( que gobierna)...Importador acusado de subir los precios de los alimentos para los venezolanos hambrientos dice que es inocente
Los manifestantes anti-gobierno se sientan bajo un puente que tiene graffiti escrito en español que dice "Hambre", durante una protesta en Caracas, Venezuela, el sábado 1 de julio de 2017. Los manifestantes están saliendo a las calles después de tres meses de protestas continuas que han dejado Decenas de muertos y vio a Luisa Ortega, fiscal principal del país, prohibido salir del país y sus cuentas bancarias congeladas tras sus crecientes críticas al presidente Nicolas Maduro. Ariana Cubillos AP
Por Jim Wyss para The Miami Herald Julio 06 de 2017
El polémico empresario que se encuentra en el centro de las denuncias de corrupción por parte del Congreso controlado por la oposición venezolana está luchando, diciendo que los investigadores están mintiendo conscientemente al público en medio de una crisis de hambre y una profunda polarización política.
Samark López Bello dijo al Miami Herald que las acusaciones de que cobró más de 200 millones de dólares por el gobierno para la importación de alimentos eran una "mentira completa" y que le pedirá a la fiscal general - ella misma encendida por oponerse públicamente al partido gobernante - Investigar el caso y borrar su nombre.
El rechazo se produce cuando el diputado de la oposición, Carlos Paparoni, dio a conocer los resultados de lo que llamó una investigación preliminar de siete meses sobre las importaciones de alimentos que supuestamente descubrió una red de corrupción que se extiende de Miami a México a Barbados.
En una conferencia de prensa, Paparoni dijo que la empresa comercial de López, Postar, había inflado los precios de la comida importada destinada a los más necesitados del país, sacando dinero de la administración socialista y exacerbando la ya dramática escasez de alimentos.
López, un importador de 42 años de edad con profundas relaciones con el gobierno y el sur de la Florida, ha sido acosado por el escándalo en los últimos años. En febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó algunas de sus propiedades en el sur de la Florida luego de acusarle de ser el encargado del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, sancionado por operar un narcotráfico y un lavado de dinero. López dice que es inocente de los cargos y los está impugnando en los tribunales estadounidenses.
López rara vez habla con la prensa, pero dijo que decidió hablar porque la afirmación de Paparoni de que aprovechaba ilícitamente el hambre de sus compatriotas era demasiado pesada.
"No estoy negando que el parlamento tiene el derecho de investigar. Soy demócrata y los demócratas creen en la separación de poderes ", dijo. "Pero esto tiene que parar. No puedo permitir que la gente ofenda el honor y la reputación de los venezolanos comprometidos con su país ".
El supuesto esquema de corrupción gira en torno a un programa gubernamental que ofrece alimentos asequibles directamente a los más pobres de Venezuela. Cuando el presidente Nicolás Maduro lanzó "los Comités Locales para la Distribución y Producción de Alimentos", más conocido por el CLAP, en 2016, dijo que eran necesarios para evitar un sector privado que acusaba de acaparar alimentos y sabotear su entrega como parte De una "guerra económica" para socavar la administración socialista.
En cambio, Paparoni dijo que el programa CLAP parece estar exacerbando la crisis, ya que sangra el dinero necesario para importar alimentos y medicinas.
"Todo nuestro análisis nos muestra que este programa fue diseñado para ser increíblemente ineficiente y aumentar las oportunidades para la corrupción", dijo Paparoni. "Quiero dejar claro que esta no es una investigación políticamente motivada. Lo que estamos viendo es que la corrupción se está convirtiendo en hambre ".
Después de un rastro de recibos y facturas, los investigadores del Congreso determinaron que el gobierno pagó en exceso por lo menos $ 206 millones a Postar por comida importada en 2017 solamente. A pesar de estar en las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela produce muy pocos de sus propios bienes e importa gran parte de sus alimentos.
López, sin embargo, proporcionó al Miami Herald órdenes de compra, transferencias bancarias y documentos de envío que parecen contradecir las declaraciones de Paparoni.
Dijo que todo su contrato era entregar tres millones de cajas de comida a un costo de 119,6 millones de dólares en total. Sin embargo, debido a las sanciones del Tesoro de Estados Unidos, sólo completó 35 por ciento del contrato antes de que la operación fuera cerrada. Además, dice que él mismo financió los envíos y que aún no se ha pagado por la comida enviada.
