La justicia social es la bandera de toda propuesta política sensible a los intereses populares. Sin embargo, no resulta simple ni homogéneo precisar qué es la justicia social. Una respuesta positiva hubiera sido relativamente válida hace medio siglo en casi toda Latinoamérica, cuando el justicialismo, por ejemplo, sostenía en Argentina que "gobernar es crear trabajo". Una sociedad con pleno empleo, distribuido al interior de un universo de pequeñas y medianas empresas. Un Estado fuerte, responsable de la educación y la salud al alcance de todos y además involucrado en forma directa en la producción de bienes y servicios. Un sindicalismo organizado y aguerrido, que presione para el aumento sistemático del salario real.
Movilidad social ascendente, igualdad de oportunidades creciente y, por lo tanto, mejor calidad de vida individual y colectiva. A eso se llamaba por estas tierras un horizonte de "justicia social".
En medio siglo buena parte del marco de referencia cambió. En algunos casos en términos sólo cuantitativos. En otros, aún cualitativamente. En los países capitalistas, nada transitó hacia una mayor equidad. Aumentó la concentración económica; aumentó la pobreza; aumentó la diferencia de ingresos entre extremos de la comunidad. Como casi obvia consecuencia adicional, aumentó la violencia social en cualquiera de las facetas que se quiera medir. Más aún, la concentración de poder económico ha superado definitivamente los límites de las fronteras nacionales y las corporaciones se han impuesto a los gobiernos.
Nada asegura que se pueda alcanzar el pleno empleo con salarios dignos, cuando las grandes empresas son apenas filiales de corporaciones con sede en otro país. El ritmo de actividad, en ese marco, tiene un alto grado de dependencia de la tasa de ganancia. Los intereses de las empresas y de la sociedad son objetivamente antagónicos. Sin embargo, cualquier gobierno se encuentra rápidamente ante otra encrucijada, ya que el crecimiento del país depende mucho de inversiones que deben realizar esas mismas empresas a las cuales hay que controlar.
Por otra parte, cincuenta años de la revolución cubana constituyen un experimento único, a escala nacional, del intento de construcción de una sociedad más justa. Comparando entre extremos del medio siglo transcurrido, es inmediato identificar algunos éxitos.
La igualdad de oportunidades, tanto como el nivel de las prestaciones, en materia de educación y de salud públicas, no tienen parangón en el mundo. La educación y la salud son componentes permanentes de un sistema público de intervención en la sociedad. El enorme mérito de la revolución cubana ha sido poner esos dos roles públicos al servicio de todos los cubanos con un sentido solidario de prioridad total. Lo que pretendo enfatizar es que una vez tomada la decisión, pudieron hacerlo porque disponían o podían conseguir el conocimiento y los recursos humanos necesarios.
En esta explicación elemental está implícita la explicación de los fracasos en otros ámbitos. Salvo en alguna industria asociada a la salud, Cuba no ha logrado aprovechar sus recursos naturales, ni siquiera de manera mediocre, para producir bienes industriales necesitados por sus habitantes. En 1959, Cuba tenía prácticamente una sola industria: la del azúcar. La revolución expropió los ámbitos productivos apropiándose de un solo conocimiento, el de la producción de azúcar. Primero, se apostó a aumentar la producción, confiando en que se generarían los excedentes con los cuales comprar todo lo que no se producía. En poco tiempo quedó claro que ese era un camino equivocado.
Luego, llegó la asociación estratégica con la Unión Soviética. O no se pudo o no se supo establecer un flujo de conocimiento productivo industrial hacia Cuba. Se recibieron insumos subsidiados y se vendió el azúcar por sobre el precio internacional, pero sin una mirada larga de construcción de una estructura sustentable.
Resulta muy valioso poder examinar en paralelo los dos caminos de búsqueda de la justicia social, el que podríamos llamar capitalista o el socialista. Tal vez sea útil recordar la polémica en la década de 1960, cuando se instaló en América Latina la idea del desarrollo a escala de cada país. Se decía entonces que no se puede producir y distribuir al mismo tiempo. Que primero se debe producir y luego distribuir. Retomando aquella polémica, deberíamos entender que se ha probado inviable esperar –y aún promover– que la producción se concentre de manera espontánea y luego se distribuyan los frutos. Primero producir y luego distribuir no funcionó en ningún lugar del mundo. Tampoco se mostró viable para conseguir una mejor calidad de vida el distribuir sin producir, como eligió hacer Cuba.
