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WikiLeaks tiene una nueva dirección El sitio wikileaks.org, que difundió cables confidenciales militares y diplomáticos, cambió su dirección de Internet por wikileaks.ch debido a que la empresa que alojaba al dominio anterior decidió cancelar el servicio. El fundador del sitio, Julian Assange, anunció que tomó medidas de seguridad tras recibir "amenazas" de muerte. Su web halló refugio en Suiza, tras haber sido desalojada de Estados Unidos, donde las autoridades tratan de detener las filtraciones. Tras el escándalo por la filtración de miles de documentos secretos del gobierno de Barack Obama, la página de Internet creada por el australiano Julian Assange se vio obligada a cambiar su dirección web. El proveedor estadounidense de nombres de dominio usado por WikiLeaks, EveryDNS, le retiró el servicio a la denominación wikileaks.org, luego de que el sitio electrónico que divulgó los cables diplomáticos confidenciales fuese objeto de un nuevo ataque cibernético. "WikiLeaks se muda a Suiza", declaró el grupo en Twitter. Hasta ahora, la presión no impidió que continúe la publicación de notas confidenciales de la diplomacia norteamericana, que generaron reacciones de condena en numerosos países pero que, según el Kremlin, "muestran el cinismo" de la política exterior de Estados Unidos. Convertido en enemigo público número 1, Assange, buscado por Interpol y que según la prensa se esconde en el Reino Unido, rompió su silencio este viernes y charló con lectores en la página internet del diario británico The Guardian, donde denunció los "ataques de Estados Unidos" contra él y su equipo. "Las amenazas contra nuestras vidas son del dominio público. Sin embargo, estamos tomando las precauciones apropiadas en la medida en que podemos al tratarse de una superpotencia", contestó el australiano, de 39 años, a una pregunta cuando le preguntaron si temía por su seguridad. El cerco empieza a cerrarse en torno a Assange, contra quien Suecia emitió una nueva orden de captura internacional por un caso de presunta violación completada con los elementos que pedía la policía británica, que según informaciones de prensa no pudo detenerlo debido a errores en una redacción del primer pedido. La polémica web volvió a estar en línea con una nueva dirección suiza - wikileaks.ch -tras seis horas de interrupción de su anterior dirección wikileaks.org. EveryDNS indicó en un comunicado que canceló la página electrónica porque los ataques ponían en riesgo a todo su sistema. "Wikileaks.org se ha transformado en objetivo de múltiples ataques distribuidos de denegación de servicio. Estos ataques han amenazado, y futuros ataques amenazarían, la estabilidad de la infraestructura EveryDNS.net", indicó el comunicado de la empresa. EveryDNS otorga acceso a unas 500.000 páginas de Internet. Por otra parte, el sitio WikiLeaks está albergado en Francia, en los servidores de la sociedad OVH, y en la empresa sueca Bahnhof. En tanto, Amazon.com Inc. - que le había permitido a WikiLeaks usar sus servidores para distribuir comunicaciones embarazosas del Departamento de Estado y otros documentos - retiró al sitio. La expulsión de Amazon ocurrió luego que personal del Congreso interrogara a la compañía sobre su relación con WikiLeaks. El senador Joe Lieberman alabó la acción de Amazon y dijo que debería servir de ejemplo a las compañías que WikiLeaks emplea para distribuir "material confiscado ilegalmente". WikiLeaks ha enfurecido a Estados Unidos y otros gobiernos al publicar casi medio millón de documentos secretos sobre las guerras de Afganistán e Irak, así como cables diplomáticos estadounidenses confidenciales.

Nora Cortiñas: “no se quieren hacer cargo que estamos en un país que es de todos y para todos” “Esto es grave: para pedir viviendas hay tres muertes; en Formosa, más muerte. Y lo de Mariano Ferreyra…para defender una fuente de trabajo, otra muerte. ¡Qué doloroso es!”, comenzó su alocución Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en relación con el caos que se incrementa con las horas en los predios ocupados de Villa Soldati. “Escuchar a la gente que discrimina…¿acá no nos fuimos en el exilio? Y nos respetaron. Hay una falta de solidaridad muy grande que nos está dañando a todos. Se pide no sólo al gobierno de la ciudad, también a nivel nación: es doloroso escuchar a funcionarios desoyendo pedidos. No tenemos que esperar una muerte más”, agregó en los estudios de Radio Continental. “Los dos discursos, tanto el de Mauricio Macri como el de Aníbal Fernández, se salen del conflicto, no se quieren hacer cargo de que estamos en un país que es de todos y para todos”, afirmó Cortiñas, también integrante del Comité de Crisis por la toma en el Parque Indoamericano. “La lucha nuestra se fue enriqueciendo con los jóvenes y por quienes creen en ella. También nos guían los 30 mil…” desaparecidos, sostuvo. “Si hubiéramos actuado como funcionábamos antes los organismos de los Derechos Humanos hubiéramos evitado estas muertes. Ahora estamos más ‘cuidadosos’ si nos metemos. Cuando empieza a haber tanto partidismo político se deja de lado esa reacción urgente que debe haber” “En todos los organismo se hace hoy partidismo, algo muy nocivo para nuestra lucha”, señaló Cortiñas y agregó: “los muertos son de todos, no son de un sector”. “Dejemos de ser xenófobos, somos todos hermanos y hermanas”, dijo la Psicóloga Social, recibida a los 63 