Contenido
El panorama general pos elecciones legislativas
La marcha de la economía
El contexto político
Lo que se debe esperar en el corto plazo
El gran cambio pos elecciones legislativas.
Los probables resultados de los anuncios.
Con la atención instalada en el despertar y alineamiento de algunos jueces con el Poder Ejecutivo, los procesamientos y encarcelamientos múltiples y ruidosos de grandes figuras de la administración anterior, la reducción a casi nada del grupo mesiánico que sigue a la ex presidente y los resultados electorales que tranquilizan a la población moderada que es mayoría, puede perderse el foco de la gravedad de la situación económica que no ha cambiado de un momento para otro. Queda claro que esta administración trabaja bien para ir ajustando la tierra arrasada, pero no debe dejarse de lado que al decidir asumir la administración ya conocían la situación en su casi totalidad de modo que corresponde que se hagan cargo, tal como están haciendo ya que fue lo que buscaron hacer.
La coyuntura económica en Octubre.
La macroeconomía está muy desbalanceada, en lento progreso. Hubo pocos avances, y quedan muchos cambios para corregir los desbalances.
Se establecieron metas de inflación utilizando la tasa de interés nominal, pero la inflación no se ha dominado. En Octubre superará el 1.6%, algo que si se anualiza supera el 2%. La tasa de 2017 será inferior a la de 2016, pero curiosamente solo se han alcanzado los niveles que conseguía la administración anterior.
El el déficit fiscal sigue siendo muy elevado. En dos años la actual administración no bajó el gasto público aunque hubo una correcta sustitución de destinos incrementando el gasto social y las obras públicas y recortando subsidios económicos. Se prefirió el costo político de subir las tarifas públicas (que cubrían sólo el 15/20% del costo de producir los servicios) para privilegiar el gasto social y la obra pública.
Los ingresos fiscales cayeron en términos reales, en esta primera etapa de la actual administración, mientras que el déficit primario y el déficit fiscal global subieron.
Para financiarse la actual administración optó por emisión de deuda externa, eliminando la venta de reservas del BCRA y evitando la emisión monetaria, una práctica anterior muy negativa. Se estableció un régimen de flotación cambiaria asumiendo que el tipo de cambio de mercado resultante sería el de equilibrio pero como el tipo de cambio es el resultado de la situación macroeconómica la fuerte entrada de capitales del endeudamiento externo y la alta tasa de interés interna genera la percepción de ¨un dólar barato¨ y perjudica el creciente déficit de la cuenta corriente y la recuperación económica.
Los problemas del día a día y los estructurales.
Bajar la inflación monetariamente, tomar deuda para cubrir el déficit y mantener un cambio libre es algo aplicable en un tiempo muy corto y genera opiniones contrarias. Gastar más de lo que ingresa (en el orden de 6 puntos del PBI) y exportar menos de lo que se importa (5.5% del PBI en 2017) con atraso cambiario muestran un modelo transitorio que exige ser modificado. No puede seguir creciendo de manera indefinida la deuda externa y la deuda del BCRA (la llamada cuasifiscal), por tener que emitir LEBAC para seguir comprando los dólares que el Tesoro consigue en el exterior.
En resumen, estas acciones – y los desatinos opositores – han logrado un éxito electoral en lo político pero en materia económica no ha corregido los más importantes desequilibrios macroeconómicos.
Se enfrentan desafíos:
• bajar la tasa de inflación que no está controlada a nivel general ni la núcleo – la que se maneja con la tasa.
• bajar el déficit fiscal que es la causa del no poder exportar porque genera enormes costos internos que saca los productos argentinos de los mercados internacionales, afectado también por el atraso del tipo de cambio real que el modelo genera.
• evitar un mayor atraso cambiario, cuando las exportaciones continúan muy deprimidas, con lo cual no se generan ingresos genuinos que contribuirían a pagar los crecientes intereses de la deuda externa.
Los problemas estructurales
El PBI per cápita en la Argentina creció 0.7% promedio por año, y por lo tanto nuestro país sólo podría duplicar su ingreso por habitante cada 100 años cuando el resto del mundo lo hace cada 25 años.
Se necesita cambiar eso con inversiones, productividad y empleo (con incentivos para elevar la voluntad de trabajar con más calidad y menos ausentismo, y buscando bajar el costo laboral).
Cabe preguntarse si esta administración sabrá aprovechar el apoyo político que obtuvo para lograr los cambios que son necesarios. Por la forma en que lo han encarado, no parece.
En definitiva, la gran pregunta es si mantendrá los lineamientos generales del tenue modelo macro elegido y los ritmos de los primeros años de su mandato o si mostrará liderazgo para modificar y acelerar los tiempos de dichas correcciones.
Por ahora no se ve un cambio acelerado ni importante en la configuración macroeconómica, aunque se intenta reducir de manera muy gradual el déficit fiscal primario y se ponen en marcha reformas aguadas que ahora, con el rotundo triunfo político del oficialismo, cuentan con cierta posibilidad de lograr consenso.
El escenario del momento
El escenario por ahora es favorable. El riesgo país siguió bajó a 345 puntos el menor nivel de los últimos diez años.
La confianza de los inversores extranjeros parece alta dada la firme demanda de papeles argentinos.
Desde las PASO hasta la actualidad el riesgo soberano cayó 112 puntos, y el índice bursátil aumentó 33% con el dólar futuro bajando a $18.40 para diciembre de 2017.
La economía se recupera: según el INDEC, en agosto se llegó a cuatro meses de crecimiento anualizado del 7.0%. Es una recuperación muy fuerte y duradera mayor que la registrada en los otros dos ciclos expansivos anteriores (en 2013 y en 2015) pero con mejores bases y mejor conducción.
Es el cuarto trimestre de recuperación con una aceleración en el último trimestre. La recuperación de 2015 duró 4 trimestres y la de 2013 sólo 5 trimestres, en esta oportunidad, los indicadores indican claramente que la recuperación continuará y se extenderá por más tiempo que las anteriores.
Un dato muy importante
El crecimiento anual del PBI en el tercer trimestre del año, muestra que el sector externo neto perjudicó muchísimo al restarle 5.2 puntos al crecimiento del Producto Interno Bruto.
Esto se debió a que las cantidades importadas fueron siete veces mayores que el aumento de las exportaciones (21% vs 3%). Si no hubiese sido esto un factor fuertemente contractivo, el PBI, en vez de crecer un 4.6% interanual, hubiera crecido un 9.8% anual que es una tasa de crecimiento superior a la de China.
Otra característica positiva es que la recuperación económica es cada vez más generalizada. En agosto, el INDEC indica un aumento de 4.3% con respecto a igual mes del año pasado, con 14 de los 15 sectores relevados mostrando subas interanuales.
La única excepción fue la minería que cayó un 2.1% interanual por la baja de la producción de petróleo. El sector de la construcción siguió siendo el motor: creció un 11.7% interanual en agosto. La industria se expandió un 5.6% anual y aportó el 22% del incremento interanual del EMAE; la intermediación financiera creció 5.2% anual, el comercio 4.8% y el sector inmobiliario 4.0% que sumados generaron 30% del aumento en el último año.
