"La paradoja de la pena de muerte es que nunca se aplica al verdadero culpable". J. Conrad Lewis.
Se ha probado en forma irrefutable que el hombre es inherentemente bueno. Quítales sus aberraciones básicas y con ellas se va la maldad a la que el escolástico y el moralista eran tan aficionados. La única parte que se puede separar de él es la parte "maligna" y, cuando se separa, su personalidad y su vigor se intensifican. Y obviamente él está contento de ver como desaparece la parte "maligna" porque era dolor físico. La actividad antisocial es el resultado de engramas que la dictan. El individuo no es responsable de lo que él mismo ha hecho, pero, una vez aclarado, es decir, libre de engramas, el asunto es diferente. El aclaramiento es la meta de Dianética. Se puede considerar a un aclarado completamente responsable de sus propias acciones, pues él puede computar racionalmente en función de su experiencia. El aberrado, por el contrario, tiene poco control o ninguno sobre sus acciones. L. Ronald Hubbard.
I
PENA DE MUERTE Y OSCURANTISMO
El por qué hay personas que propician la pena de muerte sólo tiene respuesta en la aberración. Solamente una sociedad muy aberrada puede exigir a los individuos aberrados responsabilidad por sus acciones, ya que la actividad antisocial, sea cual fuere ella, es el resultado de engramas que la dictan.
No hay angustia alguna que pueda compararse al horror desesperado que experimenta el hombre honesto frente a un ajusticiado cuya inocencia se comprueba después de la ejecución, decía Alberto Naud en su obra "No matarás".
No es menos cierto también que corre un estremecimiento de horror en cualquier persona que tenga un mínimo de racionalidad respecto a la crueldad que significa la aplicación de la pena de muerte, aun tratándose de alguien culpable.
Aunque la descripción de cualquiera de los métodos que han sido utilizados para matar legalmente puede impresionar a toda persona sensible al sufrimiento provocado en sus semejantes, sin duda alguna el "suplicio del buey" -practicado hasta tiempos recientes en Marruecos, según el mencionado jurista Naud-, figura entre los más execrables: luego de degollar a un buey se le practica un canal y en el lugar de las entrañas se coloca al condenado vivo. Luego se cose la piel y se lo expone al aire libre para que se lo devoren los gusanos.
Una de las formas más antiguas y simples de acabar con la vida de un sentenciado es la decapitación. El perder la cabeza como última pena infligida al condenado mereció el nombre de pena capital, aplicado luego por extensión a la pena de muerte en general.
Probablemente, se trate del sistema de ejecución más utilizado en todas las épocas y lugares, con la ayuda de hachas, espadas, cuchillos e instrumentos similares.
A algunos personajes importantes se les permitía elegir el arma que seccionaría su cabeza. Ana Bolena, reina de Inglaterra (1507-1536), segunda mujer de Enrique VIII, después del divorcio de éste con Catalina de Aragón y madre de Isabel, acusada de traición y adulterio, fue condenada a ser decapitada.
Eligiendo la espada, hizo traer de Calais a un verdugo experto en su manejo. Ana Bolena no ignoraba que la muerte por decapitación podía prolongar el suplicio si la aplicaba un verdugo inhábil.
Los árabes, por su parte, desarrollaron tal destreza en el manejo del yatagán que, en muchos casos, la cabeza de los condenados que habían sido degollados de pie no se separaba del tronco hasta que el cuerpo no se desplomara.
En 1870 aparece la guillotina francesa como un "perfeccionamiento" de la decapitación.
José Ignacio Guillotín, médico francés (1733-1814) propuso este mecanismo a la Convención, por razones de humanidad, para decapitar a los condenados a muerte.
Aplicada infatigablemente durante la Revolución Francesa, dio origen a historias espeluznantes acerca de la sobrevida de las cabezas cortadas, como la de Charlotte Corday, que pareció reaccionar a una cachetada ruborizándose a la vista del público.
