Salta: El gobierno legaliza los desmontes y las tropas avanzan sobre los bosques y las comunidades indigenas
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Alentados por el alto precio internacional de la soja y legalizados por el gobierno, desde hace diez años los desmontes dejan a las comunidades sin su sustento y provocan un verdadero genocidio.
Los bosques son el sustento de las comunidades indígenas que los habitan, respetándolos, desde hace siglos. Como los wichis del chaco salteño, para quienes el monte es todo: su casa, su farmacia, su mercado y su espiritualidad.
Lamentablemente, esta visión sobre el recurso choca con el afán de los grandes productores por nuevas (y baratas) tierras para la producción sojera y ganadera, que junto con la complicidad y la desidia de los gobiernos provinciales, desalojan a las comunidades wichi de sus territorios.
Pero la lucha de varias organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas logró que el Congreso sancionara a fines del año pasado la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
Sin embargo, la demora en el tratamiento de la misma generó que el gobierno de Juan Carlos Romero autorizara en la provincia de Salta durante 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques y especulando con evitar la mortatoria ésta establece, el desmonte de más de 400.000 hectáreas de bosques nativos, cinco veces más que lo autorizado en 2006.
Luego vendrían las elecciones a gobernador donde Wayar, el candidato del romerismo, perdería por escasos votos frente al joven kirchnerista (años atrás también romerista) Juan Manuel Urtubey, quien asumió una frase esperanzadora: “se acabó el festival de desmontes en la provincia”.
A pesar de esto, transcurridos algunos meses de gestión, el nuevo gobierno decidió no dar marcha atrás ni revisar las autorizaciones de desmontes que le dejó Romero.
Entre las autorizaciones que mantienen su vigencia se encuentran dieciocho casos que habían sido impugnados por la Fundación ASOCIANA, que había denunciado la ilegitimidad de “los actos administrativos de autorización de desmontes y aprovechamientos forestales por haber sido dictados sin garantizar la participación adecuada de las comunidades indígenas afectadas”, ya que los mismos tenían serias deficiencias en los Estudios de Impacto Ambiental y las audiencias públicas deberían haber sido traducidas al idioma de las comunidades indígenas que actualmente están afectadas por los desmontes.
A este reclamo adhirieron las comunidades indígenas de El Traslado, San Benito, Tonono y Kilómetro 14 y 12, y la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y el área en conflicto comprende un total de 121.370 hectáreas que están repartidas en 18 fincas ubicadas en los departamentos San Martín y Rivadavia, en territorio de uso ancestral de los habitantes originarios.
Lo cierto es que, por esta decisión gubernamental, durante el primer semestre de este año ya se deforestaron más de 57.000 hectáreas (tres veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires) en territorio de uso tradicional de comunidades wichi, que están siendo expulsadas de sus tierras.
Pero las comunidades se están organizando, movilizándose, cortando rutas, y algunas hasta lograron detener a las topadoras poniendo el cuerpo.
Es así que siete organizaciones del pueblo wichi la semana pasada reiteraron formalmente el pedido de que se paralicen los desmontes en las áreas de su uso territorial. Sin embargo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, les pidió paciencia.
Los indígenas le entregaron mapas con la delimitación de las tierras que ocupan “tradicionalmente desde tiempos inmemoriales para que se incluya y se respete en el ordenamiento territorial que está llevando a cabo el gobierno de la provincia en el marco de la Ley de Bosques”.
Los mapas comprenden un territorio de casi 3 millones de hectáreas, el 70% en el departamento Rivadavia y el resto en San Martín, Anta y Orán. Unas 18 mil personas habitan en este territorio, en la zona del río Pilcomayo, el norte del Bermejo, el río Itiyuro y la ruta nacional 86, el Bajo Itiyuro, General Ballivián, Rivadavia Banda Sur y Banda Norte.
Durante el evento en el que se presentaron estos mapas, al que asistieron representantes de casi todas las comunidades wichi de la provincia, se escucharon palabras muy fuertes:
“Parece que los gobiernos están encontrando la manera de matarnos sin tiros, sin balas”, afirmó Francisco Pérez, dirigente de la Asociación Lhaka Honat.
“Nosotros no usamos la palabra genocidio. No conocemos su significado, el que la conozca tiene que pensar en eso”, señaló Miguel Montes, del Consejo de Organizaciones Wichi del Bermejo.
“La historia de exterminio nunca terminó. La historia se repite pero con otra cara. Nosotros como indígenas sentimos eso, que hay un genocidio. Los gobiernos nos piden paciencia, pero la paciencia algún día se tiene que terminar”, sentenció Montes.
