Millones en dulce espera
Foto: Newsweek
21-10-2009 / Magdalena quiere cobrar US$ 9 millones de Shell por contaminar sus costas, pero un abogado local se opone al acuerdo. Historia de una rebelión que no fue.
Por Juan Morris
No se ve, pero está. dicen que está. debajo del agua, en la tierra, entre los juncos, en el brillo del río, todavía está, dicen que está: el petróleo que el buque Estrella Pampeana, de Shell, derramó en 1999 en un canal a 20 kilómetros de Magdalena, después de chocar contra el barco alemán Sea Paraná y que dos días más tarde una sudestada empujó con furia contra la costa del pueblo. Y el paisaje y lo que esconde, y la memoria de la gente que vio venir esa mañana la marea negra del río como una maldición. Desde entonces, la historia del pueblo es la del derrame y sus consecuencias: enfermedades en la piel, negocios fundidos, embarazos perdidos, juicios millonarios que no avanzan, residuos de hidrocarburos que siguen filtrándose en la tierra, junqueros que cobraron 13.000 dólares de indemnización y gente que no era junquera y también los cobró, un arreglo extrajudicial entre el actual intendente y la petrolera por un 10 por ciento de lo reclamado originalmente y avalado por el 77 por ciento del pueblo en un plebiscito y, también, la historia de un joven abogado de 28 años, Leonardo Fediuk, que decidió enfrentarse a buena parte del pueblo, al intendente y a la petrolera y frenar el acuerdo.
“Aunque pensé que tenía todas las de perder, como no encontraba a nadie más que lo hiciera, decidí tomar cartas en el asunto”, dice Fediuk, que tenía 17 años cuando ocurrió el derrame y ahora cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Yo hacía atletismo, salí a correr hasta el balneario y me acuerdo de la mancha negra en la costa: eran kilómetros y kilómetros”, recuerda.
Fediuk tiene la vida dividida entre La Plata y Magdalena. Aunque desde la construcción de las cuatro unidades penales, hace también una década, muchos jóvenes profesionales del pueblo dejaron de buscar un trabajo y una vida fuera y empezaron a prestar sus servicios en las cárceles, Fediuk vive en Magdalena pero todos los días hace y deshace en un Fiat Palio azul los 50 kilómetros hasta La Plata, donde trabaja en un estudio de abogados.
“Ahora soy enemigo y amigo de un montón de gente”, reconoce Fediuk, que tiene todavía una tonada de su infancia en Misiones y ese tic sintáctico de los abogados para hablar. “En mi fuero íntimo, la idea de presentarme fue por la indignación que me causaron las condiciones del acuerdo, porque en las condiciones no se habla de reparar el daño ambiental. Para Shell, claramente, es más barato indemnizar que remendar el daño. El problema es que vos no ves la contaminación. Pero cuando ponés un pie en el río, te das cuenta. Ahí antes había almejas: nosotros nos cortábamos siempre cuando éramos chicos. Y ahora no hay más. Los cangrejales ya no existen”.
La costa de magdalena queda a 4 kilómetros del pueblo, alejándose por una calle que de pronto se convierte en una ruta toda cascoteada que termina en un paseo sobre el río bastante catastrófico: el pasto crecido, mesas y bancos de cemento resquebrajado, algunas parrillas, unos baños públicos venidos abajo, el murallón de la costa que da a una zona pantanosa, el río un poco más allá, unos carteles despintados que prohíben algo que no queda muy claro si es bañarse o saltar desde el murallón al agua y, más allá, un hombre en un cuartito, tomando mate, solo, encargado de cuidar estos restos fuera de temporada.
Es un viernes de octubre a la mañana y, frente al río, hay un breve caserío, tres campings y un único local abierto, que es una heladería que además es quiosco, despensa y zapatería. Sus dueños, María y Claudio, también tienen un camping y nueve cabañitas para cuatro personas que salen cincuenta pesos por día, con baño a compartir. Fuera de la temporada de verano, son los únicos comerciantes que abren todos los días. Además, hay otros tres campings. “Viene gente del sur: Berazategui, La Plata, Quilmes, Berisso...”, enumeran.
