Sr. Presidenta (Vaca Narvaja) .- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: llegamos a este debate en el marco del incumplimiento por parte del bloque oficialista de dar lugar en la agenda parlamentaria a la problemática social y urgente de la Argentina. También llegamos en un contexto de estancamiento del empleo y de destrucción de puestos de trabajo en el 2009, en tanto que duermen en los cajones de las comisiones respectivas proyectos que tratan la prohibición y la suspensión de los despidos y el incremento de las indemnizaciones.
No pudimos discutir estas cuestiones aun cuando estamos desde el 2007 en un contexto de agravamiento del cuadro social y de expansión de la pobreza, y aun cuando existen diversos proyectos de distintos bloques que hablan de un ingreso ciudadano a la niñez, de la asignación universal por hijo y de otras variantes. Incluso se ha planteado la necesidad de discutir el tema de los tarifazos para terminar con un modelo agotado en materia de energía y transporte con subsidios, que en realidad no sirven para lo que hay que lograr. Y también hay un tema clave que es la cuestión de los haberes jubilatorios. Sin embargo, no hemos podido discutir ninguna de estas cuestiones.
Desde el bloque oficialista se dijo en este recinto que las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación del Trabajo darían tratamiento al tema de la asignación universal por hijo. También se dijo que el debate presupuestario era el momento para realizar la discusión sobre estos puntos.
Sin embargo, se aceleró el trámite, hoy estamos discutiendo el presupuesto y no ha habido lugar para incluir este tipo de cuestiones. Ello pese a que este presupuesto es elocuente al responder aquellas dudas que tenía la señora presidenta de la Nación cuando en algún momento dio una conferencia de prensa preguntándose de dónde se puede financiar la asignación universal por hijo. La verdad es que para una asignación universal de 135 o 200 pesos no se necesita mucho más que 7 mil millones de pesos de financiamiento neto para poder resolver esa cuestión.
Este mismo presupuesto indica que por exenciones del impuesto a las ganancias perdemos de recaudar aproximadamente esa cifra. Eso quiere decir que podría existir un tratamiento distinto de ese impuesto para poder financiar una urgencia social como la que estamos planteando.
Entonces, si uno tiene un contexto donde ya es irrefutable que desde 2007 se viene agravando el cuadro social de la Argentina y al mismo tiempo tiene una realidad donde el empleo no se recupera y la política social vigente no alcanza –lo vemos todos los días‑, ¿cómo se puede entender que no exista la posibilidad de abrirle la puerta a un debate sobre otras alternativas? ¿Qué es lo que hay aquí si no es desprecio por la vida?
La verdad es que no se puede entender que haya apuro o celeridad para discutir el tema de las facultades delegadas o para sacar la ley de medios y que no lo haya para discutir el tema de la pobreza y del hambre en la Argentina. Es inaceptable el orden de prioridades que se está planteando para el funcionamiento de este Parlamento.
Es en ese sentido que nosotros discrepamos con la lógica que está por detrás de este presupuesto, un presupuesto que se sostiene en una concepción que tiene tres grandes pilares. El primero de ellos es que hemos crecido y estamos mucho mejor; el segundo pilar es que hemos afrontado la crisis mejor que otros; y el tercero es que, como la crisis mundial ya tocó piso y comienza un proceso de recuperación, naturalmente vamos a salir a recuperar la senda del crecimiento. Pero para nosotros estos tres pilares son falsos.
En realidad, la idea de que hemos crecido y estamos mejor hace abstracción de algunas cuestiones fundamentales. Primero, se hace abstracción de que empezamos a crecer después de haber caído veinte puntos de producto bruto en la Argentina entre mediados de 1998 y mediados de 2002, y también se hace abstracción de que el patrón de crecimiento que tuvo la Argentina ha mantenido rasgos que debemos discutir. El primer rasgo es la concentración que tiene el proceso de crecimiento.