Lo que se debe lograr en el corto y mediano plazo
La macroeconomía necesita un reordenamiento. La elevada tasa de inflación; el déficit fiscal; el creciente déficit de la cuenta corriente;y la caída de la participación de las exportaciones argentinas en las exportaciones mundiales, en un contexto de atraso del tipo de cambio, alta presión impositiva y problemas de competitividad y productividad que el sector exportador arrastra desde hace mucho no es un panorama halagüeño .
Según como la actual administración actúe definirá el resultado de la segunda mitad de su mandato. Hasta aquí – incluyendo los anuncios voluntaristas y desordenados – no hay un programa integral y consistente que empiece a corregirlos de manera sincronizada.
Los problemas relevantes son varios.
La tasa de inflación es muy elevada. En el mes de septiembre fue 1.9% mensual, anualizada es 22.1% y acumulando en lo que va del año 24.1%. La tasa de inflación de los últimos doce meses fue 23.8%, cifra exactamente igual a la inflación promedio verificada entre 2007 y fin de 2015, con la administración anterior. En eso no hay progreso, excepto que ahora hay control y antes era una muerte anunciada.
En la administración anterior las tarifas estaban congeladas y el tipo de cambio administrado subía menos que la inflación, mientras que ahora este nivel de inflación se da con una actualización de las tarifas públicas. Por lo tanto la inflación reprimida era mucho más alta en la administración anterior que ahora, pero la tasa de inflación no cede y sigue en niveles mayores a 20%.
La inflación núcleo, se mantiene prácticamente en los mismos niveles desde agosto de 2016, pero tuvo en septiembre un alza de 1.6% mensual, con lo cual subió en el año 22.0%.
El régimen de metas de inflación, utilizado por el Banco Central se basa en la idea de que la tasa de inflación baja en la medida en que baje la tasa de inflación esperada, y que la credibilidad del Banco Central crece en función de alcanzar las metas fijadas.
El problema es que desde octubre de 2016 las tasas de inflación esperadas aumentan y no se cumplen las metas.
Por ejemplo, la expectativa de inflación para 2018 aumenta de 15.5% a 15.8% en octubre en 2017 habrá una inflación nivel general de 23.5%, y para 2018 un 16%.
Es imposible bajar la tasa de inflación de 20 a 5% con el crédito al sector privado aumentando 48% anual nominal con los agregados monetarios creciendo al 35% y la base monetaria aumentando 27/30% anual. Esas incongruencias no deben anunciarse como realidades. Tampoco hay experiencia mundial de que sea posible bajar la tasa de inflación solamente con el manejo de tasas.
A esto hay que agregar que desde el 1 de agosto al 23 de octubre, el sector público nacional vendió u$s7,700 millones al BCRA, que emitió base monetaria por $134,000 millones para comprar esos dólares. Es muy difícil bajar la tasa de inflación con esa emisión monetaria.
Como afecta al tipo de cambio
La emisión para financiar el déficit fiscal es casi nula – de 1.5% del PBI en 2017 – como el déficit fiscal se cubre con endeudamiento externo, la actual administración debe hacerse de pesos para pagar jubilaciones y planes sociales y el BCRA se v.
Si el Tesoro vendiera esos dólares en el mercado de cambios, el tipo de cambio hoy sería muy bajo de $13/$15 por dólar debido a la gran oferta en vez de $17.5, lo que provocaría un deterioro aún mayor del déficit de la cuenta corriente. Esos contrasentidos deben corregirse.
En 2017 la emisión fue del orden de 4.7% del PBI y excepto en las hiperinflaciones, nunca la política monetaria dependiente de la fiscal fue tan grande. Parecería que este BCRA lucha solo en la batalla contra la inflación.
El déficit primario
Con esta administración en lugar de crecer 0.9% del PBI por año como lo hizo en el segundo mandato de los anteriores, sube de 3.6% del PBI a 4.3% en 2016 para terminar el 2017 en 4.0% más de lo que dejó la anterior administración.
El déficit global después del pago de intereses de la deuda – que es el que importa – subió de 4.8% del PBI en 2015 a 5.9% en 2016 para terminar en 2017 en 6.3% del PBI (incluyendo los recursos por única vez proveniente del blanqueo).
En 2018 comenzará a atacarse el frente fiscal, porque la actual administración se ha comprometido a bajarlo de 4.0% del PBI en 2017 a 3.2% en 2018.
El déficit en las cuentas externas. Un grave problema.
Durante la actual administración entre enero de 2016 y septiembre de 2017, ingresaron al país capitales por u$s 70,000 M. De este total, u$s 20,000 M fueron para no emitir y financiar el déficit, otros u$s20, 000 M para las reservas internacionales y los u$s 31,000 M restantes fueron ahorro de la gente (claramente nadie tiene confianza en el peso) Nótese que de los u$s 70,000 M de capitales que ingresaron al país, el 64% provienen de la colocación neta de deuda externa del sector público nacional y las provincias.
“Evolución del Mercado de Cambios”, INDEC
El problema de los dos altos déficit – de cuenta corriente y fiscal – es que cuando se corta el financiamiento externo y se reduce la inflación desaparece el impuesto inflacionario (cuando aumentan los precios aumenta la recaudación, obviamente).Si pasa eso baja el PBI, aumenta la inflación de golpe y se produce una devaluación de la moneda.
Esta vez hay elevados déficits gemelos que hacen a la economía muy vulnerable, dependiente del mercado financiero internacional, pero existe la posibilidad de evitar un mal desenlace por diversas razones.
La liquidez mundial es enorme y la administración actual comenzó su gestión con un bajísimo nivel de deuda externa en términos del PBI porque a los otros nadie les prestaba nada.
La deuda pública en manos del sector privado era de apenas 20% del Producto cuando asumió el actual gobierno (nadie compraba papeles de esa administración) y ello permite que este nivel de endeudamiento pueda crecer a razón de 5/7% del PBI por año en cuatro/seis años hasta alcanzar el nivel promedio de deuda de la región.
hay un bajísimo nivel de crédito (de apenas 12% del PBI cuando el promedio de la región es 60%). El crédito puede dar tiempo a la recuperación de la economía y por lo tanto financiar déficits gemelos.
la economía lleva casi medio siglo en un estancamiento económico estructural. Esto da espacio. porque si no se pudieran corregir los tres problemas que hoy se sufren que son la falta de inversión, la productividad y el trabajo desordenado y caro se puede avanzar con reformas estructurales para salir del estancamiento.
Finalmente la caída de las exportaciones
La caída de las exportaciones es algo negativo, porque si la economía se endeuda en moneda extranjera, debe repagar su deuda en moneda extranjera y las exportaciones constituyen la única fuente genuina.
En 2017 el déficit de la balanza comercial será u$s7, 800 M, en 2016 hubo un superávit de u$s 2,000 M. Este año las exportaciones serán menos de u$s 58.000 M, cuando en 2011 fueron de u$s83, 000 M.
Otra vez se pierde participación en las exportaciones mundiales: en 2017 eran el 0.34% de las exportaciones mundiales, en 2011 era de 0.47% y hace 50 años 1%.
