La embestida de Maduro acumula rechazos: la ONU sale en defensa de la fiscal general
Delcy Rodríguez, exministra de Exteriores del presidente venezolano, Nicolás Maduro enemistó a Venezuela con muchos paises.
Por lanacion.com, 30 de junio de 2017
CARACAS.- "Muy preocupante." La ONU ha dado su voz de alarma tras comprobar cómo el gobierno de Nicolás Maduro arremete con todos sus superpoderes contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega. El mismo adjetivo, con énfasis, que el organismo internacional emplea para describir "la actual violencia en el país", que ayer se cobró la vida de tres jóvenes más, lo que eleva la cifra oficial de muertos hasta 85 en 91 días de protestas.
"Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribuanl Supremo de Justicia parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades (a la fiscal)", detalla Rupert Colville, vocero de la ONU para derechos humanos, tras conocer que las cuentas y bienes de Ortega fueron embargados, además de dictaminar su prohibición de salida del país.
Descubren fosa común en cárcel de Venezuela
"La fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria", explicó Colville, a quien se le unió Diego García Sayán, relator especial de la ONU, que instó al TSJ a reconsiderar sus decisiones.
A la voz de Naciones Unidas se unieron las de seis países sudamericanos, cuyos ministerios públicos rechazaron el proceso para destituir a la fiscal y consideraron "imperioso que se respete la autonomía e independencia". El comunicado está firmado por los colegas de Ortega en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y la Argentina, que también denunciaron presiones, actos intimidatorios, hostigamiento, persecución y amenazas contra la fiscal y su familia. Ortega también ha solicitado medidas cautelares para sus colaboradores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fiscal General de Venezuela reconoce ruptura del orden constitucional
El funcionario de Naciones Unidas no se equivocaba en su diagnóstico: el TSJ ha programado para el martes la audiencia en la que decidirá si abre juicio a la fiscal rebelde. Además también tramita otro procedimiento, exigido por el oficialismo, para destituirla por "insania mental".
El madurismo ha decidido acelerar los trámites para apartar a la jefa del Ministerio Público, al tanto de que la estrecha colaboradora de Hugo Chávez iba a proseguir su desafío a la revolución. Un pulso que se atreve incluso con las cloacas del Estado: la fiscalía ha imputado al mayor Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por cometer "graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos". Este militar es considerado muy cercano al diputado Diosdado Cabello, líder del ala radical de la revolución.
De esta forma, González López se convierte en el segundo militar señalado por la fiscal, tras el ex comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides.
Mercosur suspendió a Venezuela
El Sebin funciona en Venezuela como un Estado dentro del Estado, deteniendo de forma ilegítima, allanando de forma ilegal y, sobre todo, negándose a liberar a detenidos pese a las cartas de libertad firmadas por los jueces de sus casos.
Los fuertes señalamientos de la ONU contra los abusos del Estado se hicieron públicos antes de que el país y el mundo presenciaran, a través de los videos grabados por ciudadanos, cómo colectivos revolucionarios, a bordo de camionetas, se movían como si fueran escuadrones de la muerte en Barquisimeto, capital del estado de Lara, en el centro del país. "Grupos paramilitares desatados pretenden imponer el terror con las armas para silenciar el descontento", denunció Henri Falcón, gobernador del estado.
Ola de protestas violentas por retiro de billetes de 100 bolívares
En Barquisimeto fueron asesinados Roberto Morillo, de 28 años, tras recibir un impacto en el pecho durante la represión de las fuerzas gubernamentales, y Fernando Rojas, herido en el abdomen. Una parte de su familia de Morillo pertenece a la policía científica, al igual que el comisario Oscar Pérez, el piloto del helicóptero que atacó el Tribunal Supremo. En Mérida falleció Eduardo Márquez, de 20 años, tras agonizar durante dos semanas.