Terminamos de hacer una comparación entre el último año de crecimiento pleno de la convertibilidad y el último año de crecimiento de este modelo, es decir, entre 1997 y 2007. La cúpula empresarial de la Argentina, o sea, las doscientas firmas más importantes que en 1997 con sus ventas representaban el 31 por ciento del total del producto, en el año 2005 pasaron a representar el 51,3 por ciento y en el año 2007, el 56,1 por ciento. Es decir que el proceso de crecimiento en la Argentina no permitió revertir ni aminorar el proceso de concentración económica en nuestro país. Es más: si uno toma a las veinte firmas más importantes del país, que en 1997 representaban el 38 por ciento del total de las ventas de las 200 más grandes, pasan a representar hoy prácticamente el 50 por ciento de las ventas totales de la cúpula.
La concentración es un rasgo que el crecimiento que tuvimos no pudo modificar. Y no sólo hubo concentración, hubo extranjerización. Cuando se mira cuánto representan las firmas extranjeras en las ventas totales de las 200 firmas más importantes del país, se observa que en 1997 representaban el 64 por ciento, en el año 2005 pasan a representar el 75,8 por ciento y en el año 2007 el 77,3 por ciento. No sólo hubo concentración sino también extrangerización Y conglomeración, es decir control por vía de un reducido número de conglomerados que se expanden en el control del proceso económico argentino.
Todas estas cosas tuvieron impacto concreto en los niveles de inversión. Por un lado, porque dieron lugar a un proceso de cambio de manos. La inversión implicó cambio en los titulares de las empresas y no necesariamente inversión efectiva. Y, en segundo lugar, la inversión efectiva fue poca y mala.
Por eso la comparación entre 1997 y 2007 muestra que los sectores que teníamos en el patrón productivo argentino de 1997 son los mismos que tenemos hoy: alimentos, petróleo, siderurgia, automotores y químicos, que representaban en 1997 el 53 por ciento Y pasan a representar en el año 2007 el 67 por ciento. En ese proceso, lo que hubo fue la desaparición de la cúpula de sectores vinculados a reparación de automotores e informática, textiles y calzado, y la aparición en la cúpula de las mineras o las empresas de seguridad privada Y de servicios empresariales, propias de un país basado en una especialización primaria y que se sostiene en el perfil de consumo de los sectores de altos ingresos.
No sólo se dio lo que señalé sino que ese proceso de crecimiento también fue desigual. Mientras el producto bruto de 2007 es un 31 por ciento más alto que el de 1997, la tasa de desempleo cayó apenas un 19 por ciento.
Los asalariados no registrados crecieron un 11 por ciento. El ingreso promedio de los que están ocupados es en valores reales un 22 por ciento inferior. La pobreza es más alta, la indigencia más alta aún, y la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre creció un 29 por ciento.
Es decir que el problema que tenemos con nuestra situación es doble: si bien crecimos desde 2002 al 2007, la última medición oficial confiable que el gobierno ha hecho -antes de la destrucción del Indec- y a pesar de tasas de crecimiento con magnitudes importantes, da el 26,7 por ciento, lo que implica que en la Argentina llevamos desde mediados de los años ’90 prácticamente una situación donde hay un 25 por ciento de la población que cayó en situación de pobreza y no salió más.
En ese contexto, la cosa ni siquiera queda así sino que vuelve a crecer. El segundo pilar que decía que afrontamos la crisis mejor que nadie hace abstracción de que el ajuste que hicieron los países centrales como resultado de la burbuja financiera, en los países emergentes se hizo antes, y dentro de los países emergentes, en la Argentina se dio en forma más dramática.
Tampoco se está viendo que la manera de sostener la intervención frente a la coyuntura de crisis fue tomar los recursos de la ANSES y del Pami como mecanismo para sostener las operaciones de deuda pública, las necesidades del Tesoro y las estrategias de política económica. En realidad esto significa algo muy concreto: es el aporte de los trabajadores, los menores haberes de los jubilados y la baja en las prestaciones sanitarias para nuestros mayores lo que termina financiando el presupuesto. Esto es regresividad absoluta, que se agrega a la regresividad impositiva histórica del perfil tributario de la Argentina. El Estado ha intervenido en la crisis agravando el cuadro de regresividad y de injusticia.
