El regalo envenenado de la dictadura militar
La última dictadura militar dejó un legado escabroso, con la política de secuestro, tortura y desaparición de personas como ejemplo emblemático. La estatización de la deuda privada es otro ejemplo. El Decreto-Ley 22.847 del 12 de julio de 1983, que regula la cantidad de diputados nacionales con que cuenta cada provincia, es un caso menos conocido, pero no por ello menos importante.
Dicho decreto-ley establece que cada provincia tendrá un diputado por cada 161 mil habitantes o fracción, pero agrega tres condiciones: (a) ningún distrito podrá tener menos diputados que el 23 de marzo de 1976; (b) cada provincia recibirá tres bancas más de las que le correspondan por su población; y (c) toda provincia tendrá un mínimo de cinco diputados. Esto significa que el top ten de los diez distritos más chicos del país (Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego), cuentan con el 19,5% de los diputados nacionales, a pesar de reunir sólo el 10,2% de la población en 2010. La contratara es la provincia de Buenos Aires, que tiene 27 diputados menos de los que le corresponden.
Las consecuencias de esto no deberían subestimarse. Una de las pocas leyes de hierro de la ciencia política es que aquellos distritos que están sobre-representados en la legislatura (es decir, que cuentan con más legisladores por habitante) obtienen más fondos per capita que el resto. El motivo es simple: es mucho más barato conseguir el apoyo de un diputado que representa, digamos, cien personas que el de otro que representa mil. No debe extrañar que esta relación haya aparecido en lugares tan disímiles como EEUU, Brasil, Alemania o Japón.
En el caso de Argentina, estas diferencias se reflejan en la ley de coparticipación, sancionada en 1988, que beneficia sistemáticamente a las provincias más chicas. Entre 2001 y 2010, las provincias del top ten recibieron $3.600 por habitante por año, frente a los $1.900 del resto del país. Ello a pesar que su ingreso per capita en 2004 era mucho mayor ($41.000 vs. $31.000).
Pero las diferencias no terminan ahí. Las provincias del top ten recaudan sólo el 17% de sus ingresos, frente al 26% del resto del país. Esto es malo porque cuando los gobernantes no tienen la necesidad de cobrar impuestos, los ciudadanos no presionan para obtener mejores servicios gubernamentales. Además, cuando no hay necesidad de recaudar impuestos y brindar servicios, crece la tentación de usar el aparato gubernamental con fines clientelistas. Entre 2001 y 2009, el promedio de empleados públicos por mil habitantes fue de 75 en las provincias más chicas del país, frente a 42 del resto.
La combinación de abundantes recursos fiscales con aparatos estatales manejados de manera clientelar redunda en elecciones menos competitivas. En Argentina los oficialismos generalmente corren con ventaja, pero mientras que en las provincias del top ten el partido oficialista obtuvo el 55% de los votos entre 1987 y 2011, en el resto del país este porcentaje cae al 47%. En seis de las diez provincias más chicas el oficialismo nunca fue derrotado en las urnas en las elecciones para gobernador, y en otras dos sólo lo fue una vez.
En suma, la desigualdad del voto importa, y no sólo porque viola el artículo 37 de la Constitución, que establece que el sufragio debe ser igual además de universal, secreto y obligatorio. La composición del Senado garantiza la protección de los intereses de las provincias más chicas. No hay razones por las que los habitantes de las provincias más grandes del país no deban tener el peso que les corresponde en la Cámara de Diputados.
Luis Naidenoff, senador nacional UCR
La última dictadura militar dejó un legado escabroso, con la política de secuestro, tortura y desaparición de personas como ejemplo emblemático. La estatización de la deuda privada es otro ejemplo. El Decreto-Ley 22.847 del 12 de julio de 1983, que regula la cantidad de diputados nacionales con que cuenta cada provincia, es un caso menos conocido, pero no por ello menos importante.
Dicho decreto-ley establece que cada provincia tendrá un diputado por cada 161 mil habitantes o fracción, pero agrega tres condiciones: (a) ningún distrito podrá tener menos diputados que el 23 de marzo de 1976; (b) cada provincia recibirá tres bancas más de las que le correspondan por su población; y (c) toda provincia tendrá un mínimo de cinco diputados. Esto significa que el top ten de los diez distritos más chicos del país (Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego), cuentan con el 19,5% de los diputados nacionales, a pesar de reunir sólo el 10,2% de la población en 2010. La contratara es la provincia de Buenos Aires, que tiene 27 diputados menos de los que le corresponden.
Las consecuencias de esto no deberían subestimarse. Una de las pocas leyes de hierro de la ciencia política es que aquellos distritos que están sobre-representados en la legislatura (es decir, que cuentan con más legisladores por habitante) obtienen más fondos per capita que el resto. El motivo es simple: es mucho más barato conseguir el apoyo de un diputado que representa, digamos, cien personas que el de otro que representa mil. No debe extrañar que esta relación haya aparecido en lugares tan disímiles como EEUU, Brasil, Alemania o Japón.
En el caso de Argentina, estas diferencias se reflejan en la ley de coparticipación, sancionada en 1988, que beneficia sistemáticamente a las provincias más chicas. Entre 2001 y 2010, las provincias del top ten recibieron $3.600 por habitante por año, frente a los $1.900 del resto del país. Ello a pesar que su ingreso per capita en 2004 era mucho mayor ($41.000 vs. $31.000).
Pero las diferencias no terminan ahí. Las provincias del top ten recaudan sólo el 17% de sus ingresos, frente al 26% del resto del país. Esto es malo porque cuando los gobernantes no tienen la necesidad de cobrar impuestos, los ciudadanos no presionan para obtener mejores servicios gubernamentales. Además, cuando no hay necesidad de recaudar impuestos y brindar servicios, crece la tentación de usar el aparato gubernamental con fines clientelistas. Entre 2001 y 2009, el promedio de empleados públicos por mil habitantes fue de 75 en las provincias más chicas del país, frente a 42 del resto.
La combinación de abundantes recursos fiscales con aparatos estatales manejados de manera clientelar redunda en elecciones menos competitivas. En Argentina los oficialismos generalmente corren con ventaja, pero mientras que en las provincias del top ten el partido oficialista obtuvo el 55% de los votos entre 1987 y 2011, en el resto del país este porcentaje cae al 47%. En seis de las diez provincias más chicas el oficialismo nunca fue derrotado en las urnas en las elecciones para gobernador, y en otras dos sólo lo fue una vez.
En suma, la desigualdad del voto importa, y no sólo porque viola el artículo 37 de la Constitución, que establece que el sufragio debe ser igual además de universal, secreto y obligatorio. La composición del Senado garantiza la protección de los intereses de las provincias más chicas. No hay razones por las que los habitantes de las provincias más grandes del país no deban tener el peso que les corresponde en la Cámara de Diputados.
"El Estado es el primer empleador en Formosa. También, el que decide quién recibe una asistencia, una vivienda o una pensión. ¿Por qué la gente sigue votando a Gildo Insfrán? Porque, en Formosa, el Estado se apropió de tu vida"
Luis Naidenoff, senador nacional UCR