¿En que andaban los Iaccarino...?
Condenas ridículas y subterfugios legales en juicio a torturadores
Los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, que componen el Tribunal Oral Federal nº 1, comenzaron a juzgar el 15 de mayo a los ex policías Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, por los delitos de secuestro coactivo y tormentos, en perjuicio de los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, quienes fueron secuestrados en 1977 y conducidos al centro clandestino de detención conocido como "El Infierno", en Avellaneda. Trevisán y Ferranti se desempeñaban como jefe y subjefe, respectivamente, de la Brigada de Investigaciones de Lanús, y están acusados de motorizar el secuestro de los hermanos, que tenían fuertes intereses en la industria láctea y que resultaron despojados de prácticamente todos sus bienes.
Perez Esquivel: “Las FFAA no pudieron dar un golpe sin la ayuda de civiles y de religiosos"
El premio Nobel de la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, dio su testimonio en el juicio de secuestro y tortura de los hermanos Iaccarino, y aseguró que las fuerzas armadas no pudieron por sí mismas dar un golpe de estado, necesitaron de sectores civiles y religiosos”. "Hubo muchos empresarios que fueron víctimas de la dictadura y de casos de tormentos por dinero y propiedades", aseguró Pérez Esquivel, quien mencionó el caso de un empresario de Tucumán y otro de Azul que fueron obligados a ceder sus propiedades durante la última dictadura cívico militar.
“El 2 de noviembre de 1976, en uno de los salones de reuniones del diario La Nación, Lidia Papaleo de Graiver firmó el boleto de compraventa de Papel Prensa a favor de Fapel SA al módico precio de conservar la vida de su hija y la suya propia. El 5 de noviembre, el empresario textil Federico Gutheim y su hijo Miguel fueron secuestrados por orden del ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, recordó el periodista Miguel Russo .
“Casi a la misma hora, en Buenos Aires, fueron detenidos el tercer hermano Iaccarino, Alejandro, y su madre, Dora Emma Venturino, por civiles armados que los llevaron a la Comisaría 21. Los hermanos eran empresarios de gran prestigio y rotunda contundencia en sus negocios”, contextualizó el periodista en la nota ya citada, publicada por el semanario Miradas al Sur.
Russo establece una hipótesis acerca de por qué la dictadura persiguió a los Iaccarino. A su juicio se trató por la alianza de su firma ILSA (Industrias Lácteas SA) con las cooperativas lecheras de Santiago del Estero y otras provincias, le habría granjeado el odio de las grandes firmas lecheras.
Tras puntualizar que en las empresas de los hermanos Iaccarino no había “gerentes con sueldos astronómicos” ni otros dispendios, puntualiza que fue el “Plan Económico de Expansión General –PEEG– ideado por Alejandro (…) el motivo determinante para el secuestro” de los hermanos. La secretaría de Derechos Humanos llegó a esta conclusión porque “los interrogatorios bajo tortura en distintos centros clandestinos, se dirigían casi exclusivamente a extraer información acerca de cómo funcionaba el PEEG” y de “como habían formado su patrimonio económico”, testimoniaron coincidentemente los tres hermanos.
En un reportaje dado a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los hermanos Iaccarino explico que con el diseño de su plan, racionalización de gastos y optimización de la distribución llegaban al público con precios hasta un sesenta por ciento más bajos que los de plaza.
Hace pocos días, un grupo de productores, con motivo de una protesta, vendieron en la Plazoleta del Obelisco frutas y hortalizas al precio que les pagan a ellos los acopiadores, llegando en algunos casos al 0,5 por ciento del precio final al público.
Aquí, por si no quedo claro antes, se exponen varios aspectos de la realidad que es necesario corregir,
1) El salvajismo conque el empresariado concentrado defiende sus plus-ganancias, no vacila ante ningún medio.
2) El entrelazamiento entre la defensa de los intereses empresarios y la violencia, ejercida a través de los que recibieron las armas para proteger a la sociedad.
3) Viendo las condenas irrisorias con que el tribunal penó a los sicarios y con el antecedente del caso Maríta Verón, con la absolución de los asesinos protegidos por la red de la trata de personas, deja claro de toda claridad la complicidad manifiesta de la justicia con el delito de causas económicas originada antes de la dictadura, durante ella y en la actualidad.
