones de imponer el proyecto minero a cualquier precio contratando a la consultora BSR para interpretar la voluntad popular. El directorio de Meridian Gold en Canadá intentó imponerlo con Tanoira-Tuffino-Moscardi-Neff; volvieron a insistir utilizando a sus marionetas provinciales Hughes-Hildebrant-Giacone y al mismo gobernador Lizurume, acompañados por los locales Sergio Ongarato-Cristiani y, por supuesto Williams. Luego, el aparente silencio y ahora este nuevo relanzamiento del miserable emprendimiento contra nuestra contundente y definitiva desaprobación. Como "ningún perro muerde la mano del amo que le da de comer", el informe de la consultora BSR no hace otra cosa que repetir las apreciaciones dichas por la minera en respuesta a nuestro arrasador 81% con el cual demostramos tener información y sobrado coraje. Insisten en hacernos pasar a los esquelenses por ignorantes, porque ese informe induce a pensar que el problema central ante una violación es que el violador no supo seducir a su víctima. Colocan la mentira al servicio de los negocios multimillonarios maquillada de una falsa sinceridad y/o comprensión. Este informe -que tiene el atrevimiento de poner en un plano de igualdad una encuesta de 135 personas frente a 11.065 votos que dijeron que NO- es parte de la nueva estrategia de Meridian Gold, que no hace más que insultar a quienes dimos nuestro total y definitivo rechazo al emprendimiento. 23 DE AGOSTO: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE VECINOS Se realizará el sábado 23 de agosto una asamblea extraordinaria de vecinos para analizar y decidir acciones para lograr que las autoridades de los gobiernos nacional, provincial y municipal como también la empresa El Desquite-Meridian Gold, respeten a rajatablas el NO expresado el 23 de marzo y que sin más pérdida de tiempo el proyecto sea definitivamente clausurado retirándose la minera de la región. POR VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL - Comisión de Prensa y Difusión Esquel 13 de agosto de 2003. .

Comunicado contenido en el expediente Nº 2.503/09 con resolución del 12 de febrero de 2009 - UNSa RESOLUCION CS 001/09 VISTO el trágico alud ocurrido en la Ciudad de Tartagal el día 9 de febrero del corriente, y; CONSIDERANDO: Que la comunidad de la Universidad Nacional de Salta se encuentra profundamente conmovida por la desesperante situación que atraviesan nuestros comprovincianos. Que desean por este medio expresar su solidaridad y compromiso con los ciudadanos de Tartagal. Que asimismo, como Institución Académica, esta Universidad pone a disposición de los organismos estatales y no gubernamentales los estudios ya realizados sobre la problemática que se vive y los que fueran requeridos por la comunidad. Que en este sentido, se elaboró el Diagnóstico y Evaluación de la Cuenca del Río Tartagal y área de influencia (ver en archivo adjunto), realizado por el Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Claudio Marcelo Cabral y la Ing. Química Gloria Plaza, en el año 2006. Que la Comunidad Universitaria de Tartagal presentó en el día de la fecha un documento ante este Cuerpo, suscripta por integrantes de la Sede Regional Tartagal y el Instituto de Educación Media de Tartagal, se describe la situación de destrucción de la zona de la siguiente manera: “La Comunidad universitaria de Sede Regional Tartagal de la U.N.Sa ante los sucesos socio-políticos y ambientales que la conmueven otra vez. Tartagal, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra región nuevamente está suspendida en el decurso de sus vidas de esfuerzo y pelea cotidiana con la postergación económica, la expulsión social, los riesgos de salud, la pobreza extrema, la incertidumbre laboral, la falta de viviendas, el alimento básico y seguro de cada día. Esta vez es más profundo el agujero por el que se cuelan impotentemente las vidas, el esfuerzo, el espacio íntimo de muchos vecinos desde el que cada uno se propone construir su proyecto de vida personal y comunitario. Las imágenes transmitidas por los medios de comunicación en estos días eximen de toda descripción. Está claro que este alud, esencialmente, sacó de raíz sólo las bases sobre las que verdaderamente armamos esos proyectos y acciones diarias. Tartagal es una vez más un muy elocuente ejemplo de ello: la pobreza, la desprotección social, la ineficiencia y anacronismo de algunas instituciones, las consecuencias de la falta de políticas sociales públicas. Es de tal gravedad la crisis que nos atraviesa que nos urge en primera instancia hoy la acción. Priorizamos la asistencia y colaboración a nuestros compañeros y alumnos que han sido afectados. Pero sabemos que se abre en los días por venir un tiempo duro para reconstruir, desde la conciencia indelegable de lo que demanda la dignidad humana y ciudadana, las redes que posibiliten la salud, la vivienda, la comida, el trabajo, el medio ambiente que nos afirmen como habitantes del norte de Salta y Argentina. Por ello nos pronunciamos en estos sentidos: * Creemos que estamos ante la concreta realidad de una tragedia humanitaria de colapso social, ambiental y económico que se enunciaba como posibilidad en los documentos emitidos por el Consejo Superior en Agosto de 2008 * Ratificamos la situación que describimos en 2006 y que dio lugar a la Res Nº CS 089/06, Expte N° 2513/06 como mucho más grave y expandida por el alud reciente. Es necesario esta vez, apoyar con responsabilidad y sin atenuantes una política en la distribución del espacio para viviendas, la ejecución de obras de infraestructura civil. * Reclamamos y exigimos la aplicación, sin excepciones, de la Ley de Bosques, y de todos aquellos instrumentos jurídicos que impliquen la protección de derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los pobladores del Dpto. San Martín en situación de emergencia en todos los campos de la vida comunitaria desde 1997 a la fecha. * Continuar intensificando todos los reclamos sostenidos por el Consejo Superior de la U.N.Sa en los diferentes pronunciamientos y Acciones de Amparo promovidos ante la Corte Suprema de la Nación a favor de la distribución de tierras, del ordenamiento territorial, de la aplicación de leyes ambientales y protección y respeto de derechos de las comunidades de pueblos originarios de la región. * Agradecemos el acompañamíento y cooperación de toda la Comunidad Universitaria para hacer efectiva la ayuda urgente a la población afectada. Solicitar la atención particularizada de la Secretaría de Bienestar Universitario en la planificación y concreción de aquellas políticas que nos permitan atender a los alumnos afectados por esta emergencia puntual y afirmarlos en su proyecto de estudio y profesionalización.” Por ello y luego de constituido en Comisión, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (en su Primera Sesión Extraordinaria del 12 de febrero de 2.009) R E S U E L V E : ARTICULO 1º.- Expresar la solidaridad de esta Universidad con toda la comunidad de la ciudad de Tartagal ante la tragedia ocurrida; poner a disposición los estudios realizados y manifestar nuestra disposición para efectuar los que fueran requeridos. ARTÍCULO 2º.- Adjuntar como Anexo I de la presente el documento: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO TARTAGAL Y ÁREA DE INFLUENCIA para ser girado a los organismos gubernamentales. ARTÍCULO 3º.- Comuníquese con copia a: Sra. Rectora, Poder Ejecutivo Nacional, Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Salta, Defensoría del Pueblo de la Nación, C.I.N., Facultades, Sedes Regionales, Institutos de Educación Media, Secretarías, Consejo de Investigación, Direcciones Generales, UAI, ADIUNSa., APUNSa, y Asesoría Jurídica. Cumplido siga a Rectorado a sus efectos. Asimismo, publíquese en el boletín oficial de esta universidad. RSR Prof. Juan A. Barbosa – Ing. Stella Peréz de Bianchi.- http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-8d6b-92d9.pdf.

Tecpetrol en territorio Wichi: responsabilidad social empresaria y criminalización "La incursión en territorio indígena -violando convenios internacionales y legislación nacional- y los reparos sobre el potencial riesgo presentados por más de 5.000 habitantes no ha constituido un freno para una inversión estimada en más de 40 millones de dólares. Una de las comunidades más afectadas es La Chirola, cuyo territorio ancestral fue comprado por la empresa Sidecto, el grupo de la familia Macri." AVANCE PETROLERO SOBRE EL CHACO SALTEÑO “Comprometida con el desarrollo de su personal, las comunidades en las que trabaja y con el cuidado del medio ambiente, la empresa continúa analizando oportunidades para la incorporación de nuevos negocios” Tecpetrol S.A. (1) Por OPS.- El conflicto entre las comunidades wichí y Tecpetrol se origina a mediados de febrero, con la llegada de la empresa a Fortín Dragones para explorar –y eventualmente explotar- nuevas áreas hidrocarburíferas licitadas por el gobierno salteño en 2006. A principios del 2007 la subsidiaria del grupo Techint para el sector de hidrocarburos, asociada a Petrobras, se adjudican el área Hickman. La incursión en territorio indígena -violando convenios internacionales y legislación nacional- y los reparos sobre el potencial riesgo presentados por más de 5.000 habitantes no ha constituido un freno para una inversión estimada en más de 40 millones de dólares. Una de las comunidades más afectadas es La Chirola, cuyo territorio ancestral fue comprado por la empresa Sidecto, el grupo de la familia Macri. El pedido de trabajo por parte de los pobladores y la financiación de proyectos productivos, de acuerdo a sus necesidades, son considerados “excesivos” por representantes de la empresa; en cambio, el hostigamiento policial y la judicialización de los wichi sigue el camino de la “normalidad”. Por otra parte, el gobierno provincial y los organismos específicos, como el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) -que tendría que intervenir en este tipo de casos-, no han dado señales de vida. Mientras el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aletarga su presencia, las instancias de negociación con la empresa se realizaban en la Unidad 4 de Infantería de Tartagal, localidad distante de las comunidades en conflicto. El chaco salteño, territorio arrasado El hecho se desenvuelve en el noreste de Salta, donde el panorama provincial parece a punto de estallar por las actividades del sector hidrocarburífero y sus consecuencias socio-ambientales. Además de este conflicto, en los últimos días se ha denunciado la firma de una ordenanza por la legislatura de Mosconi que permite el uso del agua de la laguna Aguay por las empresas petroleras que allí operan, al mismo tiempo que existían cortes del suministro para la población. (2) En la misma zona, fueron reprimidos y detenidos un grupo de desocupados que la semana pasada reclamaba fuentes de trabajo en la sede de Pan American Energy (PAE) en Acambuco. (3) Promediando febrero José “Pepino” Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, ya había denunciado el recrudecimiento de la criminalización de la protesta social por parte del Estado como garantía de “orden y seguridad jurídica” para la industria petrolera. (4) La magnitud del desmonte llevado a cabo en Salta posicionan a la provincia como la número uno del país en superficies deforestadas, siendo la región chaqueña la más perjudicada. Esta zona, rica en diversidad de vidas y culturas -territorio de los pueblos wichi, guaraní, chulipí, kolla, chané, tapiete y toba- es a su vez la zona más pobre de la provincia. La Ley de Bosques y el fallo de la Corte Suprema de Justicia no han logrado frenar un fenómeno que desde 2002 a 2009 acumulaba casi 860 mil hectáreas. (5) Esta dinámica agudiza el estado paupérrimo de las comunidades indígenas y pobladores criollos de la zona -afectadas por la falta de empleo, la escasez de agua potable, los desalojos, la falta de reconocimiento de sus territorios y la desnutrición- al tiempo que pone en jaque sus formas de vida tradicionales. Recientemente en un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), motivado por los fuertes aludes que sepultaron a Tartagal en 2006 y 2009, confirmó las denuncias que vienen elevando los pobladores: el desastre tiene una relación directa con la expansión de las fronteras agropecuaria, forestal e hidrocarburífera.