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Crisis energética: vecinos y mercaderías podridas Por Andrés Oliva Fotos: Facundo Martínez (Cba Noticias) El agobio, por los reiterados cortes, resiente la calma de los vecinos, comerciantes e industriales. Pero los reclamos callejeros no tuvieron la fuerza que se esperaba y que encendía el nerviosismo de las autoridades de EPEC y del gobierno provincial. En este momento, se “tiran la pelota” de las culpas entre Transener –empresa encargada del mantenimiento de la red de alta tensión nacional, compuesta accionariamente por la gobierno nacional y Electroingeniería- y EPEC –empresa estatal provincial de distribución de la energía, cuyos últimas administraciones políticas intentaron en vano su privatización-. Cacerolas incipientes “Me cortan 6 horas por día y sino estuviéramos acá seguiría. Son todos unos ladrones, y encima a esto lo pagamos nosotros, y si vienen los juicios también. Me cago de calor todos los días con 40 grados, se me corta la luz y tengo que bajar 8 pisos. Encima pierdo plata porque estoy con trabajo con la computadora por trabajo entregado”, se quejó eufórico ayer, Cristian, de 30 años, y que trabaja en Nueva Córdoba, en una de las primeras protestas que se realizaron por los apagones frente al Patio Olmos. En la esquina de San Juan y Vélez Sársfield, alrededor de 400 vecinos y vecinas junto con organizaciones sociales se reunieron para reclamar por las interrupciones de la energía eléctrica. Pese a que desde un megáfono, Federico Heinrich, de la Mesa Coordinadora de los Grupos Sociales Vulnerables, gritaba que “pueblo callado, pueblo pisoteado”, la respuesta no fue la ansiada porque la problemática afecta a toda la población. La chispa no se encendió aún. Reclamos por pérdidas En el transcurso del día de hoy, desde las 8 hasta las 18, alrededor de 1250 ciudadanos retiraron de la Defensoría del Pueblo, las Planillas de Reclamo Indemnizatorio para presentar ante la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Los cordobeses recurren cada vez más a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba para efectuar sus consultas o reclamos sobre diversas problemáticas que los aquejan en su vida cotidiana, como en esta oportunidad los usuarios gravemente perjudicados por los cortes de energía eléctrica que, precisamente, por esos cortes hayan sufrido daños y perjuicios en su actividad comercial. Visitaron la Defensoría o bajaron las Planillas por Internet particularmente titulares de despensas, mercaditos, kioscos, peluquerías, carnicerías, bares, heladerías, fábricas de hielo, talleres de costuras, etc. Para retirar esta planilla de reclamo indemnizatorio hay que dirigirse ante la empresa distribuidora (Epec) o cooperativa electrica. En caso de no poder dirigirse personalmente a las oficina pueden bajar la Nota o Planilla por medio de Internet, ingresando al sitio www. defensorcordoba.org.ar Responsables políticos Los costos políticos son indudables. El principal perjudicado es Juan Schiaretti ya que la simple asociación realizada es que el responsable de los cortes es EPEC, empresa autónoma pero dependiente, a la vez, de la gestión provincial. Los primeros en postular cuestionamientos fueron los radicales, por medio de una conferencia de prensa en la Casa Radical, con la presencia de Oscar Aguad y Ramón Mestre, tiraron sus lardos hacia la “imprevisión” del gobierno justicialista de la provincia. Llama la atención el silencio de voces juecistas. Se avecina este lunes primero de febrero la apertura de sesiones de la legislatura provincial y, según fuentes cercanas a Luis Juez, sería un buen momento y propicio para arremeter contra el schiarettismo. Por otro lado, el Partido Solidario, que representa la corriente comandada desde Capital Federal por el bancario cooperativista y diputado nacional Carlos Heller, apuntaron que “Schiaretti y sus equipos son los únicos responsables”. Además, exigieron un inmediato resarcimiento económico por daños y perjuicios a los vecinos y, también, a las pequeñas y medianas empresas. En la misma línea, Graciela Baldada, diputada nacional por Córdoba alineada con la Coalición Cívica Libertadora -citando a Horacio Verbitsky-, se refirió a que “Schiaretti y De la Sota son los responsables por el fracaso de la política energética” Finalmente, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) Delegación Córdoba expresó sus deseos a que se tomen todas las medidas tendientes a solucionar definitivamente las reiteradas irregularidades en la prestación del servicio eléctrico, que la programación de los cortes sean lo suficientemente precisos y que las cuantiosas pérdidas ya producidas (más las estimadas) ponen en serio riesgo en muchas actividades.

Educación sexual: ¿cómo se aborda en escuelas y dispensarios? Por Paula Fraticelli y Malena Muñiz (Cba Noticias) La Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en octubre del año 2006 así como la Ley 25.673, aprobada en el año 2002, que dio lugar a la creación Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable aportan un marco legal en el que se establece el acceso a la educación sexual integral y a la información acerca de métodos anticonceptivos y servicios de salud. De este modo, se garantiza una amplia formación en la que es posible elegir y decidir libremente en relación a la sexualidad y la procreación. Pero ¿cómo se traduce en la realidad lo que dispone esta legislación? La Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en octubre del año 2006 establece en su artículo cuarto que las acciones promovidas por este programa “están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria”. Por otro lado, Ley 25.673 creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Entre los objetivos propuestos en el segundo artículo, pueden mencionarse: disminuir la morbi- mortalidad materno- infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud de los adolescentes, garantizar a toda la población el acceso a la información; orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. En relación con lo dictaminado por esta legislación, es necesario indagar cuál es la situación actual en las escuelas y centros de salud cordobeses. La experiencia en el ámbito escolar En referencia a la implementación de Ley 26.150, Silvia Marchetti, Secretaria Gremial Suplente del Nivel Inicial y Primario de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y Directora de la escuela UNESCO, expresó que “la enseñanza de la educación sexual se aborda, en general, vinculada a la reproducción en espacios como la clase de biología cuando, en realidad, el tema es mucho más amplio e implica, por ejemplo, hablar de género así como del respeto y cuidado mutuo”. Más tarde, señaló que existe resistencia a trabajar en los primeros grados tanto por parte de los docentes como de los padres. En el Instituto Obispo Caixal se informó que se lleva a cabo un proyecto, cuyo objetivo es brindar a los jóvenes herramientas de conocimiento personal, en relación a la familia, amigos, ideales, proyectos y problemáticas para fortalecer los valores que sustentan una educación en el amor. Desde el área que coordina este proyecto en la institución, una de las docentes explicitó que los lineamientos propuestos por la