Escuelas Públicas: el mantenimiento edilicio es responsabilidad del Estado y un compromiso social
Por Malena Muñiz
(Cba Noticias) Según se informó desde el área de Prensa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, existen 4.335 escuelas de todos los niveles en el territorio provincial distribuidas en 3.160 edificios. En el último mes y sobre todo en los días más fríos del invierno, muchos de ellos fueron noticia en los medios masivos de comunicación por las dificultades edilicias. Cba Noticias investigó el tema para brindar un informe detallado de la situación.
La Dirección de Infraestructura Escolar, creada en diciembre de 2007, es la dependencia que tiene por función construir, sustituir total o parcialmente, ampliar, adecuar o refaccionar los edificios escolares así como dotarlos de servicios públicos. En este sentido, debe desarrollar el proyecto, controlar el procedimiento de contratación y ejecución de las obras.
Con el objetivo de aplicar el “Plan Integral de Regularización Edilicia” de establecimientos escolares, el año pasado se creó la Unidad Coordinadora y Ejecutora Provincial Mixta, que comprende los colegios ubicados en las ciudades del interior y en la capital. La ejecución del plan reúne el trabajo de los Ministerios de Obras Públicas y Educación de la provincia desde la Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección de Infraestructura Escolar respectivamente.
El informe suministrado por el Ministerio de Educación establece que la finalidad del plan es atender, de modo inmediato, las emergencias de las diferentes escuelas tales como provisión y distribución de agua, energía eléctrica y gas, arreglo de cubiertas de techo, hundimiento de pozos absorbentes, desagües pluviales y cloacales. En el caso de la capital, la región se dividió en 11 zonas integradas por aproximadamente 65 establecimientos cada una. Cada una de las zonas está a cargo de una empresa constructora, cuyas tareas son el mantenimiento y la reparación mientras que un inspector de la Subsecretaría de Arquitectura fiscaliza y certifica el trabajo.
Según datos oficiales, entre marzo de 2008 y agosto de 2009 se realizaron más de 2.500 intervenciones en aproximadamente 800 establecimientos de esta capital y 500 del interior.
En relación con esto, Daniel Zalazar, Secretario Gremial de Nivel Medio, Especial y Superior de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), expresó que la política implementada no hizo más que poner de manifiesto que con una disposición presupuestaria no muy significativa, las escuelas dejaron de ser tapa de los principales diarios por la cuestión de infraestructura. Para Silvia Marchetti, Secretaria Gremial Suplente del Nivel Inicial y Primario de UEPC, “de acuerdo a los registros del gremio, la mayoría de las problemáticas vinculadas a falta de agua, rotura de cañerías o problemas de electricidad se resolvieron rápidamente”.
Por su parte, la delegación capital de UEPC realiza actualmente un relevamiento en los establecimientos educativos en relación a diferentes aspectos entre los cuales se indaga acerca de las condiciones edilicias. Si bien el estudio aún está en proceso, Luis Cuervo de la secretaria de enseñanza media de esta entidad gremial contó que “en general, los directores se muestran conformes por las tareas de mantenimiento mínimo que coordina la Dirección de Infraestructura”.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba instrumenta, desde fines de 2008, el “Programa de Desarrollo de Políticas de Apoyo a la escuela pública” a partir del cual se pretende conocer la situación en los institutos secundarios. En el marco de este proyecto, los directivos deben responder un cuestionario. Uno de los interrogantes refiere a las problemáticas que presenta el edificio.
Gabriela Magris, Directora del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo, afirmó que se detectaron problemas que parecen ser pequeños y no logran una salida. En consecuencia, “desde la Defensoría receptamos la información, la remitimos al Ministerio de Educación pidiéndole la resolución del conflicto; actuamos como un puente entre el Estado y la gente”, explicó. Luego, añadió que las realidades de las escuelas son diversas y no es conveniente hablar de generalidades.
Daniel Zalazar destacó el trabajo conjunto entre UEPC y las autoridades de la Dirección de Infraestructura: “desde el sindicato acercamos las demandas y siempre nos han recibido; hasta viajé al interior con Carlos Pedetta, responsable de la Dirección, para visitar una escuela que presentaba dificultades”, manifestó.
No obstante, si bien las emergencias fueron atendidas, hay casos que aún esperan ser resueltos. Silvia Marchetti señaló que el foco ha estado sólo en las reparaciones mientras que las inversiones planificadas de construcción de aulas o ampliación de edificios aún no se han concretado.