(6) La actividad extractiva data de más de un siglo en la provincia. Hoy en día, además de Tecpetrol y Petrobras, operan YPF, Compañía General de Combustibles S.A. (CGC), Ledesma, Mobil Argentina, Pluspetrol, Refinor y PAE. Si bien Salta se posiciona octava en la producción de crudo a nivel nacional y segunda respecto del gas –muy lejos, sí de los volúmenes extraídos en Neuquén-, su importancia geopolítica es considerable por ser la puerta de entrada para el gas boliviano, vital para subsanar la crisis energética que atraviesa Argentina. Por el departamento de Gral. San Martín corre uno de los gasoductos neurálgicos que nutre a las industrias y centros urbanos del país. El Gasoducto Norte tiene como principal accionista (56% del capital) a Gasinvest S.A. (sociedad conformada por Tecpetrol, CGC, Total Gas y Electricidad Argentina S.A. y Petronas Argentina S.A.). Salta, el nuevo despertar hidrocarburífero Salta, como otras provincias, encaró un proceso paulatino de licitación para la búsqueda de hidrocarburos tras la sanción de la Ley Corta en el 2006. Ese año ofertó 6 áreas para exploración -permisos por 8 años- y eventual explotación -concesiones por 25 años- sobre un total de 16 que se encontraban en condiciones similares. Una de ella era el área Hickman (7), que compromete el territorio de las comunidades wichí La Chirola, La Corzuela, La Asamblea, La Golondrina, Media Luna, El Algarrobito Blanco, El Algarrobito, Carpintero y Las Yalas. Este bloque, de 6.500 km2, fue otorgado en enero de 2007 a las firmas Tecpetrol y Petrobrás. El compromiso de inversión es de 43,9 millones de dólares, de ese monto 18,7 millones de dólares serían destinados a tareas de exploración a realizarse hasta 2012. (8) En 2007 la provincia anunció la apertura de una segunda ronda licitatoria, donde incluía los bloques Arizaro, Cobres, Güemes, Joaquín V. González, Metán, Río Colorado, Rivadavia, Rosario de la Frontera, Valle de Lerma y Valles Calchaquíes y La Unión -esta última había quedado sin oferentes en la primera ronda. () A fines de 2009 Tecpetrol fue favorecida con la concesión del área en Orán, frontera con Bolivia, en una tercera ronda licitatoria. Surgieron dudas ya que el bloque fue adjudicado por apenas 250 mil dólares. (10) Fortín Dragones, la respuesta de las comunidades frente al atropello La actividad realizada por Tecpetrol en el área Hickman ha encontrado la resistencia de las comunidades wichis cercanas a Fortín Dragones. Alfredo Céliz, allegado a las comunidades, sostuvo que la más afectada sería La Chirola, cuyo territorio está comprendido por la finca El Yuto, controlada desde 2005 por el grupo Macri (11). Aunque la prioridad productiva para la finca es el sector agroganadero, en 2008 firmó un convenio con Tecpetrol y Petrobras -en calidad de adjudicatarias del área- a través del cual les permite operar en una zona determinada. A diferencia de las comunidades, la firma del grupo Macri percibe un cánon por parte de las empresas en concepto de servidumbre de paso. (12) En la primera quincena de marzo cortaron la ruta 81, acción que contó el apoyo de sus vecinas Salim, Carboncito, Misión Chaqueña y Hickman. Esta medida fue inmediatamente judicializada y policías de civil, ostentando sus armas, intentaron amedrentar a los manifestantes. Los wichi denunciaron que fueron amenazados por el comisario de la localidad, Jorge Camacho: “vos me tiras una piedra y yo te pego un tiro”. (13) La desocupación en la zona ronda el 60%, el pedido de trabajo por parte de los comuneros y pobladores locales ha sido tema de negociación constante con la empresa desde principios de este año. (14) En diálogo con el OPS, Ramón Roca, de la comunidad La Corzuela, explicó los motivos del actual conflicto. -¿Cómo se origina este conflicto? Esto se origina, principalmente, porque se instaló una empresa en la zona nuestra, estábamos completamente desinformados. Después vimos que entraba maquinaria en nuestra zona, ahí empezamos a rastrear y ver lo que estaba pasando. -¿Esto en qué fecha se da? Entraron hace como un mes y ahora están trabajando, es la empresa Tecpetrol. Nosotros queríamos que baje un responsable para ver qué es lo que se puede dar a las comunidades, porque al final la ley dice que existe para nosotros, pero nosotros nos vemos marginados, pues. -¿Qué es lo que ustedes están reclamando? Nosotros estamos reclamando que la petrolera arregle bien con las comunidades, que dé un buen pago a las comunidades. En caso contrario nosotros no vamos a permitir que sigan perforando. En primer lugar nosotros queríamos que nos den el detalle del impacto ambiental, que no lo tenemos, para saber cómo nos va a dañar a las comunidades cercanas. Si nos conviene negociar, negociamos; y en caso de que no, vamos a solicitar que la empresa levante. Porque acá hay mucha desnutrición y son muchos los chicos que están así. Acá está asustando mucho la enfermedad de la diarrea y no sabemos de dónde proviene, sospechamos que son las contaminaciones que siempre nos causan. Vino una señora por parte de la empresa, Diana Rodríguez, encargada de Recursos Humanos. Entrevistamos con la empresa, pero no concretamos nada porque la propuesta de ella es la mitad de una migaja. Cuando nosotros queríamos hacer la contrapropuesta tampoco quería aceptar y nosotros dejamos ahí nomás. -¿Cuál era la propuesta de la empresa? La propuesta de la empresa era dar una huertita para cada comunidad, y usted sabe bien que cada comunidad cuenta con 300 familias, 2.000, 3.000 habitantes, y una huertita de una hectárea no nos conviene. -¿Han reclamado al gobierno provincial? Cuando nosotros reclamos a la empresa ellos nos mandan al gobierno, y cuando reclamamos al gobierno ellos nos mandan a otro organismo que son mano derecha, ñoquis del mismo gobierno. Por ejemplo, en la provincia tenemos el IPPIS, el ETO [Equipo Técnico Operativo, dependiente del IPPIS para llevar adelante el relevamiento catastral reglamentado por la ley 26.160], la Secretaría del Pueblos Originarios [dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano] en fin, en todos ellos se excusan, y cuando nosotros reclamamos nos toman como que somos violentos y que no conocemos la ley. Hasta nos toman como ignorantes. -No han tenido ningún interés en atender el reclamo de las comunidades. No, hasta el momento a ellos no les interesan los problemas que están surgiendo aquí en el norte. Ni con el tema del territorio ni con lo de Tecpetrol, no han dado respuesta. El mismo gobierno está jugando con la gente, con los dirigentes más que nada. Por ejemplo, yo como dirigente fui a reclamar al gobierno y me dicen que estoy reclamando locuras. Lo que uno se pone a pensar es que en la Legislatura hacen las leyes para las comunidades, pero después no se cumplen, la que se cumple es la ley de gente blanco, pero para nosotros no se está aplicando nada. -Nos puede comentar la acción que han realizado en la ruta. Cortamos la semana pasada (15), pero levantamos porque esa no era la estrategia para llegar una solución, porque es perjuicio para los que circulan. Eso también respetamos. -Leímos que hubo gente de civil con armas Sí, era la infantería, y un oficial de la policía del lugar. Nosotros la verdad no sabemos cual será la maniobra de ellos, yo tenía entendido que el auxiliar tenía que venir con un uniforme, así parecía un delincuente. -¿Era un oficial de la localidad? Sí, un auxiliar nada más. Pagado por la empresa, para que reprimiera, pero como no queríamos conflictos con nadie, respetamos la postura de los que circulan, porque el problema es con la empresa. -¿Toda la policía está recibiendo plata de la empresa o es este oficial únicamente? Lo que sabemos es que la dependencia está defendiendo a la empresa, manda personal hasta el acceso y nosotros no podemos entrar porque es una empresa privada. Nosotros lo que queríamos era la parte pacífica, que se venga un representante de la empresa y hable con nosotros. -¿Cuánta gente vive en las comunidades? En la comunidad mía están habitando 700 personas, en la comunidad Misión Chaqueña, entre 2.000 y 3.000 personas. Llegaríamos a 5.000 personas en todas las comunidades -De ahora en adelante, ¿cómo piensan seguir ustedes? De aquí en adelante, entre lunes y martes de la semana que viene [22 y 23/03/2010] va a venir la señora [Diana Rodríguez] a analizar la contrapropuesta nuestra y a dar respuesta [la empresa no se hizo presente para estos días]. No sé si será positivo o negativo, pero si sigue siendo negativo no lo vamos a aceptar, más bien lo vamos a denunciar, porque ahora le estamos metiendo un recurso de amparo. -¿En qué consiste su contrapropuesta? Nosotros queremos que se beneficie el todo, no una o dos personas de cada comunidad, esa es la estrategia nuestra. En todas las comunidades no tenemos buena agua. Hay agua, pero siempre dependemos de una localidad, del pueblo. Lo que nosotros queríamos es que nos den una perforación de 100-150 metros para agua potable a cada comunidad, y que sea potable el agua. Después hay otros que pidieron un proyecto productivo para el desarrollo de la comunidad. La señora [Diana Rodríguez] decía que era mucho lo que estábamos pidiendo. Las propuestas van a seguir y las negociaciones de las comunidades van a ser estables. Porque aquí, la verdad, nos están llevando la riqueza y después nos quieren dar una migajita nomás, cuando ellos no se van a llevar un peso, dos pesos, los millones que se van a llevar. El OPS también dialogó con Alfredo Céliz, trabajador social vinculado a las comunidades wichi. -¿Que está ocurriendo hoy en día? La empresa Tecpetrol viene trabajando hace mucho tiempo en Salta, ahora se instala en la ruta 81, en la altura de Dragones. Se instalan en lo que es la finca del Yuto. Dentro de ésta se encuentra una de las comunidades más perjudicadas, que es la comunidad de La Chirola, unas 15 familias. Después hay otras comunidades aledañas que están amenazadas, y otras que han ido a dar apoyo a la gente. -¿Qué es lo que se está reclamando? Por un lado se piden informes de impacto ambiental y, por otro, si la empresa se va a instalar y crear puestos de trabajo, garantizar la inserción de la gente en esos puestos. Parece una contradicción, porque por un lado se está hablando que no se dio a conocer el informe de impacto ambiental y cuál va a ser el grado de contaminación, y al mismo tiempo se habla de una posible inserción de la parte activa de las comunidades en la empresa. El tema es que no se les da participación a las comunidades en la toma de decisión ni se le ha brindado información. -O sea que no se cumplió con la consulta previa No, ya instalada la empresa y a fuerza del reclamo, se acercaron para que la gente acepte unos proyectos del área de Responsabilidad Social Empresaria de Tecpetrol, que tiene a cargo Diana Rodríguez, que también es la encargada de Recursos Humanos. Ante el reclamo, es un no a puestos de trabajo, lo que pueden ofrecer son huertas comunitarias y cría de ganado menor, gallinas o chanchos. Ninguno de esos proyectos surge del interés ni las necesidades reales de la comunidad. Nunca quisieron aceptar tampoco una contrapropuesta. La comunidad La Chirola no tiene ni luz ni agua y ante un proyecto de desarrollo sustentable, ya que la empresa no quiere tomar gente de la comunidad para sus puestos de trabajo, pedía proyectos para adentro de la comunidad que generen sus propias fuentes de trabajo. -¿Hubo intentos previos por parte de las empresas en la clave de Responsabilidad Social Empresaria? Hay algunos grupos minoritarios, se han repartido en total 12 puestos de trabajo. Acá estamos hablando de por lo menos 7 comunidades, un aproximado de 5 mil personas, deberíamos ver igual la población económicamente activa. Obviamente no se puede pedir la inserción de toda la población, sino al menos el 50% de la plantilla. -¿Cuál es hoy en día la situación de las comunidades? Cada una tiene sus particularidades pero básicamente todas las necesidades básicas están insatisfechas. La problemática puntual y central es la del territorio. La empresa se asienta sin consultar ni informar nada, reacciona con la medida de la gente de cortar la ruta y reclamar. -Vos comentabas que Tecpetrol ya