Hasta hace un tiempo, en la entrada del balneario, un cartel prevenía a los visitantes. “Sr. turista: usted está ingresando en una zona de desastre ambiental y ecológico. Ley provincial 12.298 y decreto municipal 40/99”. “Lo sacaron el año pasado”, dice Héctor, uno de los cuidadores.
Más allá, una parejita mira el río y unos jubilados preparan el fuego para el asado en una de las parrillas. “Hacía como ocho años que no veníamos. La gente de Magdalena no se baña más en el río. Y la de afuera sí se baña, pero porque no sabe. Antes yo me metía al agua con mis hijas, pero desde ese momento nunca más”, dice Mario, jubilado de la municipalidad, mientras separa unos chorizos sobre una tabla.
Unos días antes, el 18 de diciembre de 1998, el entonces gobernador Eduardo Duhalde había llegado con todo su cortejo provincial para inaugurar, con pompa, circunstancia y muchas cámaras, el camino asfaltado de cuatro kilómetros que separa el pueblo de la costa. En Magdalena fue un día de discursos exaltados y promesas de un futuro promisorio, que los esperaba al final de ese camino recién asfaltado: el comienzo de los planes para explotar el miniturismo y la pesca en la región, además del desembarco de capitales privados para la construcción de un puerto deportivo, cabañas, restaurantes y hoteles.
Pero 23 días después, en la mañana del viernes 10 de enero de 1999, la calma de Magdalena se iba a alterar por la noticia de un accidente petrolero a veinte kilómetros de sus costas y, tres días más tarde, los habitantes iban a ver venir parte de los 5.300.000 millones de litros de hidrocarburos en una marea negra hacia la costa.
Para los magdalenenses, el derrame tuvo una significación particular: no fue sólo el desastre ecológico, los turistas que ya no vinieron, el camino recién inaugurado que los camiones de Shell volvieron a romper, los juicios millonarios que permanecen estancados. Para Magdalena, también fue la constatación de que ese futuro ya no iba a llegar. De que esa marea negra tiñendo las costas era una maldición bíblica que se iba a filtrar en la tierra y en la historia del pueblo, un poco para siempre.
Tal vez por eso, como una forma de exorcizar esos males y también porque era una manera de asegurarse “cash” ahora, es que el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, aceptó un acuerdo extrajudicial. Resignó la demanda de US$ 180 millones, a cambio de que el municipio recibiera US$ 9 millones para llevar adelante un plan turístico y otras obras. Carballo firmó con Shell el 31 de marzo y en mayo llamó a un plebiscito para refrendar el trato.
De los 12.000 habitantes, votaron alrededor de 2.000, y ganó el Sí por el 77 por ciento. “No me parece correcto el acuerdo. Shell debería pagar mucho más”, se queja Mónica Ostegui, docente de un primario. “Por eso es tan importante el periodismo”, dice Fediuk. “Acá hay siete medios y en ninguno se podía opinar en contra del plebiscito. Si tomás en cuenta el informe de cuánto costaría reparar el daño, estamos muy lejos del monto: es menos de un 10 por ciento. Y, por otro lado, primero hablemos de cuánto cuesta recuperar y después calculemos los daños y perjuicios”.
Para Horacio Botana, un contratista local, el acuerdo, en cambio, puede ser algo positivo. “Un juicio como éste podría durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que esa plata (que equivale a un 40 por ciento del presupuesto municipal anual) a Magdalena le sirve”, afirma.
El acuerdo, que habla de la realización de “un plan turístico integral, un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos domiciliarios”, desliga a Shell de cualquier daño ambiental y no plantea ningún tipo de saneamiento. “Después de diez años de juicio, estamos en cero”, justificó entonces Carballo. “Y en plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociación es lo máximo que pudimos acordar”, agrega. Newsweek quiso ahora entrevistarlo, pero hasta el cierre el intendente no había accedido. Mientras tanto, después del pedido de nulidad del acuerdo presentado por Fediuk, la causa pasó del juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 3 a la Cámara Federal, lo que significa algunos meses más de indefinición. El dinero se hace esperar.