"No estoy pidiendo una medalla. Soy un hombre de negocios, no un político, pero lo que sucedió es muy diferente de lo que están diciendo ", dijo López. "Lo que no dicen es que hay un venezolano que cree en su país y pone su mano en su propio bolsillo para tratar de hacer un proyecto para alimentar a su propio pueblo".
Trabajando a través de su empresa comercial de Barbados, Postar, López dijo que originalmente quería cumplir con la orden de alimentos de los Estados Unidos, que tiene rutas directas de envío a Venezuela, pero no pudo encontrar suficiente leche en polvo.
Eso lo obligó, dice, a comprar y enviar la comida desde México.
Según documentos compartidos con el Miami Herald por investigadores del Congreso, Postar estaba pagando 22,22 dólares por una caja de productos alimenticios que cuestan 12,44 dólares por mayor en México. Ese mismo alimento fue luego vendido a la Corporación para la Distribución y los Servicios Agrícolas (CASA) del gobierno, que administra el programa CLAP, por $ 42 dólares la caja - o un margen de beneficio de 237 por ciento.
López, sin embargo, proporcionó su propio conjunto de recibos que mostraban que estaba pagando entre $ 27 y $ 30 por la comida y la vendía al precio pre-establecido de $ 39.85 por caja. Y el costo no incluye gastos de envío, almacenamiento, seguros y otros gastos que absorbió Postar, agregó.
López dijo que intenta obtener un beneficio del 17 al 18 por ciento en cada uno de sus negocios, y éste no fue la excepción.
"No somos marcianos. Somos hombres de negocios normales que usan jurisdicciones normales para llevar a cabo negocios normales ", dijo. "Este caballero (Paparoni) está hablando de una gran conspiración y la realidad es que no hay conspiración".
Venezuela es considerada uno de los países más corruptos del planeta por Transparencia Internacional. Y es una combinación mortal de mala administración, caída de los precios del crudo y la corrupción que están llevando a muchos de los problemas de la administración socialista se enfrenta.
Desde abril, manifestantes antigubernamentales han estado en las calles exigiendo nuevas elecciones, la liberación de presos políticos y la ayuda humanitaria. Y más de 80 personas han muerto en los enfrentamientos subsiguientes, muchos de ellos asesinados por las fuerzas de seguridad.
"Cuando se pregunta a la gente en la calle por lo que están protestando, la gran mayoría no le dan razones políticas", dijo Paparoni. "Su problema primordial es el hambre".
Una encuesta de la Fundación Bengoa, que analiza la nutrición, encontró que el 72 por ciento de la población ha perdido peso en el último año - con una pérdida promedio de 19 libras.
El programa CLAP, en particular, ha estado envuelto en acusaciones de que los militares y otros miembros del gobierno han corrompido el plan, vendiendo los alimentos en el mercado negro con una ganancia.
"Que el dinero que entró en la corrupción es necesario en Venezuela para impulsar la producción nacional de alimentos", dijo Paparoni.
Preguntado sobre la eficacia de la importación y venta de alimentos en un país que tiene enormes franjas de tierras agrícolas subutilizadas, López dijo que su papel se limita a tratar de ayudar al gobierno a resolver sus problemas a corto plazo.
"Estás hablando con un proveedor, no con un diseñador de políticas públicas", dijo. "Pero finalmente tenemos que emigrar a un sistema de producción nacional, que es lo que hacen todos los demás países".
La única cosa en la que ambos hombres están de acuerdo es que la oficina del procurador general debe investigar la transacción. Paparoni dice que demostrará que se ha producido un fraude. López dice que será exonerado.
Esas exigencias podrían sonar huecas. La Fiscal General de la Nación, Luisa Ortega, que recientemente se pronunció en contra del uso de la fuerza por parte de la administración, ha tenido que congelar sus bienes y se le ha prohibido salir del país mientras la Corte Suprema pro-administración intenta despojarla de sus poderes.
López dijo que, siendo venezolana, su oficina sigue siendo su único recurso legal para combatir los cargos.