operaba en la provincia. ¿Se encuentra en localidades cercanas? Si, por la información que manejamos, en este momento tiene hechas perforaciones más al norte, hacia la ruta 86. Lo que argumenta la empresa acá es que se está perforando para el tipo de petróleo que hay en la zona. Dentro del radio, incluido la finca del Yuto, hay 14 pozos demarcados. -¿Qué otros problemas encontraron con la instalación de la empresa? Fue la persecución por parte de la policía y la gendarmería. Empezaron a inventar causas y caer citaciones para los tribunales de Orán para cinco personas que son miembros de la comunidad. Incluso citan a gente que ni siquiera había estado en el corte sino que simplemente adhería. -¿Quién inicia las denuncias? ¿En base a qué? El tema es que simplemente le llegaron las citaciones y lo que le piden es que comparezcan ante los tribunales en la primer citación, en la segunda ya lo intiman a que serán conducidos por la fuerza pública. Pero en ningún momento se aclara de qué se los acusa. -¿Hubo diálogo con la empresa? Si, cuando se accedió al diálogo nos llevaron a un grupo de delegados a Tartagal, la gente de la empresa no quiso acercarse a la comunidad sino que nos llevaron a la seccional 4 de Infantería de Tartagal. Esto pusieron como requisito ellos para hablar, que es algo que consideramos como un atropello. Se negaron a que yo esté presente, que me encontraba como apoyo, y la policía formó parte de eso también. -Comentaba Ramón que un policía, que llegó armado y de civil, estaría siendo pagado por la empresa. Es un oficial del destacamento de Dragones, y yo no te puedo afirmar que le esté pagando la empresa, que aparte de la policía estén funcionando como trabajadores de la empresa. Pero si [la empresa] se mueve con su propio personal de seguridad, que está armado. A la vera del camino, en la entrada de la finca, lo que había era personal policial haciendo guardia. El tema es que la comunidad todavía no ha conseguido que le reconozcan su territorio. En su momento la finca El Yuto SA iba a donar unas 11 hectáreas, que es donde está asentada la comunidad, pero esa donación nunca se terminó de asentar en la escrituración de la propiedad comunitaria. También la destrucción del monte que se encaró, o sea, del lugar de donde ellos toman sus medios de subsistencia, es muy fuerte. Después de acceder al diálogo la propuesta de la empresa sigue siendo la misma. Se establecieron 5 días donde el acuerdo fue levantar la medida de fuerza y ahí volver a reunirse para charlar sobre la situación. Nosotros estamos esperando que los organismos oficiales intervengan, puntualmente el INAI y la Secretaría de Medio Ambiente de Nación. La empresa está instalada, es muy difícil que se vaya, lo que se pide es el informe de impacto ambiental y los proyectos de desarrollo sustentable. -¿Y de Nación no han tenido ninguna respuesta? Yo puntualmente estuve en contacto con la gente del INAI, lo que dicen es que estarían llegando la semana que viene [semana del 22 de marzo, finalmente llegarían en la última semana del mismo mes]. Lo que estamos necesitando acá es que alguien oficialmente asuma el caso de ahora en más, porque todo este tiempo estuvimos solos. No podemos contar tampoco con el instituto descentralizado del INAI, que en Salta es el IPPIS, que ya viene de tradición el ninguneo. Todo lo demás es ambiguo, por eso lo que se pide es información y transparencia. -Nos comentaba Ramón que próximamente tendrán una reunión con la empresa. Si que en realidad lo consideramos como un intento de desarticular la unión y la lucha que se tomó como base de la comunidad La Chirola. De hecho distintos miembros de las comunidades fueron ahí para el corte. La propuesta de la empresa fue ir a conocer las necesidades de cada comunidad visitándolas, lo vemos como un intento de desarticular el grupo. Como bien se sabe, acá la gente tiene extrema necesidad y lo que buscan es convencerlos por separado, con nimiedades, propuestas triviales y ajenas a su necesidad. Muchas veces, por la extrema necesidad o por el miedo a quedarse sin nada, terminan cooptando a la gente. Notas 1-Quiénes somos, Tecpetrol, http://www.tecpetrol.com 2- Ver más información en: Utilización de Agua potable para la industria petrolera en el Departamento San Martín, COPENOA, 22/03/2010, http://www.copenoa.com.ar y José “Pepino” Fernández: “Nos quieren quitar el Aguay”, COPENOA, 22/03/2010, http://www.copenoa.com.ar 3- Disturbios frente a una petrolera en Acambuco, El Tribuno, 25/03/2010, http://www.eltribuno.info 4- Petroleras y gobierno acentúan criminalización de la protesta social en Salta, 22/02/2010, COPENOA, http://www.copenoa.com.ar 5- Salta, capital del desmonte, Darío Aranda, Página/12, 21/02/2010, http://www.pagina12.com.ar 6- El alerta que pesa sobre Tartagal, Darío Aranda, Página/12, 21/02/2010, http://www.pagina12.com.ar 7- Las otras áreas licitadas eran Chirete, Tartagal Oriental, Morillo, Malvalay y La Unión. 8- Exploración en busca de hidrocarburos en Embarcación, Tartagal Noticias, 15/07/2009. http://www.tartagalnoticias.com.ar 9- Ibid. Ese mismo año el área Río Colorado fue otorgada para exploración a las empresas Tecpetrol y Petrobras. 10- Saqueo de recursos naturales en Salta: Licitaron áreas petroleras millonarias por solo 250 mil dólares, 07/12/2009, COPENOA, http://www.copenoa.com.ar 11- Macri lanza una mega granja, Diario Clarín, 19/02/2005. http://www.clarin.com – El regreso de Francisco Macri, Diario Página/12, 19/02/2005. http://www.pagina12.com.ar 12- Según el Acta de Directorio de Sidecto Americana S.A., presentado por la empresa ante la Comisión Nacional de Valores, la firma Yuto S.A. tiene como objetivo el “desarrollo progresivo de tierras vírgenes en la zona marginal del norte de la provincia de Salta”. (Acta de Directorio N° 2985. Documento disponible en http://www.cnv.gov.ar) La “zona marginal” de la provincia no es otra que lo que ha tratado de proteger la Ley de Bosques 26.331, sancionada en el 2007 y reglamentada en 2009. La finca fue favorecida con un permiso para el desmonte de 2.400 hectáreas cuando la sanción de la norma era inminente. Un fallo de la Corte Suprema, de diciembre de 2008, obligaba frenar los desmontes sobre territorio indígena. Sin embargo, no encontró eco en el gobierno salteño que evitó aplicar las medidas necesarias para ejecutar la medida. 13- Comisario amenaza de muerte a grupo de desocupados en Dragones, COPENOA, 08/03/2010. http://www.copenoa.com.ar 14- Petroleras limitan el ingreso laboral en zonas donde la desocupación ronda el 60%, 09/03/2010, COPENOA, http://www.copenoa.com.ar 15- La entrevista fue realizada el 19 de marzo. Fuente: http://opsur.wordpress.com/2010/03/31/comunidades-wichi-en-disputa-con-tecpetrol-responsabilidad-social-empresaria-y-criminalizacion/.

La “colonización” silenciosa: argentinos manejan la mitad de los campos del Uruguay Las retenciones y los continuos ruidos políticos provocaron una avanzada sin precedentes en apenas dos años. La búsqueda de negocios crece y parece no tener fin, ahora potenciada por el perfil pro empresa de Mujica. ¿En qué país se obtiene mayor rentabilidad?. Números reveladores de este fenómeno. Los productores argentinos, en los últimos meses, profundizaron fuertemente su poderosa estrategia de “colonización agrícola silenciosa". Con capital fresco disponible y todo el know how logrado a nivel doméstico, pooles de siembra y empresarios particulares, no sólo cruzaron el charco, sino que directamente edificaron un poderoso puente productivo entre la Argentina y Uruguay que prácticamente “borró” las fronteras virtuales entre ambas economías. Los datos son contundentes: la “legión argentina” con la que deben convivir los ruralistas uruguayos ya es mayoría. No es para menos, en los últimos tres años, prácticamente cada nuevo centímetro de tierra que se incorporó al ciclo agrícola y pasó a estar disponible para ser cultivado fue, o comprado o arrendado por argentinos que, ahuyentados por la inestabilidad política local y entusiasmados con el nuevo perfil del flamante presidente José Mujica –que invitó abiertamente a los empresarios a invertir en su país- no dudaron en profundizar sus negocios en ese territorio. En diálogo con iProfesional.com, Gustavo López, director de la consultora Agritrend, especializada en el mercado granario, aseguró que la participación de productores argentinos en Uruguay comenzó en 2003; se intensificó en 2008, con la crisis desatada entre campo y Gobierno, y volvió a crecer dramáticamente en los últimos meses. “Hoy estimamos que cerca de un 55% de todas las hectáreas que se cultivan allí están en manos de argentinos”, disparó López. En la misma línea, desde sus oficinas en Montevideo, Eduardo Blasina, director de Blasina & Tardáguila, una de las principales consultoras en agrobusiness, confirmó que “más de la mitad de nuestra tierra ya la están trabajando argentinos. Es más, ya no queda un solo inversor importante que no esté instalado aquí”. En este contexto, la célebre frase “nadie es profeta en su tierra” cobra más vigencia que nunca en el país vecino. Sucede que, a partir de esta “avanzada colonizadora”, sumado a la fuerte presencia de empresarios brasileños –que apuestan más que nada por el arroz-, se fue "corriendo" del mapa a los productores uruguayos, a tal punto que hoy trabajan apenas 35 de cada 100 hectáreas. Un lugar para grandes y chicos Según López, “en su mayoría, los que decidieron cruzar la frontera fueron los grandes pooles”. Entre ellos están Los Grobo, que actualmente manejan unas 70.000 hectáreas y El Tejar, compañía desde donde confirmaron a iProfesional.com que este año esperan obtener unas 750.000 toneladas, convirtiéndose en uno de los jugadores más fuertes de ese territorio. Sin embargo, la “legión” no está conformada únicamente por grandes empresarios con tradición en agronegocios. Desde Montevideo, Sebastián Gutiérrez, socio de Uyinvest Inversiones Sustentables, aseguró que “cada día tenemos inversores más chicos que, por todos los problemas que tienen en la Argentina, cada vez miran más a Uruguay”. De hecho, la compañía está operando actualmente un pool conformado únicamente por 10 argentinos. “Son ingenieros civiles, médicos, profesionales que tienen entre u$s20.000 y u$s30.000 y no saben qué hacer con su dinero en su país y deciden ponerlo en tierras uruguayas”, explicó Gutiérrez. Desde Uyinvest, además, destacaron que actualmente, a través de su página web, reciben unas 60 consultas por mes y que “todas son de argentinos. Cada tanto recibimos a algún uruguayo, pero no es usual”. Una avanzada sin límites En 2008, al entrar en vigencia las polémicas retenciones móviles que “mordían” y quitaban a los productores gran parte de la renta extraordinaria que se lograba en ese entonces por los excelentes precios internacionales, se produjeron fuertes desplazamientos hacia Uruguay. En aquel entonces, la “legión colonizadora” pasó a dominar el 35% de las 1.144.000 hectáreas disponibles para cultivo. Un dato a destacar es que, para 2009, la frontera agrícola se amplió hasta 1,6 M de hectáreas, es decir, que al negocio se incorporaron más de 400 mil desde 2007. Lo interesante es que, en el mismo período, las tierras trabajadas por argentinos pasaron de poco más de 400.000 a 867.000 hectáreas. En síntesis: ese incremento, en valores absolutos, es muy superior a la cantidad de nuevos suelos que fueron destinados a cultivo en todo el Uruguay. En otras palabras, los argentinos fueron los grandes responsables de ese dinamismo, atraídos por la buena rentabilidad que allí ofrece la soja. Desde Blasina & Tardáguila confirmaron que el mayor interés de los inversores está en la oleaginosa: “La soja este año ocupa más de 800.000 hectáreas (50% del total). Se multiplicó por 80 en apenas diez años. Y, de continuar así, se espera que en dos o tres campañas este nivel se incremente un 50 por ciento más”. Las razones de la expansión La Argentina, dependiendo los cultivos y las zonas, continúa siendo un buen negocio: este año, según datos del Ministerio de Agricultura, se alcanzaría una cosecha de 95 millones de toneladas, muy superior a la anterior, que se vio fuertemente perjudicada por la sequía. Sin embargo, los expertos destacan que, quien decide mudar parte de sus