El garrote, método casi exclusivamente español para ejecutar a los condenados a la pena capital, consistente en un aro de hierro sujeto a un puente fijo que oprime la garganta mediante un tornillo de paso muy largo, comenzó a estrangular mucho antes del siglo XV, fecha en que se usó a discreción con los arrepentidos, que así eludían las hogueras encendidas por el Santo Oficio.
Su antecedente primitivo fue un palo agujereado por el cual se hacía pasar una doble cuerda con nudo corredizo. Franco aplicó el garrote casi hasta último momento.
Como siempre sucede con los descubrimientos, el hombre siempre le encuentra la forma de utilizarlo perversamente. Así, el fusilamiento mediante descarga de artillería existe desde que los chinos descubrieron la pólvora.
La silla eléctrica aparece en el estado de Nueva York en 1890. Surgió de la casualidad. En 1988, un obrero de Westinghouse tocó un cable de alta tensión y resultó carbonizado.
Con el fin de desacreditar a un competidor, Thomas Alva Edison (1847-1931), inventor estadounidense, construyó una silla que primero se empleó para achicharrar a diversos animalitos y luego -merced al gobernador de Buffalo, que no soportaba la visión de los ahorcados- en un método para electrocutar a los condenados, muy aplicado en los Estados Unidos.
La cámara de gas surgió también en Norteamérica, en 1924. La aspiración de emanaciones de ácido cianhídrico fue calificada como "método más humano, suave y privado".
Ya en 1979, en el Estado de Idazo, se resolvió usar una inyección de sustancias letales para dar muerte a los reos.
En ningún país civilizado del mundo se cuestiona si el Estado puede o no aplicar tormentos. Sin embargo, el "supremo tormento", al decir de Francois Mauriac, sigue siendo aún tema de apasionadas e interminables discusiones, incluso en aquellos lugares donde ya no se la aplica.
En 1992, el ajusticiamiento en la cámara de gas del deficiente mental Robert Alton Harris (encontrado culpable del asesinato de dos adolescentes) promovió una ola de rechazos en la prensa de los Estados Unidos y de Europa.
Según una encuesta, la mayoría de la población norteamericana apoya la pena de muerte, a pesar de que algunos encuestados se refirieron al método empleado como reminiscencias del horror nazi, calificándolo de "espectáculo siniestro".
Ya Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794), en su obra capital De los delitos y las penas, advertía que "el temor del último suplicio jamás ha contenido a los malvados resueltos a turbar a la sociedad".
Por su parte, el The New York Times, por aquella época, señalaba que "si las ejecuciones detuvieran a los asesinos, la muerte de Harris debería llevar a una ola de paz civil".
Sin embargo, pocos días después se produjo un impresionante estallido de violencia en Los Angeles, que se extendió a otras ciudades, provocado por un veredicto manifiestamente injusto, según lo reconoció públicamente el entonces presidente Bush, padre del actual presidente norteamericano.
El estallido de violencia se produjo cuando cuatro policías blancos, que habían apaleado a un negro, fueron absueltos por un jurado en el que todos eran blancos.
Justamente, uno de los argumentos más fuertes esgrimidos por quienes bregan por la abolición de la pena de muerte es el siempre posible error judicial.
En la Argentina, el tema de la pena capital no es algo que siempre venga de afuera, sino que de tanto en tanto reflota y divide a la opinión pública cuando se lo propone en virtud de algún hecho que pareciera merecerla.
La pena de muerte ya era propuesta por Carlos Menem desde la época de su campaña electoral. Y en 1990, influido emocionalmente por el secuestro y asesinato de Guillermo Ibáñez, el hijo del gremialista petrolero Diego Ibáñez, reflotó la iniciativa de reinstaurarla en el país.
No es necesario retroceder mucho en el tiempo para recordar hechos que conmovieron a la opinión pública y pusieron sobre el tapete la cuestión de la pena de muerte: el fusilamiento del general Juan José Valle y los que tuvieron lugar en el basural de José León Suárez, sin olvidar a los miles de muertos sin juicio previo que hubo durante el proceso militar.