Magdalena no es precisamente uno de esos pueblos pujantes del interior con un paisaje de cuatro por cuatros, chalets recién estrenados y soja para donde se mire. No encarna ese relato de la Argentina. Es un pueblo chato, con su plaza central con su municipalidad, policía, banco, bar y ciber. Los negocios cierran a las 12 y media y vuelven a abrir a las cinco, dejando un tiempo muerto de cuatro horas para almorzar, dormir la siesta y quién sabe qué: la vida puertas adentro. Y aunque está cerca de Capital, se encuentra aislada: hay que bajar de la autopista en La Plata, meterse en la ciudad, girar en una rotonda por una avenida, volver a doblar después del primer semáforo y, desde ahí, hacer 50 kilómetros más por una ruta que al principio tiene muchos colectivos y después muchos baches. No hay micros directos desde o hacia Buenos Aires.
Carlos atiende Magdalena Deportes, una casa comercial como las de antes, que combina algunas Reebok con marcas de otro mundo. Cuenta que hasta ahora sólo cobraron los junqueros, que fueron como doscientos. Y que de ellos, la mitad no había visto un junco en su vida. “Muchos se hicieron pasar por junqueros y cobraron 13.000 dólares. El resto todavía no cobró nada”, protesta.
Los visitantes recién llegados no se ven en la disyuntiva de decidir en qué restaurante comer: hay un solo lugar para ello en todo el pueblo, La Colonia, a media cuadra de la plaza, un salón interno un poco oscuro sin salida a la calle y que, tal vez para darle algo de luz, tiene las paredes pintadas de amarillo. El lugar está atendido por su dueño, Omar Borgoña, uno de los 528 habitantes de Lezama que tienen un juicio contra Shell por daños y perjuicios, en una demanda conjunta que asciende a 2.000 millones de dólares. En su caso, es por “lucro cesante”. “Después del derrame, ese verano, que venía bien, fue catastrófico. Eso ocurrió el 10 de enero, la empresa hizo un trabajo de 15 días y se retiró. Dejó todo. Y después, los siguientes veranos ya no vinieron más turistas”, cuenta Borgoña, que tiene el local desde hace 25 años. Antes, tenía la competencia de La Esquina, un restaurante con cierto prestigio gastronómico que traía clientes de Buenos Aires y alrededores, pero después del derrame se terminó fundiendo. Hoy, su dueño, José Bincaz, vive del sueldo de su mujer, que es profesora de biología, y, como casi un 20 por ciento del pueblo, trabaja en una de las cárceles que hay en Magdalena.
Se calcula que alrededor de 700 familias viven de esas cárceles, pero eso parece tener su correlato emocional: muchos penitenciarios son jubilados precozmente con problemas psiquiátricos, y el índice de violencia familiar no paró de aumentar en los últimos años, según Fediuk.
“Recién logramos que le dieran traslado a la demanda este año, después de diez años. Eso quiere decir que Shell está judicialmente notificada”, dice Rubén Cosimano, uno de los dueños de la YPF del pueblo, quien también reclama un lucro cesante. “En la empresa actuaron como verdaderos novatos”, asegura. “Perdieron mucho tiempo y después, cuando ya teníamos el petróleo acá, fue un disparate. Andaban con secadores de piso, hacían pozos para juntar el petróleo...”, resume. Fediuk lo corrobora: “Muchos amigos míos, de 16 y 17 años, fueron contratados para limpiar eso. Te daba ganas de matarlos. Encima les dieron unos trajes que parecían bolsas de nylon”.
En la petrolera, sin embargo, lo niegan. “Shell no contrató a menores de edad para efectuar el saneamiento. El personal que trabajó en la zona contratado por Shell contó con equipos de protección apropiados y las tareas de limpieza fueron las adecuadas para el tipo de costas afectadas. Las tareas se realizaron bajo la supervisión de los expertos mencionados”, alegan sus voceros ante la consulta de Newsweek.
En el 2000, el estado brasileño de Paraná demandó por US$ 1.100 millones a Petrobras —de capitales públicos y privados— por los daños causados por el derrame de 400.000 litros de petróleo en la Cuenca del Iguazú. El juicio sigue. Pero el caso que los magdalenenses críticos suelen evocar se produjo en 1989, cuando el buque petrolero Exxon Valdez derramó más de 40 millones de litros de hidrocarburos sobre el ecosistema extremadamente frágil de Alaska y, tras un litigio de más de 10 años, tuvo que pagar US$ 2.500 millones.