inversiones al país vecino, lo hace con el objetivo de diversificar el riesgo e, incluso, de obtener una mejor rentabilidad por hectárea. En un partido de fútbol, un equipo gana o pierde por las virtudes y los defectos propios y los del rival. Lo mismo sucede con las inversiones agropecuarias. La Argentina tiene su competitividad natural, propia de la Pampa húmeda, pero la misma se ve claramente opacada por los ruidos políticos continuos, el conflicto latente campo-Gobierno, el cierre constante de las exportaciones y una implacable maquinaria impositiva. Del otro lado de la frontera, la frase “reglas de juego claras” es música para los oídos de los inversores. Además, no hay retenciones, el “pequeño” gran detalle que hace demasiado atractivo un proyecto en ese país. Desde Agritrend, López destacó que hay todo un abanico de variables a tener en cuenta: “El hecho de que el gobierno vecino no aplique derechos de exportación es fundamental. Además, si bien los rendimientos son algo menores, esto se compensa con que hay precios de venta o alquiler más bajos”. Al respecto, Blasina sostuvo que “Uruguay tiene un diferencial a favor muy importante. La posibilidad de aplicar retenciones está descartada por todo el espectro político y acá nadie plantea cambiar las reglas. Para nosotros, los precios los forma el mercado, no se tocan, y somos coherentes con esta estrategia dado que la exportación tiene un rol central en nuestro país. Esto es crucial, sería un disparate poner trabas a las ventas al mundo”. Cabe destacar que, desde el voto “no” positivo de Julio Cobos en el Senado, aquella fría noche de julio de 2008, los derechos en la Argentina quedaron en 35% para la soja, 32% para el girasol, 23% para el trigo y 20% para el maíz. “Que haya tantos argentinos se debe a que, además de que privilegian vender granos sin retenciones, también ven la diferencia entre políticas del momento o de largo plazo”, agregó Blasina. El doble de rentabilidad, negocio redondo Oscar Alvarado, CEO de El Tejar, el gigante agropecuario que produce 3.000.000 de toneladas anuales en seis países de Sudamérica, destacó que “desgraciadamente, como argentinos, hoy la rentabilidad sobre el capital invertido en un negocio agrícola bien hecho es inferior en la Argentina”. “La rentabilidad acá es prácticamente la mitad que en Uruguay”, recalcó. Para el empresario, si la situación institucional entre la Argentina y el país limítrofe fues igual, “el lugar más competitivo para producir soja, trigo o maíz, sería la Pampa húmeda, lejos. Es uno de los mejores lugares de todo el mundo”. Sin embargo, lo dramático es que “toda la red que se había generado en agroindustria, entre contratistas, proveedores y productores, todo eso que teníamos hace cuatro o cinco años, debido a todos los conflictos internos, se debilitó. Lo que provocamos es una destrucción fenomenal de las ventajas competitivas”. En este contexto, Alvarado se lamentó de que “hoy el negocio agrícola está seriamente dañado, con mucho más riesgo, con empresas chicas, medianas y grandes endeudadas. La verdad es que hoy la actividad en el país es de baja renta y alto riesgo”. Una polémica que crece Ante la ola “colonizadora”, hay voces a favor y en contra. Un ex directivo de la Federación Rural del Uruguay e importante productor agropecuario, que accedió a hablar bajo estricto off the record, destacó que esta avanzada “es preocupante”. “En nuestro propio país nosotros manejamos apenas un tercio de la producción. Entiendo que los argentinos y brasileños trajeron know how, pero esto no puede darse a cambio de que sean desplazados los pequeñísimos productores locales”, disparó. Si bien todos los grandes jugadores ya están instalados en el país vecino, los críticos a esta expansión aseguran que hay lugar para que se profundice la “colonización”. ”A medida que se expanda la frontera agrícola, si los argentinos ganaron tanto terreno, ¿cómo no pensar que también van a manejar las nuevas tierras?”, sostuvo el empresario. Además, el temor va en crecimiento, sobre todo después del mensaje del flamante presidente, José Mujica, quien desplegó su artillería y sedujo a los hombres de negocios de la Argentina durante un encuentro en Punta del Este con su ya clásica frase: “Jugala acá que no te van a expropiar, ni se doblarán los lomos con impuestos”. ”No descartamos que vengan más empresarios”, alertó el productor. Y, frente a este panorama, llegó a una conclusión por demás llamativa: “Qué paradójico. A veces estar en un país con reglas de juego claras puede tener su lado negativo”. Como contrapartida, Leandro Gómez Vásquez, presidente de la Asociación Rural de Uruguay (ARU), aseguró que “las empresas serias que vienen de la Argentina contratan ingenieros, invierten en tecnología y esto es lo que permite que siga avanzando la frontera agrícola”. Consultado sobre iniciativas como el polémico proyecto de ley del 2008, que finalmente fue cajoneado, que pretendía prohibir la compra de tierras a extranjeros en una franja de 50 kilómetros sobre la frontera oeste, el presidente de la entidad aseguró que “somos contrarios a poner limitaciones". “Para nosotros es positivo que inviertan, porque la revolución agrícola vino del otro lado de la frontera, de eso no hay dudas. Por suerte, el nuevo ministro de Agricultura (Tabaré Aguerre) no comparte la filosofía de esos proyectos que buscan regular la compra de tierras. Ese tipo de iniciativas son para la tribuna. No forman parte de un estilo de hacer política, como el que tenemos en Uruguay”, destacó. La avanzada es un hecho y está claro que, en la medida en que la tensión política entre el campo y la administración kirchnerista no se termine, y el país vecino continúe apostando a una visión de largo plazo, este fenómeno irá en crecimiento. Juan Diego Wasilevsky Fuente: http://comex.iprofesional.com/notas/95605-La-colonizacion-silenciosa-argentinos-manejan-la-mitad-de-los-campos-del-Uruguay.htm.

Milanesas De Soja Y Chorizos En Clarin Rural del 14 de agosto, el Ing. Héctor Huergo presenta una ecuación agroexportadora basada en la exportación de milanesas de soja. De acuerdo al cálculo ahí realizado, “si pudiéramos hacerlo, en lugar de exportar 20.000 millones de dólares del complejo sojero, exportaríamos un billón. En un par de meses pagaríamos la deuda externa.” Algo similar a lo que actualmente hace McCain que exporta papas fritas congeladas. En la contratapa de dicho Suplemento, una nota de la ex diputada Marta Velarde, hace un análisis estructural para que la producción agropecuaria se un motor de desarrollo. Algunos de sus conceptos deberían ser leídos con atención por quienes escriben el Clarin Rural: “En nuestro país no hay política agropecuaria, y eso es lo mismo que no tener política económica.” Luego de afirmar que el sector agropecuario recuperó la economía nacional al coincidir con el alza de los precios internacionales a niveles que igualan a los de principios del siglo pasado gracias a la demanda de los países emergentes del Asia, sostiene que el campo sigue en problemas, se encarecen los insumos por la inflación y paga más por las importaciones. “Se requieren –dice- reglas de juego a largo plazo: hay mucha tierra disponibles para elevar la producción argentina y grandes posibilidades de incorporar millones de hectáreas mediante el riego y el saneamiento como en los Bajos Submeridionales, la canalización del Bermejo para riego y con las nuevas tecnologías se puede triplicar el área irrigada de Mendoza y Santiago del Estero,” como ejemplos. “Las retenciones no fueron eficaces para promover mayor valor agregado a las materias primas, como la integración de una cadena de valor que nos permita exportar carnes vacunas, de cerdo y pollos, alimentados con soja, porque se eligió usarlas para el gasto, el subsidio a la ineficacia.” “La mala calidad de las carreteras y el desastre ferroviario encarecen los costoso de transporte; es hora de aprobar la construcción de un red federal de autopistas h la recuperación del sistema ferroviario para abaratar fletes y mejorar la calidad de vida de la gente que en un 90% viaja en ómnibus, pues en el avión apenas viaja poco menos del 10% de los habitantes del país.” “Existen posibilidades de ampliar las fronteras agropecuarias con cultivos que se adaptan a las zonas áridas y semiáridas de nuestro territorio con aptitud para el biodiesel y los aceites para motores como, como la jatrhopha, el cártamo, la camelina, y en nuestro norte hay mucha tierra apta para la extensión del cultivo de la caña para producir etanol.” “La inversión pública se concentra en las grandes ciudades, pero poco llega a los pueblos y ciudades del interior. Hay escasez de gasoil, de gas, de energía.” “Los dineros que se recaudan gracias a la producción agropecuaria, financian la subsistencia de sectores prebendarios de nuestra economía, incapaces de agregar ingresos por exportaciones.” Y finalmente afirma que (el campo) esta locomotora del desarrollo nos posibilitará crecer con equilibrio regional, acelerar el salto tecnológico hacia una sociedad post industrial, y erradicar la inaudita pobreza de nuestra Nación.” Por primera vez leemos en dicho Suplemento Rural una opinión más integral respecto a la cuestión del “campo” y al modelo basado en la producción sojera. Es lo que sostenemos en los fundamentos de nuestro Sitio de opinión y debate. Alguien que plantee la canalización del Bermejo para recuperar tierras para el regadío y entre otras cuestiones plantee la recuperación del ferrocarril destruido por el modelo económico del los ’90. Que a su vez, generaría decenas de miles de puestos de trabajo y recuperación de la industria electromecánica, metalúrgica y muchas más. En lugar de comprar coches ferroviarios deberíamos comprar la maquinaria que coloca las vías ferroviarias y comenzar a reconstruir el ferrocarril. En el planteo de la ex diputada Velarde se muestra una clara diferencia con lo que se sostiene editorialmente en el Clarin Rural. El Ing. Huergo cree que exportando milanesas de soja, o papas fritas congeladas o nuestro clásico chorizo (que el Ing. Huergo sostiene que es más rico con agregado de harina de soja) pagaríamos la deuda externa (que ya pagamos varias veces); sin considerar el desarrollo industrial, sin recuperar los ferrocarriles, sin ganar tierra para nuevos cultivos y nuevos productores (evitando la superconcentración que avanza año a año), es simplemente consolidar un negocio que casi no pertenece a la mayoría del país. Porque el acelerado desarrollo del “cluster” sojero no ha sido más que una visión de la Monsanto , de Cargill, de Unilever, de Dreyfus, de Bunge, de Nidera, de los concesionarios del puerto privatizado, y de todo el complejo multinacional que controla, domina y maneja el agribussines global y que tomó a la Argentina como uno de los centros mundiales por su disposición de productora agroalimentaria. Todo el desarrollo del sistema sojero ha ido más allá y está proveyendo a la industria alimenticia “argentina” los subproductos de soja, desde las golosinas hasta las hamburguesas, la leche y el chocolate. Es un negocio que no es argentino, en la medida que la renta agroindustrial exportadora está en manos externas, y solo derrama a los productores grandes, a los pools de siembras porque los productores chicos van saliendo día a día de la producción. Este desarrollo del cluster sojero es importante pero no es nuestro. Las innovaciones, las semillas, los agroquímicos y la maquinaria, siguen viniendo en lo más importante del exterior. En ese sentido, Brasil tiene una integración mucho mayor entre desarrollo sojero e industria nacional. El principal negocio del campo está en manos externas y la renta agraria sale por esa vía hacia las casas matrices. El gobierno capta una parte via retenciones mal utilizadas porque no cambia lo sustancial de la estructura agropecuaria y las maneja en forma arbitraria subsidiando molinos, usinas, frigoríficos y feed lots, con el objetivo de desacoplar los precios externos de los internos con resultados inciertos: la carne para el consumo interno aumentó un 60% entre Noviembre 2009 y Julio 2010. Esto último es lo que le falta al análisis de la ex diputada Velarde y es lo que “no ve” el Ingeniero Huergo ni los grandes diarios argentinos.