En los primeros nueve meses del año, las cantidades exportadas mostraron una baja de 0.6% mientras que volúmenes importados subieron 11%a/. Por el atraso del tipo de cambio reala causa de que el peso se encuentra por lo menos un 30% más apreciado con relación al promedio histórico (y la misma magnitud de sobre-apreciación del peso se registra cuando se realizan estudios econométricos con variables reales)
EL CAMBIO
Por ahora no se vislumbra un cambio en la configuración macroeconómica elegida.
Todo indica que la actual administración mantendrá el modelo aunque con algunos cambios. Es probable que la actual administración comience en 2018 a bajar el déficit fiscal primario, lo que probablemente dé lugar a un menor ritmo de endeudamiento público en los mercados internacionales.
Se buscará avanzar con reformas aunque es difícil imaginar cambios estructurales de fondo rápidamente como con una severa reforma tributaria, la reforma laboral que se necesita, la reforma previsional sin castigar a los indefensos y la del financiamiento de la política la más costosa de todas, y alcanzar acuerdos fiscales con las provincias sin un costo fiscal elevado.
Hoy estas reformas tienen alguna oportunidad de ser hechas y serán el principio de un largo camino que habrá que recorrer para superar el problema del bajísimo crecimiento económico de las últimos cinco décadas.
Hay una oportunidad que la actual administración debería aprovechar. Es probable que lo intente para ratificar el rumbo y la decisión de tratar de convertir a la Argentina en algo más normal en línea y más integrado al mundo. Pero es improbable que se logren profundas reformas estructurales que corrijan las fallas antiguas que impiden el crecimiento (la falta de inversión, de productividad y el factor trabajo).
Habíamos llegado a tal punto que ahora todo parece mejor por la mínima reactivación cíclica de la economía, por el triunfo electoral de un grupo normal y porque se minimizó la posibilidad de volver atrás en los próximos años.
Se requiere muchísimo más para consolidar la macro, lograr estabilidad y conseguir un crecimiento económico razonable y sostenido.
El gran cambio pos elecciones legislativas.
En las elecciones legislativas la actual coalición a cargo de la administración alcanzó el 41% del total de los votos a nivel país acercándose a los mejores resultados históricos de Kirchner que obtuvo 42% en 2006, de Alfonsín en 1985 con 43% y de Menem en 1991 con 40%.
Considerando los resultados anteriores, el número de votos obtenido no parece ser un parámetro que garantice eficiencia. No obstante cuenta con el apoyo de la población de los centros más importantes: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, al margen de haber logrado desplazar y arrinconar – en apariencia definitivamente – a la volátil ex presidenta y desarticular al menos por un tiempo una oposición aguerrida.
Sumaron 20 diputados y 9 senadores con lo cual alcanzan una buena capacidad competitiva en diputados con 107 miembros y mayor peso en senadores con 24 aliados. Es primera minoría sin quorum propio pero con la demostrada capacidad de lograr acuerdos – muchos cuestionables – esta composición permitirá negociaciones parlamentarias desde una mejor posición.
La declinación que lograron de la oposición mesiánica reduciéndola casi hasta el nivel de lumpenes políticos le reduce fuertemente a ese grupo la posibilidad de ser alternativa de poder en 2019 (si bien puede perturbar la reorganización de toda la oposición).
Tomaron iniciativa inmediata
Lo más importante es que con lo obtenido se han lanzado en forma inmediata a un intento – en la visión de esta administración – de consolidación fiscal y reformas estructurales para mejorar el estado de estancamiento estructural que lleva medio siglo.
Los primeros anuncios son solo titulares: no definen un plan económico con medidas concretas, son los lineamientos generales sobre los que se invita a debatir a la oposición, sindicatos, empresarios y legisladores.
La administración anuncia proyectos en materia impositiva, de reforma del estado, laboral, y los negociará con los sectores mencionados en las próximas semanas.
Las primeras propuestas
Las primeras propuestas concretas se anunciaron casi de inmediato, dentro de un marco conocido por todos: con este nivel de gasto público, esta presión tributaria y este nivel de déficit fiscal es inviable el crecimiento económico.
Se anunciaron los lineamientos generales que tendrá la reforma tributaria a ser discutida en el Congreso para que se disminuir la presión fiscal. Los principales impuestos que se modifican son:
1. Aportes y contribuciones de la seguridad social.
2. Impuesto a las ganancias corporativas.
3. Devolución de IVA para empresas que hayan invertido y no pudieron recuperarlo.
4. Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (ICDB).
5. Reducción de Ingreso Brutos.
6. Eliminación del Impuesto a la transferencia de inmuebles e introducción de un impuesto a la Ganancia de capital por la venta de inmuebles (excepto casa-habitación).
7. Eliminación de la exención a la renta financiera.
Por eso se indujo a los gobernadores hacia la necesidad de trabajar en conjunto para reducir el gasto público, lograr una reforma impositiva sensata y ordenar la coparticipación federal.
La forma en que se estructuren los acuerdos signará el futuro de los próximos dos años si no cambian las condiciones financieras internacionales.
Los tres pilares
Los verdaderos efectos de la reforma tributaria presentada ayer podrán medirse cuando el proyecto esté redactado definitivamente. No obstante, el sentido de las medidas quedó claro y puede hacerse un análisis preliminar.
Las rentas de sociedades verían reducida la tasa del impuesto a las ganancias del 35% al 25% para las empresas que reinviertan sus utilidades, eso en forma gradual en dos años. Al mismo tiempo se graban los dividendos y las utilidades de las sociedades de personas con una alícuota que sumada al 25% actual llegará al 35%. Mientras las corporaciones no distribuyan utilidades pagarán menos pero gradualmente y para lograr la reducción – es decir el 25% de tasa proporcional si no se distribuye – tendrán que esperar 4 años hasta 2021 (2018, 35%; 2019 y 2020, 30% y 20121, 25%). Esta gradualidad es para ir acompañando la reducción del gasto público. Para evitar la elusión del impuesto se dispuso impedir distribuciones de utilidades disfrazadas de gastos personales de socios o accionistas pagados por la sociedad.
Gravamen a la renta financiera ya cuenta con la reprobación de los sectores afectados y aun así fue sometida a discusión. Si bien hay que esperar la negociación legislativa el impuesto llega a otros activos financieros en Ganancias por rentas obtenidas por las personas físicas que actualmente están exentas y que pagarían el 15% por rendimientos de instrumentos en moneda extranjera o indexados y otras rentas financieras de volúmenes importantes: hoy superiores a $ 1.400.000 ( us$ 80.000 aproximadamente).
La renta financiera ya está gravada. Las personas jurídicas pagan ganancias y bienes personales por lo que ganan con todos los instrumentos financieros, salvo aquellos que tengan relación con su actividad y los utilicen como cobertura (ejemplo: futuros para un productor agropecuario). Los únicos que están exentos son las personas físicas y ya no lo estarían.