años. “Las injusticias como estas ayudan al gobierno a detectar sus falencias”, agregó. Huellas presentes del pasado. “Insisto en que se abran los archivos y nos digan qué pasó con cada uno de los detenidos desaparecidos. Se pudo abrir una parte de los de La Plata”, advirtió Cortiñas. “La falta de vivienda es un drama que hay que solucionar. Hay que activar edificaciones, es un derecho humano. La gente quiere pagar, no quieren vivir gratis”, sostuvo la integrante de la Asociación Madres. “Tendría que haber créditos para la gente que puede desenvolverse pero también para quien gana muy poco”, dijo. Se cumplieron 33 años del secuestro de Azucena Villaflor y otras madres frente a la Iglesia Santa Cruz. Dos semanas atrás, Nora Cortiñas declaró en el juicio contra Alfredo Astiz, infiltrado en la fundación durante la última dictadura. “Uno de los logros que conseguimos son los juicios; tenemos que empujar y acompañar a los testigos y demostrarles a los jueces y genocidas que queremos seguir adelante. Ahora habrá dos sentencias, la de (Jorge Rafael) Videla, entre otros”. “Esas madres éramos ingenuas; tratamos a Astiz como una víctima. Teníamos el grupo de las primeras Madres que iban a la plaza y cuidábamos a los jóvenes”, agregó Cortiñas, cuyo hijo, Gustavo, desapareció cuando tenía 24 años, en abril de 1977. “La memoria es importante, pero también es importante tener presentes los sueños que tenían estos jóvenes como un país sin hambre, que los jubilados reciban el haber que les corresponde, que no se pague más la deuda de la dictadura…”, remarcó. “La gente que vive en esos predios sabe que hay un presupuesto que no fue usado para las viviendas”, sostuvo Cortiñas. FUENTE:

Spinetta y las Bandas Eternas: el DVD se filtra en YouTube Se editó una caja con tres CDs, tres DVDs y dos libros que recuerdan el mítico concierto en Vélez pero ya se pueden ver imágenes en la web Los spinettafílicos, y también los que no lo son pero estuvieron ahí, en Vélez, el 4 de diciembre de 2009, lo tendrán tatuado para siempre: las imágenes que hicieron a las cinco horas que duró el concierto que El Flaco dio junto a las Bandas Eternas trazaron un surco en la memoria musical colectiva. Sin embargo, ¿a quién no le gustaría poder revivir la experiencia en alta definición? ¿Cuántos fueron los que se quedaron con las ganas de ir porque no tuvieron la posibilidad de hacerlo? Para todos ellos, llega La Caja Vengadora: un boxset con tres CDs, tres DVDs y dos libros que narran lo sucedido aquella noche mítica y que contó con la presencia de numerosos invitados como Charly García, Gustavo Cerati, Fito Páez, sus hijos, Ricardo Mollo y más. Ese recorrido retrospectivo de toda su trayectoria, con reuniones de Invisible, Pescado Rabioso y Almendra ahora puede revivirse desde la pantalla del televisor por la módica suma de 490 pesos. Sí, 490 pesos. ... Bueno, empecemos de nuevo. ¿A quién no le gustaría poder revivir la experiencia en alta definición? ¿Cuántos fueron los que se quedaron con las ganas de ir porque no tuvieron la posibilidad de hacerlo y ahora no tienen los cientos de pesos necesarios para adquirir el boxset? Para todos ellos, llega un internauta vengador: gracias a él, ya pueden verse las imágenes del show extraído del DVD en YouTube. "Rezo por vos" con Charly, "Las cosas tienen movimiento" con Fito, "Bajan" con Cerati, "Alma de diamante", "Fermín", "Post-crucifixión"... y el repertorio sigue extendiéndose día a día. De todas maneras, aclara: "A todos aquellos que tengan la oportunidad (más bien, la guita) cómprenlo, es sin duda el mejor DVD/CD en vivo que tuve el gusto de disfrutar". Bien ahí. Mirá un par de videos y opiná: ¿te comprarías la caja? link: http://www.youtube.com/watch?v=zkh9gR8J1OE&feature link: http://www.youtube.com/watch?v=FfbuV0iS4H0&feature FUENTE:http://www.rollingstone.com.ar/1333295-spinetta-y-las-bandas-eternas-el-dvd-se-filtra-en-youtube

¿Y qué pasa con las computadoras en desuso? Media sanción en Buenos Aires a una ley sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos. CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Cámara alta bonaerense aprobó la introducción del artículo 1 bis a la Ley 12.665, conocida como Ley de Talles, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los comercios comprendidos en el Artículo anterior, deberán exhibir en lugar de preferencia dentro del local de atención al público, un cartel que contenga la leyenda "Ley 12665 - Ley de talles - Un derecho para todos" con el agregado de un número de teléfono que fijará la autoridad de aplicación en el que el cliente podrá hacer denuncias por incumplimientos a la Ley 12665". “Como pasa muchas veces, hecha la ley, hecha la trampa”, señaló el autor de la iniciativa el senador provincial FPV-PJ Armando Nieto. Según el legislador, “a la hora de dar explicaciones por la no tenencia de talles en demanda, se podrán esgrimir los más variados argumentos, por ello es necesario brindar todas las herramientas necesarias para que el cliente pueda hacer valer sus derechos frente a lo que pueda aparecer un engaño, de tal manera, alertar al cliente de cuál es su derecho, puede resultar con el paso del tiempo, en una poderosa herramienta que permita instalar de manera natural, una forma de comercializar indumentaria, en la que se contemple a todas las personas”. “En tiempos en que la lucha contra la discriminación es en todos los frentes, no debemos soslayar éste que nos