Nación pueden leerse desde diversos frentes. “Según la concepción cristiana del hombre, hay expresiones que podrían ser más claras. No obstante, podemos profundizarlas en nuestro trabajo cotidiano”, aseguró. En este sentido, la docente refirió al trabajo que se realiza con los padres de los adolescentes. “La intención es lograr que se converse en el hogar sobre el trabajo que se realiza en la escuela a través de encuestas u otro tipo de actividades que los alumnos llevan a sus casas”, apuntó. Por otra parte, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral dispone, en su artículo octavo, que cada jurisdicción implementará “programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación docente continua”. Sin embargo, “no existe una política de capacitación integral, destinada a todos los docentes, gratuita y en horario de servicio”, afirmó Silvia Marchetti. En relación con esto, comentó que la capacitación fue sólo para los directivos de establecimientos educativos, quienes luego deben transmitirla a los docentes. “Es necesario profundizar los lineamientos y la discusión en esta temática”, concluyó. La situación en los centros de salud municipales Desde el mes de junio se desarrolla una experiencia de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva en cinco dispensarios dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS) de la Municipalidad de Córdoba. Se trata de una prueba piloto que un grupo de alumnos avanzados de las carreras de Medicina, Psicología, Enfermería y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizan en los centros de salud de los barrios Empalme, Colonia Lola, Renacimiento, Acosta y Maldonado, al sudeste de la ciudad. Esto se da en el marco del “Compromiso provincial a favor de la reducción de la mortalidad materna y perinatal” firmado en 2007, a partir del cual trabajan conjuntamente la UNC, la DAPS y la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Alejandra Domínguez, Coordinadora del Programa de Género de la Secretaría de Extensión de la UNC, indicó que durante el año 2008 se elaboró un documento de diagnóstico y propuestas con la intención de instalar los espacios de Consejería en los dispensarios. Los alumnos participaron en varias instancias de formación junto a docentes de las unidades académicas involucradas, mujeres de organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la DAPS, y las coordinadoras de los Programas Género e Instituciones Sociales y Salud de la Secretaría de Extensión Universitaria. “En esos encuentros se reflexionó sobre género, derechos sexuales y reproductivos y se analizó la Consejería como herramienta de comunicación en salud y manejo de espacios grupales en territorio”, definió Domínguez. Luego, agregó que la capacitación propuesta pretendía favorecer la inclusión de perspectivas de Derechos Humanos, Género, y Salud y herramientas de comunicación en las prácticas cotidianas de los/as efectores/as de salud pública. Esto con el objetivo de cumplir el compromiso asumido en 2007. En el marco de las intervenciones, cada uno de los equipos interdisciplinarios efectuó un relevamiento de la zona y se diseñaron talleres para trabajar las problemáticas detectadas. Alejandra Domínguez expresó que “el desarrollo de las prácticas por parte de los estudiantes ha estado atravesado por distintos hechos como las vacaciones de julio, las medidas tomadas por la gripe A y el cambio de autoridades en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, pero seguiremos adelante”. Por estos días, se concretará, como todos los meses, la reunión entre grupos de alumnos, profesionales de la salud y docentes para poner en común las inquietudes y supervisar el trabajo que se viene realizando.

Debatir el rol de la universidad. Tragedia de la planta piloto. Por Tomás Argüello (Cba Noticias – Río Cuarto) La Justicia Federal procesó el día tres de septiembre por “estrago doloso agravado” a siete de los imputados por las explosiones en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), durante un ensayo con solventes, que ocurrió en diciembre de 2007 y dejó como saldo seis muertos. De acuerdo a los datos suministrados desde la Justicia Federal, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, procesó al ex vicedecano de Ingeniería de la UNRC, Carlos Bortis; al ex secretario, de Coordinación Técnica y Servicios, José Luis Pincini y al secretario Técnico de Ingeniería, Sergio Antonelli. También, a la directora del Departamento de Química, Miriam Ferrari; la vicedirectora del Departamento de Química, Matilde Ducros; Javier Boreti y Anibal De Marco, ambos de la empresa Smet que se encargaba de la provisión del hexano para los ensayos que ocasionaron las explosiones fatales. El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó además la falta de mérito al decano Diego Moitre, quien estaba de licencia cuando ocurrieron las explosiones, y desestimó la acción penal contra Miguel Mattea, director de la investigación y fallecido en ese episodio. Nunca hubo explicaciones acerca de las relaciones entre la multinacional “De Smet” y su socia “AGD” (Aceitera General Deheza), y su vinculación con las explosiones de la Planta Piloto. El 5 de diciembre de 2007 estallaron los tubos de hexano con los que se realizaban las investigaciones dentro de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería. El vicedecano Diego Bortis, ahora procesado, presidía la Fundación de la Universidad que tenía previsto firmar un convenio con la empresa De Smet para el desarrollo de tareas de investigación con hexano. Las investigaciones determinaron que ese solvente orgánico, volátil e inflamable, se encontraba albergado en forma irregular en el laboratorio de la planta piloto de la Facultad de Ingeniería. Al parecer, los tanques de hexano estallaron al entrar en contacto con equipamiento del laboratorio, que registraba altas temperaturas. Los ingenieros José Luis Pincini (Secretario de Coordinación Técnica y Servicio y miembro de la Comisión de Higiene y Seguridad de la U.N.R.C) y Sergio Fabián Antonelli (Secretario Técnico de la Facultad de Ingeniería e integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad) se generan obligaciones a partir del cargo que asumieron en la Universidad y especialmente en la Planta Piloto. Para Ochoa, pudieron haberse interiorizado puntualmente del proyecto del GIDPO aunque hubo falta de supervisión del sector, según señalaron testigos ante la Justicia. La Justifica Federal consideró que si la conducta de Pincini y Antonelli hubiera sido la adecuada “el evento dañoso no se habría producido o en caso de que sucediera, sus efectos no hubieran sido tan devastadores”. El grupo Gidpo, según surge de la resolución de Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería N° 014/93, dependía del Departamento de Tecnología Química que era encabezado por Miriam Ferrari y Edith Ducrós. En la instrucción se desprende que cualquier proyecto que comprendía al equipo de investigación debía ser visado y monitoreado por la autoridades del Departamento. Con este análisis lógico, se señala que Ferrari y Ducrós “tenían la obligación de supervisar las actividades del Grupo GIDPO”. Es decir, los acusados habrían tenido la posibilidad de evitar el hecho y no lo hicieron. No solo no debían desconocer lo que sucedía en la Planta sino que debieron controlarlo. Si hubiesen recorrido el lugar habrían advertido la forma en que se almacenaba y manipulaba el hexano, “lo que les hubiera posibilitado comunicar su existencia a las máximas autoridades de la Facultad de Ingeniería y al propio Rector de la U.N.R.C.”