En Magdalena, la aspiración parece más modesta. A diferencia de Gualeguaychú, por ejemplo, en el pueblo no se ve una militancia activa en las calles. Si en Gualeguaychú los negocios, los autos y las paredes tienen consignas en contra de Botnia, en Magdalena es un movimiento más que silencioso. De hecho, no hubo manifestaciones colectivas ni mediáticas, en una época en que un corte de ruta o una acción de prensa pueden tener más potencia que un ejército de abogados. Hay juicios privados a Shell, otro pleito judicial de la comuna a la firma, algunos junqueros que cobraron, cierta indignación general. No mucho más.
Y, sobre todo, a diferencia de los asambleístas de Gualeguaychú, que cortaron los puentes hacia Uruguay ante el peligro de una empresa que supuestamente podría llegar a dañar el medio ambiente, en Magdalena el desastre ecológico tan temido ocurrió. Y sigue ocurriendo. Según el informe presentado por la ONG Ala Plástica, sobre el “seguimiento del impacto del derrame de petróleo propiedad de la empresa Shell en la vegetación de la faja costera de Magdalena a partir del trabajo de campo” entre marzo de 1999 y marzo del 2009, “la magnitud del impacto (...) alteró el ecosistema”, y “los efectos son de larga duración, por tanto el sistema aún presenta variaciones de distinta intensidad”.
Shell lo niega: “El plan de limpieza y el de monitoreo durante los tres años posteriores al incidente fueron apropiados. Prueba de ello fue la recuperación de las costas conforme lo previsto”.
Según un estudio de 2002, sólo para limpiar la zona se necesitaban alrededor de US$ 92 millones. Según Fediuk, Shell gastó US$ 2 millones en la “limpieza” y, de esa cifra, 1,2 millones fueron en publicidad. “Cuando las autoridades de Shell informaron que las tareas de limpieza de la zona habían terminado, les creímos. Después comprobamos el engaño e iniciamos el juicio”, dice el ex intendente de Magdalena de esa época, Juan Sibetti. Fediuk lo explica más gráficamente: “Lo que hicieron, básicamente, fue levantar la alfombra y esconder la mugre”. Ahora, el abogado espera que la causa termine en la Corte Suprema de Justicia, que una vez allí se haga pública y que el acuerdo al que se opone termine volviéndose un escándalo.
Foto: Newsweek
21-10-2009 / Magdalena quiere cobrar US$ 9 millones de Shell por contaminar sus costas, pero un abogado local se opone al acuerdo. Historia de una rebelión que no fue.
Por Juan Morris
No se ve, pero está. dicen que está. debajo del agua, en la tierra, entre los juncos, en el brillo del río, todavía está, dicen que está: el petróleo que el buque Estrella Pampeana, de Shell, derramó en 1999 en un canal a 20 kilómetros de Magdalena, después de chocar contra el barco alemán Sea Paraná y que dos días más tarde una sudestada empujó con furia contra la costa del pueblo. Y el paisaje y lo que esconde, y la memoria de la gente que vio venir esa mañana la marea negra del río como una maldición. Desde entonces, la historia del pueblo es la del derrame y sus consecuencias: enfermedades en la piel, negocios fundidos, embarazos perdidos, juicios millonarios que no avanzan, residuos de hidrocarburos que siguen filtrándose en la tierra, junqueros que cobraron 13.000 dólares de indemnización y gente que no era junquera y también los cobró, un arreglo extrajudicial entre el actual intendente y la petrolera por un 10 por ciento de lo reclamado originalmente y avalado por el 77 por ciento del pueblo en un plebiscito y, también, la historia de un joven abogado de 28 años, Leonardo Fediuk, que decidió enfrentarse a buena parte del pueblo, al intendente y a la petrolera y frenar el acuerdo.
“Aunque pensé que tenía todas las de perder, como no encontraba a nadie más que lo hiciera, decidí tomar cartas en el asunto”, dice Fediuk, que tenía 17 años cuando ocurrió el derrame y ahora cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Yo hacía atletismo, salí a correr hasta el balneario y me acuerdo de la mancha negra en la costa: eran kilómetros y kilómetros”, recuerda.
Fediuk tiene la vida dividida entre La Plata y Magdalena. Aunque desde la construcción de las cuatro unidades penales, hace también una década, muchos jóvenes profesionales del pueblo dejaron de buscar un trabajo y una vida fuera y empezaron a prestar sus servicios en las cárceles, Fediuk vive en Magdalena pero todos los días hace y deshace en un Fiat Palio azul los 50 kilómetros hasta La Plata, donde trabaja en un estudio de abogados.