Imágenes igual de impactantes a las producidas el jueves en Caracas, cuando un contingente de la Policía Nacional Bolivariana detuvo a una treintena de universitarios, presentes en la marcha de la oposición. Los jóvenes fueron introducidos a la fuerza en un camión cava, sin ventanillas ni ventilación, que en Venezuela se emplea para el transporte de productos. Además, antes de cerrar las puertas del vehículo, los agentes permitieron que gases lacrimógenos entrasen en su interior.
Washington acusa de narcotráfico a vicepresidente Tarek El Aissami
Una parte de los estudiantes permanecía ayer en la sede del Helicoide, precisamente donde el Sebin mantiene de forma ilegal a sus "prisioneros".
Crisis humanitaria y económica: Maduro pide ayuda a la ONU
La oposición planifica nuevas protestas
La oposición venezolana anunció ayer que pondrá en marcha una nueva fase de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, amparada en dos artículos de la Constitución, cuando están por cumplirse tres meses del inicio de las manifestaciones. La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) dijo que el objetivo de la nueva etapa es rechazar la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, que convocó Maduro para reformar la Carta Magna. La votación se realizará el 30 de julio, aunque la oposición la rechazó, al calificarla de fraudulenta. La dirigente opositora María Corina Machado dijo que la nueva fase de movilización estará avalada por los artículos 333 y 350 de la Constitución, que señalan que el texto no perderá vigencia en caso de que fuera derogada por acto de fuerza.
Delcy Rodríguez, exministra de Exteriores del presidente venezolano, Nicolás Maduro enemistó a Venezuela con muchos paises.
Por lanacion.com, 30 de junio de 2017
CARACAS.- "Muy preocupante." La ONU ha dado su voz de alarma tras comprobar cómo el gobierno de Nicolás Maduro arremete con todos sus superpoderes contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega. El mismo adjetivo, con énfasis, que el organismo internacional emplea para describir "la actual violencia en el país", que ayer se cobró la vida de tres jóvenes más, lo que eleva la cifra oficial de muertos hasta 85 en 91 días de protestas.
"Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribuanl Supremo de Justicia parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades (a la fiscal)", detalla Rupert Colville, vocero de la ONU para derechos humanos, tras conocer que las cuentas y bienes de Ortega fueron embargados, además de dictaminar su prohibición de salida del país.
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"La fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria", explicó Colville, a quien se le unió Diego García Sayán, relator especial de la ONU, que instó al TSJ a reconsiderar sus decisiones.
A la voz de Naciones Unidas se unieron las de seis países sudamericanos, cuyos ministerios públicos rechazaron el proceso para destituir a la fiscal y consideraron "imperioso que se respete la autonomía e independencia". El comunicado está firmado por los colegas de Ortega en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y la Argentina, que también denunciaron presiones, actos intimidatorios, hostigamiento, persecución y amenazas contra la fiscal y su familia. Ortega también ha solicitado medidas cautelares para sus colaboradores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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El funcionario de Naciones Unidas no se equivocaba en su diagnóstico: el TSJ ha programado para el martes la audiencia en la que decidirá si abre juicio a la fiscal rebelde. Además también tramita otro procedimiento, exigido por el oficialismo, para destituirla por "insania mental".
El madurismo ha decidido acelerar los trámites para apartar a la jefa del Ministerio Público, al tanto de que la estrecha colaboradora de Hugo Chávez iba a proseguir su desafío a la revolución. Un pulso que se atreve incluso con las cloacas del Estado: la fiscalía ha imputado al mayor Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por cometer "graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos". Este militar es considerado muy cercano al diputado Diosdado Cabello, líder del ala radical de la revolución.
De esta forma, González López se convierte en el segundo militar señalado por la fiscal, tras el ex comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides.
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Los fuertes señalamientos de la ONU contra los abusos del Estado se hicieron públicos antes de que el país y el mundo presenciaran, a través de los videos grabados por ciudadanos, cómo colectivos revolucionarios, a bordo de camionetas, se movían como si fueran escuadrones de la muerte en Barquisimeto, capital del estado de Lara, en el centro del país. "Grupos paramilitares desatados pretenden imponer el terror con las armas para silenciar el descontento", denunció Henri Falcón, gobernador del estado.
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