Se aplicaría un impuesto a la renta financiera obtenida por personas físicas del 5% para los instrumentos en pesos y de 15% para los indexados o en dólares. El tributo gravará a quienes tengan tienen ingresos anuales superiores a los $300.000, con un mínimo no imponible de $52.000 de ganancias. El gravamen se aplica sobre los plazos fijos, Lebacs y Bonos, pero no a las acciones locales.
El mercado argentino está constituido por una inmensa mayoría – 92% – de personas jurídicas y muy pocas personas físicas. Actualmente el universo que operan con estos instrumentos paga impuestos. Se intenta aplicar a todos porque contribuye a la equidad del sistema impositivo, pero parece recaudatoriamente innecesario y conflictivo. Es una medida que no genera mayor recaudación y sin embargo producirá rechazo.
Al aplicar un impuesto a las utilidades generadas por ganancias financieras, entran también los inversores medianos que supuestamente tratan de ahorrar, argumento un tanto débil esgrimido por los grandes operadores para defender sus utilidades.
Argumentan que el ahorro y el consumo son opciones temporales, es decir, el ahorro de hoy es el consumo de mañana. Gravar a este proceso sería – con ese argumento corporativo – atacar el funcionamiento de una economía normal.
Los inversores grandes ya pagan impuestos y cuentan con las herramientas necesarias para diferir ese pago, de modo que el argumento se cae per se.
Se insiste – falsamente – que las Pymes dependen exclusivamente del ahorro interno, el cual ahora estaría siendo boicoteado porque las grandes empresas pueden financiarse en el exterior, lo cual supone dramatizar el argumento al extremo: este gravamen terminaría con el ahorro interno, algo que no ocurre en ninguno de los países donde se aplica, que es en casi todo el mundo civilizado.
Los operadores son astutos y veloces y saben que será neutra para su actividad.
Se eliminaría el gravoso Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y se suma en el Impuesto a las Ganancias el 15% cuando las personas físicas vendan un inmueble que no sea casa habitación sino inversión. Esto parece ser lo único que beneficiaría en forma directa a la población por cuanto el resto del paquete beneficia a empresas y corporaciones.
Falta de timming
Anunciar modificaciones concretas informando con precisión los porcentajes y quienes deberán pagar los futuros impuestos en un medio condicionante inflacionario donde los empresarios, consumidores y los mismos miembros de la administración tienen sus mentes distorsionadas en extremo por medio siglo de inflación, es un error muy grave.
Informar que las bebidas alcohólicas de producción nacional y los cigarrillos serán fuertemente gravados es una invitación a acelerar las importaciones con el dólar alicaído y fomentar el contrabando; informar que las gaseosas con azúcar serán fuertemente gravadas es invitar a los productores oligopólicos híper entrenados y que superan largamente a esta administración en habilidad a aumentar los precios hasta compensar por completo el gravamen y trasladarlo al precio,
Eso sin contar que las economías regionales – como el limón tucumano – utiliado por las gaseosas ya han levantado sus quejas asumiendo, 24 horas mas tarde del anuncio aun no presentado a las Cámaras que toda su economía se derrumbará porque Coca Cola desaprecerá del mercado. Típico de un mini mercado como el argentino donde los actores sobreactúan permanentemente.
Algo similar ocurre con los automotores de baja gama que verán reducidas sus ventas hasta que se llegue a aprobar – tomará muchos meses – el acuerdo para bajar los impuestos en 10%. Sin embargo, al igual que otros sectores corporativos ya han anunciado que los precios de los autos de gama media aumentarán.
La mayor parte de esos modelos tienen su precio comprimido de manera artificial, porque si llegaran a la franja donde se les aplica el impuesto, quedan fuera del mercado. En las automotrices, el margen que dejan de cobrar por esos modelos es compensado por incrementos adicionales en modelos más chicos.
Las jubilaciones y la asistencia social
El aspecto más controvertido y peor elaborado es el caso de las jubilaciones. Observando el gasto del estado se puede apreciar que casi el 60% son jubilaciones. Son muy difíciles de reducir y por eso están en el centro de la escena para controlar el déficit, y se trata de licuarlas.
Dejando de lado si los beneficiarios son genuinos o no, el hecho es que en el total de gastos de la actual administración las jubilaciones no pueden reducirse, sino licuarse, y siendo las jubilaciones el 60% del gasto total el problema debió haberse desagregado entre el corto y el largo plazo.
Se cometió la habitual ¨gafe¨ de esta administración: anunciaron que la ¨modificación del cálculo implicaría un ahorro de $ 100.000 millones en un año. Ese irreparable error dio todo el plafón necesario para que la oposición utilice oportunamente – con mucha razón – un arma mas: ¨le reducen el pago a los jubilados, es una administración que solo favorece a las empresas¨.
Algo que a primera vista parece cierto.
La torpeza de sugerir que las jubilaciones se ajustarán por inflación es una forma de reducirlas significativamente de manera inmediata y una afrenta a la inteligencia de quienes han aportado casi el 20% de sus remuneraciones durante más de 30 años. No es el caso de quienes gozan de asistencias sin aportes ( que son de dos tipos: las de privilegio generadas sin aportes – todos los legisladores, muchísimos miembros del poder ejecutivo – que representan el 20% del total del gasto y las nacidas sin aportes, que son un 34% del total).
Si esta administración sugiere que habrá un crecimiento económico en base a su buen accionar, eso se traduce en un incremento de los ingresos de la población general…excepto a los jubilados nacionales que verán de inmediato licuados el ajuste por inflación porque el crecimiento económico no está contemplado en un ajuste por inflación.
Más de la mitad (54% ) del gasto público primario que suma $2,4 billones depende de la fórmula de la movilidad jubilatoria que ajusta automáticamente 2 veces al año (marzo y setiembre) y cuya característica, es que pondera un ‘conjunto de variables: la evolución de los salarios y el aumento de la recaudación de los aportes que,se destinan a la ANSeS para el pago de las jubilaciones (es dinero del IVA, Ganancias y otros tributos, que se complementa con el proveniente de aportes y contribuciones).
En los 8 años que lleva de aplicación, la denominada movilidad jubilatoria generó 1.050% de incremento en los haberes mínimos mientras, en igual lapso, el índice de inflación del Congreso subió 870%. Hubo 180 puntos de diferencia real a favor de los jubilados del monto mínimo que cobraron 20% más que si hubieran ajustado por inflación, tal como propone ahora el gobierno.
Este sistema de ajuste de haberes constituye uno de los obstáculos para una reducción del tamaño del gasto público en relación al PBI. Esa fórmula basada en la historia que determina el porcentaje de ajuste de las prestaciones será muy discutida y dificilmente aprobada.
Cuando la inflación sube las jubilaciones pierden, tal como ocurrió en 2014 y 2016, y a la inversa, cuando la inflación se desacelera, como meses atrás, las jubilaciones se colocan por encima de los precios. Es decir se propone un segundo relato complementario al fallido Relato de la Reparación Histórica, que no fue reparación y mucho menos histórica y ha ido a morir a la página web del ANSES , done ya no hay respuestas desde hace mas de cuatro meses para nadie.
Ese Relato de la Reparación Histórica hasta el momento no ha reparado a nadie que gane más de $ 9.000 y tenga más de 80 años, a pesar de haber ingresado la totalidad de los fondos del blanqueo que debió utilizarse para ello. Un populismo sin beneficio social.