El genocidio wichi
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Alentados por el alto precio internacional de la soja y legalizados por el gobierno, desde hace diez años los desmontes dejan a las comunidades sin su sustento y provocan un verdadero genocidio.
Los bosques son el sustento de las comunidades indígenas que los habitan, respetándolos, desde hace siglos. Como los wichis del chaco salteño, para quienes el monte es todo: su casa, su farmacia, su mercado y su espiritualidad.
Lamentablemente, esta visión sobre el recurso choca con el afán de los grandes productores por nuevas (y baratas) tierras para la producción sojera y ganadera, que junto con la complicidad y la desidia de los gobiernos provinciales, desalojan a las comunidades wichi de sus territorios.
Pero la lucha de varias organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas logró que el Congreso sancionara a fines del año pasado la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
Sin embargo, la demora en el tratamiento de la misma generó que el gobierno de Juan Carlos Romero autorizara en la provincia de Salta durante 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques y especulando con evitar la mortatoria ésta establece, el desmonte de más de 400.000 hectáreas de bosques nativos, cinco veces más que lo autorizado en 2006.
Luego vendrían las elecciones a gobernador donde Wayar, el candidato del romerismo, perdería por escasos votos frente al joven kirchnerista (años atrás también romerista) Juan Manuel Urtubey, quien asumió una frase esperanzadora: “se acabó el festival de desmontes en la provincia”.
A pesar de esto, transcurridos algunos meses de gestión, el nuevo gobierno decidió no dar marcha atrás ni revisar las autorizaciones de desmontes que le dejó Romero.
Entre las autorizaciones que mantienen su vigencia se encuentran dieciocho casos que habían sido impugnados por la Fundación ASOCIANA, que había denunciado la ilegitimidad de “los actos administrativos de autorización de desmontes y aprovechamientos forestales por haber sido dictados sin garantizar la participación adecuada de las comunidades indígenas afectadas”, ya que los mismos tenían serias deficiencias en los Estudios de Impacto Ambiental y las audiencias públicas deberían haber sido traducidas al idioma de las comunidades indígenas que actualmente están afectadas por los desmontes.
A este reclamo adhirieron las comunidades indígenas de El Traslado, San Benito, Tonono y Kilómetro 14 y 12, y la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y el área en conflicto comprende un total de 121.370 hectáreas que están repartidas en 18 fincas ubicadas en los departamentos San Martín y Rivadavia, en territorio de uso ancestral de los habitantes originarios.
Lo cierto es que, por esta decisión gubernamental, durante el primer semestre de este año ya se deforestaron más de 57.000 hectáreas (tres veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires) en territorio de uso tradicional de comunidades wichi, que están siendo expulsadas de sus tierras.
Pero las comunidades se están organizando, movilizándose, cortando rutas, y algunas hasta lograron detener a las topadoras poniendo el cuerpo.
Es así que siete organizaciones del pueblo wichi la semana pasada reiteraron formalmente el pedido de que se paralicen los desmontes en las áreas de su uso territorial. Sin embargo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, les pidió paciencia.
Los indígenas le entregaron mapas con la delimitación de las tierras que ocupan “tradicionalmente desde tiempos inmemoriales para que se incluya y se respete en el ordenamiento territorial que está llevando a cabo el gobierno de la provincia en el marco de la Ley de Bosques”.
Los mapas comprenden un territorio de casi 3 millones de hectáreas, el 70% en el departamento Rivadavia y el resto en San Martín, Anta y Orán. Unas 18 mil personas habitan en este territorio, en la zona del río Pilcomayo, el norte del Bermejo, el río Itiyuro y la ruta nacional 86, el Bajo Itiyuro, General Ballivián, Rivadavia Banda Sur y Banda Norte.
Durante el evento en el que se presentaron estos mapas, al que asistieron representantes de casi todas las comunidades wichi de la provincia, se escucharon palabras muy fuertes:
“Parece que los gobiernos están encontrando la manera de matarnos sin tiros, sin balas”, afirmó Francisco Pérez, dirigente de la Asociación Lhaka Honat.
“Nosotros no usamos la palabra genocidio. No conocemos su significado, el que la conozca tiene que pensar en eso”, señaló Miguel Montes, del Consejo de Organizaciones Wichi del Bermejo.
“La historia de exterminio nunca terminó. La historia se repite pero con otra cara. Nosotros como indígenas sentimos eso, que hay un genocidio. Los gobiernos nos piden paciencia, pero la paciencia algún día se tiene que terminar”, sentenció Montes.
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