"Ellos han creado una caricatura (de mí) y empezaron a creer ellos mismos", dijo. "No soy una caricatura. Soy un hombre real con principios, valores y derechos reales. Y nunca he sido más comprometido en mi vida para tener esos derechos respetados. "
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Los manifestantes anti-gobierno se sientan bajo un puente que tiene graffiti escrito en español que dice "Hambre", durante una protesta en Caracas, Venezuela, el sábado 1 de julio de 2017. Los manifestantes están saliendo a las calles después de tres meses de protestas continuas que han dejado Decenas de muertos y vio a Luisa Ortega, fiscal principal del país, prohibido salir del país y sus cuentas bancarias congeladas tras sus crecientes críticas al presidente Nicolas Maduro. Ariana Cubillos AP
Por Jim Wyss para The Miami Herald Julio 06 de 2017
El polémico empresario que se encuentra en el centro de las denuncias de corrupción por parte del Congreso controlado por la oposición venezolana está luchando, diciendo que los investigadores están mintiendo conscientemente al público en medio de una crisis de hambre y una profunda polarización política.
Samark López Bello dijo al Miami Herald que las acusaciones de que cobró más de 200 millones de dólares por el gobierno para la importación de alimentos eran una "mentira completa" y que le pedirá a la fiscal general - ella misma encendida por oponerse públicamente al partido gobernante - Investigar el caso y borrar su nombre.
El rechazo se produce cuando el diputado de la oposición, Carlos Paparoni, dio a conocer los resultados de lo que llamó una investigación preliminar de siete meses sobre las importaciones de alimentos que supuestamente descubrió una red de corrupción que se extiende de Miami a México a Barbados.
En una conferencia de prensa, Paparoni dijo que la empresa comercial de López, Postar, había inflado los precios de la comida importada destinada a los más necesitados del país, sacando dinero de la administración socialista y exacerbando la ya dramática escasez de alimentos.
López, un importador de 42 años de edad con profundas relaciones con el gobierno y el sur de la Florida, ha sido acosado por el escándalo en los últimos años. En febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó algunas de sus propiedades en el sur de la Florida luego de acusarle de ser el encargado del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, sancionado por operar un narcotráfico y un lavado de dinero. López dice que es inocente de los cargos y los está impugnando en los tribunales estadounidenses.
López rara vez habla con la prensa, pero dijo que decidió hablar porque la afirmación de Paparoni de que aprovechaba ilícitamente el hambre de sus compatriotas era demasiado pesada.
"No estoy negando que el parlamento tiene el derecho de investigar. Soy demócrata y los demócratas creen en la separación de poderes ", dijo. "Pero esto tiene que parar. No puedo permitir que la gente ofenda el honor y la reputación de los venezolanos comprometidos con su país ".
El supuesto esquema de corrupción gira en torno a un programa gubernamental que ofrece alimentos asequibles directamente a los más pobres de Venezuela. Cuando el presidente Nicolás Maduro lanzó "los Comités Locales para la Distribución y Producción de Alimentos", más conocido por el CLAP, en 2016, dijo que eran necesarios para evitar un sector privado que acusaba de acaparar alimentos y sabotear su entrega como parte De una "guerra económica" para socavar la administración socialista.
En cambio, Paparoni dijo que el programa CLAP parece estar exacerbando la crisis, ya que sangra el dinero necesario para importar alimentos y medicinas.
"Todo nuestro análisis nos muestra que este programa fue diseñado para ser increíblemente ineficiente y aumentar las oportunidades para la corrupción", dijo Paparoni. "Quiero dejar claro que esta no es una investigación políticamente motivada. Lo que estamos viendo es que la corrupción se está convirtiendo en hambre ".
Después de un rastro de recibos y facturas, los investigadores del Congreso determinaron que el gobierno pagó en exceso por lo menos $ 206 millones a Postar por comida importada en 2017 solamente. A pesar de estar en las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela produce muy pocos de sus propios bienes e importa gran parte de sus alimentos.
López, sin embargo, proporcionó al Miami Herald órdenes de compra, transferencias bancarias y documentos de envío que parecen contradecir las declaraciones de Paparoni.
Dijo que todo su contrato era entregar tres millones de cajas de comida a un costo de 119,6 millones de dólares en total. Sin embargo, debido a las sanciones del Tesoro de Estados Unidos, sólo completó 35 por ciento del contrato antes de que la operación fuera cerrada. Además, dice que él mismo financió los envíos y que aún no se ha pagado por la comida enviada.