Si atendemos a los comunicados de, por ejemplo, la Asociación Médica de EEUU, deberíamos asegurarnos de que cada uno de nosotros y nosotras estemos bien lejos de la exposición a los pesticidas. "Los sistemas de supervisión actuales son inadecuados para definir los riesgos potenciales relacionados con el uso de pesticidas y con enfermedades relacionadas con pesticidas". Según dicen, “existe incertidumbre acerca de los efectos de la exposición prolongada a dosis bajas de pesticidas. Los sistemas de supervisión actuales son inadecuados para definir los riesgos potenciales relacionados con el uso de pesticidas y con enfermedades relacionadas con pesticidas. (…) Teniendo en cuenta esta falta de datos, es prudente limitar la exposición a pesticidas y usar los pesticidas químicos menos tóxicos o recurrir a alternativas no químicas”. Pero caminamos en el sentido contrario, porque, además de la exposición directa que sufren muchas personas, por ejemplo, trabajadoras y trabajadores agrícolas, todos, poco o mucho, acabamos tragando alguna clase de pesticidas transportados por los alimentos que contienen transgénicos, cuando tenemos –como recomienda la asociación– una alternativa, mejor dicho, un derecho, muy sencillo: disponer de comida libre de transgénicos. En la actualidad, dos de los transgénicos más extendidos llegan, aunque sea en bajas dosis o como residuos, a nuestros platos. Soja bañada de un pesticida llamado glifosato y maíz que incorpora una toxina letal para los insectos. La soja –no la confundamos con la usada en la alimentación asiática– nos llega desde el cono Sur de Latinoamérica y especialmente de Argentina, y su rasgo transgénico la hace inmortal a dicho pesticida; por lo tanto, se le riega y se le riega con esa sustancia. Aunque aquí no consumimos esa soja directamente, es la base de la alimentación de nuestra ganadería intensiva y un ingrediente importante de la comida industrial, donde la encontramos en forma de lecitina en la bollería, las salsas, las papillas, etc. ¿Y qué ocurre con los seres humanos que entran en contacto directo con el glifosato, como ocurre en muchas poblaciones de esas regiones? Los datos empíricos son claros: malformaciones embrionarias, enfermedades dérmicas, respiratorias y aumento de casos de cáncer. Y en el laboratorio, cuando se estudia con animales, hay ya numerosos y rigurosos estudios muy preocupantes que han determinado, por ejemplo, que el glifosato puede inhibir el cese de la reproducción de una célula en ensayos sobre el erizo de mar; que la aplicación de glifosato sobre fuentes de agua con anfibios en desarrollo destruía el 70% de la biodiversidad de anfibios y el 86% en renacuajos; que hay una estrecha relación entre Linfoma No Hodgkin (un tipo de cáncer) y el glifosato; y, por último, los más conocidos estudios dirigidos por el doctor Gilles-Eric Seralini, de la Universidad de Caen en Francia y asesor de la Comisión Europea, que demuestra en unos trabajos publicados en la revista Scientific American que tal sustancia produce la muerte de las células embrionarias, placentarias y del cordón umbilical, dando origen a malformaciones, teratogénesis y tumores. El mismo Dr. Seralini alerta, en un reciente estudio publicado en International Journal of Biological Science, sobre qué le pasa a los animales de experimentación alimentados con maíz con las toxinas Bt antes mencionadas: a los tres meses en los análisis de sangre encuentra un aumento de grasa en sangre, de azúcar y problemas de riñones y de hígado. Este maíz, aunque sólo está aprobado para alimentar ganado, lo tenemos más cerca. En España hay 100.000 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz transgénico. La contaminación de este maíz a los cultivos convencionales o ecológicos para el consumo humano está demostrada. Saquen ustedes la conclusión. Y ahora la Comisión Europea ha aprobado un nuevo cultivo transgénico, la patata. Al igual que el maíz y la soja (mayoritariamente de Monsanto, al igual que el glifosato requerido) se trata de un cultivo para usos industriales y piensos. Basf, propietaria de la frankenpatata, aspira a ganar unos 20 millones de euros al año. La modificación genética, esta vez, no tiene que ver con pesticidas, se trata de hacer más aprovechable su almidón, pero lleva, como alertan las organizaciones ambientalistas, genes resistentes a los antibióticos. ¿Y para qué le sirven en este caso? En el campo para nada. Sólo son utilizados como marcadores para localizar los genes modificados en los laboratorios. Pero, en cambio, si entran en la cadena alimentaria favorecerán la creación de resistencia de las bacterias a esos antibióticos. Y perderemos un recurso médico. Estas son algunas de las hipótesis de los efectos sobre nuestra salud. Pero me queda uno. Miren, a medida que los transgénicos avanzan, desaparecen las pequeñas fincas productoras de alimentos diversos y de calidad. La soja arruina a las chacras y tambos y en Argentina han de recurrir entonces a alimentarse de carne producida intensivamente, siempre menos saludable que la producida extensivamente, sin nada más que sol y hierba. Y en España el avance del maíz significa la desaparición del pequeño hortelano y hortelana, y nos queda comer lechugas y tomates (porque no hay mucha más variedad) producidos bajo plásticos con mucha química encima. ¿Son los transgénicos la solución contra el hambre? Si no están destinados para el uso humano, está claro que no. Y si cuando nos los comemos nos pasa como a los ratoncitos, ¿por qué no se prohíben? Nuestra mesa está gobernada por Monsanto, Basf y compañía. Gustavo Duch es editor de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’. Autor de ‘Lo que hay que tragar’ http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Lo_que_nos_llevamos_a_la_boca.

Sobre las declaraciones del Ministro de CyT Lino Barañao sobre el trabajo del Dr. Andrés Carrasco y sobre clasificaciones de FAO, WHO y EPA sobre el pesticida en cuestión, el glifosato. Al Sr. Ministro de C y T Lino Barañao Mi nombre es Lilian Joensen, soy bióloga, Dra. de la UBA, área biología celular. Entre 1991-1995/1998-2003 formé parte del equipo de investigadores del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, ANLIS, Malbrán y entre 1998-2008 también de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Odontología de la UBA, trabajando en Chagas. Soy, además, miembro del Grupo de Reflexión Rural desde hace unos años. Por la presente quisiera hacer llegar las referencias sobre las cuales la OMS, la FAO y la EPA basan, mayormente, sus revisiones para la clasificación del glifosato y AMPA. Lo que salta a la vista es que no hacen ninguna mención a los trabajos publicados más recientes del grupo de Seralini de la Universidad de Cannes, Francia, de 2005, 2008 y 2009, por ejemplo. Hay muchos estudios más para mencionar de otros grupos que también indican la toxicidad del glifosato para células humanas, para mamíferos y otros vertebrados, así como para los ecosistemas, si sólo se hace una búsqueda en el banco de datos del PUBMED del NIH, una herramienta utilizada por todos los científicos del mundo. Supongo que el ministro Barañao sabe usar esta herramienta también. Es incomprensible que entonces no se haya molestado en hacerlo antes de hablar a los medios difamando a un científico, en este caso el Dr. Andrés Carrasco, quien sí hizo su trabajo, tomándose la molestia de investigar qué había en el banco de datos antes de comenzar el suyo propio. Los estudios citados por el Dr. Andrés Carrasco en su informe han sido revisados por pares y publicados en revistas científicas. He tratado de buscar las referencias que utiliza la OMS, la FAO y la EPA y parece que tampoco se toman esta molestia, cuando clasifican a los pesticidas, como en este caso, el glifosato. Es importante tener en cuenta que las clasificaciones de la OMS y FAO no están basadas en estudios propios o de grupos independientes de los intereses de las empresas, sino que, en su mayoría (y casi en su totalidad), en revisiones de informes de estudios no publicados, hechos por las empresas mismas. Además, los pocos estudios que se han llevado a cabo por grupos no relacionados directamente a Monsanto, son muy antiguos y no mantienen una relación con la realidad de las condiciones, cantidades y tiempo que el glifosato ha sido utilizado en la Argentina, a partir de la aprobación del cultivo comercial de la soja resistente al Round up (glifosato + AMPA). Lino Barañao critica al Dr. Andrés Carrasco porque no esperó a publicar sus resultados, para que ellos fueran revisados por referís pares utilizados por las revistas científicas, normalmente. Lo que no veo, es que se critique a los organismos de la ONU o a la EPA por clasificar a los agrotóxicos en base a informes de datos no publicados de las mismas transnacionales que los producen y comercializan. En este caso del glifosato, estos datos no publicados son provistos por Monsanto. Por el contrario, estos estudios son referidos permanentemente por los lobbistas del modelo de agro vigente en el país como si cumplieran con los requisitos que ellos mismo le exigen al Dr. Andrés Carrasco. A continuación, copio las referencias utilizadas en algunos ejemplos de documentos publicados en la OMS, FAO y EPA sobre glifosato y AMPA. Remarco en rojo todas las menciones de documentación no publicada presentada por Monsanto a las agencias mencionadas. Remarco en verde algunos comentarios míos al respecto: 1) (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/glyphosateampa290605.pdf Las referencias para esta revisión y recomendación de este documento sobre agua potable de la OMS son: Bio/Dynamics Inc. (1981b) A three-generation reproduction study in rats with glyphosate. Final report. Unpublished report prepared by Bio/Dynamics Inc., Division of Biology and Safety Evaluation, East Millstone, NJ. Submitted to WHO by Monsanto Ltd. (Project No. 77-2063; BDN-77-147). Bio/Dynamics Inc. (1983) A chronic feeding study of glyphosate (Roundup technical) in mice. Unpublished report prepared by Bio/Dynamics Inc., Division of Biology and Safety Evaluation, East Millstone, NJ. Submitted to WHO by Monsanto Ltd. (Project No. 77-2061; BDN-77-420). CCME (1989) Canadian water quality guidelines. Ottawa, Ontario, Environment Canada, Canadian Council of Ministers of the Environment. FAO/WHO (1986) Pesticide residues in food — 1986. Evaluations — 1986. Part I — Residues. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (FAO Plant Production and Protection Paper 78). FAO/WHO (1987) Pesticide residues in food — 1986. Evaluations — 1986. Part II — Toxicology. Geneva, World Health Organization, Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (FAO Plant Production and Protection Paper 78/2). FAO/WHO (1998) Pesticide residues in food — 1997 evaluations. Part II — Toxicological and environmental. Geneva, World Health Organization, Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (WHO/PCS/98.6). IPCS (1994) Glyphosate. Geneva, World Health Organization, International Programme on Chemical Safety (Environmental Health Criteria 159). El IPCS tampoco hace los estudios, sino que hace una revisión donde se basan en estudios hechos por la industria principalmente y entregados por Monsanto mismo. IRDC (1980a) Test article — Technical glyphosate: Teratology study in rats. Unpublished report prepared by International Research and Development Corporation, Mattawan, MI. Submitted to WHO by Monsanto Ltd. (Study No. 401-054; Reference No. IR-79-016). IRDC (1980b) Test article — Technical glyphosate: Teratology study in rabbits. Unpublished report prepared by International Research and Development Corporation, Mattawan, MI. Submitted to WHO by Monsanto Ltd. (Study No. 401-056; Reference No. IR-79-018). Kjaer J et al. (2004) The Danish pesticide leaching assessment programme: monitoring results 1999– 2003. Copenhagen, Geological Survey of Denmark and Greenland (http://pesticidvarsling.dk/monitor_uk/2003.html). Monsanto (1987) 90 day study of glyphosate administered in feed to Sprague-Dawley rats. Unpublished report No. MSL 7575, prepared and submitted to WHO by Monsanto Ltd., Monsanto Environmental Health Laboratory, St. Louis, MO (Project No. ML-86-351/EHL 86128). Monsanto (1990a) Chronic study of glyphosate administered in feed to albino rats. Unpublished report prepared and submitted to WHO by Monsanto Ltd., Monsanto Environmental Health Laboratory, St. Louis, MO (Project No. MSL-10495). Monsanto (1990b) Two generation reproduction feeding study with glyphosate in Sprague-Dawley rats. Unpublished report prepared and submitted to WHO by Monsanto Ltd., Monsanto Environmental Health Laboratory, St. Louis, MO (Project No. MSL-10387). NTP (1992) NTP technical report on toxicity studies of glyphosate (CAS No. 1071-83-6). Research Triangle Park, NC, National Toxicology Program (Toxicity Report Series No. 16). WHO (1996) The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 1996–1997. Geneva, World Health Organization, International Programme on Chemical Safety (WHO/PCS/96.3). 