ocupa, que por otro lado, resulta ser a veces, inductor a inconductas alimenticias que traen aparejadas, enfermedades tan crueles como la bulimia y la anorexia”, completó el Senador bonaerense. Residuos electrónicos En tanto, la Cámara alta provincial dio también media sanción la regulación de la generación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE). La iniciativa, que pasó a Diputados para su tratamiento, se unificó con proyectos de los Senadores Luis Malagamba y José Zingoni. “Los aparatos eléctricos y electrónicos se han convertido en fundamentales para la vida moderna, proporcionando a la sociedad mayor comodidad, salud y seguridad”, expresó el Senador Santiago Nardelli quien a su vez opinó que “su uso es innegablemente necesario en todas las áreas de la vida actual, ya sea la medicina, transporte, educación, salud, alimentos, comunicación, seguridad, cultura, etc, así, su producción y consumo aumentan rápidamente en todo el mundo, mientras sus ciclos de vida son cada vez menos prolongados”. El legislador reconoció que “si bien sabemos que la acumulación de residuos acarrea un riesgo potencial a la calidad de vida de los habitantes de nuestra Provincia, también debemos tomar conciencia de que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no son sustentablemente gestionados causan severos impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana”. La iniciativa, según explicó Nardelli, tiene por objeto “lograr la gestión sustentable de residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, cumpliendo así con los principios constitucionales y legales que nos instan a hacerlo”. “La propuesta asigna a la industria la responsabilidad de financiar la gestión ambiental de los productos por ella puesta en el mercado. Y, si bien es probable que el costo de esta gestión pueda impactar en el precio de los aparatos, será un gran incentivo para que la gestión de estos productos sea eficiente desde su diseño”, aseveró el senador provincial. Por su parte, Malagamba dijo estar “muy contento de que esta iniciativa avance, ya que es urgente contar con regulaciones que permitan minimizar el impacto ambiental provocado por los residuos electrónicos”. “Lo que se aprobó hoy es una regulación rigurosa para el reciclaje en la Provincia, aunque esta norma tiene que ser acompañada de una fuerte campaña para concientizar a la población sobre esta problemática que afecta seriamente al medioambiente”, aseguró Luis Malagamba. De acuerdo a un informe difundido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la basura electrónica es 5% de los residuos sólidos urbanos a escala global, a tal punto que cada habitante en la Argentina genera alrededor de 2,5 kilogramos de RAEE, cerca de 100 mil toneladas anuales. “La iniciativa que obtuvo media sanción apunta a evitar que las computadoras en desuso se sigan agolpando en distintos basurales y depósitos bonaerenses, fomentando la reutilización y otras formas de valorización de los residuos”, afirmó el senador platense. Manzaneras La jubilación para Manzaneras, el proyecto que Daniel Scioli pretendía tener convertido en Ley antes de fin de año, deberá esperar hasta 2011, pero por lo pronto, ya cuenta con la media sanción del Senado. La iniciativa apunta a pagar un monto equivalente a la jubilación mínima a aquellas personas que hayan cumplido tareas sociales voluntarias en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social Bonaerense. Los recursos provendrían del Tesoro provincial, y serán 1.500 las trabajadoras con derecho de cobrar el subsidio a partir de su aplicación. “Yo creo que hemos dado un paso importante, tiende a hacer justicia con muchísimas mujeres en la provincia de Buenos Aires que solidariamente y hace muchos años vienen trabajando en los actores que más necesitan”, consideró la senadora FPV-PJ Marta Helguero, quién aclaró que se trata de “un subsidio y comprenderá a aquellas manzaneras y comadres que tiene 15 años de antiguedad desde el origen del programa y que acrediten 60 años de edad, además le hemos incorporado un artículo en el que cada año que vaya pasando van a tener que tener un años más de antigüedad además de los 60 años, para equiparar los 25 años que es la antiguedad que requerimos cuando se reglamento la ley de bomberos voluntarios”. Helguero apuntó a la oposición al manifestar que “no tienen una sola iniciativa con contenido social y cuando nosotros traemos al recinto o a las comisiones proyectos de esta características, se montan en análisis profundamente jurídicos y filosóficos. Nosotros somos peronistas para nosotros la única verdad es la realidad en la que convivimos, con la que trabajamos y sabemos que tenemos que dar respuestas, si ellos tienen una opinión superadora y tiene propuestas para aportar las aceptamos y de hecho hemos aceptado propuestas de Unión Pro y del Senador Juan Carlos Simón”, sentenció. “Tenemos una vocación democrática dentro del Senado lo hemos demostrado durante todo el años legislativo, por lo que no se nos puede tildar ni de autoritarios ni de oponer mayorías porque tampoco las tenemos”, concluyó la legisladora oficialista. FUENTE: http://www.urgente24.com/noticias/val/1508-9/y-que-pasa-con-las-computadoras-en-desuso.html