. Sabían de las normas de aplicación obligatoria en materia de seguridad pero esas regulaciones fueron vulneradas. “No se trató de un accidente o fatalidad que puede suceder en el desarrollo de cualquier actividad laboral o investigativa (…) sino de un criterio imprudente que ocasionó un resultado que no debió acontecer”, afirmó el juez Carlos Ochoa en un párrafo de su fallo, respecto a las explosiones de 2007 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. “La única utilidad que encuentro al lamentable suceso, es que nos enseñó que hechos de esta naturaleza no pueden volver a suceder, por lo que exhorto a la comunidad universitaria en general y a las autoridades a su cargo, a realizar las debidas autocríticas extremando y efectivizando las medidas vinculadas a la seguridad”, sostuvo el juez. En su resolución, Ochoa expresó que el criterio de evaluación de la investigación, la “nula” seguridad del sitio y el desarrollo del experimento fueron “equivocados y hasta obstinados”. Consideró que se infringieron “elementales pautas técnicas y de seguridad” y hasta de “la lógica y el sentido común”. ¿Qué universidad queremos? Días después de la explosión comenzaron las asambleas auto convocadas por la comunidad universitaria, pero que llegaron a ser concurridas no solo por los miembros de ésta (estudiantes, docentes y personal no docente) sino también transcendieron a toda la población ríocuartense. Llegando incluso a realizarse asambleas abiertas en la plaza principal de la ciudad. En estos encuentros se expusieron varios y diferentes puntos de vista sobre una discusión que lamentablemente tuvo que esperar una tragedia. Una discusión que traspasaba las otras cuestiones que iban surgiendo, no por ser menos importantes pero si más visibles. Lo primero que surgió fue sobre la seguridad laboral, donde docentes principalmente de la facultad de ciencias humanas bregaban por una suerte de hacinamiento que sufren en sus lugares de trabajos que son compartidos por dos o tres equipos de investigación de aproximadamente más de cuatro personas cada uno; a esto se le sumaba el reclamo por las condiciones laborales del personal no docente, donde tomo gran notoriedad los trabajadores encargados del comedor, representados por la agrupación Peco Duarte de la CTA. También fue motivo de discusión si la universidad debía ser abierta o continuar cerrada hasta que finalizara el año con motivo de duelo; y los infaltables oportunistas políticos que trataban de ensuciar la cancha tratando de introducir en la mayoría de la gente su visión simplista de lo ocurrido que tenia como solución la renuncia del rector Spada. Posición que caló muy fuerte al principio debido a la bronca y la impotencia generalizada de los compañeros de las 6 personas afectadas por la tragedia que iban falleciendo uno por uno en el hospital del quemado en Córdoba Capital. Bronca que por el momento trató de ser canalizada por agrupaciones estudiantiles y sectores docentes que aspiraban a mellar la figura de Spada debatiéndose con quienes terminaron convirtiéndose en una suerte de representantes del rector en las asambleas: la agrupación estudiantil Espacio Independiente que presidía y preside actualmente la Federación Universitaria de Río Cuarto. Más allá de todas estas cuestiones, a ya casi 2 años de la tragedia, lo que se intenta resaltar en esta nota es una discusión que comenzó a partir de allí. La cuál puede decirse es la base de esta desdicha. El afán de investigadores envueltos en una lógica perversa de avanzar a cualquier costa, sin tratar de juzgar a los que estuvieron implicados en el hecho, sino de ver el punto de reflexión en que toda la comunidad universitaria debió y debe detenerse a pensar en cuanto influye la lógica capitalista salvaje del éxito a cualquier costo en el ámbito de investigación universitario. Y por otro lado pero relacionado con lo anterior es la pregunta de cuáles son los limites éticos que tienen las universidades a la hora de recibir fondos de empresas privadas para proyectos de investigación. Al respecto de esta cuestión se agrega un hecho que ha saltado a la luz en este tiempo; los fondos que han recibido varias universidades de la empresa minera La Alumbrera lo cuál nos indaga sobre el rol y el sentido de la Universidad pública. Cuando los grupos económicos concentrados van llevando las riendas de la política argentina. También influyen con fuerza sobre las universidades porque no ha habido decisión política para derogar la Ley de Educación Superior Menemista, que por muchos mecanismos, entrega las universidades al mercado. El debate que se va configurando es si permitimos que la Universidad esté al servicio de los grupos económicos concentrados de aquí y de afuera, en dejar que nuestras universidades sean los laboratorios y el área de Recursos Humanos de las empresas del despojo, si queremos nuestra universidad funcional al saqueo de millones de argentinos y argentinas, si la queremos de rodillas a las transnacionales, o si vamos a parar un pensamiento crítico y comprometido, que defienda nuestra soberanía, nuestro medioambiente, y con ello la posibilidad de una vida digna para las grandes mayorías postergadas. La minera a cielo abierto La Alumbrera, situada en Catamarca y con un proceso judicial por contaminación, repartió a las universidades nacionales una parte ínfima de su ganancia (86 millones de pesos), que los Rectores aprobaron sin debate. Las Universidades Nacionales aparecen como un engranaje mas dentro de la estrategia de las multinacionales, otorgando la “legitimidad social” que les es negada por las propias comunidades afectadas. La Ley de Educación Superior Menemista, no modificada por el gobierno de Cristina, permite el financiamiento externo como respuesta al desfinanciamiento estatal de la Universidad. La injerencia de la industria minera en la educación universitaria, incide sobre los planes institucionales de gobierno, sobre la estructura universitaria, sobre la valorización del desempeño docente, sobre la evaluación de la investigación, sobre los planes de estudio, sobre el concepto de la finalidad del conocimiento elaborado, sobre el sentido de la formación profesional, sobre el carácter público de la educación. En estas semanas el Movimiento estudiantil SUR, ha lanzado una campaña nacional difundiendo la necesidad de recuperar y defender nuestros recursos naturales. Poniendo énfasis en la denuncia de la actual explotación minera y en contra de que las universidades reciban fondos provenientes de estas empresas. Cabe resaltar esta campaña por el impacto que causa en la comunidad universitaria de Río Cuarto, al coincidir con este debate que se ha vuelto a abrir; partiendo que la tragedia fue ocasionada por 5 barriles de 200 litros de hexano, que eran parte de un proyecto de investigación financiado por una empresa privada que tenia un beneficio directo con el resultado de esa investigación.