“Ahora soy enemigo y amigo de un montón de gente”, reconoce Fediuk, que tiene todavía una tonada de su infancia en Misiones y ese tic sintáctico de los abogados para hablar. “En mi fuero íntimo, la idea de presentarme fue por la indignación que me causaron las condiciones del acuerdo, porque en las condiciones no se habla de reparar el daño ambiental. Para Shell, claramente, es más barato indemnizar que remendar el daño. El problema es que vos no ves la contaminación. Pero cuando ponés un pie en el río, te das cuenta. Ahí antes había almejas: nosotros nos cortábamos siempre cuando éramos chicos. Y ahora no hay más. Los cangrejales ya no existen”.
La costa de magdalena queda a 4 kilómetros del pueblo, alejándose por una calle que de pronto se convierte en una ruta toda cascoteada que termina en un paseo sobre el río bastante catastrófico: el pasto crecido, mesas y bancos de cemento resquebrajado, algunas parrillas, unos baños públicos venidos abajo, el murallón de la costa que da a una zona pantanosa, el río un poco más allá, unos carteles despintados que prohíben algo que no queda muy claro si es bañarse o saltar desde el murallón al agua y, más allá, un hombre en un cuartito, tomando mate, solo, encargado de cuidar estos restos fuera de temporada.
Es un viernes de octubre a la mañana y, frente al río, hay un breve caserío, tres campings y un único local abierto, que es una heladería que además es quiosco, despensa y zapatería. Sus dueños, María y Claudio, también tienen un camping y nueve cabañitas para cuatro personas que salen cincuenta pesos por día, con baño a compartir. Fuera de la temporada de verano, son los únicos comerciantes que abren todos los días. Además, hay otros tres campings. “Viene gente del sur: Berazategui, La Plata, Quilmes, Berisso...”, enumeran.
Hasta hace un tiempo, en la entrada del balneario, un cartel prevenía a los visitantes. “Sr. turista: usted está ingresando en una zona de desastre ambiental y ecológico. Ley provincial 12.298 y decreto municipal 40/99”. “Lo sacaron el año pasado”, dice Héctor, uno de los cuidadores.
Más allá, una parejita mira el río y unos jubilados preparan el fuego para el asado en una de las parrillas. “Hacía como ocho años que no veníamos. La gente de Magdalena no se baña más en el río. Y la de afuera sí se baña, pero porque no sabe. Antes yo me metía al agua con mis hijas, pero desde ese momento nunca más”, dice Mario, jubilado de la municipalidad, mientras separa unos chorizos sobre una tabla.
Unos días antes, el 18 de diciembre de 1998, el entonces gobernador Eduardo Duhalde había llegado con todo su cortejo provincial para inaugurar, con pompa, circunstancia y muchas cámaras, el camino asfaltado de cuatro kilómetros que separa el pueblo de la costa. En Magdalena fue un día de discursos exaltados y promesas de un futuro promisorio, que los esperaba al final de ese camino recién asfaltado: el comienzo de los planes para explotar el miniturismo y la pesca en la región, además del desembarco de capitales privados para la construcción de un puerto deportivo, cabañas, restaurantes y hoteles.
Pero 23 días después, en la mañana del viernes 10 de enero de 1999, la calma de Magdalena se iba a alterar por la noticia de un accidente petrolero a veinte kilómetros de sus costas y, tres días más tarde, los habitantes iban a ver venir parte de los 5.300.000 millones de litros de hidrocarburos en una marea negra hacia la costa.
Para los magdalenenses, el derrame tuvo una significación particular: no fue sólo el desastre ecológico, los turistas que ya no vinieron, el camino recién inaugurado que los camiones de Shell volvieron a romper, los juicios millonarios que permanecen estancados. Para Magdalena, también fue la constatación de que ese futuro ya no iba a llegar. De que esa marea negra tiñendo las costas era una maldición bíblica que se iba a filtrar en la tierra y en la historia del pueblo, un poco para siempre.