Con la atención instalada en el despertar y alineamiento de algunos jueces con el Poder Ejecutivo, los procesamientos y encarcelamientos múltiples y ruidosos de grandes figuras de la administración anterior, la reducción a casi nada del grupo mesiánico que sigue a la ex presidente y los resultados electorales que tranquilizan a la población moderada que es mayoría, puede perderse el foco de la gravedad de la situación económica que no ha cambiado de un momento para otro. Queda claro que esta administración trabaja bien para ir ajustando la tierra arrasada, pero no debe dejarse de lado que al decidir asumir la administración ya conocían la situación en su casi totalidad de modo que corresponde que se hagan cargo, tal como están haciendo ya que fue lo que buscaron hacer.
La coyuntura económica en Octubre.
La macroeconomía está muy desbalanceada, en lento progreso. Hubo pocos avances, y quedan muchos cambios para corregir los desbalances.
Se establecieron metas de inflación utilizando la tasa de interés nominal, pero la inflación no se ha dominado. En Octubre superará el 1.6%, algo que si se anualiza supera el 2%. La tasa de 2017 será inferior a la de 2016, pero curiosamente solo se han alcanzado los niveles que conseguía la administración anterior.
El el déficit fiscal sigue siendo muy elevado. En dos años la actual administración no bajó el gasto público aunque hubo una correcta sustitución de destinos incrementando el gasto social y las obras públicas y recortando subsidios económicos. Se prefirió el costo político de subir las tarifas públicas (que cubrían sólo el 15/20% del costo de producir los servicios) para privilegiar el gasto social y la obra pública.
Los ingresos fiscales cayeron en términos reales, en esta primera etapa de la actual administración, mientras que el déficit primario y el déficit fiscal global subieron.
Para financiarse la actual administración optó por emisión de deuda externa, eliminando la venta de reservas del BCRA y evitando la emisión monetaria, una práctica anterior muy negativa. Se estableció un régimen de flotación cambiaria asumiendo que el tipo de cambio de mercado resultante sería el de equilibrio pero como el tipo de cambio es el resultado de la situación macroeconómica la fuerte entrada de capitales del endeudamiento externo y la alta tasa de interés interna genera la percepción de ¨un dólar barato¨ y perjudica el creciente déficit de la cuenta corriente y la recuperación económica.
Los problemas del día a día y los estructurales.
Bajar la inflación monetariamente, tomar deuda para cubrir el déficit y mantener un cambio libre es algo aplicable en un tiempo muy corto y genera opiniones contrarias. Gastar más de lo que ingresa (en el orden de 6 puntos del PBI) y exportar menos de lo que se importa (5.5% del PBI en 2017) con atraso cambiario muestran un modelo transitorio que exige ser modificado. No puede seguir creciendo de manera indefinida la deuda externa y la deuda del BCRA (la llamada cuasifiscal), por tener que emitir LEBAC para seguir comprando los dólares que el Tesoro consigue en el exterior.
En resumen, estas acciones – y los desatinos opositores – han logrado un éxito electoral en lo político pero en materia económica no ha corregido los más importantes desequilibrios macroeconómicos.
Se enfrentan desafíos:
• bajar la tasa de inflación que no está controlada a nivel general ni la núcleo – la que se maneja con la tasa.
• bajar el déficit fiscal que es la causa del no poder exportar porque genera enormes costos internos que saca los productos argentinos de los mercados internacionales, afectado también por el atraso del tipo de cambio real que el modelo genera.
• evitar un mayor atraso cambiario, cuando las exportaciones continúan muy deprimidas, con lo cual no se generan ingresos genuinos que contribuirían a pagar los crecientes intereses de la deuda externa.
Los problemas estructurales
El PBI per cápita en la Argentina creció 0.7% promedio por año, y por lo tanto nuestro país sólo podría duplicar su ingreso por habitante cada 100 años cuando el resto del mundo lo hace cada 25 años.
Se necesita cambiar eso con inversiones, productividad y empleo (con incentivos para elevar la voluntad de trabajar con más calidad y menos ausentismo, y buscando bajar el costo laboral).
Cabe preguntarse si esta administración sabrá aprovechar el apoyo político que obtuvo para lograr los cambios que son necesarios. Por la forma en que lo han encarado, no parece.
En definitiva, la gran pregunta es si mantendrá los lineamientos generales del tenue modelo macro elegido y los ritmos de los primeros años de su mandato o si mostrará liderazgo para modificar y acelerar los tiempos de dichas correcciones.
Por ahora no se ve un cambio acelerado ni importante en la configuración macroeconómica, aunque se intenta reducir de manera muy gradual el déficit fiscal primario y se ponen en marcha reformas aguadas que ahora, con el rotundo triunfo político del oficialismo, cuentan con cierta posibilidad de lograr consenso.
El escenario del momento
El escenario por ahora es favorable. El riesgo país siguió bajó a 345 puntos el menor nivel de los últimos diez años.
La confianza de los inversores extranjeros parece alta dada la firme demanda de papeles argentinos.
Desde las PASO hasta la actualidad el riesgo soberano cayó 112 puntos, y el índice bursátil aumentó 33% con el dólar futuro bajando a $18.40 para diciembre de 2017.
La economía se recupera: según el INDEC, en agosto se llegó a cuatro meses de crecimiento anualizado del 7.0%. Es una recuperación muy fuerte y duradera mayor que la registrada en los otros dos ciclos expansivos anteriores (en 2013 y en 2015) pero con mejores bases y mejor conducción.
Es el cuarto trimestre de recuperación con una aceleración en el último trimestre. La recuperación de 2015 duró 4 trimestres y la de 2013 sólo 5 trimestres, en esta oportunidad, los indicadores indican claramente que la recuperación continuará y se extenderá por más tiempo que las anteriores.
Un dato muy importante
El crecimiento anual del PBI en el tercer trimestre del año, muestra que el sector externo neto perjudicó muchísimo al restarle 5.2 puntos al crecimiento del Producto Interno Bruto.
Esto se debió a que las cantidades importadas fueron siete veces mayores que el aumento de las exportaciones (21% vs 3%). Si no hubiese sido esto un factor fuertemente contractivo, el PBI, en vez de crecer un 4.6% interanual, hubiera crecido un 9.8% anual que es una tasa de crecimiento superior a la de China.
Otra característica positiva es que la recuperación económica es cada vez más generalizada. En agosto, el INDEC indica un aumento de 4.3% con respecto a igual mes del año pasado, con 14 de los 15 sectores relevados mostrando subas interanuales.
La única excepción fue la minería que cayó un 2.1% interanual por la baja de la producción de petróleo. El sector de la construcción siguió siendo el motor: creció un 11.7% interanual en agosto. La industria se expandió un 5.6% anual y aportó el 22% del incremento interanual del EMAE; la intermediación financiera creció 5.2% anual, el comercio 4.8% y el sector inmobiliario 4.0% que sumados generaron 30% del aumento en el último año.
