La presentación de un proyecto de ley, impulsado por la diputada kirchnerista, Mazure, que busca extender el derecho de autor sobre las fotografías de los actuales 20 años desde la publicación a 70 desde la muerte del autor.
En lugar de empoderar a los trabajadores fotográficos —frente a las editoriales o los grandes medios comerciales, por ejemplo—, la reforma pone en peligro cientos de miles de fotografías históricas que pasarían con efecto retroactivo al dominio privado. Una fotografía de Gardel de los años 30 podría pasar a ser propiedad discrecional de un heredero, que decidiría en todo caso si permite reproducirla, a qué costo y con qué condiciones.
Ni siquiera contempla la propuesta de Mazure excepciones que tengan en cuenta el valor de la fotografía como parte del patrimonio cultural e histórico de un pueblo. Se pretende equiparar la protección sobre las fotografías a la de composiciones musicales u obras de teatro. Pero una foto es algo muy distinto.
La norma vigente, que establece la protección en 25 años desde la toma de la foto y 20 de la primera publicación, se ajusta en todo a los plazos previstos por el Convenio de Berna. Son trabajos por los que los autores han obtenido ya un rédito razonable. Extender la propiedad a 70 años tras su muerte supone que los herederos lucren a costa del derecho al acceso a la cultura. No se trata ya del autor de la foto sino de los parientes de quien disparó la cámara: incluso si desconocieran su derecho patrimonial las fotos dejarían de ser públicas.
El proyecto supone privatizar fotografías hoy en el dominio público sobre toda clase de acontecimientos del siglo XX —los paisajes urbanos, el tango, los ferrocarriles, el deporte, el rock nacional, el peronismo, las dictaduras militares y la lucha de los organismos de DDHH, la Guerra de Malvinas— que dejarían de estar libremente disponibles.
Wikipedia tendría que borrar prácticamente todas sus fotos de historia del siglo XX: la mera exposición sin consentimiento del nuevo derechohabiente sería un delito. No sólo Wikipedia : hasta el Archivo General de la Nación pasaría a la ilegalidad y 40 millones de argentinos quedarían sin acceso a su memoria histórica.
Llamamos a los diputados y senadores de la Nación a considerar seriamente el daño que produciría la reforma propuesta. El patrimonio cultural importa más que el lucro individual.
En lugar de empoderar a los trabajadores fotográficos —frente a las editoriales o los grandes medios comerciales, por ejemplo—, la reforma pone en peligro cientos de miles de fotografías históricas que pasarían con efecto retroactivo al dominio privado. Una fotografía de Gardel de los años 30 podría pasar a ser propiedad discrecional de un heredero, que decidiría en todo caso si permite reproducirla, a qué costo y con qué condiciones.
Ni siquiera contempla la propuesta de Mazure excepciones que tengan en cuenta el valor de la fotografía como parte del patrimonio cultural e histórico de un pueblo. Se pretende equiparar la protección sobre las fotografías a la de composiciones musicales u obras de teatro. Pero una foto es algo muy distinto.
La norma vigente, que establece la protección en 25 años desde la toma de la foto y 20 de la primera publicación, se ajusta en todo a los plazos previstos por el Convenio de Berna. Son trabajos por los que los autores han obtenido ya un rédito razonable. Extender la propiedad a 70 años tras su muerte supone que los herederos lucren a costa del derecho al acceso a la cultura. No se trata ya del autor de la foto sino de los parientes de quien disparó la cámara: incluso si desconocieran su derecho patrimonial las fotos dejarían de ser públicas.
El proyecto supone privatizar fotografías hoy en el dominio público sobre toda clase de acontecimientos del siglo XX —los paisajes urbanos, el tango, los ferrocarriles, el deporte, el rock nacional, el peronismo, las dictaduras militares y la lucha de los organismos de DDHH, la Guerra de Malvinas— que dejarían de estar libremente disponibles.
Wikipedia tendría que borrar prácticamente todas sus fotos de historia del siglo XX: la mera exposición sin consentimiento del nuevo derechohabiente sería un delito. No sólo Wikipedia : hasta el Archivo General de la Nación pasaría a la ilegalidad y 40 millones de argentinos quedarían sin acceso a su memoria histórica.
Llamamos a los diputados y senadores de la Nación a considerar seriamente el daño que produciría la reforma propuesta. El patrimonio cultural importa más que el lucro individual.