Parecería que los deseos de Caryl Chessman, ajusticiado en la cámara de gas el 2 de mayo de 1960, en la prisión de San Quintín: "Espero que mi muerte libere de la pena capital a muchos hombres", va a tardar mucho tiempo antes de que puedan ser cumplidos cabalmente.
En su libro Historia de San Quintín, Clinton Duffy, director de instituciones penales de California, dejó escrita a fuego su opinión sobre el tema: "La pena de muerte constituye un error trágico, y mi corazón la combate aunque mi mano de la señal para la ejecución".
No es, por supuesto, ningún argumento valedero para estar a favor de la pena de muerte la defensa que hacía de su invento Guillotín, en el sentido de que "la víctima no sentirá más que un ligero frescor al morir", palabras que pronunció ante la Asamblea Nacional Francesa al presentar su máquina de decapitar.
Al lado de Carlos Menem, acusado por algunos de proponer emocionalmente la implantación de la pena de muerte en la Argentina, puede ponerse a Richard Nixon, que según sus propias palabras parecería obrar de acuerdo al mismo impulso: "Ha llegado el momento de que los jueces y funcionarios de cabeza blanduzca demuestren que se preocupan tanto por los derechos de las víctimas inocentes como lo han hecho hasta ahora por los derechos de los criminales" (al enviar su proyecto favorable a la pena de muerte al Congreso, en 1973).
II
VAIVENES DE SU ABOLICIÓN
La idea de suprimir la pena de muerte surge tardíamente en la historia de la civilización, y va unida a la convicción de que la vida humana es siempre valiosa y la dignidad del hombre inviolable.
Con anterioridad al siglo XVIII, manifestarse por el derecho a la vida de los criminales (ya fueran asesinos seriales −que los había−, ya simples rateros) podía causar la muerte del osado, y esas protestas −que existieron− no modificaron en nada los permisos para torturar o matar.
El filósofo y jurista italiano Baccario es considerado un auténtico pionero de los derechos humanos: "La pena de muerte no se funda en ningún derecho", escribía a fines de 1700, y bajo su influencia Leopoldo II de Toscania, y José II, de Austria, publicaron códigos en los que por primera vez se dejaba de lado, en todos los casos, la pena de muerte.
La tendencia abolicionista, sobre todo de la tortura, se fue extendiendo por toda Europa. En 1772, Gustavo II de Suecia suprimió todo tormento y restringió la aplicación de la pena capital.
La Asamblea francesa abolió en 1789 "todo género de tortura", y en 1790, toda mutilación, suplicio, la rueda, la horca y demás, pero estableció que la pena de muerte subsistiría por decapitación.
Y aquí entra a tallar el tristemente célebre invento de Guillotín.
Teóricamente, la tortura fue suprimida en la mayoría de los países considerados civilizados entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en tanto que la lucha contra la pena de muerte se desarrolló intensamente durante el siglo pasado y prosigue en el nuestro.
En Gran Bretaña, la pena capital fue anulada en 1969 en una histórica sesión de la Cámara de los Comunes.
Igual o mayor impacto causó en 1972 la mayoritaria decisión tomada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de declarar inconstitucional la pena de muerte.
Sin embargo, la euforia de los abolicionistas duraría escaso tiempo: el entonces gobernador de California -nada menos que el otrora actor cinematográfico Ronald Reagan- no tardó en reimplantarla, ejemplo que siguieron muchos otros estados.
Aun en 1972 y 1973, en Francia, el en ese momento presidente Georges Pompidou tuvo ocasión de hacer funcionar la guillotina contra tres condenados.
Por fin, en 1981, la pena capital fue abolida de ese país.
No deja de sorprender las fechas en que en los distintos países se produjo la abolición definitiva de la pena de muerte: Costa Rica, 1877; Australia, 1985; Venezuela, 1863; Dinamarca, 1978; Islandia, 1928; Finlandia, 1972; San Marino, 1865; Santa Sede o Vaticano, 1969...