Instituto Helen Keller: festejos por 65 años de educación especial Por Malena Muñiz (Cba Noticias) Cerca de las 9.30 horas del 14 de septiembre comenzaron las celebraciones en el Instituto Helen Keller con motivo de sus 65 años de existencia. El director, Adrián Demaría, convocó a padres, docentes, alumnos y ex alumnos al izamiento de la bandera. El amplio patio que posee la escuela, rodeado de galerías, ya estaba ambientado para la ocasión: sillas para el público, un teclado debajo de uno de los tantos árboles del lugar, una mesa con presentes y un cartel, custodiado por dos manojos de globos blancos, anunciaba el motivo que congregó a la comunidad: “65º Aniversario Instituto Helen Keller”. Mientras se elevaba la bandera argentina, algunas maestras cruzaban entre los árboles y la gente, ultimando detalles para el acto académico. Algunos niños, llegaban acompañados por padres, hermanos o abuelos; otros, ya adolescentes se reencontraban con las docentes que, alguna vez les enseñaron a circular entre obstáculos en las clases de orientación y movilidad, moverse al compás de la música en musicoterapia o realizar objetos en madera en carpintería. Exclamaciones cargadas de euforia daban cuenta de ello y obligaban a voltearse para observar la escena. El gimnasio fue el lugar elegido para el desarrollo de la misa que se celebra todos los años. Enseguida, se invitó a los presentes a ingresar. Al poco tiempo, ya no quedaban asientos libres. La misa comenzó y sus partes transcurrieron entre las variadas canciones interpretadas por un grupo de niños. Afuera, los que prefirieron disfrutar del sol matinal aguardaban el inicio del acto e iban ocupando sus lugares. Minutos más tarde y luego del ingreso de abanderados y escoltas del Helen Keller y otros colegios provinciales invitados, se entonaron las estrofas del himno nacional. Posteriormente, padres y alumnos, integrantes del coro del instituto, cantaron el himno a Helen Keller, quien junto al maestro Marcelo López impulsó el proyecto educativo que hoy transita sus 65 años. La emoción se percibía a simple vista en los gestos o las miradas, en el silencio y en los aplausos. En el público, las primeras docentes, hoy jubiladas, aplaudían orgullosas porque saben que la paciencia, el empeño constante y el cariño hacia el alumno –aspectos fundamentales de la educación especial– están vigentes desde aquellos días hasta la actualidad. Imelda Fernández, ex vicedirectora, expresó su profunda conmoción y destacó la calidad y calidez de los maestros así como la dedicación empleada en el proceso de aprendizaje de los niños. Para ella, el modo de enseñar siempre ha focalizado en una cuestión fundamental: “Transmitir al alumno y a su familia que la discapacidad no es impedimento para llevar una vida normal”. Con este punto coincidieron familiares de un alumno, quienes leyeron unas palabras homenajeando a la escuela. La familia rescató el apoyo recibido por parte del personal del instituto al momento de ingresar a la institución y abordar la crianza de un niño con discapacidad. Una de las frases de su discurso decía: “Aquí aprendimos que hablar de discapacidad es otra forma de decir diferente”. En relación con lo anterior, Fernández señaló que uno de los logros más importantes alcanzados hasta hoy es que muchos de los chicos que concurrían al Helen Keller se hayan integrado a escuelas regulares. De este modo, el acto continuó entre nuevas interpretaciones corales, palabras conmovedoras, recuerdos y luego, otro acto, en la segunda parte, con números artístico-musicales a cargo de los alumnos. Los festejos continuarán hasta fines de este mes. El 29 de septiembre se llevará a cabo una Jornada Científica, declarada de interés legislativo y en la que participarán todos los alumnos. Hace mucho Helen Keller pedía confianza en uno de sus libros, las chicas, los chicos y toda la comunidad del instituto le rinden honor a esa confianza todos los días.

Caso Alejandro Flores: un accidente que se trasformó en una cultura del encubrimiento Por Siloe Pereyra (Cba Noticias - Río Cuarto) Hace dieciocho años atrás (16 de marzo de 1991), en la ciudad de Río Cuarto, Alejandro Flores de tan solo cinco años desaparece. Desde ese día su madre, Rosa Arias, nunca dejó de buscarlo, a pesar que en esa búsqueda se le presentaban muchos obstáculos que la desviaban de la verdad acerca de la desaparición de su hijo. Durante los primeros tres años de desaparecido el niño, a Rosa no se le presentaban ningún tipo de pistas que la guiaran, lo único que persistía en ella era la inquietud que había sido raptado por un grupo de gitanos, en donde también estaría involucrado el padre del niño (Víctor Alejandro Flores). Pareciera que esa inquietud de Rosa les hubiera favorecido a ciertas personas, ya que a razón de eso comenzaron a llegar a sus manos elementos anónimos, comentarios e información de que su hijo estaba vivo en algún lugar del mundo. Este tipo de cosas influyeron de tal manera en ella, que en su búsqueda no solo viajó a ciudades dentro de Argentina, si no también lo hizo fuera de la misma. En febrero de 1994, Rosa viaja a Punta Arenas, ciudad de Chile, tras haber recibido el testimonio de una señora que no mostró su identidad, diciéndole que su hijo estaba allí conviviendo con una familia. Su estadía en Punta Arena fue de un mes, en donde su caso conmovió tanto a la sociedad chilena, que ellos mismos formaron parte de la búsqueda de Ale. En su vuelta a Río Cuarto, Rosa vino con la intención de recaudar fondos para regresar a Chile, pero en aquel entonces el agente Jorge Muo rompe el silencio diciendo la verdad de lo ocurrido con Ale. ¿Por qué callar la verdad tanto tiempo? Jorge Muo, un joven policía que por haber escuchado rumores y comentarios entre sus compañeros de trabajo conocía el motivo de la desaparición de Alejandro Flores. El oficial Muo declaró que el niño fue atropellado por un patrullero de la policía, conducido por Mario Gaumet y acompañado por Gustavo Funes. Una declaración así tendría que haber sido más que suficiente para poner en marcha una investigación, pero Serioni (fiscal que llevaba la causa en aquel momento) no tuvo mejor opción que imputar a Jorge Muo por falso testimonio y como si esto fuera poco fue expulsado de la policía destituyéndolo de su puesto. Ahora podemos entender por qué el oficial calló durante tres años, algunas de las amenazas que recibió para que no hablara se concretaron. Posterior a su declaración tuvo que irse de Río Cuarto ya que la sociedad misma se había convertido en una amenaza para él y su familia, creyéndolo también culpable del supuesto homicidio. Actitudes como la de la fuerza policial, de expulsar a un oficial por contar la verdad, nos demuestran que es más fácil limpiar el problema que hacerse cargo de él. Actitudes como la del fiscal Serioni que en vez de cumplir su función buscando resolver el caso, decide abrir otra causa para tapar el caso mayor, nos demuestra como la justicia por momentos inclina su balanza para el lado del más fuerte. Callar con esa verdad durante tres años tiene que tener un motivo muy fuerte, pero mucho más fuerte es el motivo que lo impulsó a romper el silencio. Su conciencia no era solo con lo que tenía que cargar, si no también los reiterados sueños que tuvo a lo largo de ese tiempo, en los que el niño se le manifestaba pidiéndole ayuda. Aquí nos enfrentamos a una situación, que en la vida de una persona pesó mucho más que varias amenazas. Muchas cosas había que esconder Posterior a la declaración de Muo, comenzaron a surgir