2) En este documento de la FAO (http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Specs/docs/Pdf/new/glypho01.pdf), sus revisiones se basan en resultados provistos por Monsanto y Cheminova, quienes producen y comercializan el glifosato en el momento de evaluación: 3) Esta evaluación de la FAO tiene las mismas características que las demás mencionadas: http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/Download/94_eva/glyphos.pdf Allin, J.C. 1989. Glyphosate residues in wheat grain and straw after pre-harvest treatment. Report No. MSL-8959. Unpublished. Cowell, J.E 1977. Glyphosate residue in soya bean following post-directed treatments of glyphosate. Agricultural Research Report No. 469. Monsanto. Unpublished. Cowell, J.E., Kunstman, J.L, Nord, P.J., Steinmetz, J.R. and Wilson, G.R. 1986. Validation of an analytical residue method for analysis of glyphosate and metabolite: an interlaboratory study. J. Ag. Fd Chem. 34, 955-980. Kunstman, J.L. 1983. Glyphosate residues in soya beans and soya bean fractions following recirculating sprayer and pre-harvest topical treatments. Report No. MSL-3259. Monsanto. Unpublished. Kunstman, J.L 1984. Glyphosate residues in soya beans and forage in crops from Canada following selective equipments treatments with glyphosate herbicide. Report No. MSL-3353. Monsanto. Unpublished. Kunstman, J.L. 1989. Glyphosate residues in soya bean grain and fodder following topical or directed application. Report No MSL-7894. Monsanto. Unpublished. Mueth, M.G. 1988. Glyphosate residues in Canadian soya beans after pre-harvest treatment. Report No. MSL- 8120. Monsanto. Unpublished. Oppenhuizen, M.E. 1994. Magnitude of glyphosate residues in soya bean seed following pre-harvest application of glyphosate, 1993 trials. Report No. MSL-13283. Monsanto. Unpublished. Steinmetz, J.R 1985. Glyphosate residues in soya beans and dry beans from Canada following selective equipment treatments with Glyphosate. Report No. MSL-5068. Monsanto. Unpublished. Steinmetz, J.R. 1987. Reanalysis of glyphosate residues in soya beans and cotton following spot treatment of glyphosate at late stages of plant growth. Report No. MSL-5642. Unpublished. Steinmetz, J.R. and Cowell, J.E. 1984. Glyphosate residues in wheat grain milling/fractionation products. Report No. MSL-4005. Monsanto. Unpublished. 4) Lo mismo sucede cuando se miran las referencias de la EPA de EEUU para la clasificacion del glifosato: http://www.epa.gov/iris/subst/0057.htm Sólo como ejemplos: I.A.2. Principal and Supporting Studies (Oral RfD) Monsanto Company. 1981a. MRID No. 0081674, 00105995. Available from EPA. Write to FOI, EPA, Washington, DC 20460. ... ...Additional Studies/Comments (Oral RfD)...Reproduction - rat: Principal study - see previous description; core grade minimum 2) 2-Year Feeding (oncogenicity) - rat: Dietary levels tested: 0, 30, 100, and 300 ppm (Male...(Monsanto Co., 1981b), etc. 5) El Informe de 2004 del JMPR del Encuentro de Experto de FAO/OMS (Report of the 2004 JMPR FAO/WHO Meeting of Experts, http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/DOWNLOAD/2004_rep/report2004jmpr.pdf), se vuelve a basar en los mismos propios informes anteriores sobre las mismas referencias. Este informe es uno sobre los cuales se basa el comunicado de prensa de CASAFE Acerca de la Seguridad de los Agroquímicos, del 16 de abril de 2009 (http://www.casafe.org/novedade/glifocominadoconjuntoga17abr09logo.pdf). En base a estos datos antiguos no revisados se concluye no es necesario modificar la Referencia de Dosis Aguda (ARfD) 6) Nada nuevo se muestra en el Inventario de del IPCS y otras evaluaciones de pesticidas de la OMS y resumen de las evaluaciones toxicológicas llevadas a cabo por el Encuentro Conjunto sobre Residuos de Pesticidas (JMPR) Es decir, estos estudios siguen siendo basados en revisiones no revisadas de estudios, mayormente provistos por Monsanto. (http://www.who.int/ipcs/publications/jmpr/pesticide_inventory.pdf) Creo que cabe agregar, que a partir del uso del glifosato en soja resistente al Round up, se viene observando la aparición y diseminación de malezas también tolerantes o resistentes al mismo herbicida. Por ello, y esto esta documentado incluso por los órganos lobbistas de la siembra directa, se ha aumentado también la utilización de otros pesticidas que suman a toda una batería de productos tóxicos, para el ser humano y el medio del cual somos parte. El barbecho químico forma parte del sistema de siembra directa que ha fomentado la producción de soja resistente al Round up. Saludo con toda atención Lilian Joensen, Grupo de Reflexión Rural

Sres. Senadores de la Nacion: Ante el inminente debate de la Ley de Protección de Glaciares le adjunto un documento LA GRAN MAFIA DEL ORO ¿Quienes están detrás del oro y la plata de Argentina?, que demuestra que los principales accionistas de Barrick Gold, son a su vez los principales accionistas de AngloGold Ashanti y de Goldcorp. Las dos mineras multinacionales que operan, en la provincia de Santa Cruz y Catamarca, los yacimientos Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Bajo de la Alumbrera. También son los principales socios de las compañías petroleras instaladas en Malvinas, y de la pastera UPM-Botnia. EL documento es de autoría de Javier Llorens y Lázaro Llorens . Acompaño asimismo una nota de Javier Llorens en relación a la votación en cuestión. Esta información resulta de imprescindible lectura y conocimiento de los señores Senadores para conocer la trama de intereses que se mueven detrás de oposición a la referida ley. Sin otro particular, lo saludo atentamente. Ing. Mario Cafiero Ex Diputado Nacional. El Senado de la Nación y la “caja de focas” de la Barrick Gold Sr. Senador: pasado mañana está previsto el tratamiento del proyecto de ley de protección mínima de los glaciares, venido con modificaciones desde Diputados. Cámara donde prevaleció el texto sancionado en el 2008, vetado por la Sra. Presidenta, respecto el digitado a favor de la Barrick por los hermanos Gioja, que fuera aprobado por unanimidad el año pasado por el Senado. Objetivamente el Senado en esa ocasión se comportó como una “caja de focas” a favor de la Barrick. Al aprobar sumisa y alborotadamente la norma que esta necesitaba, para poder explotar el oro chileno de Pascua -uno de los yacimientos de oro diseminado más grande del mundo- con el agua argentina de los glaciares de Lama. Sin tener en cuenta que lo que realmente estaba en juego, es la “seguridad hídrica” de los argentinos, fundamental para la vida de toda índole, incluida la humana. Ahora anuncian los medios, que el Senado se convertirá nuevamente en una “caja de focas” a favor de la Barrick, gracias a la bicorrupción de nuestro tradicional bipartidismo. Ya sea sancionando el texto que aprobó por unanimidad el año pasado. O acomodando el texto que vino de Diputados, para que la Barrick pueda proseguir indemne con su proyecto en Pascua Lama. El que casualmente se puso en marcha después del veto presidencial; como si el objeto de este hubiese sido brindarle esa chance a la Barrick. Que ahora la “caja de focas” del Senado se apresta a convalidar. Lamentablemente para los argentinos, este comportamiento como “caja de focas” por parte del Congreso, y especialmente por parte del Senado a favor de la Barrick, no comenzó ayer, sino mucho tiempo atrás. Y así sus anteriores y actuales integrantes reciben alegremente los peces -o pesos- que les tira generosamente después de cada actuación, su manager o patrón Peter Munck, sin percatarse para nada de las consecuencias de ellas. Como ocurre por ejemplo con el Tratado de Complementación Minera con Chile, elaborado e impulsado por la Barrick Gold y el actual gobernador Gioja. Al que alegremente el Congreso argentino aprobó en el 2000, junto con la famosa ley Banelco de flexibilización laboral. Pero el cual no funciona para nada en Chile, como funciona aquí. Porque allí un Tribunal Constitucional objetó y prohibió las servidumbres mineras, que se están otorgando aquí. Como la servidumbre de agua otorgada a la Barrick en Lama, proveniente de los glaciares que se encuentran allí, con permiso incluido de instalarse sobre el área periglaciar de estos. En consecuencia se puede afirmar tristemente, que el nivel de degradación a que ha llegado la política argentina con nuestros representantes convertidos en “cajas de focas”, es tal, que hasta los chilenos -además de la Barrick- nos mean. El Tratado Minero con Chile impulsado por la Barrick y Gioja para concretar Pascua Lama La cuestión de los glaciares comenzó en el año 1994, cuando Barrick Gold adquirió el yacimiento chileno de Pascua, y extendió sus exploraciones -dañando incluso los glaciares chilenos- hasta constatar que se trataba de uno de los yacimientos de oro diseminado mas grande del mundo. Pero carecía de agua suficiente para explotarlo, máxime por la aguda guerra por el agua que se ha desatado en Chile, entre la laboriosa población civil y las multinacionales mineras. Así surgió en la Barrick la gran idea del Tratado de Complementación minera entre Chile y Argentina, para crear países o condados virtuales a lo largo de ella, bajo la férula de las multinacionales mineras. Y usar irrestrictamente todos los recursos naturales que se encuentran allí, el agua en primer lugar. Esto no es una conjetura, sino una confesión que hicieron los ejecutivos de la Barrick Gold chilenos, Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia, al senador chileno Jorge Lavandero, presidente de la Comisión de Minería del Senado, frente a sus asesores Carlos Tomic, Hugo Latorre, y Julián Alcayaga. Afirmando que “fue la Barrick Gold la que elaboró el Tratado Minero entre Chile y Argentina.” Esto se corrobora plenamente con los hechos, ya que fue el ex diputado, ex senador, actual gobernador de San Juan e infatigable lobista de la Barrick, José Luis Gioja el que dio la patada inicial al asunto. Según el mismo lo reconoció textualmente en la sesión en la que la “caja de focas” del Senado aprobó el Tratado Minero, al expresar textualmente como miembro informante (Sesión 24/11/99): “Quiero resaltar en primer lugar el rol del Congreso argentino y especialmente el de este Senado en todo el proceso de negociación de este tema, lo que nos colma de satisfacción. El Senado sancionó en marzo de 1996 un proyecto de comunicación por el que solicitaba al Ejecutivo acelerar las negociaciones para concretar la firma del Tratado Minero. Así se lo denominaba. Poco después también la Comisión Bicameral de Minería del Parlamento argentino emitía una solicitud similar.” Confesando casi abiertamente la autoría de la Barrick, Gioja prosiguió: “Este tratado, señor presidente, ha nacido en las altas cumbres de la Cordillera con el sentido común de los hombres que tienen la minería en el alma. De allí ha pasado a los despachos gubernamentales, donde ha sido estudiado pulcramente por expertos y formalizado por las cancillerías, celosas de las respectivas identidades e intereses nacionales.” Acorde al discurso de