En rigor, la polémica de hace 50 años sigue vigente. Mi criterio, que constituye la base de la tesis de este documento, es que no basta con recurrir a la academia o al conocimiento público. Hace falta transferir el saber productivo, que en 200 años de revolución industrial se ha alejado del uso público, para ser apropiado, como fuente central de renta. Ese saber abarca muchas más facetas que las que el sistema universitario traslada a los jóvenes cuando les enseña desde matemáticas hasta diseño de estructuras por elementos finitos. En ninguna universidad se enseña a construir y operar una unidad productiva integral, ni siquiera una panadería.
¿Quién tiene ese saber? Ante todo las corporaciones y los empresarios. A ese universo pueden sumarse las empresas públicas, cuando han podido evitar el deterioro asociado a la pérdida de lo comunitario como valor relevante. Falta buscar, en términos concretos, el camino de la consigna histórica: distribuir y producir al mismo tiempo.
Primer elemento: parece imprescindible que aquellos que hoy sólo son consumidores, en muchos casos subsidiados por los respectivos gobiernos, sean protagonistas, en cualquier proceso de búsqueda de auténtica justicia social. Además de la importancia del trabajo como elemento de integración, esto adquiere otro significado central en la organización actual, pensada para dividir y concentrar, en lugar de distribuir.
Segundo elemento: debe haber un aporte externo del “saber cómo”. Tal aporte, además, no puede considerarse satisfecho con la instalación de plantas llave en mano y esquemas de asistencia externa convencionales. Una unidad productiva es mucho más que un conjunto de equipos interconectados, instalados en un galpón.
Tercer elemento: la conducción gubernamental de este proceso debe ser fuerte y cercana, asumiendo que se trata de un desafío cuyo éxito se logra a mediano plazo.
No veo manera alguna de romper los cuellos de botella construidos por el pensamiento liberal limitándose a dictar legislación de promoción o de regulación, para que actores privados sean quienes recorran el camino. Un gobierno convencido no tiene más remedio que operar en forma directa. Nada impide que haya amplios espacios para la iniciativa privada, pero éstos deben estar acotados y condicionados por el poder concreto del Estado, formando parte de las cadenas de valor, más que por leyes o decretos. Es necesario, en consecuencia, pasar revista a los sectores que pueden estar interesados, objetivamente, en transferir saberes productivos. Son aquellos que pueden llegar a considerar el saber cómo colocado fuera del ámbito de la privacidad generadora de renta. A este escenario lo llamo de la solidaridad tecnológica.
La suma entre el que transfiere y el que recibe pasa a constituir un sistema capaz de pensar más y más formas de construir espacios de generación y transferencia de conocimiento, que sirvan para corregir las enormes deficiencias en la satisfacción de necesidades de nuestros pueblos. Venezuela es hoy un laboratorio gigante para la verificación práctica de estos conceptos. El actual gobierno venezolano intenta recuperar el país de décadas de desinterés en contar con un tejido industrial y agroindustrial autónomo. El planteo ha sido pragmático: la búsqueda de producir con el menor grado de dependencia de un proveedor externo. Como actores venezolanos, se ha apelado a empresas enteramente estatales; empresas mixtas, sea con socios privados o con entes estatales de otros países; cooperativas; radicación de empresas. Los resultados son variados. En todo caso, llegó el momento de identificar, entre todas la variantes intentadas, los mejores caminos y consolidar un modelo de intervención. Tal modelo está en gestación, pero es evidente que todos los senderos no son equivalentes, para alcanzar el objetivo de autonomía productiva.
El escenario venezolano marca lo que a nuestro juicio es el intento más importante en ejecución a escala mundial para romper la trampa de la dependencia desde un país de medianos recursos. En este sentido, las líneas están lanzadas y el juego está abierto.
*Extracto del documento “La solidaridad tecnológica, etapa superior de la justicia social”, que puede leerse completo en www.inti.gob.ar/pdf/LaSolidaridadTecnologica.pdf
Ing. Enrique Martínez
Presidente del INTI