muchas especulaciones de lo sucedido, pero también se supo que no solo Funes y Gaumet eran los únicos involucrados en el homicidio, existieron cómplices que ayudaron en el encubrimiento. Norma Nieto una enfermera que dice haber estado en los últimos momentos de vida con Ale. A pesar de que ella nunca expresó correctamente si el día del accidente iba en el vehículo con los policías o la recogieron después de haber atropellado al niño y cargarlo en el auto, es la única testigo que después de varios años también se animó a contar lo ocurrido con Alejandro. La enfermera confiesa haber asistido al niño, en un lugar oculto del viejo edificio donde se encontraba el hospital San Antonio de Padua en aquel entonces. Pero también intervinieron otras dos enfermeras, Margarita Castelli y Rosana Manazero, quienes ayudaron a ocultar el cuerpo del pequeño. Jorge Muo en su declaración afirmó que los restos estaban enterrados en el patio de la casa de una de las enfermeras (Rosana Manazero). Pero misteriosamente en el momento de la excavación de ese lugar, no se encontró nada. ¿Por qué estas tres mujeres, sin haber formado parte del accidente, decidieron ayudar a los policías en una situación tan deshumana y comprometedora? Rumores como los de ciertos tipos de relaciones entre los policías y las enfermeras, o los supuestos favores que se debían, era lo que había impulsado a ellas a convertirse en cómplices. ¿Por qué un accidente fue agravado con horrendo encubrimiento? ¿Por qué Funes y Gaumet no actuaron como lo que eran, funcionarios de la ley? ¿Siendo policías no existía manera de justificar el accidente e intentar salvar al pequeño Ale? Muchas preguntas para ninguna respuesta. La enfermera Norma Nieto, en uno de sus tantos intentos de contar toda la verdad, dijo que al subir al vehículo no solo estaba el niño accidentado, sino también un fuerte cargamento de armas y drogas. Se supo que en los registros policiales (los cuales fueron borrados), constataba que uno de los oficiales (Mario Gaumet) no debería encontrarse de servicio, sin embargo, era el que conducía el Renault 12 (halcón 5) del comando radioeléctrico, (vehículo que hicieron desaparecer igual que a Ale). Tenemos justicia: ¿pero es justa? ¿Cómo respondió la justicia de Río Cuarto al presentársele dos testigos claves del caso? ¿Cómo actúo con los supuestos sospechosos del homicidio? Los jueces de aquel momento, fiscales, opondrían llamarse personas que forman parte de algún tipo de justicia, no solo no respondieron ante las testificaciones, si no que tampoco actuaron sobre los homicidas. ¿Qué justificación tenían para no hacerlo? Entre ellos muchas (inmunidad, complicidad, favores, pesos pesados) pero a la mamá de Ale le dieron una sola respuesta, falta de pruebas, sumado a que la única prueba que iba a valer era la de encontrar el cuerpo de su hijo. Desde el 1994 (cuando Jorge Muo rompió con el silencio), hasta julio del 2008 (tiempo en el que aparecen los restos de Alejandro Flores), para Rosa (mamá de Ale) fueron catorce años de dudar si su hijo estaba vivo o muerto, de creer o no creer en las confesiones ya dadas, catorce años de buscar dar con el paradero de los supuestos involucrados en el homicidio o alguien que le dijera cuáles fueron las últimas palabras de su niño, pero ellos no solo esquivaron e ignoraron su reclamo, si no que actuaron con total impunidad ,como si nadie los pudiera tocar o como si todo les hubiera salido tan perfecto que nunca tendrían la necesidad de dar ningún tipo de explicaciones. En julio del 2008 un grupo de personas que pertenecían a un camping, trataban a hallar elementos que le habían robado la noche anterior en un lugar que se encontraba al oeste de la ciudad de Río Cuarto (al lado del polideportivo de Aatrac), fueron los que casualmente, si puede decirse, hallaron el cráneo de un niño medio enterrado en una alcantarilla. Los estudios que realizaron (geólogos) determinaron que el lugar en donde se hallaron los restos, no fue un enterramiento primario. No obstante, esas pericias médicas realizadas sobre los restos óseos afirman que el niño no tuvo una muerte inmediata, se cree que duro dos o tres días con vida. Posteriormente, el fiscal de la causa Javier Di Santo imputó a Funes y a Gaumet como autores de los delitos de homicidio culposo y encubrimiento, seguidamente pidió el sobreseimiento de ambos por considerar que los delitos están prescriptos. El código penal argentino establece que una persona va a ser enjuiciada por un delito siempre y cuando las pruebas encontradas o el culpable en ciertos casos, no se excedan en un tiempo de 15 años, si no se tomara el caso como prescripto. El fiscal Di Santo no dudo en aferrarse a la ley establecida como si el homicidio hubiera terminado el día del accidente, como si los años posteriores no hubieran estado manchados de encubrimiento, de engaño y principalmente de daño moral. Finalmente el juez Daniel Muñoz en un acto de sentido común y humanismo rechazó la resolución y colocó el caso en crímenes de lesa humanidad. Las diferencias entre Di Santo y Muñoz fueron terminadas por el fiscal de cámara Jorge Medina quien pidió el cambio de carátula en la causa, ya que un delito culposo como caratuló el expediente Di Santo, no puede ser declarado de lesa humanidad, pero el aberrante encubrimiento determinarían el dolo de la causa. Acciones de este tipo dentro de una justicia que parecía haber estado ausente, nos demuestran como el derecho y la moral deben ir de la mano. Un admirable ejemplo Rosa Arias, un ejemplo a seguir, una madre que con el dolor de haber perdido a su hijo, se llenó de fuerzas para buscarlo, convirtiendo cada engaño en una pista, haciendo de las malas lenguas palabras que la llenaban de esperanzas, enfrentándose a personas tan vanidosas que creían que el poder que tenían los protegía, personas que a la hora de hacer lo correcto obtaron por el libre albedrío, de hacer con una vida lo que no debían. Una mujer que recorrió su camino de búsqueda sola, asumiendo con total cordura la responsabilidad que tenía como madre, una mujer con un alto grado de coherencia que la llevó a nunca tomar la justicia por mano propia, si no a esperar y confiar que en algún momento llegaría algún tipo de justicia que se ajustara a su derecho. Hace dieciocho años atrás pareciera que a las súplicas de Rosa por encontrar a su hijo, nadie las hubiere escuchado, ni los uniformados llamados policías que mientras simulaban buscar al niño, no perdían oportunidad para cada vez ocultarlo más. Y qué se puede decir de los encargados de hacer justicia, que les parecía más cómodo permanecer quietos en sus puestos que poner en marcha una investigación limpia. Hoy gracias a la lucha incansable de una madre, la justicia parece haberse dado vuelta a favor de la víctima, desprotegiendo aunque sea por un instante a los victimarios. Cómo es la situación actual de los implicados en el caso Gustavo Funes: al ser imputado es despedido del ETER, la fuerza policial a la que pertenecía. Accede al juicio sin cuestión alguna pero exige una investigación a fondo. Mario Gaumet: es jubilado un tiempo antes de ser imputado. Reclama que la causa sea prescripta. Norma Nieto, Rosana Manazero y Margarita Castelli (enfermeras): no pueden ser citadas a declarar ya que las tres pasaron carpeta psiquiátrica. Jorge Muo: por haber sido imputado por falso testimonio y expulsado de su trabajo injustamente, será Indemnizado con una fuerte suma de dinero y jubilado con el cargo más alto de la policía. Rosa Arias: está a la espera de un juicio justo.