Casos complejos aguardan solución
Ejemplo de lo anterior lo constituyen algunas escuelas en el interior cordobés. En Las Tapias, departamento San Javier del Valle de Traslasierra, funciona una escuela secundaria en el mismo edificio del nivel primario. “Los docentes están hacinados y los niños comparten los distintos espacios con alumnos adolescentes. De ese modo, el crecimiento y la transmisión de conocimientos se hace mucho más difícil”, argumentó el secretario de nivel medio del gremio docente.
Agregó, además, que la comunidad ha recibido “aula móviles”, una especie de contenedores en las que se dictarían clases hasta que se construyan las aulas. Actualmente, esas aulas contenedores están instaladas en las inmediaciones de un terreno municipal, donde también se guardan maquinarias, herramientas, materiales de trabajo y la circulación de camiones es permanente, un lugar no reúne las mínimas condiciones de seguridad.
En este sentido, Zalazar dijo que hace tiempo la comunidad educativa está tramitando la construcción de un edificio propio para el Ciclo Básico Unificado y el de Especialización. “Urge la necesidad de encontrar un terreno porque la demanda lo amerita”, concluyó.
Otro caso similar es el de San Agustín; allí las instalaciones son utilizadas por los niveles primario y secundario durante la mañana. Luego, funciona como comedor al que concurren los ancianos del lugar. “Mientras se dictan clases, se colocan cajas para separar los ambientes y ubicar los diferentes cursos”, detalló el encargado de educación media.
Cuestiones de fondo
Los entrevistados coincidieron en que a la hora de hablar del estado de las escuelas es necesario tener en cuenta otras cuestiones que también hacen al mantenimiento de las instalaciones. Para Zalazar, “las dificultades estructurales que la institución educativa debe afrontar hoy no tienen que abordarse aisladamente sino vinculadas a las condiciones en las que trabajan alumnos y docentes cotidianamente”.
En tal sentido, Gabriela Magris refirió a la superpoblación como una característica actual que influye, de modo negativo, en la conservación de los recursos materiales. “Cuando el establecimiento fue diseñado para determinada cantidad de aulas y comienza a crecer sin la consecuente adaptación del lugar, el mantenimiento se dificulta y todo se deteriora mucho más rápido”, indicó la funcionaria.
Zalazar expresó que “es necesario mencionar que muchos preceptores tienen 3 cursos a su cargo, lo que se traduce en 90 o 100 chicos bajo la tutela de una sola persona”. El preceptor es el referente de los alumnos porque está durante todo el tiempo en que éstos permanecen en la institución. “En estas condiciones, es difícil controlar lo que sucede en el aula así como trabajar sobre hábitos de buena convivencia”, aseguró.
Otro punto en el que acordaron tanto Silvia Marchetti como Luis Cuervo es la falta de porteros en la actualidad. La reincorporación de la figura de los auxiliares de servicio es un reclamo que UEPC realiza desde hace mucho tiempo. “El portero no es sólo la persona que limpia sino quien tiene la llave de la escuela, conoce los horarios de los alumnos y los protege, ya que además controla el ingreso a la institución”, afirmó Luis Cuervo.
La violencia fue otro de los aspectos señalados como importante. “El deterioro tiene que ver también con un estado de violencia social que, por supuesto, se traslada al ámbito escolar”, apuntó Daniel Zalazar. En consonancia con esto, Cuervo afirmó que es preocupante el nivel de agresividad de la población hacia las instituciones públicas, situación que en el caso de las escuelas es difícil de reparar por la falta de presupuesto y por la cantidad de establecimientos.
Alina Monzón, Secretaria Suplente de Defensa Gremial Primaria de la delegación capital de UEPC, afirmó que la agresión al edificio se da en menor medida en los primeros grados, puesto que los equipos de directivos y docentes trabajan anualmente en proyectos orientados a generar conciencia sobre el cuidado de los espacios. Asimismo, Cuervo mencionó que en algunas escuelas se lograron acuerdos con la comunidad a partir de los cuales alumnos, padres, docentes y vecinos asumen el compromiso de proteger y defender los recursos de las escuelas. Aunque, aclaró, es una tarea que en las localidades del interior provincial es mucho más fácil.
En relación a este tema, Silvia Marchetti opinó: “deberíamos preguntarnos ¿qué hacemos como adultos responsables?, ¿qué les estamos dando a las generaciones presentes que nos heredan? Si los chicos no se interesan por un montón de cosas y emplean la violencia como un acto normal, tal vez sea porque los adultos tampoco valoran ciertas cuestiones y son violentos en múltiples ámbitos”.