El tercer pilar dice que la crisis ya tocó fondo y que ahora vamos a salir porque la demanda asiática nos va a sacar. Dice también que esto va a recomponer la inversión privada y que volveremos a crecer. Esta es la lógica oficial, lógica para la cual no necesitamos una intervención importante del Estado para revertir el cuadro en el que estamos, porque salimos naturalmente por vía de la demanda mundial y la inversión privada. Pero no se toma en cuenta que la crisis mundial, la caída de la actividad como resultado del chorro de recursos que pusieron los países desarrollados, tocó fondo, pero no se ha resuelto una nueva regulación internacional que permita decir que la crisis de sobreacumulación vigente en el mundo terminó. Es más, si nosotros confiamos en que nos saque la demanda externa, lo va a hacer a base de soja, petróleo y minerales, reproduciendo la matriz extractiva primaria que estamos teniendo y sin capacidad de revertir los procesos de concentración y desigualdad.
Es por eso que hay que discutir otra cosa, y por tal razón, como no compartimos el tipo de crecimiento que tuvimos ni el de intervención frente a la crisis ni el modo de salir de ella, hemos presentado un dictamen de minoría diferente, tratando de señalar que hay otra perspectiva posible. Lo presentamos en conjunto el bloque del Proyecto Sur y los compañeros del SI, y lo acompaña el diputado Raimundi, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En realidad, lo que nosotros estamos señalando en nuestro dictamen es que hay que replantear los instrumentos de intervención para encontrarle una vuelta y resolver el problema de la desigualdad.
En una Argentina donde el 60 por ciento de la fuerza laboral está fuera del trabajo formal no alcanza con seguir pensando que la fijación del salario mínimo y los convenios colectivos resuelven el problema de la distribución del ingreso. Es necesario apostar a la construcción de un piso de garantías para el conjunto de los hogares en materia de ingresos y derechos, y eso implica nuevos instrumentos.
Por eso creamos la universalización de las asignaciones familiares, comenzando por los 135 pesos actuales pero teniendo al objetivo de $300 para eliminar la indigencia. En nuestro dictamen también creamos un seguro, aunque no de desempleo, porque es un instrumento viejo que servía cuando el desempleado encontraba laburo al corto tiempo. Hoy tenemos que discutir qué hacemos con los que salen del sistema laboral y no vuelven a entrar, por eso tiene que ser un seguro de empleo y formación, que debe incorporarlos a la actividad productiva o permitirles coronar su proceso de calificación laboral.
También planteamos la recomposición de los haberes jubilatorios y la universalización del haber mínimo para que todos aquellos que llegan a los sesenta o sesenta y cinco años y no pueden demostrar los treinta años de aporte tengan ingreso directo a la jubilación que les corresponde.
Asimismo establecemos el incremento de los asalariados estatales, docentes y universitarios. Esta estrategia es acompañada por una propuesta productiva asentada en la recuperación de la renta petrolera. Hay 8.000 millones de dólares de renta extraordinaria del año 2008 que fue apropiada en un 70 por ciento por las petroleras privadas, y que nos permitiría financiar una estrategia distinta.
Por eso estamos planteando eliminar los decretos de Menem que establecen la libre disponibilidad del crudo y aplicar la ley 17.319 de hidrocarburos para recuperar, en el marco de ENARSA, una petrolera estatal.
Planteamos la reconstrucción de la industria ferroviaria como un mecanismo que no sólo permita integrar al país sino también abrir la puerta a una demanda derivada que garantice un proceso de reindustrialización.
Planteamos un fondo de reconstrucción de la industria naval con base en los astilleros públicos, como el astillero Río Santiago, y un fondo de reconstrucción productiva industrial y agropecuaria sostenido en pymes y desarrollo regional.
En total estamos expandiendo el gasto en 31.000 millones de pesos y lo estamos financiando bajando las exenciones impositivas hoy existentes, recuperando 11.000 millones de pesos vinculados en su mayor parte a ganancias.
Estamos financiando 15.000 millones de pesos más con la restitución de las contribuciones patronales para las firmas más importantes del país, que fueron reducidas a la mitad en la etapa de la convertibilidad y nunca más se recompusieron. Estos 31.000 millones de gasto adicional y estos 26.000 millones de recuperación de recursos dejan un margen de déficit de 4.000 millones que se puede cubrir con renta petrolera o uso de reservas, que debe tener por destino no el pago de la deuda pública sino la apertura de un nuevo proceso productivo en la Argentina.