Los países con pena capital superan la centena y van desde Zimbabwe hasta Guatemala; desde Burkina Faso hasta Birmania; desde Bangladesh hasta Somalia; desde Namibia hasta Afganistán; sin dejar de mencionar, por supuesto, a los Estados Unidos de América.
III
LA PENA DE MUERTE EN LA ARGENTINA
Nuestro país comenzó a reconocer la "inviolabilidad de la vida humana", de la que hablaba Marcos Avellaneda, al abolir la pena de muerte por razones políticas a través de la Constitución de 1953.
Casi 70 años más tarde, en 1921, se elimina la pena capital del Código Penal. Pero las cosas no quedaron ahí y hubo vaivenes en la legislación penal: en junio de 1970, a raíz del secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu, el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía reimplantó en todo el territorio nacional la pena de muerte.
Seguidamente, otro presidente impuesto, Roberto Marcelo Levingston, trató de incluir la pena capital en el Código Penal, viendo sus deseos cumplidos en marzo de 1971, ya depuesto.
La pena máxima quedó incorporada por la sanción de la ley 18.953. Al año siguiente, con Alejandro Agustín Lanusse en la presidencia de la Nación y frente a los comicios generales, se derogó la pena de muerte mediante la ley 20.043.
Y el 25 de junio de 1976, con la presidencia de Jorge Rafael Videla, se promulgó la ley 21.338 que introdujo modificaciones en el Código Penal según las cuales se restableció el castigo capital para los casos de secuestro seguido de muerte.
En 1984, durante la gestión del presidente constitucional Raúl Alfonsín, se derogó la pena de muerte mediante la ley 23.077.
Así estaba la cuestión hasta que durante la campaña presidencial de Carlos Menem, como ya señalamos, comenzó a sobrevolar la amenaza de la restauración de la pena de muerte.
Esta amenaza se frustró de ser concretada en 1980, cuando Menem decidió enviar un proyecto de ley en ese sentido al Congreso y fue firmemente rechazado por la mayoría de los partidos y los cultos religiosos, el 14 de agosto de ese mismo año. El presidente se vio obligado a retirarlo.
IV
EL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA
Uno de los mayores obstáculos para la restauración de la pena capital en la Argentina, radica en la ratificación por nuestro país, el 5 de septiembre de 1984, del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los Estados que al momento de firmar ese tratado no tienen prevista la pena de muerte en su legislación, no podrán implantarla después.
La discusión no desembocará en nada positivo mientras haya países que, como los Estados Unidos -que se considera a sí mismo campeón de la democracia y de los derechos civiles-, mantengan la pena de muerte.
Especialistas argentinos, de relevante prestigio en derecho constitucional, como el doctor Germán J. Bidart Campos, se han pronunciado decididamente contra la imposición de la pena de muerte en fragante violación del tratado Internacional de San José de Costa Rica, aduciendo que ni siquiera una reforma constitucional podría ya introducir la pena capital.
En rigor, como lo señala Guillermo A.C. Ledesma, penalista, ex juez y ex camarista, "en la mentalidad jurídica argentina no está la pena de muerte. Sí está en la calle por razones emotivas frente al auge de la delincuencia".
Y agrega: "Por otra parte, parece que el Presidente Menem, compulsivamente, cada vez que ocurre un hecho atroz quiere responder con otro hecho atroz. La pena de muerte no detiene nada -como ha quedado demostrado en los Estados Unidos- y en el caso de los atentados, se trata de fanáticos dispuestos a morir en cualquier momento..." (Clarín, 3/5/92, 2ª sección, p. 8).
V
¿DÓNDE ESTÁ, ENTONCES, LA VERDAD?
Mucho antes de que la Santa Sede aboliera la pena de muerte -nunca llevada a la práctica-, hubo figuras de la Iglesia Católica que se preocuparon por su supresión de las legislaciones. En parte, se ha sostenido, para reparar injusticias tan negras como la cometida con Juana de Arco, quemada en la hoguera.