En definitiva, se trata del aporte de varias miradas que, además de recordarle al Estado su obligación de garantizar el derecho y el acceso a la educación en condiciones dignas, instalan la discusión en un contexto más amplio en el que todos tenemos una cuota de responsabilidad.
La Dirección de Infraestructura Escolar, creada en diciembre de 2007, es la dependencia que tiene por función construir, sustituir total o parcialmente, ampliar, adecuar o refaccionar los edificios escolares así como dotarlos de servicios públicos. En este sentido, debe desarrollar el proyecto, controlar el procedimiento de contratación y ejecución de las obras.
Con el objetivo de aplicar el “Plan Integral de Regularización Edilicia” de establecimientos escolares, el año pasado se creó la Unidad Coordinadora y Ejecutora Provincial Mixta, que comprende los colegios ubicados en las ciudades del interior y en la capital. La ejecución del plan reúne el trabajo de los Ministerios de Obras Públicas y Educación de la provincia desde la Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección de Infraestructura Escolar respectivamente.
El informe suministrado por el Ministerio de Educación establece que la finalidad del plan es atender, de modo inmediato, las emergencias de las diferentes escuelas tales como provisión y distribución de agua, energía eléctrica y gas, arreglo de cubiertas de techo, hundimiento de pozos absorbentes, desagües pluviales y cloacales. En el caso de la capital, la región se dividió en 11 zonas integradas por aproximadamente 65 establecimientos cada una. Cada una de las zonas está a cargo de una empresa constructora, cuyas tareas son el mantenimiento y la reparación mientras que un inspector de la Subsecretaría de Arquitectura fiscaliza y certifica el trabajo.
Según datos oficiales, entre marzo de 2008 y agosto de 2009 se realizaron más de 2.500 intervenciones en aproximadamente 800 establecimientos de esta capital y 500 del interior.
En relación con esto, Daniel Zalazar, Secretario Gremial de Nivel Medio, Especial y Superior de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), expresó que la política implementada no hizo más que poner de manifiesto que con una disposición presupuestaria no muy significativa, las escuelas dejaron de ser tapa de los principales diarios por la cuestión de infraestructura. Para Silvia Marchetti, Secretaria Gremial Suplente del Nivel Inicial y Primario de UEPC, “de acuerdo a los registros del gremio, la mayoría de las problemáticas vinculadas a falta de agua, rotura de cañerías o problemas de electricidad se resolvieron rápidamente”.
Por su parte, la delegación capital de UEPC realiza actualmente un relevamiento en los establecimientos educativos en relación a diferentes aspectos entre los cuales se indaga acerca de las condiciones edilicias. Si bien el estudio aún está en proceso, Luis Cuervo de la secretaria de enseñanza media de esta entidad gremial contó que “en general, los directores se muestran conformes por las tareas de mantenimiento mínimo que coordina la Dirección de Infraestructura”.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba instrumenta, desde fines de 2008, el “Programa de Desarrollo de Políticas de Apoyo a la escuela pública” a partir del cual se pretende conocer la situación en los institutos secundarios. En el marco de este proyecto, los directivos deben responder un cuestionario. Uno de los interrogantes refiere a las problemáticas que presenta el edificio.
Gabriela Magris, Directora del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo, afirmó que se detectaron problemas que parecen ser pequeños y no logran una salida. En consecuencia, “desde la Defensoría receptamos la información, la remitimos al Ministerio de Educación pidiéndole la resolución del conflicto; actuamos como un puente entre el Estado y la gente”, explicó. Luego, añadió que las realidades de las escuelas son diversas y no es conveniente hablar de generalidades.
Daniel Zalazar destacó el trabajo conjunto entre UEPC y las autoridades de la Dirección de Infraestructura: “desde el sindicato acercamos las demandas y siempre nos han recibido; hasta viajé al interior con Carlos Pedetta, responsable de la Dirección, para visitar una escuela que presentaba dificultades”, manifestó.
No obstante, si bien las emergencias fueron atendidas, hay casos que aún esperan ser resueltos. Silvia Marchetti señaló que el foco ha estado sólo en las reparaciones mientras que las inversiones planificadas de construcción de aulas o ampliación de edificios aún no se han concretado.
Casos complejos aguardan solución
Ejemplo de lo anterior lo constituyen algunas escuelas en el interior cordobés. En Las Tapias, departamento San Javier del Valle de Traslasierra, funciona una escuela secundaria en el mismo edificio del nivel primario. “Los docentes están hacinados y los niños comparten los distintos espacios con alumnos adolescentes. De ese modo, el crecimiento y la transmisión de conocimientos se hace mucho más difícil”, argumentó el secretario de nivel medio del gremio docente.