Tal vez por eso, como una forma de exorcizar esos males y también porque era una manera de asegurarse “cash” ahora, es que el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, aceptó un acuerdo extrajudicial. Resignó la demanda de US$ 180 millones, a cambio de que el municipio recibiera US$ 9 millones para llevar adelante un plan turístico y otras obras. Carballo firmó con Shell el 31 de marzo y en mayo llamó a un plebiscito para refrendar el trato.
De los 12.000 habitantes, votaron alrededor de 2.000, y ganó el Sí por el 77 por ciento. “No me parece correcto el acuerdo. Shell debería pagar mucho más”, se queja Mónica Ostegui, docente de un primario. “Por eso es tan importante el periodismo”, dice Fediuk. “Acá hay siete medios y en ninguno se podía opinar en contra del plebiscito. Si tomás en cuenta el informe de cuánto costaría reparar el daño, estamos muy lejos del monto: es menos de un 10 por ciento. Y, por otro lado, primero hablemos de cuánto cuesta recuperar y después calculemos los daños y perjuicios”.
Para Horacio Botana, un contratista local, el acuerdo, en cambio, puede ser algo positivo. “Un juicio como éste podría durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que esa plata (que equivale a un 40 por ciento del presupuesto municipal anual) a Magdalena le sirve”, afirma.
El acuerdo, que habla de la realización de “un plan turístico integral, un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos domiciliarios”, desliga a Shell de cualquier daño ambiental y no plantea ningún tipo de saneamiento. “Después de diez años de juicio, estamos en cero”, justificó entonces Carballo. “Y en plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociación es lo máximo que pudimos acordar”, agrega. Newsweek quiso ahora entrevistarlo, pero hasta el cierre el intendente no había accedido. Mientras tanto, después del pedido de nulidad del acuerdo presentado por Fediuk, la causa pasó del juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 3 a la Cámara Federal, lo que significa algunos meses más de indefinición. El dinero se hace esperar.
Magdalena no es precisamente uno de esos pueblos pujantes del interior con un paisaje de cuatro por cuatros, chalets recién estrenados y soja para donde se mire. No encarna ese relato de la Argentina. Es un pueblo chato, con su plaza central con su municipalidad, policía, banco, bar y ciber. Los negocios cierran a las 12 y media y vuelven a abrir a las cinco, dejando un tiempo muerto de cuatro horas para almorzar, dormir la siesta y quién sabe qué: la vida puertas adentro. Y aunque está cerca de Capital, se encuentra aislada: hay que bajar de la autopista en La Plata, meterse en la ciudad, girar en una rotonda por una avenida, volver a doblar después del primer semáforo y, desde ahí, hacer 50 kilómetros más por una ruta que al principio tiene muchos colectivos y después muchos baches. No hay micros directos desde o hacia Buenos Aires.
Carlos atiende Magdalena Deportes, una casa comercial como las de antes, que combina algunas Reebok con marcas de otro mundo. Cuenta que hasta ahora sólo cobraron los junqueros, que fueron como doscientos. Y que de ellos, la mitad no había visto un junco en su vida. “Muchos se hicieron pasar por junqueros y cobraron 13.000 dólares. El resto todavía no cobró nada”, protesta.
Los visitantes recién llegados no se ven en la disyuntiva de decidir en qué restaurante comer: hay un solo lugar para ello en todo el pueblo, La Colonia, a media cuadra de la plaza, un salón interno un poco oscuro sin salida a la calle y que, tal vez para darle algo de luz, tiene las paredes pintadas de amarillo. El lugar está atendido por su dueño, Omar Borgoña, uno de los 528 habitantes de Lezama que tienen un juicio contra Shell por daños y perjuicios, en una demanda conjunta que asciende a 2.000 millones de dólares. En su caso, es por “lucro cesante”. “Después del derrame, ese verano, que venía bien, fue catastrófico. Eso ocurrió el 10 de enero, la empresa hizo un trabajo de 15 días y se retiró. Dejó todo. Y después, los siguientes veranos ya no vinieron más turistas”, cuenta Borgoña, que tiene el local desde hace 25 años. Antes, tenía la competencia de La Esquina, un restaurante con cierto prestigio gastronómico que traía clientes de Buenos Aires y alrededores, pero después del derrame se terminó fundiendo. Hoy, su dueño, José Bincaz, vive del sueldo de su mujer, que es profesora de biología, y, como casi un 20 por ciento del pueblo, trabaja en una de las cárceles que hay en Magdalena.