Estamos planteando una propuesta diferente porque no compartimos la hipótesis de los funcionarios que nos visitaron, donde la idea es ver cómo reconstruimos nuestro vínculo con el sistema financiero internacional y cómo pagamos todo lo que nos falta pagar para garantizar el ingreso de capitales y el financiamiento.
Nosotros creemos que el problema argentino no es ese. Tener 120.000 millones de dólares afuera y una fuga anual de 20.000 millones de dólares indica que el problema argentino no es el ingreso de capitales sino garantizar una estrategia de política económica para retener el excedente que generamos y acumularlo internamente.
Ese es el sentido de nuestro planteo. El dictamen oficial que estamos discutiendo pretende sortear el ajuste por la vía de mayor endeudamiento, mientras que nuestra propuesta implica resolver el ajuste por la vía de aceptar el desafío del desarrollo.
Por esta razón votaremos en contra, como también lo haremos respecto de aquellas propuestas de prórroga impositiva que se están planteando. No podemos, como sí lo hicimos en otros años en nombre de garantizar el financiamiento del Estado, seguir validando la inacción en el terreno impositivo, la renuncia a la captura de rentas extraordinarias y la desidia en replantear la relación entre la Nación y las provincias.
Tampoco vamos a aceptar el proyecto que plantea la suspensión de un artículo de la ley de responsabilidad fiscal –con la que estuvimos en contra en su momento‑ porque pone un corsé a la gestión del aparato del Estado.
Es bueno dejar en claro, por los números que dio el miembro informante del dictamen de mayoría, que los recursos de origen nacional, que se transfirieron a las provincias, en 2009 alcanzaran los $74.751 millones y en 2010, se supone que asciendan a los $83.654 millones. Si aplicamos el índice de precios, hay una caída real en las transferencias a las provincias del 1,5 por ciento, es decir, 1.100 millones de pesos.
En lugar de resolver el problema fiscal que plantea el desfinanciamiento provincial, el gobierno propone a las provincias que vía convenios particulares con el Poder Ejecutivo se endeuden.
Por todas estas razones, vamos a votar en contra. (Aplausos.)
Sr. Lozano.- Señora presidenta: llegamos a este debate en el marco del incumplimiento por parte del bloque oficialista de dar lugar en la agenda parlamentaria a la problemática social y urgente de la Argentina. También llegamos en un contexto de estancamiento del empleo y de destrucción de puestos de trabajo en el 2009, en tanto que duermen en los cajones de las comisiones respectivas proyectos que tratan la prohibición y la suspensión de los despidos y el incremento de las indemnizaciones.
No pudimos discutir estas cuestiones aun cuando estamos desde el 2007 en un contexto de agravamiento del cuadro social y de expansión de la pobreza, y aun cuando existen diversos proyectos de distintos bloques que hablan de un ingreso ciudadano a la niñez, de la asignación universal por hijo y de otras variantes. Incluso se ha planteado la necesidad de discutir el tema de los tarifazos para terminar con un modelo agotado en materia de energía y transporte con subsidios, que en realidad no sirven para lo que hay que lograr. Y también hay un tema clave que es la cuestión de los haberes jubilatorios. Sin embargo, no hemos podido discutir ninguna de estas cuestiones.
Desde el bloque oficialista se dijo en este recinto que las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación del Trabajo darían tratamiento al tema de la asignación universal por hijo. También se dijo que el debate presupuestario era el momento para realizar la discusión sobre estos puntos.
Sin embargo, se aceleró el trámite, hoy estamos discutiendo el presupuesto y no ha habido lugar para incluir este tipo de cuestiones. Ello pese a que este presupuesto es elocuente al responder aquellas dudas que tenía la señora presidenta de la Nación cuando en algún momento dio una conferencia de prensa preguntándose de dónde se puede financiar la asignación universal por hijo. La verdad es que para una asignación universal de 135 o 200 pesos no se necesita mucho más que 7 mil millones de pesos de financiamiento neto para poder resolver esa cuestión.
Este mismo presupuesto indica que por exenciones del impuesto a las ganancias perdemos de recaudar aproximadamente esa cifra. Eso quiere decir que podría existir un tratamiento distinto de ese impuesto para poder financiar una urgencia social como la que estamos planteando.