Agregó, además, que la comunidad ha recibido “aula móviles”, una especie de contenedores en las que se dictarían clases hasta que se construyan las aulas. Actualmente, esas aulas contenedores están instaladas en las inmediaciones de un terreno municipal, donde también se guardan maquinarias, herramientas, materiales de trabajo y la circulación de camiones es permanente, un lugar no reúne las mínimas condiciones de seguridad.
En este sentido, Zalazar dijo que hace tiempo la comunidad educativa está tramitando la construcción de un edificio propio para el Ciclo Básico Unificado y el de Especialización. “Urge la necesidad de encontrar un terreno porque la demanda lo amerita”, concluyó.
Otro caso similar es el de San Agustín; allí las instalaciones son utilizadas por los niveles primario y secundario durante la mañana. Luego, funciona como comedor al que concurren los ancianos del lugar. “Mientras se dictan clases, se colocan cajas para separar los ambientes y ubicar los diferentes cursos”, detalló el encargado de educación media.
Cuestiones de fondo
Los entrevistados coincidieron en que a la hora de hablar del estado de las escuelas es necesario tener en cuenta otras cuestiones que también hacen al mantenimiento de las instalaciones. Para Zalazar, “las dificultades estructurales que la institución educativa debe afrontar hoy no tienen que abordarse aisladamente sino vinculadas a las condiciones en las que trabajan alumnos y docentes cotidianamente”.
En tal sentido, Gabriela Magris refirió a la superpoblación como una característica actual que influye, de modo negativo, en la conservación de los recursos materiales. “Cuando el establecimiento fue diseñado para determinada cantidad de aulas y comienza a crecer sin la consecuente adaptación del lugar, el mantenimiento se dificulta y todo se deteriora mucho más rápido”, indicó la funcionaria.
Zalazar expresó que “es necesario mencionar que muchos preceptores tienen 3 cursos a su cargo, lo que se traduce en 90 o 100 chicos bajo la tutela de una sola persona”. El preceptor es el referente de los alumnos porque está durante todo el tiempo en que éstos permanecen en la institución. “En estas condiciones, es difícil controlar lo que sucede en el aula así como trabajar sobre hábitos de buena convivencia”, aseguró.
Otro punto en el que acordaron tanto Silvia Marchetti como Luis Cuervo es la falta de porteros en la actualidad. La reincorporación de la figura de los auxiliares de servicio es un reclamo que UEPC realiza desde hace mucho tiempo. “El portero no es sólo la persona que limpia sino quien tiene la llave de la escuela, conoce los horarios de los alumnos y los protege, ya que además controla el ingreso a la institución”, afirmó Luis Cuervo.
La violencia fue otro de los aspectos señalados como importante. “El deterioro tiene que ver también con un estado de violencia social que, por supuesto, se traslada al ámbito escolar”, apuntó Daniel Zalazar. En consonancia con esto, Cuervo afirmó que es preocupante el nivel de agresividad de la población hacia las instituciones públicas, situación que en el caso de las escuelas es difícil de reparar por la falta de presupuesto y por la cantidad de establecimientos.
Alina Monzón, Secretaria Suplente de Defensa Gremial Primaria de la delegación capital de UEPC, afirmó que la agresión al edificio se da en menor medida en los primeros grados, puesto que los equipos de directivos y docentes trabajan anualmente en proyectos orientados a generar conciencia sobre el cuidado de los espacios. Asimismo, Cuervo mencionó que en algunas escuelas se lograron acuerdos con la comunidad a partir de los cuales alumnos, padres, docentes y vecinos asumen el compromiso de proteger y defender los recursos de las escuelas. Aunque, aclaró, es una tarea que en las localidades del interior provincial es mucho más fácil.
En relación a este tema, Silvia Marchetti opinó: “deberíamos preguntarnos ¿qué hacemos como adultos responsables?, ¿qué les estamos dando a las generaciones presentes que nos heredan? Si los chicos no se interesan por un montón de cosas y emplean la violencia como un acto normal, tal vez sea porque los adultos tampoco valoran ciertas cuestiones y son violentos en múltiples ámbitos”.
En definitiva, se trata del aporte de varias miradas que, además de recordarle al Estado su obligación de garantizar el derecho y el acceso a la educación en condiciones dignas, instalan la discusión en un contexto más amplio en el que todos tenemos una cuota de responsabilidad.