Lo que se debe lograr en el corto y mediano plazo
La macroeconomía necesita un reordenamiento. La elevada tasa de inflación; el déficit fiscal; el creciente déficit de la cuenta corriente;y la caída de la participación de las exportaciones argentinas en las exportaciones mundiales, en un contexto de atraso del tipo de cambio, alta presión impositiva y problemas de competitividad y productividad que el sector exportador arrastra desde hace mucho no es un panorama halagüeño .
Según como la actual administración actúe definirá el resultado de la segunda mitad de su mandato. Hasta aquí – incluyendo los anuncios voluntaristas y desordenados – no hay un programa integral y consistente que empiece a corregirlos de manera sincronizada.
Los problemas relevantes son varios.
La tasa de inflación es muy elevada. En el mes de septiembre fue 1.9% mensual, anualizada es 22.1% y acumulando en lo que va del año 24.1%. La tasa de inflación de los últimos doce meses fue 23.8%, cifra exactamente igual a la inflación promedio verificada entre 2007 y fin de 2015, con la administración anterior. En eso no hay progreso, excepto que ahora hay control y antes era una muerte anunciada.
En la administración anterior las tarifas estaban congeladas y el tipo de cambio administrado subía menos que la inflación, mientras que ahora este nivel de inflación se da con una actualización de las tarifas públicas. Por lo tanto la inflación reprimida era mucho más alta en la administración anterior que ahora, pero la tasa de inflación no cede y sigue en niveles mayores a 20%.
La inflación núcleo, se mantiene prácticamente en los mismos niveles desde agosto de 2016, pero tuvo en septiembre un alza de 1.6% mensual, con lo cual subió en el año 22.0%.
El régimen de metas de inflación, utilizado por el Banco Central se basa en la idea de que la tasa de inflación baja en la medida en que baje la tasa de inflación esperada, y que la credibilidad del Banco Central crece en función de alcanzar las metas fijadas.
El problema es que desde octubre de 2016 las tasas de inflación esperadas aumentan y no se cumplen las metas.
Por ejemplo, la expectativa de inflación para 2018 aumenta de 15.5% a 15.8% en octubre en 2017 habrá una inflación nivel general de 23.5%, y para 2018 un 16%.
Es imposible bajar la tasa de inflación de 20 a 5% con el crédito al sector privado aumentando 48% anual nominal con los agregados monetarios creciendo al 35% y la base monetaria aumentando 27/30% anual. Esas incongruencias no deben anunciarse como realidades. Tampoco hay experiencia mundial de que sea posible bajar la tasa de inflación solamente con el manejo de tasas.
A esto hay que agregar que desde el 1 de agosto al 23 de octubre, el sector público nacional vendió u$s7,700 millones al BCRA, que emitió base monetaria por $134,000 millones para comprar esos dólares. Es muy difícil bajar la tasa de inflación con esa emisión monetaria.
Como afecta al tipo de cambio
La emisión para financiar el déficit fiscal es casi nula – de 1.5% del PBI en 2017 – como el déficit fiscal se cubre con endeudamiento externo, la actual administración debe hacerse de pesos para pagar jubilaciones y planes sociales y el BCRA se v.
Si el Tesoro vendiera esos dólares en el mercado de cambios, el tipo de cambio hoy sería muy bajo de $13/$15 por dólar debido a la gran oferta en vez de $17.5, lo que provocaría un deterioro aún mayor del déficit de la cuenta corriente. Esos contrasentidos deben corregirse.
En 2017 la emisión fue del orden de 4.7% del PBI y excepto en las hiperinflaciones, nunca la política monetaria dependiente de la fiscal fue tan grande. Parecería que este BCRA lucha solo en la batalla contra la inflación.
El déficit primario
Con esta administración en lugar de crecer 0.9% del PBI por año como lo hizo en el segundo mandato de los anteriores, sube de 3.6% del PBI a 4.3% en 2016 para terminar el 2017 en 4.0% más de lo que dejó la anterior administración.
El déficit global después del pago de intereses de la deuda – que es el que importa – subió de 4.8% del PBI en 2015 a 5.9% en 2016 para terminar en 2017 en 6.3% del PBI (incluyendo los recursos por única vez proveniente del blanqueo).
En 2018 comenzará a atacarse el frente fiscal, porque la actual administración se ha comprometido a bajarlo de 4.0% del PBI en 2017 a 3.2% en 2018.
El déficit en las cuentas externas. Un grave problema.
Durante la actual administración entre enero de 2016 y septiembre de 2017, ingresaron al país capitales por u$s 70,000 M. De este total, u$s 20,000 M fueron para no emitir y financiar el déficit, otros u$s20, 000 M para las reservas internacionales y los u$s 31,000 M restantes fueron ahorro de la gente (claramente nadie tiene confianza en el peso) Nótese que de los u$s 70,000 M de capitales que ingresaron al país, el 64% provienen de la colocación neta de deuda externa del sector público nacional y las provincias.
“Evolución del Mercado de Cambios”, INDEC
El problema de los dos altos déficit – de cuenta corriente y fiscal – es que cuando se corta el financiamiento externo y se reduce la inflación desaparece el impuesto inflacionario (cuando aumentan los precios aumenta la recaudación, obviamente).Si pasa eso baja el PBI, aumenta la inflación de golpe y se produce una devaluación de la moneda.
Esta vez hay elevados déficits gemelos que hacen a la economía muy vulnerable, dependiente del mercado financiero internacional, pero existe la posibilidad de evitar un mal desenlace por diversas razones.
La liquidez mundial es enorme y la administración actual comenzó su gestión con un bajísimo nivel de deuda externa en términos del PBI porque a los otros nadie les prestaba nada.
La deuda pública en manos del sector privado era de apenas 20% del Producto cuando asumió el actual gobierno (nadie compraba papeles de esa administración) y ello permite que este nivel de endeudamiento pueda crecer a razón de 5/7% del PBI por año en cuatro/seis años hasta alcanzar el nivel promedio de deuda de la región.
hay un bajísimo nivel de crédito (de apenas 12% del PBI cuando el promedio de la región es 60%). El crédito puede dar tiempo a la recuperación de la economía y por lo tanto financiar déficits gemelos.
la economía lleva casi medio siglo en un estancamiento económico estructural. Esto da espacio. porque si no se pudieran corregir los tres problemas que hoy se sufren que son la falta de inversión, la productividad y el trabajo desordenado y caro se puede avanzar con reformas estructurales para salir del estancamiento.
Finalmente la caída de las exportaciones
La caída de las exportaciones es algo negativo, porque si la economía se endeuda en moneda extranjera, debe repagar su deuda en moneda extranjera y las exportaciones constituyen la única fuente genuina.
En 2017 el déficit de la balanza comercial será u$s7, 800 M, en 2016 hubo un superávit de u$s 2,000 M. Este año las exportaciones serán menos de u$s 58.000 M, cuando en 2011 fueron de u$s83, 000 M.
Otra vez se pierde participación en las exportaciones mundiales: en 2017 eran el 0.34% de las exportaciones mundiales, en 2011 era de 0.47% y hace 50 años 1%.