Call Center Task Solutions incumple subas salariales (Cba Noticias) Los call center se han convertido en una de las pocas fuentes laborales que pueden encontrar en su mayoría jóvenes. La escasa oferta de trabajo y la falta de intervención del gobierno obliga a que muchas personas acepten un trabajo del cual no están conformes. Utilizando esta situación y la gran oferta de mano de obra barata, los dueños de estas empresas obligan a trabajadores de call center a silenciar cualquier tipo de reclamo que afecte a la organización. Esto sucede en Task Solutions, donde se realiza atención al publico de personal mediante el *111. Los trabajadores no pueden realizar medidas de protesta por el aumento que la UOM -Unión de Obreros Metalúrgicos- reconoce y que no recibieron en su totalidad.Luego de las protestas y un paro del casi 100 % del sindicato antes nombrado, a nivel nacional, se decidió en el mes de abril que hasta octubre de este año las empresas debían pagar $1350 por conciliación obligatoria a cuentas a futuros aumentos en las paritarias. Dicho monto debía abonarse antes de que se comenzara a pagar el aumento que acordaron entre industriales y el sindicato. Los trabajadores de este call center recibieron en cuotas parte de este monto. En el mes de junio obtuvieron $180 (cuando debía ser $250) porque los gerentes dijeron que era proporcional a las 6hs trabajadas y no las 8hs que según ellos el sindicato establece. Al enterarse de esta situación, el secretario general de la UOM, Urbano Rubén Mario, se acerca a la empresa y obliga a que abonen los $70 que faltaba (abonaron dos días después), ya que el dinero que se acordó no era proporcional a las horas trabajadas. A fines de agosto cobran $350 (con descuentos por sindicato y obras sociales). Solo restaba pagar $500 para completar lo que se acordó entre el sindicato y las empresas. La semana anterior la gerente de Task Solutions, ubicada en el Hipermercado Libertad de Rodríguez del Busto, informa a los líderes (quienes tienen a cargo a grupos de telefonistas) que solo recibirán $70 de los $500 que restaba abonar. Una de las justificaciones de la gerente fue que “no corresponde si todos son estudiantes”. Al enterarse en la UOM se acercan nuevamente a la empresa explicando que se debía pagar o les cobrarían una multa, la gerente dijo que prefería pagar esa multa ya que saldría más económico a la empresa. Al informar esta situación un líder a su grupo, agregó que “si hacen algo que sea fuera del call o si no ya saben que va a pasar”, haciendo referencia a algún tipo de protesta que puede afectar a su fuente laboral. Esta semana cobraron lo que estableció la empresa y no pueden protestar por el dinero que resta abonar ya que sufren no solo amenazas indirectas en la empresa, también por la falta de oferta laboral que los obliga a cuidar su puesto de trabajo. Es por ello que no podemos publicar fuentes que nos informaron esta situación, la cual se suma a la presión y la situación insalubre que significa trabajar en un call center. Videos y audios de reclamos por parte de trabajadores de la empresa.

Encuesta sobre Nueva Ley de Medios. Dejá tu comentario ¿Qué opinión tenés de la nueva Ley de Medios Audiovisuales que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados? - Estoy a favor 83,3% - Estoy en contra 16,7% - No tengo conocimiento para opinar 0% 54 respuestas Ya has votado PARA VOTAR HACÉ CLICK AQUÍ

Educación sexual: ¿cómo se aborda en escuelas y dispensarios? Por Paula Fraticelli y Malena Muñiz (Cba Noticias) La Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en octubre del año 2006 así como la Ley 25.673, aprobada en el año 2002, que dio lugar a la creación Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable aportan un marco legal en el que se establece el acceso a la educación sexual integral y a la información acerca de métodos anticonceptivos y servicios de salud. De este modo, se garantiza una amplia formación en la que es posible elegir y decidir libremente en relación a la sexualidad y la procreación. Pero ¿cómo se traduce en la realidad lo que dispone esta legislación? La Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en octubre del año 2006 establece en su artículo cuarto que las acciones promovidas por este programa “están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria”. Por otro lado, Ley 25.673 creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Entre los objetivos propuestos en el segundo artículo, pueden mencionarse: disminuir la morbi- mortalidad materno- infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud de los adolescentes, garantizar a toda la población el acceso a la información; orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. En relación con lo dictaminado por esta legislación, es necesario indagar cuál es la situación actual en las escuelas y centros de salud cordobeses. La experiencia en el ámbito escolar En referencia a la implementación de Ley 26.150, Silvia Marchetti, Secretaria Gremial Suplente del Nivel Inicial y Primario de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y Directora de la escuela UNESCO, expresó que “la enseñanza de la educación sexual se aborda, en general, vinculada a la reproducción en espacios como la clase de biología cuando, en realidad, el tema es mucho más amplio e implica, por ejemplo, hablar de género así como del respeto y cuidado mutuo”. Más tarde, señaló que existe resistencia a trabajar en los primeros grados tanto por parte de los docentes como de los padres. En el Instituto Obispo Caixal se informó que se lleva a cabo un proyecto, cuyo objetivo es brindar a los jóvenes herramientas de conocimiento personal, en relación a la familia, amigos, ideales, proyectos y problemáticas para fortalecer los valores que sustentan una educación en el amor. Desde el área que coordina este proyecto en la institución, una de las docentes explicitó que los lineamientos propuestos por la Nación pueden leerse desde diversos frentes. “Según la concepción cristiana del hombre, hay expresiones que podrían ser más claras. No obstante, podemos profundizarlas en nuestro trabajo cotidiano”, aseguró. En este sentido, la docente refirió al trabajo que se realiza con los padres de los adolescentes. “La intención es lograr que se converse en el hogar sobre el trabajo que se realiza en la escuela a través de encuestas u otro tipo de actividades que los alumnos llevan a sus casas”, apuntó. Por otra parte, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral dispone, en su artículo octavo, que cada jurisdicción implementará “programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación docente continua”. Sin embargo, “no existe una política de capacitación integral, destinada a todos los docentes, gratuita y en horario de servicio”, afirmó Silvia Marchetti. En relación con esto, comentó que la capacitación fue sólo para los directivos de establecimientos educativos, quienes luego deben transmitirla a los docentes. “Es necesario profundizar los lineamientos y la discusión en esta temática”, concluyó. La situación en los centros de salud municipales Desde el mes de junio se desarrolla una experiencia de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva en cinco dispensarios dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS) de la Municipalidad de Córdoba. Se trata de una prueba piloto que un grupo de alumnos avanzados de las carreras de Medicina, Psicología, Enfermería y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizan en los centros de salud de los barrios Empalme, Colonia Lola, Renacimiento, Acosta y Maldonado, al sudeste de la ciudad. Esto se da en el marco del “Compromiso provincial a favor de la reducción de la mortalidad materna y perinatal” firmado en 2007, a partir del cual trabajan conjuntamente la UNC, la DAPS y la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Alejandra Domínguez, Coordinadora del Programa de Género de la Secretaría de Extensión de la UNC, indicó que durante el año 2008 se elaboró un documento de diagnóstico y propuestas con la intención de instalar los espacios de Consejería en los dispensarios. Los alumnos participaron en varias instancias de formación junto a docentes de las unidades académicas involucradas, mujeres de organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la DAPS, y las coordinadoras de los Programas Género e Instituciones Sociales y Salud de la Secretaría de Extensión Universitaria. “En esos encuentros se reflexionó sobre género, derechos sexuales y reproductivos y se analizó la Consejería como herramienta de comunicación en salud y manejo de espacios grupales en territorio”, definió Domínguez. Luego, agregó que la capacitación propuesta pretendía favorecer la inclusión de perspectivas de Derechos Humanos, Género, y Salud y herramientas de comunicación en las prácticas cotidianas de los/as efectores/as de salud pública. Esto con el objetivo de cumplir el compromiso asumido en 2007. En el marco de las intervenciones, cada uno de los equipos interdisciplinarios efectuó un relevamiento de la zona y se diseñaron talleres para trabajar las problemáticas detectadas. Alejandra Domínguez expresó que “el desarrollo de las prácticas por parte de los estudiantes ha estado atravesado por distintos hechos como las vacaciones de julio, las medidas tomadas por la gripe A y el cambio de autoridades en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, pero seguiremos adelante”. Por estos días, se concretará, como todos los meses, la reunión entre grupos de alumnos, profesionales de la salud y docentes para poner en común las inquietudes y supervisar el trabajo que se viene realizando.