Cuando a mediados de 1990 el presidente Carlos Menem propició la pena capital, la polémica alcanzó a varios prelados.
Algunos, como Rodolfo Bufano (San Justo), Jorge Manuel López (Rosario), Rubén di Monte (Avellaneda), sostuvieron que no contradecía la doctrina de la Iglesia y no tomaron posición personal.
Pero otros obispos, como Jorge Casaretto (San Isidro), Justo Laguna (Morón) o Miguel Esteban Hesayne (Viedma), se orientaron, con mayor o menor dureza, en contra.
Monseñor Antonio Quarracino declinó pronunciarse concretamente sobre la pena máxima a los "carapintada", en diciembre de 1990, admitiendo, sin embargo, que desde el ángulo doctrinal podía haber argumentos que la justifiquen y que la teología católica nunca la calificó de esencialmente mala.
No dejó de reconocer este prelado que hay una corriente de pensamiento moral moderno que tiende a estar en contra.
Lo expuesto hasta aquí parecería condenar a la polémica sobre la muerte a una discusión por toda la eternidad.
El primer punto que debe tenerse en cuenta para esclarecer definitivamente esta cuestión es que, sin los datos verdaderos, la posibilidad de llegar a una conclusión válida es prácticamente nula.
El por qué hay personas que propician la pena de muerte sólo tiene respuesta en la aberración . Una persona que busca resolver los problemas mediante la eliminación del ser humano que los causa, está muy pero muy enfermo psíquicamente, lo sepa o no.
Además, es obvio que cuando se ignoran las reglas fundamentales de la vida, las respuestas a cuestiones tan importantes como la de implantar o no la pena capital, sólo pueden ser irracionales.
Para resolver este espinoso tema debe partirse de un hecho científico e irrefutable, nunca antes tenido en cuenta por quienes se han pronunciado en contra de su implantación: la naturaleza inherente del hombre es buena; el hombre es un ser inherentemente social.
Todas las pruebas realizadas sobre la base de la índole maligna del hombre, de que el mal es innato en él, fracasaron rotundamente.
Se utilizó el hipnotismo, ya que se pensó que si esto fuera cierto se debería poder aumentar la capacidad superficial civilizadora implantando en él más civilización.
Pero en la mayoría de los casos el sujeto empeoraba, de modo que este postulado fue desechado.
Luego se probó con el postulado contrario, es decir que el hombre es bueno por naturaleza y que algo del exterior penetró en él ordenándole que haga cosas malas.
Este postulado sí funcionó y así fue como se resolvió el problema definitivamente.
VI
EL VILLANO DE LA NOVELA
Una sociedad que pretenda suprimir al insocial, no importa lo que haya hecho, en lugar de curarlo y reintegrarlo a la sociedad, como un miembro útil, es una sociedad que no tiene visión, y los pueblos que no tienen visión perecen.
Todos los hombres están expuestos, en mayor o en menor medida, a que su mente analítica entre en suspensión por la restimulación de los engramas contenidos en su mente reactiva .
Un engrama es, en esencia, una orden de naturaleza hipnótica de tan alto poder como para producir conductas aberradas o irracionales.
Un asesino serial, por ejemplo, dramatiza engramas que le ordenan imperativamente actuar así (la prueba irrefutable de esto es que cuando se eliminan estas órdenes, desaparece automáticamente el impulso de asesinar).
Los engramas, que se reciben únicamente cuando el poder analítico está reducido, total o parcialmente, se archivan en la mente reactiva, llamada así porque, al contrario de la mente analítica (o mente consciente), no razona sino que reacciona automáticamente ante un determinado estímulo.
Debe tenerse en cuenta que la cantidad de engramas que pueda tener una persona en su mente reactiva no establece el grado de aberración, ya que pueden no estar activados, y si lo están, encontrarse en un entorno donde no existan restimuladores .
En estas condiciones, su posición en la escala de supervivencia puede ser alta, aun cuando posea un gran número de engramas.
Además, podría haberse autoeducado, superando su poder aberrante en alguna pequeña medida.