Entonces, si uno tiene un contexto donde ya es irrefutable que desde 2007 se viene agravando el cuadro social de la Argentina y al mismo tiempo tiene una realidad donde el empleo no se recupera y la política social vigente no alcanza –lo vemos todos los días‑, ¿cómo se puede entender que no exista la posibilidad de abrirle la puerta a un debate sobre otras alternativas? ¿Qué es lo que hay aquí si no es desprecio por la vida?
La verdad es que no se puede entender que haya apuro o celeridad para discutir el tema de las facultades delegadas o para sacar la ley de medios y que no lo haya para discutir el tema de la pobreza y del hambre en la Argentina. Es inaceptable el orden de prioridades que se está planteando para el funcionamiento de este Parlamento.
Es en ese sentido que nosotros discrepamos con la lógica que está por detrás de este presupuesto, un presupuesto que se sostiene en una concepción que tiene tres grandes pilares. El primero de ellos es que hemos crecido y estamos mucho mejor; el segundo pilar es que hemos afrontado la crisis mejor que otros; y el tercero es que, como la crisis mundial ya tocó piso y comienza un proceso de recuperación, naturalmente vamos a salir a recuperar la senda del crecimiento. Pero para nosotros estos tres pilares son falsos.
En realidad, la idea de que hemos crecido y estamos mejor hace abstracción de algunas cuestiones fundamentales. Primero, se hace abstracción de que empezamos a crecer después de haber caído veinte puntos de producto bruto en la Argentina entre mediados de 1998 y mediados de 2002, y también se hace abstracción de que el patrón de crecimiento que tuvo la Argentina ha mantenido rasgos que debemos discutir. El primer rasgo es la concentración que tiene el proceso de crecimiento.
Terminamos de hacer una comparación entre el último año de crecimiento pleno de la convertibilidad y el último año de crecimiento de este modelo, es decir, entre 1997 y 2007. La cúpula empresarial de la Argentina, o sea, las doscientas firmas más importantes que en 1997 con sus ventas representaban el 31 por ciento del total del producto, en el año 2005 pasaron a representar el 51,3 por ciento y en el año 2007, el 56,1 por ciento. Es decir que el proceso de crecimiento en la Argentina no permitió revertir ni aminorar el proceso de concentración económica en nuestro país. Es más: si uno toma a las veinte firmas más importantes del país, que en 1997 representaban el 38 por ciento del total de las ventas de las 200 más grandes, pasan a representar hoy prácticamente el 50 por ciento de las ventas totales de la cúpula.
La concentración es un rasgo que el crecimiento que tuvimos no pudo modificar. Y no sólo hubo concentración, hubo extranjerización. Cuando se mira cuánto representan las firmas extranjeras en las ventas totales de las 200 firmas más importantes del país, se observa que en 1997 representaban el 64 por ciento, en el año 2005 pasan a representar el 75,8 por ciento y en el año 2007 el 77,3 por ciento. No sólo hubo concentración sino también extrangerización Y conglomeración, es decir control por vía de un reducido número de conglomerados que se expanden en el control del proceso económico argentino.
Todas estas cosas tuvieron impacto concreto en los niveles de inversión. Por un lado, porque dieron lugar a un proceso de cambio de manos. La inversión implicó cambio en los titulares de las empresas y no necesariamente inversión efectiva. Y, en segundo lugar, la inversión efectiva fue poca y mala.
Por eso la comparación entre 1997 y 2007 muestra que los sectores que teníamos en el patrón productivo argentino de 1997 son los mismos que tenemos hoy: alimentos, petróleo, siderurgia, automotores y químicos, que representaban en 1997 el 53 por ciento Y pasan a representar en el año 2007 el 67 por ciento. En ese proceso, lo que hubo fue la desaparición de la cúpula de sectores vinculados a reparación de automotores e informática, textiles y calzado, y la aparición en la cúpula de las mineras o las empresas de seguridad privada Y de servicios empresariales, propias de un país basado en una especialización primaria y que se sostiene en el perfil de consumo de los sectores de altos ingresos.
No sólo se dio lo que señalé sino que ese proceso de crecimiento también fue desigual. Mientras el producto bruto de 2007 es un 31 por ciento más alto que el de 1997, la tasa de desempleo cayó apenas un 19 por ciento.