¿Quién perdió menos con la crisis del Indoamericano? ¿Macri o Cristina? Dos encuestas conocidas hoy arrojan lecturas opuestas sobre el impacto en la intención de voto tras la crisis del Parque Indoamericano. Según la consultora Call Business, la imagen de Cristina Kirchner cayó unos ocho puntos mientras que la de Mauricio Macri subió un dos por ciento. Sin embargo, de acuerdo a un sondeo de Enrique Zuleta Puceiro, los episodios de Villa Soldati afectaron más al Jefe de Gobierno que a la Presidenta. Dos lecturas de la realidad bien distintas, dos escenarios sumamente diferentes. Eso fue lo que presentaron hoy sendas encuestas realizadas en Capital en las que se midió cómo afectó la crisis desatada tras la toma del Parque Indoamericano. En una de ellas, los hechos minaron la intención de voto de Cristina Kirchner. En la otra, el episodio explotó en las manos de Mauricio Macri. Cristina, en baja en intención de voto y en imagen positiva Según un sondeo de 800 casos realizado entre el 13 y el 15 de este mes por la consultora Call Business, que conduce Germán Esponda, Cristina perdió unos ocho puntos en intención de voto entre noviembre y diciembre. En 30 días pasó de un 32, 5 por ciento a un 24, 3 por ciento. De todos modos, ningún candidato se le acerca y lidera el ranking seguida de Ricardo Alfonsín que, subiendo dos puntos, alcanzó un 15,2 por ciento. Macri también subió y pasó del 12,9 por ciento a un 14, 6 por ciento. Quien duplicó su porcentaje es Eduardo Duhalde pero ni así alcanza los dos dígitos. De un 4,7 pasó a un 8,8 por ciento, mientras que Pino Solanas, subió a 3 puntos. Como contrapartida hay tres candidatos que no solo no levantan cabeza sino que, por el contrario, restan votos. Así, Elisa Carrió bajó de un 5,2 por ciento en intención de voto a un 4,5 por ciento; Daniel Scioli pasó de un 5 por ciento a un 2,9 y Julio Cobos de un 5,1 a un 2,3 por ciento. Ernesto San levantó pero apenas araña el 1,5 por ciento. En cuanto a la imagen positiva de los candidatos luego del conflicto del Parque, Cristina fue la más perjudicada. De un 43,9 por ciento que consideraba que tiene una “buena” imagen, pasó a un 25,6 por ciento. La imagen “muy buena” pasó de 24,6 por ciento a 21, 8 y la imagen mala creció de 20,5 a 23,7 por ciento. La “muy mala”, subió de un 4,3 por ciento a un 17,9 por ciento. Macri, en cambio, vio mejorada su valoración en la sociedad. Su “buena” imagen trepó del 28,3 al 33,1 por ciento aunque la “muy buena” apenas se movió: de 5,4 puntos a 6 puntos. Su imagen “mala” cayó 45,1 al 31,9 por ciento, un dato que seguramente está siendo festejado en el PRO. No obstante, los macristas deberán tomar nota que la imagen “muy mala”, subió 9 puntos, de de un 13,4 a un 24, 4 por ciento. Un dato interesante marca que Alfonsín mantiene un 57 por ciento de imagen “buena” mientras que Scioli pasó de del 51, 1 por ciento al 42,7. Carrió y Duhalde se mantienen cerca del 34 por ciento en ese ítem aunque los dos también cosechan un amplio rechazo: el 18,8 y el 22,3 por ciento respectivamente, tienen una “muy mala” imagen de ellos. Otro aspecto relevante de la encuesta de Call Business es la disparidad que se va definiendo en la interna radical. Si bien el 55 por ciento de los encuestados asegura que no participará, el 27 por ciento dice que votará a Alfonsín. Julio Cobos apenas llega al 11 por ciento de intención y Sanz al 6 por ciento. Macri, el más afectado Si en un primer momento el macrismo se frotaba las manos con los sondeos que aprobaban su actuación y su dialéctica en el conflicto del Parque, según una encuesta realizada por Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM), los ánimos deberían irse aplacando. De acuerdo a la consultora de Enrique Zuleta Puceiro, el 52,7 por ciento de los porteños cree que la crisis de Villa Soldati afectará “mucho” a Mauricio Macri. En tanto, quienes creen que los episodios afectarán de igual manera a Cristina Kirchner representan el 26,7 por ciento. Con una muestra de 600 casos, el sondeo pregunta en qué medida las ocupaciones afectarán de manera negativa a varias figuras políticas. Además de los datos consignados en el párrafo anterior, el 20,2 por ciento piensa que los hechos complicarán “algo” a Macri y un 29, 3 por ciento a Cristina. El 12,9 cree que “poco” afectará el tema a al líder del PRO y un 22,7 por ciento a la Jefa de Estado. De todos modos, el dato llamativo es que el 42,7 por ciento cree que uno de los más afectados es el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Julio Alak (25,9 por ciento), Florencio Randazzo y Diego Santilli (comparten un 22,7 por ciento) también figuran entre los caídos en desgracia. Respecto a la actuación de la Ciudad en los días de mayor tensión, el 22,7 por ciento cree que lo hizo “Muy mal”; el 25,3 por ciento, “Mal” y el 29,3 por ciento, “Regular”. “Bien” y “Muy bien”, suman un 27,7 por ciento. Al Gobierno nacional tampoco le fue muy bien en este ítem. El 17, 3 por ciento de los encuestados piensa que su actuación fue “muy mala”; el 32 por ciento, “mala” y el 33 por ciento “regular”. Quienes consideran que la Nación actuó “bien” y “muy bien”, suman apenas el 17,4 por ciento. De todos modos, el 55,5 por ciento cree que ambos gobiernos son responsables. El 22,8 por ciento sólo le echa la culpa a Macri y el 16,7 por ciento, a Cristina. El PRO, respaldado en su retórica contra la inmigración Con todo, el Jefe de Gobierno porteño parece haber sacado una luz de ventaja con su discurso en contra de la, según el PRO, “inmigración descontrolada”. De acuerdo a la encuesta de Zuleta, el 30 por ciento de los encuestados se mostró “muy de acuerdo” con las