las relaciones carnales de entonces agregó: “es fundamental ofrecer seguridad jurídica para seducir al inversor, para que en lugar de elegir otras partes del mundo pueda venir a la Argentina”. Así dejó claro que no era una complementación argentino chilena, sino una complementación argentino chilena con las depredadoras multinacionales mineras. Y apelo además a la necesidad de establecer “políticas de estado”, aludiendo de esa manera a la corrupción bipartidista, fluidificada mediante sobornos. Como demostración del poco interés por la realidad de su provincia, Gioja afirmó que Lama estaba del lado chileno, y Pascua del lado argentino. Pero al mencionarlas, se pisó respecto quién estaba realmente detrás de ese tratado. Finalmente cerró su discurso con una oportuna frase de Perón, destinada a esconder a quién estaba sirviendo: “Hoy chilenos y argentinos podemos decir bien fuerte: "Somos arquitectos de un destino común, y ninguno instrumento de la ambición del otro". Pero si de la ambición de otros. Tras la patada inicial de Gioja, se produjo la "Declaración Presidencial de Olivos", suscripta en abril de 1996 por los presidentes Menem y Frei, con motivo de la visita de este. Luego en mayo con motivo del Día de la Minería Argentina, se suscribió un nuevo documento, en el que se delinearon los alcances generales del tratado. Aceleradamente, evidenciando que una mano tan poderosa como de la Barrick estaba detrás, en julio de 1996, con un fastuoso acto en La Rioja presidido por Menem, que contó con la participación de notables autoridades argentinas y chilenas, y empresarios mineros multinacionales; el canciller argentino y el ministro de Minería chileno suscribieron las "Bases y Fundamentos del Tratado de Integración y Complementación Minera Chile-Argentina", fijándose un estricto cronograma para su aprobación definitiva. De esa manera a fines de diciembre de 1997, terminando por donde había empezado, se firmó en las ciudades de Antofagasta y de San Juan, patria de los Gioja, el Tratado de Integración y Complementación Minera. Sugestivamente, este no fue inmediatamente girado para su aprobación, por parte de los Congresos de ambos países. Señal clara de que su texto no era del suficiente agrado de la Barrick y las mineras que estaban detrás de él. Aprovechando la existencia de esas negociaciones, y del Acuerdo de Complementación Económica con Chile existente, a principios de 1997 se había firmado el Protocolo Vigésimo de “Facilitación del Proyecto Minero Pascua Lama”. Donde se fijaban las bases respecto la creación de un país o condado virtual, bajo la férula de la Barrick Gold. Y la tributación minera en función del origen del material, o sea a favor de Chile. Tras la firma del Tratado Minero, en marzo de 1988 se firmó el Protocolo Vigésimo Tercero del Acuerdo de Complementación Económica con Chile referido al Proyecto Minero Pascua Lama, donde se reglamentaron los aspectos reseñados. Estos protocolos específicos firmados por representantes de tercer orden de la cancillería, por disposición de Menem y Cavallo, absurdamente no cuentan en Argentina con la aprobación por parte de ninguna autoridad superior. Siendo por contrario en Chile refrendados o no, por el presidente de esa Nación. Que en este caso lo hizo velozmente, al favorecer claramente esos protocolos a Chile, en cuanto la tributación respecto el origen del material. El uso no garantizado del agua frenó la aprobación del Tratado Minero con Chile La cuestión del agua, tema que ahora también está presente en la cuestión de la protección de los glaciares, fue la que frenó la aprobación del Tratado Minero. Dado que sin agua, no hay gran minería a cielo abierto. En la que se procura sacar gramos de material por tonelada de roca molida, en base al empleo de ingentes cantidades de agua, contaminadas con cianuro y ácido sulfúrico. Esta cuestión quedó zanjada con la firma en agosto de 1999, de un protocolo adicional al Tratado Minero. En donde se menciona específicamente a los proyectos de Pascua Lama y Pachón. Y en sus artículos 3 y 4 se estipulan claramente las obligaciones por servidumbres mineras, que indispensablemente requiere la Barrick en el lado argentino de Lama, para poder apoderarse del agua de ella, y dejarnos la contaminación: “Las Partes permitirán a los inversionistas de una y otra, el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo del negocio minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios, aunque no tengan la calidad de recursos hídricos compartidos, cuyo acceso se concederá dando pleno cumplimiento a la legislación interna del país en que se encuentren dichos recursos.” “En el marco de integración que garantiza el Tratado, en especial en lo referente al acceso, desempeño y protección de todas las actividades y servicios que tengan relación con el negocio minero, se entiende que entre ellos se consideran los que contemplan las respectivas legislaciones en favor de las concesiones mineras y las plantas de beneficio, fundición y refinación, incluidos también los depósitos de estériles y tranques de relaves o diques de cola…” Tras la firma de ese protocolo adicional, la aprobación del Tratado Minero se puso velozmente en marcha. El 22 de septiembre de 1999 ingresó a la comisión de Minería del Senado a cargo de Gioja, de donde salió en forma express al día siguiente. Por su parte la de Relaciones Exteriores se expidió el 10 de noviembre. De esa manera el 23 de ese mes llegó al recinto, siendo los miembros informantes Gioja, y el senador radical por Santa Cruz Melgarejo, que poco después quedó involucrado en el affaire de los sobornos en esa cámara, en el que también estuvo incriminado Gioja. Quienes como focas amaestradas, se tiraban flores de bancada a bancada. El único que expresó palabras de reparo, como si oliera que la cosa venía podrida, fue el senador por San Juan y flamante gobernador Avelín, que dijo: ¿Sabe lo que se ha globalizado? La corrupción y las estructuras supranacionales para ser dependientes de los grandes países. Y así como vamos, pronto seremos colonia de las grandes potencias. Lo que yo quiero es un pueblo libre”. El proyecto de ley pasó a Diputados, donde su trámite fue aun más penoso y veloz. En las primeras sesiones del año 2000, el 23 de marzo, fue aprobado sobre tablas y a libro cerrado; junto un paquete de otras ocho leyes y resoluciones de todo tipo. En esa sesión también se declaró la Emergencia Económica y Financiera del país, comenzando así la crisis terminal que tuvo su catastrófico desenlace a fines del año 2001. La ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo en forma ultra express el día siguiente, 24 de marzo del 2000, una fecha nefasta para los argentinos. Lleva el Nº 25.243, siete números menos que la famosa ley Banelco 25.250. Que tuvo la virtud de poner de manifiesto que lo que se debería haber sancionado en esa oportunidad, era la ley de Emergencia Moral de la República Argentina. Que hasta la fecha aun no se ha sancionado. Los senadores chilenos no se chuparon el dedo en defensa de su país Mas allá de las declamaciones de la hermandad chileno argentina, que parecen favorecer directamente los intereses de la hermandad canadiense norteamericana de la Barrick, los chilenos se tomaron su tiempo y las debidas precauciones para la aprobación del Tratado Minero, tratando de defender los intereses de su país. Recién a principios de agosto del 2000 el Tratado fue aprobado por Diputados. Una de las observaciones que recibió el mismo fue que “presenta características de tal peculiaridad que constituye la única obra de Derecho Internacional Público que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado”. Resultado lógico al estar ambos países, permeados por los intereses mineros de la Barrick Gold. Hacia fines de agosto, horas antes de la sesión en el Senado, doce senadores chilenos, entre ellos el mencionado Lavandero, presentaron un requerimiento de declaración de inconstitucionalidad del Tratado ante el Tribunal Constitucional. En él cuestionaban aspectos formales y sustanciales del mismo. Desde su aprobación en Diputados por una mayoría insuficiente, dado el carácter del mismo, hasta las facultades jurisdiccionales otorgadas a la Comisión Administradora del Tratado. En su dictamen del 3 de octubre de ese año, el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional el Tratado. Incluso dio por saneado aspectos formales que se habían objetado, respecto las mayorías necesarias que no se habían observado. Pero en sus considerandos limito fuertemente su alcance. Conforme afirman diversos expertos, entre ellos Julián Alcayaga, asesor del senador Lavandero y autor del libro “El país virtual: el lado oculto del Tratado Argentino Chileno” (citado por Francisco Marin en ídem): “El dictamen establecía que los tribunales chilenos quedaban impedidos de otorgar servidumbres mineras a yacimientos argentinos y, tal vez más relevante que eso, la Comisión Administradora del Tratado ya no tendría facultades jurisdiccionales, quitándole el carácter de “país virtual” al Área de Operaciones del Tratado. Es decir, a pesar de que se rechazaba la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo, habíamos logrado gran parte de nuestros objetivos”, señaló Alcayaga. “La prohibición a los tribunales chilenos de otorgar servidumbres era particularmente grave para las grandes mineras. Si un mineral ubicado en Argentina, como es Pachón, quiere obtenerlas para construir un mineroducto al mar, deberá tratar directamente con los propietarios de los terrenos afectados. Estos podrán cobrar lo que quieran por permitir la servidumbre. Si alguien se opone: no habrá paso de los minerales.” “Esta sola disposición ha implicado que ninguno de los cerca de diez megaproyectos mineros que se pretendían explotar en la cordillera argentina a partir de 2000 haya comenzado a operar. La construcción de El Pachón estaba contemplada para el segundo semestre de 1998. Sólo esta mina produciría, en sus inicios, 180 mil toneladas anuales de cobre, lo que constituye el 1% de la producción mundial de este mineral. El requerimiento y posterior fallo del Tribunal Constitucional arruinó sus planes.” En consecuencia esos expertos sostienen que el Tratado Minero Argentino Chileno, tiene alcances jurídicos totalmente diferentes en Chile y en Argentina, “como si existieran dos tratados en uno”. Cuestión trascendental que no parece haber llegado al conocimiento de la “caja de focas” de nuestros senadores y legisladores actuales. Ni la de los que en su oportunidad aprobaron alborozadamente dicho tratado, con el ex senador Gioja, lobista de la Barrick, a la cabeza. Sr. Senador: circulan rumores de que la Barrick ha instituido el gran premio a la “foca amaestrada bipartidista” con la Banelco de Oro; a favor de quienes voten el proyecto que la Barrick Gold necesita indispensablemente, para que no se hundan sus emprendimientos en Pascua Lama y Veladero. Cuando Argentina sea un país como la gente, la percepción de ese premio será considerada como un crimen imprescriptible de lesa patria.