Más sospechas de enriquecimiento ilícito sobrevuelan como un fantasma sobre a los K
Hace unos meses, comenzó a investigarse el exorbitante crecimiento patrimonial de matrimonio Kirchner. Ahora, están en la mira los secretarios privados de la presidenta. Isidro Bounine, Fabián Gutiérrez, Daniel Muñoz y Daniel Alvarez serían investigados por sus propiedades en varios puntos del país, que se multiplicaron en estos años, y algunas alcanzan el millón de dólares. Evidentemente, el fantasma del enriquecimiento ilícito no se va de la escena e involucra cada vez a más personas. Algo es innegable, no se puede acusar al matrimonio de no compartir.
Lo cuestionado (y llamativo) es que en los últimos cinco años, los secretarios presidenciales habrían incrementado notoriamente sus bienes, adquirido inmuebles millonarios, fundado empresas de la nada, etc. Esta situación de crecimiento, en clara desproporción con el salario que deberían percibir, motivo los pedidos de informe.
En efecto, la investigación a las propiedades de los secretarios fue pedida por el Fiscal Guillermo Marijuán, al juez federal Claudio Bonadío. El pedido se enmarca en la causa por enriquecimiento ilícito de los secretarios presidenciales y otros miembros de la tropa K, que incluye la denuncia presentada por el abogado Enrique Piragini
Según informó La Nación, el juez Bonadío ya estaba investigando a Gutiérrez a raíz de la construcción de una casa en El Calafate, que estaría valuada en aproximadamente un millón de dólares. Ese fue el puntapié inicial para que el ojo se ponga en las propiedades de otros empleados del matrimonio Kirchner. El fiscal Marijuán, también pidió a Bonadío que indague sobre el crecimiento patrimonial de Bounine, Muñoz y Alvarez.
Ahora, el fiscal está exigiendo que la Oficina Anticorrupción envíe las declaraciones juradas -públicas y privadas- de los secretarios. Por su parte, se pidió a la AFIP copias de la declaración de ganancias y patrimonio. Al Registro de la Propiedad Automotor y el de la Propiedad Inmueble se les pidió informes sobre los inmuebles y vehículos que estén a nombre de Bounine, Gutiérrez, Muñoz o Álvarez, actualmente o antes de ejercer su cargo en la presidencia. También, Marijuán quiere informes de la ANSES sobre los aportes provisionales, y datos similares a los enumerados, en los registros provinciales.
Además, el fiscal está buscando que el juez federal de Santa Cruz inspecciones los bienes inmobiliarios que sean propiedad de los secretarios. Por otro lado, también va detrás de las sociedades conformadas por los secretarios, por lo cual pidió informes a la Inspección General de Justicia.
Sin duda, estas denuncias acompañan a la larga lista de investigaciones sobre el increíble crecimiento económico de funcionarios del gobierno, y sus allegados. Y si bien, la fase de investigación lleva su tiempo, y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, algo está pasando en la gestión presidencial ya que es llamativo cómo a unos les va tan bien, mientras al resto le va tan mal.
FUENTE
Hace unos meses, comenzó a investigarse el exorbitante crecimiento patrimonial de matrimonio Kirchner. Ahora, están en la mira los secretarios privados de la presidenta. Isidro Bounine, Fabián Gutiérrez, Daniel Muñoz y Daniel Alvarez serían investigados por sus propiedades en varios puntos del país, que se multiplicaron en estos años, y algunas alcanzan el millón de dólares. Evidentemente, el fantasma del enriquecimiento ilícito no se va de la escena e involucra cada vez a más personas. Algo es innegable, no se puede acusar al matrimonio de no compartir.
Lo cuestionado (y llamativo) es que en los últimos cinco años, los secretarios presidenciales habrían incrementado notoriamente sus bienes, adquirido inmuebles millonarios, fundado empresas de la nada, etc. Esta situación de crecimiento, en clara desproporción con el salario que deberían percibir, motivo los pedidos de informe.
En efecto, la investigación a las propiedades de los secretarios fue pedida por el Fiscal Guillermo Marijuán, al juez federal Claudio Bonadío. El pedido se enmarca en la causa por enriquecimiento ilícito de los secretarios presidenciales y otros miembros de la tropa K, que incluye la denuncia presentada por el abogado Enrique Piragini
Según informó La Nación, el juez Bonadío ya estaba investigando a Gutiérrez a raíz de la construcción de una casa en El Calafate, que estaría valuada en aproximadamente un millón de dólares. Ese fue el puntapié inicial para que el ojo se ponga en las propiedades de otros empleados del matrimonio Kirchner. El fiscal Marijuán, también pidió a Bonadío que indague sobre el crecimiento patrimonial de Bounine, Muñoz y Alvarez.
Ahora, el fiscal está exigiendo que la Oficina Anticorrupción envíe las declaraciones juradas -públicas y privadas- de los secretarios. Por su parte, se pidió a la AFIP copias de la declaración de ganancias y patrimonio. Al Registro de la Propiedad Automotor y el de la Propiedad Inmueble se les pidió informes sobre los inmuebles y vehículos que estén a nombre de Bounine, Gutiérrez, Muñoz o Álvarez, actualmente o antes de ejercer su cargo en la presidencia. También, Marijuán quiere informes de la ANSES sobre los aportes provisionales, y datos similares a los enumerados, en los registros provinciales.
Además, el fiscal está buscando que el juez federal de Santa Cruz inspecciones los bienes inmobiliarios que sean propiedad de los secretarios. Por otro lado, también va detrás de las sociedades conformadas por los secretarios, por lo cual pidió informes a la Inspección General de Justicia.
Sin duda, estas denuncias acompañan a la larga lista de investigaciones sobre el increíble crecimiento económico de funcionarios del gobierno, y sus allegados. Y si bien, la fase de investigación lleva su tiempo, y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, algo está pasando en la gestión presidencial ya que es llamativo cómo a unos les va tan bien, mientras al resto le va tan mal.
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