palabras de Macri y el 23,7 por ciento, “de acuerdo”. En cambio, el 22,6 por ciento dijo estar “en desacuerdo”. Además, el 24 por ciento considera “muy mala” la política de inmigración del Gobierno, el 16 por ciento la califica de “mala” y el 26,7 por ciento piensa que es “regular”. Sólo el 18 por ciento, la considera “buena”. El 44 por ciento asegura que la política inmigratoria debe ser “revisada”. Los datos se condicen también con los arrojados por el trabajo de campo de Call Business. El 74 por ciento opina que las políticas inmigratorias deberían ser más restrictivas para los ciudadanos de países vecinos. Sólo el 22 por ciento cree que no. No obstante, el 66 por ciento cree que los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que los argentinos. Rayando la xenofobia, un 31 por ciento opinó que no. fuente:http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70126-6/quien-perdio-menos-con-la-crisis-del-indoamericano-macri-o-cristina.html

La OIT reiteró el pedido por la personería de la CTA La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exhortó al gobierno nacional a que "sin demora se pronuncie" respecto del pedido de personería gremial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en tanto la agrupación convocó a una marcha al Ministerio de Trabajo para el próximo 3 de marzo para continuar el reclamo. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lamentó el largo tiempo transcurrido, más de seis años, sin que el gobierno se haya pronunciado en relación con el pedido de personería gremial de la CTA. En un comunicado afirmó que dada "la importancia de este asunto, la comisión urge nuevamente al Gobierno a que sin demora se pronuncie al respecto y que informe sobre toda evolución en relación con esta cuestión". La comisión también expresó que "según surge del informe de la misión que visitó el país en 2010, se han presentado proyectos de resolución en la Cámara de Diputados y en el Senado, postulando el otorgamiento de la personería gremial a la CTA". Una vez conocido el comunicado de la OIT, el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, anunció una marcha para el 3 de marzo hacia el Ministerio de Trabajo para reclamar entre otros puntos el reconocimiento gremial de la central. Micheli afirmó además que en la marcha pedirán por la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, paritarias libres sin techo, combate frontal a la tercerización y precarización laboral. Desde la CTA conducida por Micheli se expresarán también por el 82 por ciento móvil para los jubilados y el restablecimiento del cien por ciento de los aportes patronales para financiar el sistema universal de previsión social y libertad sindical. La OIT reclamó además que el Gobierno tome "medidas necesarias para que sea modificada la ley 23.551", de asociaciones sindicales, cuestionada en varios artículos por la Corte Suprema de Justicia, que tiene el aval de la entidad internacional. "La Comisión pide al Gobierno que teniendo en cuenta las sentencias judiciales declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de asociaciones sindicales, N° 23551, tome las medidas necesarias para que en consulta con todos los interlocutores sociales se efectúen las modificaciones legislativas solicitadas", expresó el texto oficial. Fuente:http://www.clarin.com/politica/CTA-OIT-personeria_gremial_0_428357400.html

"La búsqueda fue una vergüenza" "La última búsqueda fue una tomada de pelo y le hizo mucho daño a mi familia", afirmó Rubén, el hijo del desaparecido Julio López, quien pidió que se obligue a declarar al testigo de identidad reservada. El hijo de Jorge Julio López, el testigo desaparecido hace cuatro años tras haber declarado en el caso del represor Miguel Etchecolatz, aseguró hoy que la última búsqueda "fue una tomada de pelo" y pidió que se "traiga de los pelos" al testigo de identidad reservada para que explique de dónde obtuvo la información que proporcionó. "Estamos con mucha bronca y muy dolidos porque creemos que en la última búsqueda no sólo a la familia, sino también a la Justicia y al Estado se les ha tomado el pelo", aseveró Rubén López al encabezar una conferencia de prensa. "Más allá de saber que esto era poco fehaciente desde el primer día, teníamos la esperanza de que realmente fuera la última búsqueda, es decir el principio del final." El hijo del desaparecido albañil explicó que pidieron el "comparendo compulsivo" del testigo que, según explicó, ya fue citado dos veces. "Que lo traigan de los pelos a prestar su testimonio y que diga de dónde sacó los dichos, cuál fue su intención", reclamó, y agregó: "Lo único que ha hecho fue hacer mucho daño a la familia, más allá que los gastos ocasionados al Estado por toda la movilización que se realizó desde un primer momento." La búsqueda de Jorge Julio López se había reactivado el 1° de febrero, tras la aparición de un testigo de identidad reservada que reveló que alguien le había dicho que en una zona del parque Pereyra Iraola, en el partido de Berazategui, se encontraba el cuerpo del testigo del caso Etchecolatz, recuerda una nota de lanación.com. En el cierre, Rubén López se refirió al cobro de la recompensa que se ofrece a quien aporte datos que permitan dan con el paradero de su padre. "Este abogado quiere cobrar la recompensa y le correspondería si el dato es real y cierto", precisó. "En este caso no lo es, por ello esperamos que la justicia actúe en consecuencia."