Los asalariados no registrados crecieron un 11 por ciento. El ingreso promedio de los que están ocupados es en valores reales un 22 por ciento inferior. La pobreza es más alta, la indigencia más alta aún, y la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre creció un 29 por ciento.
Es decir que el problema que tenemos con nuestra situación es doble: si bien crecimos desde 2002 al 2007, la última medición oficial confiable que el gobierno ha hecho -antes de la destrucción del Indec- y a pesar de tasas de crecimiento con magnitudes importantes, da el 26,7 por ciento, lo que implica que en la Argentina llevamos desde mediados de los años ’90 prácticamente una situación donde hay un 25 por ciento de la población que cayó en situación de pobreza y no salió más.
En ese contexto, la cosa ni siquiera queda así sino que vuelve a crecer. El segundo pilar que decía que afrontamos la crisis mejor que nadie hace abstracción de que el ajuste que hicieron los países centrales como resultado de la burbuja financiera, en los países emergentes se hizo antes, y dentro de los países emergentes, en la Argentina se dio en forma más dramática.
Tampoco se está viendo que la manera de sostener la intervención frente a la coyuntura de crisis fue tomar los recursos de la ANSES y del Pami como mecanismo para sostener las operaciones de deuda pública, las necesidades del Tesoro y las estrategias de política económica. En realidad esto significa algo muy concreto: es el aporte de los trabajadores, los menores haberes de los jubilados y la baja en las prestaciones sanitarias para nuestros mayores lo que termina financiando el presupuesto. Esto es regresividad absoluta, que se agrega a la regresividad impositiva histórica del perfil tributario de la Argentina. El Estado ha intervenido en la crisis agravando el cuadro de regresividad y de injusticia.
El tercer pilar dice que la crisis ya tocó fondo y que ahora vamos a salir porque la demanda asiática nos va a sacar. Dice también que esto va a recomponer la inversión privada y que volveremos a crecer. Esta es la lógica oficial, lógica para la cual no necesitamos una intervención importante del Estado para revertir el cuadro en el que estamos, porque salimos naturalmente por vía de la demanda mundial y la inversión privada. Pero no se toma en cuenta que la crisis mundial, la caída de la actividad como resultado del chorro de recursos que pusieron los países desarrollados, tocó fondo, pero no se ha resuelto una nueva regulación internacional que permita decir que la crisis de sobreacumulación vigente en el mundo terminó. Es más, si nosotros confiamos en que nos saque la demanda externa, lo va a hacer a base de soja, petróleo y minerales, reproduciendo la matriz extractiva primaria que estamos teniendo y sin capacidad de revertir los procesos de concentración y desigualdad.
Es por eso que hay que discutir otra cosa, y por tal razón, como no compartimos el tipo de crecimiento que tuvimos ni el de intervención frente a la crisis ni el modo de salir de ella, hemos presentado un dictamen de minoría diferente, tratando de señalar que hay otra perspectiva posible. Lo presentamos en conjunto el bloque del Proyecto Sur y los compañeros del SI, y lo acompaña el diputado Raimundi, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En realidad, lo que nosotros estamos señalando en nuestro dictamen es que hay que replantear los instrumentos de intervención para encontrarle una vuelta y resolver el problema de la desigualdad.
En una Argentina donde el 60 por ciento de la fuerza laboral está fuera del trabajo formal no alcanza con seguir pensando que la fijación del salario mínimo y los convenios colectivos resuelven el problema de la distribución del ingreso. Es necesario apostar a la construcción de un piso de garantías para el conjunto de los hogares en materia de ingresos y derechos, y eso implica nuevos instrumentos.
Por eso creamos la universalización de las asignaciones familiares, comenzando por los 135 pesos actuales pero teniendo al objetivo de $300 para eliminar la indigencia. En nuestro dictamen también creamos un seguro, aunque no de desempleo, porque es un instrumento viejo que servía cuando el desempleado encontraba laburo al corto tiempo. Hoy tenemos que discutir qué hacemos con los que salen del sistema laboral y no vuelven a entrar, por eso tiene que ser un seguro de empleo y formación, que debe incorporarlos a la actividad productiva o permitirles coronar su proceso de calificación laboral.