"No estoy pidiendo una medalla. Soy un hombre de negocios, no un político, pero lo que sucedió es muy diferente de lo que están diciendo ", dijo López. "Lo que no dicen es que hay un venezolano que cree en su país y pone su mano en su propio bolsillo para tratar de hacer un proyecto para alimentar a su propio pueblo".
Trabajando a través de su empresa comercial de Barbados, Postar, López dijo que originalmente quería cumplir con la orden de alimentos de los Estados Unidos, que tiene rutas directas de envío a Venezuela, pero no pudo encontrar suficiente leche en polvo.
Eso lo obligó, dice, a comprar y enviar la comida desde México.
Según documentos compartidos con el Miami Herald por investigadores del Congreso, Postar estaba pagando 22,22 dólares por una caja de productos alimenticios que cuestan 12,44 dólares por mayor en México. Ese mismo alimento fue luego vendido a la Corporación para la Distribución y los Servicios Agrícolas (CASA) del gobierno, que administra el programa CLAP, por $ 42 dólares la caja - o un margen de beneficio de 237 por ciento.
López, sin embargo, proporcionó su propio conjunto de recibos que mostraban que estaba pagando entre $ 27 y $ 30 por la comida y la vendía al precio pre-establecido de $ 39.85 por caja. Y el costo no incluye gastos de envío, almacenamiento, seguros y otros gastos que absorbió Postar, agregó.
López dijo que intenta obtener un beneficio del 17 al 18 por ciento en cada uno de sus negocios, y éste no fue la excepción.
"No somos marcianos. Somos hombres de negocios normales que usan jurisdicciones normales para llevar a cabo negocios normales ", dijo. "Este caballero (Paparoni) está hablando de una gran conspiración y la realidad es que no hay conspiración".
Venezuela es considerada uno de los países más corruptos del planeta por Transparencia Internacional. Y es una combinación mortal de mala administración, caída de los precios del crudo y la corrupción que están llevando a muchos de los problemas de la administración socialista se enfrenta.
Desde abril, manifestantes antigubernamentales han estado en las calles exigiendo nuevas elecciones, la liberación de presos políticos y la ayuda humanitaria. Y más de 80 personas han muerto en los enfrentamientos subsiguientes, muchos de ellos asesinados por las fuerzas de seguridad.
"Cuando se pregunta a la gente en la calle por lo que están protestando, la gran mayoría no le dan razones políticas", dijo Paparoni. "Su problema primordial es el hambre".
Una encuesta de la Fundación Bengoa, que analiza la nutrición, encontró que el 72 por ciento de la población ha perdido peso en el último año - con una pérdida promedio de 19 libras.
El programa CLAP, en particular, ha estado envuelto en acusaciones de que los militares y otros miembros del gobierno han corrompido el plan, vendiendo los alimentos en el mercado negro con una ganancia.
"Que el dinero que entró en la corrupción es necesario en Venezuela para impulsar la producción nacional de alimentos", dijo Paparoni.
Preguntado sobre la eficacia de la importación y venta de alimentos en un país que tiene enormes franjas de tierras agrícolas subutilizadas, López dijo que su papel se limita a tratar de ayudar al gobierno a resolver sus problemas a corto plazo.
"Estás hablando con un proveedor, no con un diseñador de políticas públicas", dijo. "Pero finalmente tenemos que emigrar a un sistema de producción nacional, que es lo que hacen todos los demás países".
La única cosa en la que ambos hombres están de acuerdo es que la oficina del procurador general debe investigar la transacción. Paparoni dice que demostrará que se ha producido un fraude. López dice que será exonerado.
Esas exigencias podrían sonar huecas. La Fiscal General de la Nación, Luisa Ortega, que recientemente se pronunció en contra del uso de la fuerza por parte de la administración, ha tenido que congelar sus bienes y se le ha prohibido salir del país mientras la Corte Suprema pro-administración intenta despojarla de sus poderes.
López dijo que, siendo venezolana, su oficina sigue siendo su único recurso legal para combatir los cargos.
"Ellos han creado una caricatura (de mí) y empezaron a creer ellos mismos", dijo. "No soy una caricatura. Soy un hombre real con principios, valores y derechos reales. Y nunca he sido más comprometido en mi vida para tener esos derechos respetados. "
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