Manzur ratifica que Cristina Kirchner está "en contra del aborto" “Ya lo hemos dicho, estamos en contra del aborto, incluso lo manifestó la presidenta” Cristina Fernández, expresó el funcionario en declaraciones realizadas en San Juan, donde entregó ambulancias y equipos hospitalarios en el marco de una visita que realizó en la provincia. Manzur reiteró que “fue un error” la publicación como Resolución de la actualización de una guía para la interrupción de los embarazos no punibles previstos en el Código Penal, difundida por la cartera sanitaria la semana pasada. El ministro entregó 250 mil pesos a la Universidad Nacional de San Juan para la puesta en marcha de la carrera de Enfermería y 4 ambulancias para distitnas zonas sanitarias de la provincia, en el marco de un acto que se realizó en la Casa de Gobierno, en el que estuvo presente el gobernador José Luis Gioja. Manzur también recorrió el nuevo edificio del Hospital Guillermo Rawson junto al ministro de Salud local, Oscar Balverdi, y las obras del Hospital Ventura Lloveras. Fuente: Minutouno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Más cerca de la Iglesia, más lejos de las mujeres Cristina contra el aborto Las declaraciones de la presidenta electa manifestándose contra el derecho al aborto, fueron recibidas con agrado por los obispos argentinos. Una vez más, Cristina se muestra en contra de las necesidades de las mujeres trabajadoras. Después de casi tres años de una relación aparentemente tensa entre el gobierno de Kirchner y el Episcopado argentino, Cristina Fernández de Kirchner se muestra decidida a recomponer lazos con el mismo. En un claro guiño hacia la Iglesia Católica, días antes de ser electa presidenta, señaló: “Siempre me definí contra el aborto”. La respuesta inmediata fue una carta del cardenal Bergoglio quien, junto con otros obispos provinciales, no dudó en felicitarla por la elección y gestionar futuros encuentros. “La Iglesia argentina no disimuló sobre el final de la campaña electoral su beneplácito con Cristina, quien se manifestó contraria al aborto dos días antes de la votación” (Clarín, 6/11/07). La dama recién electa se presenta como la primer mujer presidenta de nuestro país, pero sus actos poco tienen que ver con los derechos de las mujeres a quienes supuestamente representa, por el contrario, sus gestos, en sintonía con las expectativas del Vaticano, no hacen más que avalar la muerte de más de 600 mujeres pobres por año a causa de abortos clandestinos. No olvidemos que este gobierno es cómplice de que en las escuelas no haya una verdadera educación sexual para que los jóvenes puedan decidir libremente. Garantiza que continúe la escasa entrega de preservativos a hombres y mujeres en dependencias públicas. Hace caso omiso a las solicitudes de ligaduras tubarias y vasectomías gratuitas en hospitales públicos e incluso, de la realización de abortos no punibles. Por supuesto con la fervorosa aceptación de la Iglesia. El “gobierno de los Derechos Humanos” de los Kirchner prefiere recomponer relaciones y seguir financiando a esta institución que fue parte activa en los crímenes de la última dictadura militar y que incluso hoy ni siquiera ha sancionado al condenado cura genocida Von Wernich. Jerarquía eclesiástica que, en la actualidad, mientras se opone al derecho al aborto, cobija entre sus filas a curas violadores y abusadores de niños quienes se amparan en sus sotanas para cometer los más repudiables delitos. Por eso, después de supuestas turbulencias entre el gobierno y la Iglesia, ahora, Bergoglio, hasta promete “rezar por la nueva gestión K”. El pasado mes de octubre nos reunimos miles de mujeres en la ciudad de Córdoba exigiendo al gobierno la legalización del aborto. Cristina pareció ni enterarse, haciendo, una vez más, oídos sordos a nuestros reclamos. Está claro que, aunque sea mujer, Cristina Fernández va a seguir con la misma política que su marido. Ella, además de postularse para ser la continuidad en un modelo de supergancias para las multinacionales, inflación, bajos salarios y precarización para los y las trabajadoras/es, se prepara para seguir desconociendo fundamentales derechos de las mujeres trabajadoras. Por eso hay que dar cumplimiento al calendario de la mujer resuelto en el último encuentro en Córdoba, y seguir movilizadas para imponer “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Fuente:http://www.izquierdasocialista.org.ar/cgi-bin/elsocialista.cgi?es=087&nota=5

Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2010 Una vez al año, desde 1996, CORREPI, acompañando su tarea militante diaria, presenta el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con estos datos nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión. Esta sistematicidad de la represión queda evidenciada cuando vemos que todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores de este estado de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que puede adquirir, según las circunstancias, distintas modalidades, pero cuyo denominador común es la sistematicidad. El caso de un gobierno como el de los Kirchner es paradigmático en este sentido. Frente a su autoproclamación como gobierno “defensor de los DDHH”, se contraponen los datos concretos que evidencian la efectividad de su política represiva. Gracias a su demagogia, ha logrado una importante legitimación que silencia, aún más, el alcance de su eficacia represiva: Son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta 2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242 casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos. Se evidencia, así, que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del capitalismo. Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo de lo que es el día a día represivo en nuestro país. El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es, entonces, contribuir a un simple lamento por la creciente cantidad de pibes muertos. Nuestro fin es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación. Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes: 1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima. 2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas. 3. No incluimos enfrentamientos reales. 4. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos. A los fines estadísticos, las clasificamos en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.). 5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo siguiente. Algunas conclusiones: Este año se evidencia un avance cuantitativo y cualitativo en la represión que llamamos “selectiva”, es decir, la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares. En “democracia”, son 56 los asesinados en movilizaciones populares, cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco (Bariloche), Sergio Cárdenas (Bariloche) y Mariano Ferreyra (Ciudad de Buenos Aires). Los tres primeros, en marchas contra el gatillo fácil (caso Villanueva, el primero, y Bonefoi, los dos restantes). Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado cuando, junto a su organización, acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados. Mucho más ocultas se mantienen las cifras que corresponden a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores. Es la represión de tipo “preventivo” que se aplica con mayor sistematicidad, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase. Los números confirman que, en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983, ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los “presentables” gobiernos “democráticos”, cobró central importancia esta “represión preventiva”, cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. Qué mejor, para alcanzar ese fin, que atemorizar al pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, potenciados por un alto grado de naturalización hacia el interior de la clase reprimida, y de invisibilización hacia afuera. Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta, al punto que los pocos casos registrados de víctimas de clase media o alta afectan a quienes estaban en el lugar, con la ropa o el aspecto “equivocados”, el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad del total (53%) corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años. La distribución territorial de los casos, aun haciendo abstracción de que hay distritos de los que tenemos ninguna o poquísima información, ratifica que el gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, cualquiera sea el color del gobierno local, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza, y, por lo tanto, tienen una mayor necesidad de prevenir la potencial organización popular contestataria. Como se aprecia en los gráficos, la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de los “patas negras”, que quedan equiparados, y hasta superados, según el caso, por sus colegas de otras fuerzas o provincias. Igualmente ilustrativo es el cuadro comparativo de ciudades de con gobiernos locales de distinto signo político. Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado. Se observa, a partir del último tercio de los ’90, que los integrantes de otras fuerzas de seguridad, como prefectura naval o gendarmería, aparecen con mayor frecuencia como victimarios. Ello responde linealmente a la creciente presencia de estas fuerzas, otrora limitadas a las fronteras o los cursos fluviales, en el patrullaje urbano, participando activamente en el control territorial. Gendarmería ha sido también, desde mediados de los ’90, la fuerza favorita a la hora de reprimir conflictos sociales, y la preferida en los crecientes procesos de militarización, como en Santa Cruz o el Hospital Francés. Igual camino sigue la Prefectura, cuyo grupo de elite Albatros tuvo intervención en conflictos gremiales como el de los trabajadores pesqueros de tierra en el puerto de Mar del Plata o el del Casino. No es ajena a este incremento la influencia del entrenamiento y “capacitación” para enfrentar conflictos de baja intensidad, bajo la excusa de la “guerra global contra el terrorismo”, que todas las fuerzas de seguridad, y en particular, sus grupos de choque y desplazamiento rápido, vienen recibiendo, en forma creciente, por parte de EEUU. Además de los cursos, programas de “intercambio”, ejercicios conjuntos y otras iniciativas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Estado norteamericanos, hay un constante aporte en tecnología y pertrechos. La creación de policías municipales son un elemento de perfeccionamiento y descentralización de la tarea represiva estatal que permite una mayor efectividad y control sobre los territorios más pobres del conurbano bonaerense. Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. Sus integrantes, en la mayoría de los casos, son también personal de las fuerzas, incluyendo exonerados, disponibles o suspendidos por delitos diversos, lo que hemos probado una y otra vez, desmintiendo lo que declama la letra de las leyes y reglamentos. El reciente asesinato de Mariano Ferreyra hace visible el uso de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, “batatas” sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia “privadas”, la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan “batalla entre sectores sindicales”, sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas. A poco de cerrar la recepción de datos para este Archivo, mientras seguimos preguntando dónde están Jorge Julio López, Luciano Arruga, Luciano González, y medio centenar más de desaparecidos en “democracia”, la policía de Santiago del Estero sumó el nombre de Juan Ramón Díaz, de 23 años, a esa lista. También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional. Como lo explicaba Rodolfo Walsh hace casi medio siglo, “sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”(1) . Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura(2). En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica. Sobre esos inverosímiles suicidios en cárceles y comisarías, decía también Walsh, en el artículo citado: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”. 1) La secta del gatillo alegre: El enigma de La Matanza, Rodolfo Walsh, 1968. 2) Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal. GRÁFICO N°1: Cantidad de casos acumulados por archivo El gráfico nº 1 corresponde al acumulado de casos en cada actualización del Archivo, desde la primera publicación en 1996. Cada año, además de los casos ocurridos en los últimos 12 meses, incorporamos otros de los años anteriores, que recién llegan a nuestro conocimiento. GRÁFICO N°2: Cantidad de casos durante las dos gestiones Kirchner. Hasta el año pasado, nunca se había superado el total de casos de 2001 (con 39 víctimas, solamente, entre el 19 y 20 de diciembre). En 2009, Cristina Fernández de Kirchner impuso un nuevo récord. Con 997 asesinados durante la presidencia de Néstor Kirchner y 637 en lo que va de la presidencia de Cristina Fernández, el gobierno inaugurado en 2003 es el que más ha matado, a través de su aparato represivo, desde 1983. GRÁFICO N°3: modalidades. Es evidente la supremacía, como modalidad de la represión preventiva, de los fusilamientos de gatillo fácil, seguidos por las muertes bajo custodia. Se manifiestan en especial las siguientes modalidades: 1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal, así como las desapariciones, especialmente de jóvenes, previamente hostigados por el personal policial; 2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias, en comisarías o en institutos de menores, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte; 3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho; 4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 56 desde 1995. Es importante señalar que, del total de siete asesinados en movilizaciones populares por el gobierno kirchnerista (Cuéllar, Fuentealba, Erazo, Vargas, Cárdenas, Carrasco y Ferreyra), los últimos cuatro ocurrieron durante el año 2010, en enero, junio y octubre. 