También planteamos la recomposición de los haberes jubilatorios y la universalización del haber mínimo para que todos aquellos que llegan a los sesenta o sesenta y cinco años y no pueden demostrar los treinta años de aporte tengan ingreso directo a la jubilación que les corresponde.
Asimismo establecemos el incremento de los asalariados estatales, docentes y universitarios. Esta estrategia es acompañada por una propuesta productiva asentada en la recuperación de la renta petrolera. Hay 8.000 millones de dólares de renta extraordinaria del año 2008 que fue apropiada en un 70 por ciento por las petroleras privadas, y que nos permitiría financiar una estrategia distinta.
Por eso estamos planteando eliminar los decretos de Menem que establecen la libre disponibilidad del crudo y aplicar la ley 17.319 de hidrocarburos para recuperar, en el marco de ENARSA, una petrolera estatal.
Planteamos la reconstrucción de la industria ferroviaria como un mecanismo que no sólo permita integrar al país sino también abrir la puerta a una demanda derivada que garantice un proceso de reindustrialización.
Planteamos un fondo de reconstrucción de la industria naval con base en los astilleros públicos, como el astillero Río Santiago, y un fondo de reconstrucción productiva industrial y agropecuaria sostenido en pymes y desarrollo regional.
En total estamos expandiendo el gasto en 31.000 millones de pesos y lo estamos financiando bajando las exenciones impositivas hoy existentes, recuperando 11.000 millones de pesos vinculados en su mayor parte a ganancias.
Estamos financiando 15.000 millones de pesos más con la restitución de las contribuciones patronales para las firmas más importantes del país, que fueron reducidas a la mitad en la etapa de la convertibilidad y nunca más se recompusieron. Estos 31.000 millones de gasto adicional y estos 26.000 millones de recuperación de recursos dejan un margen de déficit de 4.000 millones que se puede cubrir con renta petrolera o uso de reservas, que debe tener por destino no el pago de la deuda pública sino la apertura de un nuevo proceso productivo en la Argentina.
Estamos planteando una propuesta diferente porque no compartimos la hipótesis de los funcionarios que nos visitaron, donde la idea es ver cómo reconstruimos nuestro vínculo con el sistema financiero internacional y cómo pagamos todo lo que nos falta pagar para garantizar el ingreso de capitales y el financiamiento.
Nosotros creemos que el problema argentino no es ese. Tener 120.000 millones de dólares afuera y una fuga anual de 20.000 millones de dólares indica que el problema argentino no es el ingreso de capitales sino garantizar una estrategia de política económica para retener el excedente que generamos y acumularlo internamente.
Ese es el sentido de nuestro planteo. El dictamen oficial que estamos discutiendo pretende sortear el ajuste por la vía de mayor endeudamiento, mientras que nuestra propuesta implica resolver el ajuste por la vía de aceptar el desafío del desarrollo.
Por esta razón votaremos en contra, como también lo haremos respecto de aquellas propuestas de prórroga impositiva que se están planteando. No podemos, como sí lo hicimos en otros años en nombre de garantizar el financiamiento del Estado, seguir validando la inacción en el terreno impositivo, la renuncia a la captura de rentas extraordinarias y la desidia en replantear la relación entre la Nación y las provincias.
Tampoco vamos a aceptar el proyecto que plantea la suspensión de un artículo de la ley de responsabilidad fiscal –con la que estuvimos en contra en su momento‑ porque pone un corsé a la gestión del aparato del Estado.
Es bueno dejar en claro, por los números que dio el miembro informante del dictamen de mayoría, que los recursos de origen nacional, que se transfirieron a las provincias, en 2009 alcanzaran los $74.751 millones y en 2010, se supone que asciendan a los $83.654 millones. Si aplicamos el índice de precios, hay una caída real en las transferencias a las provincias del 1,5 por ciento, es decir, 1.100 millones de pesos.
En lugar de resolver el problema fiscal que plantea el desfinanciamiento provincial, el gobierno propone a las provincias que vía convenios particulares con el Poder Ejecutivo se endeuden.
Por todas estas razones, vamos a votar en contra. (Aplausos.)