La revista Proceso publica el lunes un reportaje de Jorge Carrasco Araigoza, basado en el proyecto de investigación Justicia en México, de la Universidad de San Diego, que da cuenta que la guerra antidrogas en el país, desde Felipe Calderón hasta Peña Nieto, ha provocado que los asesinatos crecieran hasta en un 600 por ciento, como en ningún país occidental, desde que los militares salieron a las calles.
Lo cierto es que, ante el escandaloso crecimiento de la criminalidad en entidades como Guerrero, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Colima y Baja California, entre otras, se observa por parte de las autoridades acciones pragmáticas y reactivas, a veces desesperadas ante la presión social y, ante la incapacidad de las policías civiles, irremediablemente recurren a las fuerzas armadas en lugar de fortalecer aquellas. Y el ciclo se repite.
No observamos que se separe la política de la lucha anticrimen, lo que es necesario para dar sentido científico al trabajo de prevención e investigación de los delitos, en lugar de recurrir a la demagogia, que trata de encubrir el fracaso en la coordinación y en la profesionalización policial. En cuanto a la criminalidad y la inseguridad, no se conocen estudios que nos hablen sobre variables de contexto y variables estructurales.
Como variables de contexto, se deben trazar estrategias diferenciadas para atacar separadamente el narcotráfico, el narcomenudeo, la trata, el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero y el cobro de “derecho de piso”.
Sobre el análisis estructural, irremediablemente se debe atender los factores de riesgo, ya conocidos por las autoridades, que provocan la fácil cooptación por el crimen de jóvenes pauperizados y sin futuro promisorio, que provocan la continuidad y agudizamiento del fenómeno delictivo, más si le agregamos la variante de las adicciones. Aquí, estamos hablando de las acciones y omisiones violatorias a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades en general, creando un “caldo de cultivo” propicio para la delincuencia.
Es evidente que la delincuencia organizada, diversificada, tiene más capacidad de fuego y de cooptación social que las policías estatales y municipales, lo que provoca un Estado débil, incapaz de desarticular las redes criminales y de protección política y policial.
El problema estructural se agudiza de manera extraordinaria al no reconocer por los gobernantes que la inseguridad y el crimen se deben también al modelo de desarrollo económico, que propicia una enorme brecha social y la desigual distribución de la riqueza, arrojando a amplias capas de la población a la pobreza y a la pobreza extrema, mientras crecen la corrupción oficial y empresarial y una nueva casta enriquecida al amparo del erario.
Por si fuera poco, se encuentra al alza el consumo de drogas en los Estados Unidos, el mayor consumidor en el mundo, lo que hace imposible acabar con el narcotráfico y sus actividades delictivas paralelas mientras no se ataque el consumo en el vecino país, lo que evidentemente no se va a resolver con muros.
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