5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal. 6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas. GRÁFICO N°4: Víctimas mayores y menores de edad El 32% de los casos corresponde a personas de 21 años o menos. Pero si se analizan los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, se constata que apenas un 12% tenían más de 36 años. La joven edad de las víctimas es un claro indicador del contenido de control social de la represión preventiva. GRÁFICO N°5: Rango de edad de la víctima. El 52% de los casos corresponde a personas de 25 años o menos. Si se suman los de 35 o menos, se llega al 71%. La distribución territorial de los casos parece mostrar una hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales. GRÁFICO N°6: Cantidad de casos por provincia. Pero si se obtiene el índice de casos por millón de habitantes de cada distrito, vemos una imagen bien diferente: GRÁFICO N°7: Índice de casos por millón de habitantes. Se revela así que, dejando de lado la colosal supremacía poblacional de la Pcia. de Buenos Aires, cae a un tercer lugar en el cálculo por millón de habitantes, detrás de Tierra del Fuego y Santa Fe, gobernadas por el ARI y el Partido Socialista, respectivamente. Esto confirma que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense ni de un partido político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante, gobierne quien gobierne. A similar conclusión se debe llegar si se comparan los parciales de diferentes municipios con gobiernos de distintos partidos políticos, como lo muestra el Gráfico nº 8. Peronistas kirchneristas o antikirchneristas, radicales, del Partido Socialista, del PRO, de partidos vecinalistas o “progresistas” con proyección nacional, todos reprimen al unísono, más allá de sus variantes en el discurso, porque todos gobiernan para la burguesía. Nótese el índice del partido de Morón, por ejemplo, superior al de la ciudad de Buenos Aires y parejo con Hurlingham, o los muy elevados de Tigre, Lomas de Zamora y Rosario. GRÁFICO N°8: Comparación de municipios con gobiernos de distintos partidos (casos por 100.000 habitantes). Finalmente, el Gráfico nº 9 muestra la proporción entre las distintas fuerzas, con preeminencia absoluta de las policías. Debe repararse en la alta incidencia de la policía federal, responsable por sí sola del equivalente a una sexta parte del conjunto de todas las provinciales. La participación de gendarmería y prefectura se sigue incrementando, a medida que toman más intervención en el patrullaje urbano. La diferencia entre el parcial correspondiente al servicio penitenciario (21%) y las muertes bajo custodia (34%) se debe a que buena parte de esas muertes en calabozos se produce en comisarías. GRÁFICO N°9: Porcentaje según fuerza. FUENTE:http://correpi.lahaine.org/?p=1016

Curioso: Madres de Plaza de Mayo pidieron auxilio a Macri Sergio Schoklender, apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, pidió asistencia a la Policía Metropolitana, no a la Policía Federal, en un caso de ocupación de predio en el Parque Indoamericano: todo un hito en la relación entre fuerzas de seguridad en el distrito porteño. CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Sergio Schoklender, apoderado de Madres de Plaza de Mayo, solicitó auxilio a la Policía Metropolitana, porque "narcotraficantes armados intentaron ocupar a los tiros un obrador" (de la asociación que preside Hebe de Bonafini) en el Parque Indoamericano, junto al asentamiento Soldati. Es curioso que Schoklender -quien a menudo apoya las ocupaciones de espacios públicos que realizan organizaciones 'piqueteras', pero en esta ocasión, cuando se trataba de sus propios intereses, no dudó en solicitar intervención policial con la excusa de que era víctima de narcotraficantes- no solicitó apoyo de la Policía Federal Argentina, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, área del Poder Ejecutivo aliado de Madres de Plaza de Mayo. La Policía Metropolitana, de acuerdo al diagrama de coordinación interfuerzas elaborado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, le planteó a la Policía Federal una acción conjunta. Todo indica que el nexo entre Schoklender y la Metropolitana fue Diego Santilli, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, quien intenta mantenerse en el PRO y, a la vez, incrementar su diálogo personal con el Frente para la Victoria. De todos modos, Schoklender es gente difícil: a la vez que solicitaba apoyo a la Policía Metropolitana, denunciaba al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, porque "tiene la Policía Metropolitana para el norte, pero deja al sur, donde están los pobres, desprotegido. Anoche estaba la Policía Metropolitana y no hizo nada. No sólo permitió las ocupaciones de terrenos, sino que además no intervino cuando esta madrugada, a las 3, intentaron ocupar el obrador que la Asociación Madres de Plaza de Mayo del complejo de viviendas que estamos construyendo para 300 familias en el barrio Los Piletones". "Eran narcos de las villas más conocidas los que nos atacaron a los tiros. Querían ocupar las viviendas y nos amenazaban con matar a todos si no nos íbamos. En la ocupación de los terrenos del Parque Indoamericano hay muchas familias pobres a los que estafan vendiéndoles lotes fiscales, pero hay algunos vivos y otros que son peligrosos delincuentes", dijo Schoklender, quien le exigió a Macri que "actúe y que la Policía Metropolitana deje de estar para Palermo, Puerto Madero y el norte de la Ciudad", porque "no se puede permitir que en cada plaza o terreno se arme una villa. Se están produciendo tomas en toda la Ciudad. Gente humilde que está ocupando un montón de terrenos municipales, sin que Macri mueva un dedo, porque parece que solo le importa su campaña electoral y nada más", agregó Schoklender, en una fase pro represiva que se le desconocía. Luego de recibir el aval de la Justicia, la Policía Federal y la Metropolitana realizaron un operativo conjunto para desalojar parte del Parque Indoamericano. Ahora, los ocupantes del Parque Indoamericano no se asumieron como narcotraficantes y repelieron con piedras e incluso tiros el procedimiento conjunto de las policías Federal y Metropolitana, que tomaron el control de la zona y permitieron el inicio de tareas de limpieza para reacondicionar ese espacio público porteño. Cuando cesaron las negociaciones, la policía los desalojó con carros hidrantes. Luego del desalojo, los incidentes continuaron sobre la avenida Escalada, desde donde los ocupantes atacaron con piedras, incendiaron autos viejos y colchones, y se replegaron. "No descartamos enrejar la totalidad del predio. Es un espacio importante para la Ciudad, son nada menos que 100 hectáreas", sostuvo Santilli hablando con el canal C5N. FUENTE:http://www.urgente24.com/noticias/val/1076-10/curioso-madres-de-plaza-de-mayo-pidieron-auxilio-a-macri.html