Escuelas Públicas: el mantenimiento edilicio es responsabilidad del Estado y un compromiso social Por Malena Muñiz (Cba Noticias) Según se informó desde el área de Prensa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, existen 4.335 escuelas de todos los niveles en el territorio provincial distribuidas en 3.160 edificios. En el último mes y sobre todo en los días más fríos del invierno, muchos de ellos fueron noticia en los medios masivos de comunicación por las dificultades edilicias. Cba Noticias investigó el tema para brindar un informe detallado de la situación. La Dirección de Infraestructura Escolar, creada en diciembre de 2007, es la dependencia que tiene por función construir, sustituir total o parcialmente, ampliar, adecuar o refaccionar los edificios escolares así como dotarlos de servicios públicos. En este sentido, debe desarrollar el proyecto, controlar el procedimiento de contratación y ejecución de las obras. Con el objetivo de aplicar el “Plan Integral de Regularización Edilicia” de establecimientos escolares, el año pasado se creó la Unidad Coordinadora y Ejecutora Provincial Mixta, que comprende los colegios ubicados en las ciudades del interior y en la capital. La ejecución del plan reúne el trabajo de los Ministerios de Obras Públicas y Educación de la provincia desde la Subsecretaría de Obras Públicas y la Dirección de Infraestructura Escolar respectivamente. El informe suministrado por el Ministerio de Educación establece que la finalidad del plan es atender, de modo inmediato, las emergencias de las diferentes escuelas tales como provisión y distribución de agua, energía eléctrica y gas, arreglo de cubiertas de techo, hundimiento de pozos absorbentes, desagües pluviales y cloacales. En el caso de la capital, la región se dividió en 11 zonas integradas por aproximadamente 65 establecimientos cada una. Cada una de las zonas está a cargo de una empresa constructora, cuyas tareas son el mantenimiento y la reparación mientras que un inspector de la Subsecretaría de Arquitectura fiscaliza y certifica el trabajo. Según datos oficiales, entre marzo de 2008 y agosto de 2009 se realizaron más de 2.500 intervenciones en aproximadamente 800 establecimientos de esta capital y 500 del interior. En relación con esto, Daniel Zalazar, Secretario Gremial de Nivel Medio, Especial y Superior de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), expresó que la política implementada no hizo más que poner de manifiesto que con una disposición presupuestaria no muy significativa, las escuelas dejaron de ser tapa de los principales diarios por la cuestión de infraestructura. Para Silvia Marchetti, Secretaria Gremial Suplente del Nivel Inicial y Primario de UEPC, “de acuerdo a los registros del gremio, la mayoría de las problemáticas vinculadas a falta de agua, rotura de cañerías o problemas de electricidad se resolvieron rápidamente”. Por su parte, la delegación capital de UEPC realiza actualmente un relevamiento en los establecimientos educativos en relación a diferentes aspectos entre los cuales se indaga acerca de las condiciones edilicias. Si bien el estudio aún está en proceso, Luis Cuervo de la secretaria de enseñanza media de esta entidad gremial contó que “en general, los directores se muestran conformes por las tareas de mantenimiento mínimo que coordina la Dirección de Infraestructura”. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba instrumenta, desde fines de 2008, el “Programa de Desarrollo de Políticas de Apoyo a la escuela pública” a partir del cual se pretende conocer la situación en los institutos secundarios. En el marco de este proyecto, los directivos deben responder un cuestionario. Uno de los interrogantes refiere a las problemáticas que presenta el edificio. Gabriela Magris, Directora del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo, afirmó que se detectaron problemas que parecen ser pequeños y no logran una salida. En consecuencia, “desde la Defensoría receptamos la información, la remitimos al Ministerio de Educación pidiéndole la resolución del conflicto; actuamos como un puente entre el Estado y la gente”, explicó. Luego, añadió que las realidades de las escuelas son diversas y no es conveniente hablar de generalidades. Daniel Zalazar destacó el trabajo conjunto entre UEPC y las autoridades de la Dirección de Infraestructura: “desde el sindicato acercamos las demandas y siempre nos han recibido; hasta viajé al interior con Carlos Pedetta, responsable de la Dirección, para visitar una escuela que presentaba dificultades”, manifestó. No obstante, si bien las emergencias fueron atendidas, hay casos que aún esperan ser resueltos. Silvia Marchetti señaló que el foco ha estado sólo en las reparaciones mientras que las inversiones planificadas de construcción de aulas o ampliación de edificios aún no se han concretado. Casos complejos aguardan solución Ejemplo de lo anterior lo constituyen algunas escuelas en el interior cordobés. En Las Tapias, departamento San Javier del Valle de Traslasierra, funciona una escuela secundaria en el mismo edificio del nivel primario. “Los docentes están hacinados y los niños comparten los distintos espacios con alumnos adolescentes. De ese modo, el crecimiento y la transmisión de conocimientos se hace mucho más difícil”, argumentó el secretario de nivel medio del gremio docente. Agregó, además, que la comunidad ha recibido “aula móviles”, una especie de contenedores en las que se dictarían clases hasta que se construyan las aulas. Actualmente, esas aulas contenedores están instaladas en las inmediaciones de un terreno municipal, donde también se guardan maquinarias, herramientas, materiales de trabajo y la circulación de camiones es permanente, un lugar no reúne las mínimas condiciones de seguridad. En este sentido, Zalazar dijo que hace tiempo la comunidad educativa está tramitando la construcción de un edificio propio para el Ciclo Básico Unificado y el de Especialización. “Urge la necesidad de encontrar un terreno porque la demanda lo amerita”, concluyó. Otro caso similar es el de San Agustín; allí las instalaciones son utilizadas por los niveles primario y secundario durante la mañana. Luego, funciona como comedor al que concurren los ancianos del lugar. “Mientras se dictan clases, se colocan cajas para separar los ambientes y ubicar los diferentes cursos”, detalló el encargado de educación media. Cuestiones de fondo Los entrevistados coincidieron en que a la hora de hablar del estado de las escuelas es necesario tener en cuenta otras cuestiones que también hacen al mantenimiento de las instalaciones. Para Zalazar, “las dificultades estructurales que la institución educativa debe afrontar hoy no tienen que abordarse aisladamente sino vinculadas a las condiciones en las que trabajan alumnos y docentes cotidianamente”. En tal sentido, Gabriela Magris refirió a la superpoblación como una característica actual que influye, de modo negativo, en la conservación de los recursos materiales. “Cuando el establecimiento fue diseñado para determinada cantidad de aulas y comienza a crecer sin la consecuente adaptación del lugar, el mantenimiento se dificulta y todo se deteriora mucho más rápido”, indicó la funcionaria. Zalazar expresó que “es necesario mencionar que muchos preceptores tienen 3 cursos a su cargo, lo que se traduce en 90 o 100 chicos bajo la tutela de una sola persona”. El preceptor