En los primeros nueve meses del año, las cantidades exportadas mostraron una baja de 0.6% mientras que volúmenes importados subieron 11%a/. Por el atraso del tipo de cambio reala causa de que el peso se encuentra por lo menos un 30% más apreciado con relación al promedio histórico (y la misma magnitud de sobre-apreciación del peso se registra cuando se realizan estudios econométricos con variables reales)
EL CAMBIO
Por ahora no se vislumbra un cambio en la configuración macroeconómica elegida.
Todo indica que la actual administración mantendrá el modelo aunque con algunos cambios. Es probable que la actual administración comience en 2018 a bajar el déficit fiscal primario, lo que probablemente dé lugar a un menor ritmo de endeudamiento público en los mercados internacionales.
Se buscará avanzar con reformas aunque es difícil imaginar cambios estructurales de fondo rápidamente como con una severa reforma tributaria, la reforma laboral que se necesita, la reforma previsional sin castigar a los indefensos y la del financiamiento de la política la más costosa de todas, y alcanzar acuerdos fiscales con las provincias sin un costo fiscal elevado.
Hoy estas reformas tienen alguna oportunidad de ser hechas y serán el principio de un largo camino que habrá que recorrer para superar el problema del bajísimo crecimiento económico de las últimos cinco décadas.
Hay una oportunidad que la actual administración debería aprovechar. Es probable que lo intente para ratificar el rumbo y la decisión de tratar de convertir a la Argentina en algo más normal en línea y más integrado al mundo. Pero es improbable que se logren profundas reformas estructurales que corrijan las fallas antiguas que impiden el crecimiento (la falta de inversión, de productividad y el factor trabajo).
Habíamos llegado a tal punto que ahora todo parece mejor por la mínima reactivación cíclica de la economía, por el triunfo electoral de un grupo normal y porque se minimizó la posibilidad de volver atrás en los próximos años.
Se requiere muchísimo más para consolidar la macro, lograr estabilidad y conseguir un crecimiento económico razonable y sostenido.
El gran cambio pos elecciones legislativas.
En las elecciones legislativas la actual coalición a cargo de la administración alcanzó el 41% del total de los votos a nivel país acercándose a los mejores resultados históricos de Kirchner que obtuvo 42% en 2006, de Alfonsín en 1985 con 43% y de Menem en 1991 con 40%.
Considerando los resultados anteriores, el número de votos obtenido no parece ser un parámetro que garantice eficiencia. No obstante cuenta con el apoyo de la población de los centros más importantes: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, al margen de haber logrado desplazar y arrinconar – en apariencia definitivamente – a la volátil ex presidenta y desarticular al menos por un tiempo una oposición aguerrida.
Sumaron 20 diputados y 9 senadores con lo cual alcanzan una buena capacidad competitiva en diputados con 107 miembros y mayor peso en senadores con 24 aliados. Es primera minoría sin quorum propio pero con la demostrada capacidad de lograr acuerdos – muchos cuestionables – esta composición permitirá negociaciones parlamentarias desde una mejor posición.
La declinación que lograron de la oposición mesiánica reduciéndola casi hasta el nivel de lumpenes políticos le reduce fuertemente a ese grupo la posibilidad de ser alternativa de poder en 2019 (si bien puede perturbar la reorganización de toda la oposición).
Tomaron iniciativa inmediata
Lo más importante es que con lo obtenido se han lanzado en forma inmediata a un intento – en la visión de esta administración – de consolidación fiscal y reformas estructurales para mejorar el estado de estancamiento estructural que lleva medio siglo.
Los primeros anuncios son solo titulares: no definen un plan económico con medidas concretas, son los lineamientos generales sobre los que se invita a debatir a la oposición, sindicatos, empresarios y legisladores.
La administración anuncia proyectos en materia impositiva, de reforma del estado, laboral, y los negociará con los sectores mencionados en las próximas semanas.
Las primeras propuestas
Las primeras propuestas concretas se anunciaron casi de inmediato, dentro de un marco conocido por todos: con este nivel de gasto público, esta presión tributaria y este nivel de déficit fiscal es inviable el crecimiento económico.
Se anunciaron los lineamientos generales que tendrá la reforma tributaria a ser discutida en el Congreso para que se disminuir la presión fiscal. Los principales impuestos que se modifican son:
1. Aportes y contribuciones de la seguridad social.
2. Impuesto a las ganancias corporativas.
3. Devolución de IVA para empresas que hayan invertido y no pudieron recuperarlo.
4. Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (ICDB).
5. Reducción de Ingreso Brutos.
6. Eliminación del Impuesto a la transferencia de inmuebles e introducción de un impuesto a la Ganancia de capital por la venta de inmuebles (excepto casa-habitación).
7. Eliminación de la exención a la renta financiera.
Por eso se indujo a los gobernadores hacia la necesidad de trabajar en conjunto para reducir el gasto público, lograr una reforma impositiva sensata y ordenar la coparticipación federal.
La forma en que se estructuren los acuerdos signará el futuro de los próximos dos años si no cambian las condiciones financieras internacionales.
Los tres pilares
Los verdaderos efectos de la reforma tributaria presentada ayer podrán medirse cuando el proyecto esté redactado definitivamente. No obstante, el sentido de las medidas quedó claro y puede hacerse un análisis preliminar.
Las rentas de sociedades verían reducida la tasa del impuesto a las ganancias del 35% al 25% para las empresas que reinviertan sus utilidades, eso en forma gradual en dos años. Al mismo tiempo se graban los dividendos y las utilidades de las sociedades de personas con una alícuota que sumada al 25% actual llegará al 35%. Mientras las corporaciones no distribuyan utilidades pagarán menos pero gradualmente y para lograr la reducción – es decir el 25% de tasa proporcional si no se distribuye – tendrán que esperar 4 años hasta 2021 (2018, 35%; 2019 y 2020, 30% y 20121, 25%). Esta gradualidad es para ir acompañando la reducción del gasto público. Para evitar la elusión del impuesto se dispuso impedir distribuciones de utilidades disfrazadas de gastos personales de socios o accionistas pagados por la sociedad.
Gravamen a la renta financiera ya cuenta con la reprobación de los sectores afectados y aun así fue sometida a discusión. Si bien hay que esperar la negociación legislativa el impuesto llega a otros activos financieros en Ganancias por rentas obtenidas por las personas físicas que actualmente están exentas y que pagarían el 15% por rendimientos de instrumentos en moneda extranjera o indexados y otras rentas financieras de volúmenes importantes: hoy superiores a $ 1.400.000 ( us$ 80.000 aproximadamente).
La renta financiera ya está gravada. Las personas jurídicas pagan ganancias y bienes personales por lo que ganan con todos los instrumentos financieros, salvo aquellos que tengan relación con su actividad y los utilicen como cobertura (ejemplo: futuros para un productor agropecuario). Los únicos que están exentos son las personas físicas y ya no lo estarían.
Se aplicaría un impuesto a la renta financiera obtenida por personas físicas del 5% para los instrumentos en pesos y de 15% para los indexados o en dólares. El tributo gravará a quienes tengan tienen ingresos anuales superiores a los $300.000, con un mínimo no imponible de $52.000 de ganancias. El gravamen se aplica sobre los plazos fijos, Lebacs y Bonos, pero no a las acciones locales.
