Tierra del Fuego: 70 días de lucha
12 de mayo de 2016 | #1410 | Por Fernando Germani y Donald Schiff
Luego de la liberación condicionada de los cinco dirigentes gremiales, la respuesta de la población ante tamaño avasallamiento a las libertades sindicales y democráticas fue contundente. Tanto el viernes como el domingo, las movilizaciones nocturnas en repudio al estado policial planteado por la gobernadora Rosana Bertone (Frente para la Victoria ) fueron masivas, convocando miles de trabajadores. El movimiento de lucha de los estatales había recuperado la fuerza, fuerza que se había perdido en parte luego del esfuerzo extraordinaria de un movimiento de lucha que lleva más de 70 días.
Extorsión del gobierno
El gobierno kirchnerista de Bertone no sólo ha imputado a los cinco gremialistas, ha lanzado un tendal de causas penales para el conjunto de los trabajadores que aún se encuentran en la lucha, muchos de ellos ya han sido notificados.
En el sector docente insiste en la contratación de rompehuelgas: luego de no poder hacerlo, producto de la lucha, ha llegado al extremo de ofrecer cargos por clasificados y mensajes de texto.
El último anuncio oficial es que se iniciarían sumarios administrativos a todos aquellos que participaron del acampe y bloquearon los accesos a Casa de Gobierno.
La persecución y la extorsión para quebrar la lucha por parte del gobierno del FpV parecerían no encontrar límites. Los allanamientos a trabajadores que luchan por sus derechos en plena madrugada nada tienen que envidiarle a los grupos de tareas o el terrorismo de estado.
Mesa de aceptación
El gobierno convocó a una mesa de “negociación” en la ciudad de Río Grande formalmente a todos los gremios, los que se encontraban con medidas de lucha y los que no. Cuando se produjo la acreditación los únicos autorizados a ingresar fueron aquellos gremios que se han alineado con el gobierno, ya sea desde un principio, o los que en el último período han abandonado el método de lucha del paro y el acampe, es decir aquellos que han abandonado la unión de gremios, tal es el caso de ATSA, ATE y Siprosa. Asimismo, el gobierno le impidió acreditarse a los miembros de la Unión de Gremios pretendiendo que los mismos levanten las medidas para poder ingresar a la discusión. Una provocación, lisa y llana.
En la “mesa técnica”, los gremios que entraron no pudieron avanzar en ninguno de los puntos previstos, lo cual demuestra la intención del gobierno de continuar dilatando, la mesa técnica tiene 120 días para “trabajar”, es decir que para cuando esta finalice el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Ipauss) estará disuelto y el paquete de leyes ajuste se habrá implementado.
Semana clave
El martes, a una semana de la detención de los dirigentes gremiales, la marcha de antorchas convoco alrededor de 700 trabajadores de los diferentes gremios y también participaron trabajadores sindicalizados en los gremios que decidieron abandonar el acampe, se ha gestado una resistencia de las bases que se niegan a claudicar. Existe una merma en la movilización en la que está presente la división que provoco el gobierno con la promesa de arreglar con los sindicatos que se bajaron de la lucha, pero también el desgaste por lo prolongado del conflicto.
Es necesario continuar nacionalizando esta lucha para derrotar el ajuste impuesto por el gobierno del Frente para la Victoria y avalado por el macrismo. En Tierra del Fuego se libra una lucha estratégica que marca un precedente que sirva de horizonte para la clase trabajadora. La embestida llevada adelante por Macri y los gobernadores debe ser combatida con el frente único de la clase trabajadora, planteándose una salida independiente de los partidos patronales. Se refuerza la necesidad del paro nacional por la victoria en Tierra del Fuego y la derrota del ajuste.
12 de mayo de 2016 | #1410 | Por Fernando Germani y Donald Schiff
Luego de la liberación condicionada de los cinco dirigentes gremiales, la respuesta de la población ante tamaño avasallamiento a las libertades sindicales y democráticas fue contundente. Tanto el viernes como el domingo, las movilizaciones nocturnas en repudio al estado policial planteado por la gobernadora Rosana Bertone (Frente para la Victoria ) fueron masivas, convocando miles de trabajadores. El movimiento de lucha de los estatales había recuperado la fuerza, fuerza que se había perdido en parte luego del esfuerzo extraordinaria de un movimiento de lucha que lleva más de 70 días.
Extorsión del gobierno
El gobierno kirchnerista de Bertone no sólo ha imputado a los cinco gremialistas, ha lanzado un tendal de causas penales para el conjunto de los trabajadores que aún se encuentran en la lucha, muchos de ellos ya han sido notificados.
En el sector docente insiste en la contratación de rompehuelgas: luego de no poder hacerlo, producto de la lucha, ha llegado al extremo de ofrecer cargos por clasificados y mensajes de texto.
El último anuncio oficial es que se iniciarían sumarios administrativos a todos aquellos que participaron del acampe y bloquearon los accesos a Casa de Gobierno.
La persecución y la extorsión para quebrar la lucha por parte del gobierno del FpV parecerían no encontrar límites. Los allanamientos a trabajadores que luchan por sus derechos en plena madrugada nada tienen que envidiarle a los grupos de tareas o el terrorismo de estado.
Mesa de aceptación
El gobierno convocó a una mesa de “negociación” en la ciudad de Río Grande formalmente a todos los gremios, los que se encontraban con medidas de lucha y los que no. Cuando se produjo la acreditación los únicos autorizados a ingresar fueron aquellos gremios que se han alineado con el gobierno, ya sea desde un principio, o los que en el último período han abandonado el método de lucha del paro y el acampe, es decir aquellos que han abandonado la unión de gremios, tal es el caso de ATSA, ATE y Siprosa. Asimismo, el gobierno le impidió acreditarse a los miembros de la Unión de Gremios pretendiendo que los mismos levanten las medidas para poder ingresar a la discusión. Una provocación, lisa y llana.
En la “mesa técnica”, los gremios que entraron no pudieron avanzar en ninguno de los puntos previstos, lo cual demuestra la intención del gobierno de continuar dilatando, la mesa técnica tiene 120 días para “trabajar”, es decir que para cuando esta finalice el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Ipauss) estará disuelto y el paquete de leyes ajuste se habrá implementado.
Semana clave
El martes, a una semana de la detención de los dirigentes gremiales, la marcha de antorchas convoco alrededor de 700 trabajadores de los diferentes gremios y también participaron trabajadores sindicalizados en los gremios que decidieron abandonar el acampe, se ha gestado una resistencia de las bases que se niegan a claudicar. Existe una merma en la movilización en la que está presente la división que provoco el gobierno con la promesa de arreglar con los sindicatos que se bajaron de la lucha, pero también el desgaste por lo prolongado del conflicto.
Es necesario continuar nacionalizando esta lucha para derrotar el ajuste impuesto por el gobierno del Frente para la Victoria y avalado por el macrismo. En Tierra del Fuego se libra una lucha estratégica que marca un precedente que sirva de horizonte para la clase trabajadora. La embestida llevada adelante por Macri y los gobernadores debe ser combatida con el frente único de la clase trabajadora, planteándose una salida independiente de los partidos patronales. Se refuerza la necesidad del paro nacional por la victoria en Tierra del Fuego y la derrota del ajuste.
Lea la Prensa Obrera