Para una persona que tiene engramas activados y vive en una zona de muchos restimuladores, puede cambiar rápidamente su estado de normal a demente. Y en un solo día -como en el caso de un hombre que experimenta momentos de ira o una mujer que cae intermitentemente en apatía-, el estado de una persona puede variar de normal a demente y de demente a normal en una sucesión continua.
Tomamos aquí la palabra "demencia" con el significado de irracionalidad completa, ya que hay demencia temporal y demencia crónica.
El tribunal que lleva a cabo el triste proceso de declarar a un hombre cuerdo o demente, después de que ese hombre ha asesinado a alguien, está siendo irracional, porque, indudablemente, el hombre estaba demente cuando cometió el asesinato.
La cuestión básica es que si un hombre se ha vuelto lo suficientemente demente como para asesinar una vez, en el futuro se volverá lo bastante demente como para asesinar de nuevo.
Las soluciones a esto, fundamentalmente, son:
1) encerrarlo de por vida;
2) ejecutarlo (pena de muerte);
3) curarlo (desaberrarlo).
Naturalmente que la tercera es la única solución racional y civilizada.
El proceso a un individuo que ha cometido un acto insocial debe concluir con una sentencia humanista, no condenándolo a una aberración adicional como prisionero u hombre arruinado, sino elevándolo a un más alto plano de cordura mediante la eliminación de sus aberraciones.
Cuando una persona ha sido desaberrada, de más está decir, sus antecedentes deben ser retirados de sus archivos y quemados, pues habiendo desaparecido definitivamente la causa de su inconducta carece de sentido su conservación.
La clave para comprender la irracionalidad de la pena de muerte radica en que una persona sólo actúa mal debido a sus engramas, y estos se introdujeron en su mente reactiva cuando su poder analítico estaba desconectado, es decir, cuando carecía de libre albedrío.
La persona no es responsable por sus engramas y no puede ser juzgado −y menos condenado− por algo de lo que no es responsable.
Solamente en una sociedad de personas desaberradas, en una cultura de la que se haya eliminado toda irracionalidad, el hombre puede ser verdaderamente responsable de sus actos.
Entonces, y sólo entonces, podrá ser juzgado válidamente por ellos.
Solamente una sociedad muy aberrada puede exigir a los individuos aberrados responsabilidad por sus acciones, ya que la actividad antisocial es el resultado de engramas que dictan tal conducta.
La persona aberrada no es responsable de lo que él mismo ha hecho. Desaberrada, la cuestión es muy diferente.
Únicamente a una persona desaberrada puede considerársela completamente responsable de sus propias acciones, pues ella puede computar racionalmente en función de su experiencia (los engramas no son experiencia sino acción impuesta). El aberrado tiene poco o ningún control sobre sus acciones.
La enseñanza tradicional de la Iglesia Católica admite el derecho de la autoridad pública legítima de infligir penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad la pena de muerte.
El Nuevo Catecismo Universal insiste en este principio, que ignora la verdad simple y sencilla de la bondad inherente del hombre y el verdadero motivo de que actúe mal, desconocimiento que torna el problema más difícil de resolver aún.
Condenar a un hombre a muerte por haber hecho lo que sus engramas le dictaron imperativamente (cual orden hipnótica de alto poder que no puede ser desobedecida) en lugar de proceder a su extirpación de la mente reactiva y recuperarlo para la sociedad, es simplemente barbarie y no civilización.
Tan disparatada es la postura de propiciar la pena de muerte como la de buscar a todas las personas que le implantaron al condenado engramas en los momentos en que su poder analítico estaba desconectado o disminuido (cónyuge, padres, abuelos, tíos, hermanos, amigos, médicos, enfermeras, etc.) para ejecutarlos a todos ellos en lugar del infortunado aberrado.
En Argentina: ¿Debería existir la pena de muerte?[/color]¿Haría menguar delitos aberrantes como asesinatos y/o violaciones a niños? ¿Haría "atemorizar" a los "rateros" delincuentes?
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