El mercado argentino está constituido por una inmensa mayoría – 92% – de personas jurídicas y muy pocas personas físicas. Actualmente el universo que operan con estos instrumentos paga impuestos. Se intenta aplicar a todos porque contribuye a la equidad del sistema impositivo, pero parece recaudatoriamente innecesario y conflictivo. Es una medida que no genera mayor recaudación y sin embargo producirá rechazo.
Al aplicar un impuesto a las utilidades generadas por ganancias financieras, entran también los inversores medianos que supuestamente tratan de ahorrar, argumento un tanto débil esgrimido por los grandes operadores para defender sus utilidades.
Argumentan que el ahorro y el consumo son opciones temporales, es decir, el ahorro de hoy es el consumo de mañana. Gravar a este proceso sería – con ese argumento corporativo – atacar el funcionamiento de una economía normal.
Los inversores grandes ya pagan impuestos y cuentan con las herramientas necesarias para diferir ese pago, de modo que el argumento se cae per se.
Se insiste – falsamente – que las Pymes dependen exclusivamente del ahorro interno, el cual ahora estaría siendo boicoteado porque las grandes empresas pueden financiarse en el exterior, lo cual supone dramatizar el argumento al extremo: este gravamen terminaría con el ahorro interno, algo que no ocurre en ninguno de los países donde se aplica, que es en casi todo el mundo civilizado.
Los operadores son astutos y veloces y saben que será neutra para su actividad.
Se eliminaría el gravoso Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y se suma en el Impuesto a las Ganancias el 15% cuando las personas físicas vendan un inmueble que no sea casa habitación sino inversión. Esto parece ser lo único que beneficiaría en forma directa a la población por cuanto el resto del paquete beneficia a empresas y corporaciones.
Falta de timming
Anunciar modificaciones concretas informando con precisión los porcentajes y quienes deberán pagar los futuros impuestos en un medio condicionante inflacionario donde los empresarios, consumidores y los mismos miembros de la administración tienen sus mentes distorsionadas en extremo por medio siglo de inflación, es un error muy grave.
Informar que las bebidas alcohólicas de producción nacional y los cigarrillos serán fuertemente gravados es una invitación a acelerar las importaciones con el dólar alicaído y fomentar el contrabando; informar que las gaseosas con azúcar serán fuertemente gravadas es invitar a los productores oligopólicos híper entrenados y que superan largamente a esta administración en habilidad a aumentar los precios hasta compensar por completo el gravamen y trasladarlo al precio,
Eso sin contar que las economías regionales – como el limón tucumano – utiliado por las gaseosas ya han levantado sus quejas asumiendo, 24 horas mas tarde del anuncio aun no presentado a las Cámaras que toda su economía se derrumbará porque Coca Cola desaprecerá del mercado. Típico de un mini mercado como el argentino donde los actores sobreactúan permanentemente.
Algo similar ocurre con los automotores de baja gama que verán reducidas sus ventas hasta que se llegue a aprobar – tomará muchos meses – el acuerdo para bajar los impuestos en 10%. Sin embargo, al igual que otros sectores corporativos ya han anunciado que los precios de los autos de gama media aumentarán.
La mayor parte de esos modelos tienen su precio comprimido de manera artificial, porque si llegaran a la franja donde se les aplica el impuesto, quedan fuera del mercado. En las automotrices, el margen que dejan de cobrar por esos modelos es compensado por incrementos adicionales en modelos más chicos.
Las jubilaciones y la asistencia social
El aspecto más controvertido y peor elaborado es el caso de las jubilaciones. Observando el gasto del estado se puede apreciar que casi el 60% son jubilaciones. Son muy difíciles de reducir y por eso están en el centro de la escena para controlar el déficit, y se trata de licuarlas.
Dejando de lado si los beneficiarios son genuinos o no, el hecho es que en el total de gastos de la actual administración las jubilaciones no pueden reducirse, sino licuarse, y siendo las jubilaciones el 60% del gasto total el problema debió haberse desagregado entre el corto y el largo plazo.
Se cometió la habitual ¨gafe¨ de esta administración: anunciaron que la ¨modificación del cálculo implicaría un ahorro de $ 100.000 millones en un año. Ese irreparable error dio todo el plafón necesario para que la oposición utilice oportunamente – con mucha razón – un arma mas: ¨le reducen el pago a los jubilados, es una administración que solo favorece a las empresas¨.
Algo que a primera vista parece cierto.
La torpeza de sugerir que las jubilaciones se ajustarán por inflación es una forma de reducirlas significativamente de manera inmediata y una afrenta a la inteligencia de quienes han aportado casi el 20% de sus remuneraciones durante más de 30 años. No es el caso de quienes gozan de asistencias sin aportes ( que son de dos tipos: las de privilegio generadas sin aportes – todos los legisladores, muchísimos miembros del poder ejecutivo – que representan el 20% del total del gasto y las nacidas sin aportes, que son un 34% del total).
Si esta administración sugiere que habrá un crecimiento económico en base a su buen accionar, eso se traduce en un incremento de los ingresos de la población general…excepto a los jubilados nacionales que verán de inmediato licuados el ajuste por inflación porque el crecimiento económico no está contemplado en un ajuste por inflación.
Más de la mitad (54% ) del gasto público primario que suma $2,4 billones depende de la fórmula de la movilidad jubilatoria que ajusta automáticamente 2 veces al año (marzo y setiembre) y cuya característica, es que pondera un ‘conjunto de variables: la evolución de los salarios y el aumento de la recaudación de los aportes que,se destinan a la ANSeS para el pago de las jubilaciones (es dinero del IVA, Ganancias y otros tributos, que se complementa con el proveniente de aportes y contribuciones).
En los 8 años que lleva de aplicación, la denominada movilidad jubilatoria generó 1.050% de incremento en los haberes mínimos mientras, en igual lapso, el índice de inflación del Congreso subió 870%. Hubo 180 puntos de diferencia real a favor de los jubilados del monto mínimo que cobraron 20% más que si hubieran ajustado por inflación, tal como propone ahora el gobierno.
Este sistema de ajuste de haberes constituye uno de los obstáculos para una reducción del tamaño del gasto público en relación al PBI. Esa fórmula basada en la historia que determina el porcentaje de ajuste de las prestaciones será muy discutida y dificilmente aprobada.
Cuando la inflación sube las jubilaciones pierden, tal como ocurrió en 2014 y 2016, y a la inversa, cuando la inflación se desacelera, como meses atrás, las jubilaciones se colocan por encima de los precios. Es decir se propone un segundo relato complementario al fallido Relato de la Reparación Histórica, que no fue reparación y mucho menos histórica y ha ido a morir a la página web del ANSES , done ya no hay respuestas desde hace mas de cuatro meses para nadie.
Ese Relato de la Reparación Histórica hasta el momento no ha reparado a nadie que gane más de $ 9.000 y tenga más de 80 años, a pesar de haber ingresado la totalidad de los fondos del blanqueo que debió utilizarse para ello. Un populismo sin beneficio social.