Condenas ridículas y subterfugios legales en juicio a torturadores
Los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, que componen el Tribunal Oral Federal nº 1, comenzaron a juzgar el 15 de mayo a los ex policías Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, por los delitos de secuestro coactivo y tormentos, en perjuicio de los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, quienes fueron secuestrados en 1977 y conducidos al centro clandestino de detención conocido como "El Infierno", en Avellaneda. Trevisán y Ferranti se desempeñaban como jefe y subjefe, respectivamente, de la Brigada de Investigaciones de Lanús, y están acusados de motorizar el secuestro de los hermanos, que tenían fuertes intereses en la industria láctea y que resultaron despojados de prácticamente todos sus bienes.
Perez Esquivel: “Las FFAA no pudieron dar un golpe sin la ayuda de civiles y de religiosos"
El premio Nobel de la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, dio su testimonio en el juicio de secuestro y tortura de los hermanos Iaccarino, y aseguró que las fuerzas armadas no pudieron por sí mismas dar un golpe de estado, necesitaron de sectores civiles y religiosos”. "Hubo muchos empresarios que fueron víctimas de la dictadura y de casos de tormentos por dinero y propiedades", aseguró Pérez Esquivel, quien mencionó el caso de un empresario de Tucumán y otro de Azul que fueron obligados a ceder sus propiedades durante la última dictadura cívico militar.
“El 2 de noviembre de 1976, en uno de los salones de reuniones del diario La Nación, Lidia Papaleo de Graiver firmó el boleto de compraventa de Papel Prensa a favor de Fapel SA al módico precio de conservar la vida de su hija y la suya propia. El 5 de noviembre, el empresario textil Federico Gutheim y su hijo Miguel fueron secuestrados por orden del ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, recordó el periodista Miguel Russo .
“Casi a la misma hora, en Buenos Aires, fueron detenidos el tercer hermano Iaccarino, Alejandro, y su madre, Dora Emma Venturino, por civiles armados que los llevaron a la Comisaría 21. Los hermanos eran empresarios de gran prestigio y rotunda contundencia en sus negocios”, contextualizó el periodista en la nota ya citada, publicada por el semanario Miradas al Sur.
Russo establece una hipótesis acerca de por qué la dictadura persiguió a los Iaccarino. A su juicio se trató por la alianza de su firma ILSA (Industrias Lácteas SA) con las cooperativas lecheras de Santiago del Estero y otras provincias, le habría granjeado el odio de las grandes firmas lecheras.
Tras puntualizar que en las empresas de los hermanos Iaccarino no había “gerentes con sueldos astronómicos” ni otros dispendios, puntualiza que fue el “Plan Económico de Expansión General –PEEG– ideado por Alejandro (…) el motivo determinante para el secuestro” de los hermanos. La secretaría de Derechos Humanos llegó a esta conclusión porque “los interrogatorios bajo tortura en distintos centros clandestinos, se dirigían casi exclusivamente a extraer información acerca de cómo funcionaba el PEEG” y de “como habían formado su patrimonio económico”, testimoniaron coincidentemente los tres hermanos.
En un reportaje dado a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los hermanos Iaccarino explico que con el diseño de su plan, racionalización de gastos y optimización de la distribución llegaban al público con precios hasta un sesenta por ciento más bajos que los de plaza.
Hace pocos días, un grupo de productores, con motivo de una protesta, vendieron en la Plazoleta del Obelisco frutas y hortalizas al precio que les pagan a ellos los acopiadores, llegando en algunos casos al 0,5 por ciento del precio final al público.
Aquí, por si no quedo claro antes, se exponen varios aspectos de la realidad que es necesario corregir,
1) El salvajismo conque el empresariado concentrado defiende sus plus-ganancias, no vacila ante ningún medio.
2) El entrelazamiento entre la defensa de los intereses empresarios y la violencia, ejercida a través de los que recibieron las armas para proteger a la sociedad.
3) Viendo las condenas irrisorias con que el tribunal penó a los sicarios y con el antecedente del caso Maríta Verón, con la absolución de los asesinos protegidos por la red de la trata de personas, deja claro de toda claridad la complicidad manifiesta de la justicia con el delito de causas económicas originada antes de la dictadura, durante ella y en la actualidad.