- Lo saludo atentamente Francisco Javier Llorens Dni 7984993 LA GRAN MAFIA DEL ORO ¿Quienes están detrás del oro y la plata de Argentina? Los principales accionistas de Barrick Gold, son a su vez los principales accionistas de AngloGold Ashanti y de Goldcorp. Las dos mineras multinacionales que operan, en la provincia de Santa Cruz y Catamarca, los yacimientos Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Bajo de la Alumbrera. También son los principales socios de las compañías petroleras instaladas en Malvinas, y de la pastera UPM-Botnia. Por Javier Llorens y Lázaro Llorens. Los lazos entre la multinacional Barrick Gold y los Kirchner no son nuevos, ni se reducen a simples almuerzos con los CEO de la compañía en Toronto Canadá. Son estrechos y datan de muchos años atrás. Según información publicada por la prestigiosa financiera “J3 Information Services Group” (www.j3sg.com) los principales inversionistas de Barrick Gold, cuyos emprendimiento en Argentina fueron salvaguardados por el veto de la Presidenta a la ley de Protección de Glaciares, son a su vez los principales accionistas de la AngloGold Ashanti. La minera inglesa que actualmente explota en la provincia de Santa Cruz el yacimiento “Cerro Vanguardia”. Una mina a cielo abierto que tiene como socio principal al estado santacruceño a través de Fomicruz SE (Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado) y fue concesionada por Néstor Kirchner en 1990. Además, según “J3SG”, los inversionistas que controlan Barrick Gold y AngloGold Ashanti son a su vez los principales accionistas de Goldcorp. Otra multinacional del oro, operadora del yacimiento Bajo la Alumbrera, que acaba de comprar en Santa Cruz la mina a cielo abierto “Cerro Negro”. Uno de las reservas de oro y plata más grandes de nuestro país, y por la cual Goldcorp pagó 3.400 millones de dólares. Estas cercanas relaciones evidencian que un puñado de inversores de origen anglo norteamericano, tienen en sus manos gran parte del oro y la plata que esconde el subsuelo argentino. Y sus influencias se extienden a otros estratégicos recursos, dado que los principales accionistas de Barrick Gold, AngloGold Ashanti y Goldcorp, son a su vez los principales accionistas de las cuatro compañías petroleras (Rockhopper Exploration Plc, Borders & Southern Petroleum, Desire Petroleum, y Falkland Oil and Gas) que de manera unilateral pretenden extraer petróleo de Malvinas Incluso una de estos inversionistas (Blackrock), es accionista de la polémica fábrica de celulosa UPM-Botnia, cuya instalación en la rivera del Río Uruguay desató un conflicto sin precedentes, entre dos países que se consideraban estrechamente hermanos. Entramado oculto La información que suministra “J3GS” es elocuente. Pone en evidencia la imbricada relación que hay entre las corporaciones mineras, en apariencia competidoras entre sí. Las compañías que controlan el 76 % del paquete accionario de Barrick Gold (Pascua Lama -Cerro Veladero), a su vez detentan el 40,5 % de las acciones de AngloGold Ashanti (Cerro Vanguardia) y el 55,9 % de Goldcorp (Bajo la Alumbrera y Cerro Negro). Paralelamente ese puñado de inversores detenta el 33% de la petrolera Rockhopper Exploration y de Borders & Southern Petroleum; el 25% de Desire Petroleum; y el 37,8% de Falkland Oil and Gas. Detalladamente, los principales inversores son: · The Capital Group. El fondo de inversión más poderoso de Estados Unidos, estrechamente ligado a la Corporación Rockefeller. Detenta el 18 % de Barrick Gold y el 0,01% de AngloGold Ashanti. Entre las dos empresas tiene acciones por 8.100 millones de dólares. A su vez, este fondo de inversión, con el 4,5% de las acciones, es el tercer accionista de Rockhopper Exploration. Empresa petrolera que va confirmando en forma cada vez mas optimista, sus hallazgos de petróleo en las costas de Malvinas. · Fidelity Management and Research LLC (FMR LLC). El segundo fondo de inversión más influente de EE.UU. Principal accionista de la petrolera Occidental Petroleum, de fuerte raigambre en la provincia de Santa Cruz. En el tema minería, posee una fuerte participación en las tres compañías mineras, además del petróleo de Malvinas. En Barrick Gold tiene el 3,4 % de las acciones, en AngloGold Ashanti el 13,7 %, y en Goldcorp el 10,3 %. En total, FMR tiene acciones por 6.900 millones de dólares en dichas compañías. Asimismo, tiene el 3,7 % de acciones de la compañía Falkland Oil and Gas. Otras de las empresas petroleras que está buscando crudo en las costas de Malvinas. · Blackrock Group. Fondo de inversión norteamericano, propiedad del Bank of America ligado a la corporación Rockefeller, PNC Financials Services y el banco Barclays. Es el fondo de inversión más grande del mundo. Maneja una cartera de 3 billones de dólares, equivalente al PBI de Alemania. Tiene una fuerte presencia en las tres compañías mineras, en el petróleo de Malvinas, y en UPM Botnia. Detenta el 4,7 % de las acciones de Barrick Gold, el 3,1 % de AngloGold Ashanti, y el 7 % de Goldcorp. En total posee acciones por un monto de 5.000 millones de dólares en esas compañías. En Malvinas posee el 6,1 % de las acciones de la petrolera Rockhopper Exploration; el 0,70 % de Desire Petroleum; y el 8 % de Falkland Oil and Gas. Además Blackrock tiene el 5% del capital accionario de la polémica fábrica de celulosa UPM-Botnia, instalada unilateralmente en la costa del Río Uruguay. · Royal Bank of Canadá. Primer banco de Canadá, y una de las principal empresas de servicios financieros de América del Norte. También tiene una importante presencia en las tres compañías mineras. Según “J3SG”, detenta el 4,0 % del paquete accionario de Barrick Gold; el 0,2 % de AngloGold Ashanti; y el 3,2 % de Goldcorp. En total este banco canadiense, posee 2.800 millones de dólares en acciones en estas tres compañías del oro. · Van Eck Associates Corp. Fondo de inversión estadounidense especializado en minería y petróleo. Tiene un importante stock de acciones en las tres empresas mineras. Detenta el 2,9 % de las acciones de Barrick Gold; el 2,9 % de AngloGold Ashanti; y de 3% de Goldcorp. En total tiene acciones por 2.700 millones de dólares en esas tres compañías. Posee también acciones en otras empresas mineras que operan en Argentina bajo la modalidad de cielo abierto. Una es Yamana Gold Inc. Operadora del cuestionado proyecto minero “Agua Rica” en Catamarca. La otra es Buenaventura SA, operadora junto a Yamana Gold del yacimiento de oro y plata “Martinetas”, ubicado en Santa Cruz. · Harris Financial Corp. Es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Entre sus principales accionista figuran Blackrock y FMR LLC. Detenta el 2,4 % de las acciones de Barrick Gold y el 3 % de Goldcorp. En total tiene acciones por 2.000 millones de dólares en esas dos compañías. · Wellington Management Co. Uno de los fondos de inversión más antiguos de Estado Unidos. Actualmente maneja unos 40 mil millones de dólares en acciones de variadas compañías multinacionales. Entre ellas Exxon, Chevron, JP Morgan, Goldman Sachs. Todas empresas ligadas a la corporación Rockefeller. En Barrick Gold detenta el 2,2 % de las acciones. Y en AngloGold Ashanti, operadora de Cerro Vanguardia, el 2,8 %. En total, en las dos compañías mineras, posee acciones por 1.400 millones de dólares. · Tradewinds Global Investors: Fondo de inversión norteamericano. Uno de los principales accionistas de la petrolera British Petroleum (BP) y de Alcoa, la compañía productora de aluminio más grande del mundo. En Barrick Gold este fondo de inversión detenta el 2 % de las acciones; y en AngloGold Ashanti el 3,4 %. En total, en las dos mineras, detenta acciones por 1.300 millones de dólares. · NWQ Investment Managemt. Fondo de inversión estadounidense. Detenta acciones en diversas e importantes multinacionales por 37 mil millones de dólares. Citigroup, Motorola, Lockheed Martin y JP Morgan Chase & Co y The Capital Group son algunas de ellas. En Barrick Gold tiene el 1,5 % del paquete accionario. Y en AngloGold Asahanti el 3,4%. En total, este fondo de inversión tiene acciones por 1.200 millones de dólares en esas dos multinacionales del oro. · TD Asset Management. Fondo de inversión norteamericano. Detenta una importante exposición tanto en las compañías mineras como en las empresas petroleras que están en la cuenca de Malvinas. En Barrick Gold detenta el 1,5 % de las acciones. En Goldcorp, operadora en Santa Cruz de Cerro Negro, el 1,0 %. En total, en las dos empresas mineras tiene acciones por 993 millones de dólares. Su participación más fuerte está en los hidrocarburos de Malvinas. Tiene el 7,4 % de las acciones de Rockhopper Exploration, la única compañía que encontró petróleo hasta ahora. Y el 7,5 % de las acciones de Desire Petroleum, que tiene como otro socio inversor al Banco Barclays. · Goldman Sachs Group. Banca de inversión norteamericana vinculada por algunos con la corporación Rockefeller. En argentina socia del grupo Clarín. En su cartera Goldman Sachs Group, tiene el 1 % de las acciones de Barrick Gold; el 3 % de AngloGold Ashanti; y el 0,32 % de Goldcorp. En total, posee acciones por 1.000 millones de dólares, en las tres empresas mineras. A su vez este fondo de inversión, uno de los más influyentes del mundo, cuyos principales accionistas son Blackrock, Wellington Management, y Capital Group, tiene una pequeña participación en la petrolera Borders & Southern Petroleum, que opera actualmente en Malvinas. · Credit Suisse Group. Banco de inversión de origen suizo, pero que sus principales accionistas son las firmas norteamericanas Blackrock y Morgan Stanley. Tiene el 0,9 % del paquete accionario de Barrick Gold, y el 0,1 % de Goldcorp. En total detenta acciones por 400 millones de dólares en ambas. Sin embargo su presencia más importante está en las costas de Malvinas. Es dueño del 4,7 % de las acciones de Rockhopper Exploration, y del 3 % de Borders & Southern Petroleum. · American Century Group (AIG). Compañía norteamericana líder mundial en seguros y servicios financieros. Cuenta con 74 millones de clientes en el mundo. En el 2008 AIG fue estatizada por la Reserva Federal de Estados Unidos para evitar su quiebra, absorbiendo el 80% de la compañía. Esta aseguradora detenta el 0,4 % de Barrick Gold y el 0,2 % de AngloGold Ashanti. En total tiene acciones por 179 millones de dólares en ambas mineras. Asimismo, AIG es otra de las empresas que tiene importantes acciones en las petroleras instaladas en Malvinas. Posee el 3 % de las acciones de Borders & Southern Petroleum; y el 2,3 % de Falkland Oil and Gas. Con lo cual, al ser AIG una entidad perteneciente al gobierno de Estados Unidos, una parte del petróleo de Malvinas y el oro argentino, es propiedad del estado norteamericano. · BARCLAYS. Banco de origen inglés de fluidos vínculos con el gobierno de los Kirchner, al ser el banco que encabezó los canjes de la deuda en default en el 2005 y 2010. Entre sus principales accionistas figuran Blackrock, Credit Suisse y Goldman Sachs. En Barrick Gold tenía hasta hace poco el 4,4 % de las acciones. Actualmente solo tiene el 0,10%. También tiene acciones en Goldcorp por 0,1 %. Lo más destacable de este banco inglés es que cuenta con el 4,5 % de las acciones de Desire Petroleum, otras de las compañías petroleras inglesas que operan actualmente en Malvinas. El poder del oro En forma consolidada, según la información que suministra “J3GS”, el capital accionario de Barrick Gold, AngloGold Ashanti, y Goldcorp, trepa a los 92.300 millones de dólares. De ellos, los diez primeros inversores reseñados, detentan 32.000 millones de dólares, o sea el 34,6 % del total. A su vez los primeros veinte invasores detentan 41.200 millones de dólares, el 44,8 % del total. Y los primeros treinta inversores detentan 46.250 millones de dólares, o sea el 50 % del total. Mostrando esto la concentración de los accionistas de esas tres compañías auríferas en muy pocas manos, que detentan el control absoluto de ellas. El listado pone en evidencia además que los principales recursos naturales de Argentina, no son de los argentinos. Son de un puñado de poderosísimos inversores norteamericanos, ingleses, y canadienses, entre los que descuellan los intereses de la corporación Rockefeller. Esto explica porque la Presidenta no tuvo reparos en vetar totalmente en el año 2008 la Ley de Protección de Glaciares, aprobada por unanimidad. Y porque el Congreso, transcurridos dos años, no pudo aun sancionar una nueva ley, destinada a resguardar un bien tan elemental como el agua potable. Sus influencias son muy fuertes y marcadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que estos inversionistas dueños del oro argentino, el petróleo de Malvinas, y el agua del Rio Uruguay, son a su vez socias entre sí en otras grandes e influyentes multinacionales. Entre las que se destacan: JP Morgan - Chase, Exxon - Mobil, Chevron, Bank Of America, (vinculados a la corporación Rockefeller) y Walt Mart, Appel, Microsoft; Occidental Petroleum, Citigroup, Iamgold, Suncor Energy, etc.- www.grr.org.ar