Se calcula que alrededor de 700 familias viven de esas cárceles, pero eso parece tener su correlato emocional: muchos penitenciarios son jubilados precozmente con problemas psiquiátricos, y el índice de violencia familiar no paró de aumentar en los últimos años, según Fediuk.
“Recién logramos que le dieran traslado a la demanda este año, después de diez años. Eso quiere decir que Shell está judicialmente notificada”, dice Rubén Cosimano, uno de los dueños de la YPF del pueblo, quien también reclama un lucro cesante. “En la empresa actuaron como verdaderos novatos”, asegura. “Perdieron mucho tiempo y después, cuando ya teníamos el petróleo acá, fue un disparate. Andaban con secadores de piso, hacían pozos para juntar el petróleo...”, resume. Fediuk lo corrobora: “Muchos amigos míos, de 16 y 17 años, fueron contratados para limpiar eso. Te daba ganas de matarlos. Encima les dieron unos trajes que parecían bolsas de nylon”.
En la petrolera, sin embargo, lo niegan. “Shell no contrató a menores de edad para efectuar el saneamiento. El personal que trabajó en la zona contratado por Shell contó con equipos de protección apropiados y las tareas de limpieza fueron las adecuadas para el tipo de costas afectadas. Las tareas se realizaron bajo la supervisión de los expertos mencionados”, alegan sus voceros ante la consulta de Newsweek.
En el 2000, el estado brasileño de Paraná demandó por US$ 1.100 millones a Petrobras —de capitales públicos y privados— por los daños causados por el derrame de 400.000 litros de petróleo en la Cuenca del Iguazú. El juicio sigue. Pero el caso que los magdalenenses críticos suelen evocar se produjo en 1989, cuando el buque petrolero Exxon Valdez derramó más de 40 millones de litros de hidrocarburos sobre el ecosistema extremadamente frágil de Alaska y, tras un litigio de más de 10 años, tuvo que pagar US$ 2.500 millones.
En Magdalena, la aspiración parece más modesta. A diferencia de Gualeguaychú, por ejemplo, en el pueblo no se ve una militancia activa en las calles. Si en Gualeguaychú los negocios, los autos y las paredes tienen consignas en contra de Botnia, en Magdalena es un movimiento más que silencioso. De hecho, no hubo manifestaciones colectivas ni mediáticas, en una época en que un corte de ruta o una acción de prensa pueden tener más potencia que un ejército de abogados. Hay juicios privados a Shell, otro pleito judicial de la comuna a la firma, algunos junqueros que cobraron, cierta indignación general. No mucho más.
Y, sobre todo, a diferencia de los asambleístas de Gualeguaychú, que cortaron los puentes hacia Uruguay ante el peligro de una empresa que supuestamente podría llegar a dañar el medio ambiente, en Magdalena el desastre ecológico tan temido ocurrió. Y sigue ocurriendo. Según el informe presentado por la ONG Ala Plástica, sobre el “seguimiento del impacto del derrame de petróleo propiedad de la empresa Shell en la vegetación de la faja costera de Magdalena a partir del trabajo de campo” entre marzo de 1999 y marzo del 2009, “la magnitud del impacto (...) alteró el ecosistema”, y “los efectos son de larga duración, por tanto el sistema aún presenta variaciones de distinta intensidad”.
Shell lo niega: “El plan de limpieza y el de monitoreo durante los tres años posteriores al incidente fueron apropiados. Prueba de ello fue la recuperación de las costas conforme lo previsto”.
Según un estudio de 2002, sólo para limpiar la zona se necesitaban alrededor de US$ 92 millones. Según Fediuk, Shell gastó US$ 2 millones en la “limpieza” y, de esa cifra, 1,2 millones fueron en publicidad. “Cuando las autoridades de Shell informaron que las tareas de limpieza de la zona habían terminado, les creímos. Después comprobamos el engaño e iniciamos el juicio”, dice el ex intendente de Magdalena de esa época, Juan Sibetti. Fediuk lo explica más gráficamente: “Lo que hicieron, básicamente, fue levantar la alfombra y esconder la mugre”. Ahora, el abogado espera que la causa termine en la Corte Suprema de Justicia, que una vez allí se haga pública y que el acuerdo al que se opone termine volviéndose un escándalo.