es el referente de los alumnos porque está durante todo el tiempo en que éstos permanecen en la institución. “En estas condiciones, es difícil controlar lo que sucede en el aula así como trabajar sobre hábitos de buena convivencia”, aseguró. Otro punto en el que acordaron tanto Silvia Marchetti como Luis Cuervo es la falta de porteros en la actualidad. La reincorporación de la figura de los auxiliares de servicio es un reclamo que UEPC realiza desde hace mucho tiempo. “El portero no es sólo la persona que limpia sino quien tiene la llave de la escuela, conoce los horarios de los alumnos y los protege, ya que además controla el ingreso a la institución”, afirmó Luis Cuervo. La violencia fue otro de los aspectos señalados como importante. “El deterioro tiene que ver también con un estado de violencia social que, por supuesto, se traslada al ámbito escolar”, apuntó Daniel Zalazar. En consonancia con esto, Cuervo afirmó que es preocupante el nivel de agresividad de la población hacia las instituciones públicas, situación que en el caso de las escuelas es difícil de reparar por la falta de presupuesto y por la cantidad de establecimientos. Alina Monzón, Secretaria Suplente de Defensa Gremial Primaria de la delegación capital de UEPC, afirmó que la agresión al edificio se da en menor medida en los primeros grados, puesto que los equipos de directivos y docentes trabajan anualmente en proyectos orientados a generar conciencia sobre el cuidado de los espacios. Asimismo, Cuervo mencionó que en algunas escuelas se lograron acuerdos con la comunidad a partir de los cuales alumnos, padres, docentes y vecinos asumen el compromiso de proteger y defender los recursos de las escuelas. Aunque, aclaró, es una tarea que en las localidades del interior provincial es mucho más fácil. En relación a este tema, Silvia Marchetti opinó: “deberíamos preguntarnos ¿qué hacemos como adultos responsables?, ¿qué les estamos dando a las generaciones presentes que nos heredan? Si los chicos no se interesan por un montón de cosas y emplean la violencia como un acto normal, tal vez sea porque los adultos tampoco valoran ciertas cuestiones y son violentos en múltiples ámbitos”. En definitiva, se trata del aporte de varias miradas que, además de recordarle al Estado su obligación de garantizar el derecho y el acceso a la educación en condiciones dignas, instalan la discusión en un contexto más amplio en el que todos tenemos una cuota de responsabilidad.

Juicio Menéndez II: Día 1 (Cba noticias) Comenzó el juicio por la causa Moyano, Morales y Alvareda, caratulado Menéndez II. El día de hoy, martes 20 de octubre, se dio inicio al juicio en el que están imputados 6 miembros del D2, élite de la inteligencia que la policía provincial puso en funcionamiento durante la última dictadura militar y que tuvo a Luciano Benjamín Menéndez como máximo responsable del accionar represivo en la provincia. La jornada comenzó con la llegada a los Tribunales Federales de trabajadores de la prensa, Abuelas de Plaza de Mayo y parte de la querella alrededor de las 10 de la mañana. Al ser consultado por Cba Noticias, el abogado querellante Martín Fresneda comentó: “Creo que es muy importante como democracia el ejercicio pleno de su poder judicial. Creo que estamos ante un momento crucial donde tenemos que determinar la verdad real de los episodios de aquel momento.” Por su parte Sonia Torres, abuela de plaza de mayo, calificó a este juicio como un triunfo de todos los organismos de Derechos Humanos quienes han luchado por la verdad y la justicia. Además remarcó la importancia del hecho ya que es la primera vez que se juzga el accionar de la policía provincia en aquel momento. Durante el transcurso de la mañana continuaron llegando al juzgado reconocidas personalidades del ámbito público municipal y provincial. Entre los presentes estuvieron el viceintendente de Córdoba Carlos Vicente, la legisladora provincial por el bloque izquierda socialista Liliana Olivero, el secretario de Derechos Humanos de la provincia Raúl Hernando Sánchez y la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba Carolina Scotto, entre otros. La atención estuvo centrada en las declaraciones de Fernando Alvareda, principal querellante por el secuestro, torturas y posterior asesinato de su padre Ricardo Fermín Alvareda en septiembre de 1979. La victima pertenecía a la agrupación PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), era subcomisario de la Policía de Córdoba y miembro de la Secretaría de Comunicaciones de la Casa de Gobierno durante la última dictadura militar. Ante las preguntas de la prensa Fernando remarcó que lo que se busca con estos juicios no es venganza sino justicia al expresar que “se les brinda a estas personas la posibilidad de un juicio, una audiencia oral y pública que no se les permitió a ninguno de nuestros familiares, ni a mi papá ni a ninguno de los desaparecidos”. Concluyó afirmando que la sociedad sabe quién es Menéndez y la patota del D2, responsables de la muerte de su padre, y que no tiene intenciones de enfrentarlos cara a cara. Unas de las últimas personalidades que se hizo presente antes del inicio de la sesión fue el gobernador de la provincia Juan Schiaretti. Alrededor de las 11:30, se permitió el ingreso de los particulares y de la prensa a la sala en la que ya se encontraban 5 de los 6 acusados con sus respectivos abogados y la parte querellante. El acusado restante, Rodolfo Aníbal Campos, presenciará el desarrollo del juicio mediante el sistema de video-conferencia desde Buenos Aires debido a inconvenientes de salud que le impiden viajar a Córdoba. En esta primera jornada se llevó a cabo la lectura de los alegatos (contextualización, hechos, pruebas, acusaciones y participación de los imputados en los hechos). Los mismos se vieron interrumpidos por problemas técnicos que imposibilitaban la conexión satelital con Buenos Aires por lo que el presidente del Tribunal, el Dr. Jaime Díaz Gavier, dispuso un cuarto intermedio desde las 13 hasta las 16 horas. En la reanudación continuaron los desperfectos técnicos, el Dr. Marcelo Arrieta, defensor público oficial de Rodolfo Aníbal Campos, pidió al tribunal que su defendido no participara del resto de la sesión ya que no estaba involucrado en las dos acusaciones que se leerían a continuación y que se reintegrara al juicio el día de mañana. Esta primera jornada del juicio por la causa Moyano, Morales y Alvareda, caratulado Menéndez II, finalizó alrededor de las 18 horas y se reanudará mañana miércoles 21 a las 10 horas. Investigan muerte de un testigo clave en el juicio El juicio contra Menéndez y otros represores comenzó con la noticia de la muerte de un testigo que aportaría datos elementales. El fiscal federal Nº 2 de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, investiga la muerte de Jesús González, quien fue guardia de un centro clandestino del D2. El testigo había rechazado la protección de la justicia. El suicidio de Lascano no estuvo ausente el primer día del juicio. El abogado querellante, Martín Fresneda, dijo que “no podemos aventurarnos a realizar hipótesis, no sabemos si fue inducido, si fue realmente un suicidio o existió la participación de terceras personas”. Sonia Torres calificó a este hecho como lamentable y agrego: “Nos hace pensar que todavía están en actividad. Uno de los testigos ha fallecido no se sabe en qué circunstancias”.